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martes, 31 de mayo de 2016

LA CASTA POLÍTICA

Muchas veces, en mis artículos –publicados o no en algunos medios- y comentarios a través de las redes sociales, he utilizado –ya sé que no soy el único- el término CASTA para referirme a  la clase política que nos “dirige” –otra cosa sería saber hacia dónde, pero eso daría tema para otro artículo-, eso sí, aclarando en primer lugar que las generalizaciones no son siempre acertadas y que en este colectivo, como en casi todos, puede haber gente muy buena –sin duda la hay, aunque cada vez menos, parece-. Por algo será que los políticos -y los partidos en general- se han convertido en el cuarto problema para los españoles –lo son para el 26%. Pocos, en mi opinión- , según el barómetro del CIS del pasado mes de Marzo, por detrás del paro (82’3 %); corrupción, que sigue escalando hasta el 44’2 % y los problemas de tipo económico, que lo son para el 28’2%.

Sin ánimo de ser exhaustivo y seguramente el paciente lector me podría aportar otras tantas, si no más, voy a referir algunas de las cuestiones que competen a la labor de nuestros próceres en las distintas Instituciones que, supuestamente –al menos en teoría- nos representan.

La clase política, por acción directa o por omisión -calculada o no, cobarde o interesada- ha sido la que ha legislado; la que se ha encerrado en su burbuja de cristal, lejos de la ciudadanía muchas veces; la que ha creado dos tratamientos fiscales, uno para ella y otro para el pueblo; la que ha pactado la composición de los órganos de la Justicia y, con ello, ha propiciado, o permitido cuando menos, su politización; la que, cada día, pone de manifiesto la doble vara de medir de los jueces, con autos y sentencias que espantarían a un estudiante de 1º de Derecho; la que cambió la Ley de Educación, cada vez a peor y origen fundamental –en mi opinión- de la pérdida de valores morales que padecemos ante el entronamiento del relativismo –cuando no nihilismo- y que, cuando pudieron, no
aprovecharon su mayoría absoluta –dos veces, en 2000 y 2011- para un cambio radical, tan necesario; la que no cambia la Ley Electoral y pone en su sitio a los nacionalismos, sometiéndose a sus chantajes para acceder o conservar el poder; la que ha abusado –o no ha controlado, que no deja de ser otro tipo de abuso- de los dineros públicos, gestionando muy mal en el caso de los socialistas -cuando no llevándoselo crudo- hasta haber dejado dos situaciones agónicas -1996 y 2011- que dejaron España en la absoluta ruina; la que ha despilfarrado en obras públicas, muchas veces innecesarias –universidades, puertos y aeropuertos –redundantes incluso-, autopistas y numerosas obras faraónicas en esa línea del “café para todos” que dejara caer en un mal momento el Profesor Manuel Clavero –a la sazón, ministro con Adolfo Suárez- y que tan fuertemente arraigó en la “casta” dirigente para la que  parece que aquella otra “máxima” de otra ‘ilustre’ del “servirse de lo público” dejó para la posteridad: “El dinero público no es de nadie”, que espetó en uno de sus días “brillantes” mi paisana Carmen Calvo.

La clase política es la que ha permitido un parque de vehículos oficiales que ya lo quisieran para sí países mucho más ricos, poblados y poderosos; la que ha engordado hasta límites insostenibles el número de funcionarios, muchas veces poco cualificados, con oposiciones restringidas para asegurar a sus amiguetes, a los que incorporaron primero como contratados laborales; la que ha permitido que crezcan las dotaciones de personal en administraciones paralelas, como las diputaciones, por ejemplo, perfectamente sustituibles dentro del sistema autonómico; la que ha creado infinidad de empresas públicas deficitarias, para seguir colocando a sus amigos cuando dejan las funciones políticas; la que asegura a sus fieles puestos de retiro bien remunerados, en muchos casos permitiendo una compatibilidad, temporal o vitalicia –decidida por comisiones formadas por los propios afectados ¿Recordamos lo de ‘juez y parte’?, pues eso-, con indemnizaciones y vacaciones desproporcionadas como hemos visto en esta última “legislatura” de escasos cuatro meses y uno ‘efectivo’; la que utiliza medios de transporte público para su uso personal; la que adjudica contratos públicos millonarios a empresas amigas que, curiosamente, luego les benefician generosamente; etc., etc., etc. Como decía, podríamos añadir un sin número de competencias y usos, cuando menos, mal gestionados.

Es cierto que no se puede cargar todo en el debe de la Casta sino que el “pueblo llano” también tiene –tenemos- cierta responsabilidad porque ha vivido cómodamente, en la inopia o dejándose llevar por el día a día, cuando las cosas han ido bien, al menos para nosotros y los nuestros.

Pero dicho eso, y que cada palo aguante su vela, hay que admitir también que el sistema, tal como está montado, lo único que permite al “pueblo llano” es acudir a las urnas cuando se convocan elecciones, generales, autonómicas o municipales, cada cuatro años. Cierto que ese ‘adocenamiento’ institucionalizado y la falta de formación, en muchos casos, no han propiciado un voto inteligente y práctico y eso es responsabilidad de cada uno. En España es muy frecuente –más de lo que muchos quisiéramos- que la visceralidad producida por los acontecimientos del momento se imponga a la reflexión meditada sobre lo realizado, o no, durante cuatro años por los gobiernos o corporaciones de turno. Pero, en definitiva, lo que tenemos es que el voto ciudadano queda diluido en un sistema de “representación otorgada”,  parlamentaria o municipal, –hoy convertido, en el mejor de los casos, en una partidocracia sumisa al líder que designa- y el sistema endogámico sigue su curso.
 
Los partidos –la cúpula, claro- eligen sus listas cerradas -no siempre compuestas por los mejores, hasta el punto de que la formación y experiencia acreditadas brillan por su ausencia en una gran número de nuestros ‘representantes’, siendo la política –paradojas de la vida- la única profesión para la que el CV cuenta poco o nada-. Después, los ‘elegidos’ en las urnas, ‘legislan’ en la Cámara Baja –‘votando’ las leyes que propone el Gobierno, ‘propuesto’ por los previamente ‘elegidos’ por el ‘dedo divino’ del que lo presidirá- y, siempre, con un voto dirigido por el aparato del partido (lo vimos en su día con la Ley del aborto y del Matrimonio Homosexual), con lo que la representación, cuando menos, se deslegitima.

El Partido ganador –no siempre, porque muchas veces se producen pactos contra natura formando pinzas, tripartitos… heptapartitos o lo que haga falta, con tal de alcanzar o mantener el poder, cuando no de quitar al otro, porque sí, porque es el otro- compone el Gobierno, propone leyes que “los suyos” y “sus aliados de turno” aprueban en el Parlamento y “refrendan o no” en el Senado, pero no importa si no, porque vuelven al Parlamento y allí se aprueba por la misma mayoría ‘artificial’ que la envió al Senado, lo que demuestra la inutilidad de la “Cámara Alta”, que supongo que debe el calificativo a una cuestión topográfica, porque demuestra poca altura en muchas ocasiones, recogiendo a determinados personajes, que no voy a citar porque sería muy largo.

Y fin del “teatro democrático”. Se cierra el telón y a por el próximo espectáculo.

Como decía al principio la “generalización” no debe ser del todo absoluta ni debe hacerse siempre, porque hay gente buena en todas partes, pero si ésta no se hace valer porque no sabe, no puede o se deja llevar por las circunstancias, lo honrado es retirarse y dar paso a otros que tengan más empuje y determinación.


El tema daría para mucho más, pero hay que limitar los textos. De momento, reflexión meditada y voto en conciencia para el día 26 de Junio. España lo agradecerá.
 
 
                         ANTONIO DE LA TORRE  Vía el Blog DESDE EL CABALLO DE LAS TENDILLAS

ÉCHALE LA CULPA AL NEOLIBERALISMO, QUE ALGO QUEDA

Según dicen, la crisis actual es producto del neoliberalismo. Un desastre que se inició con el thatcherismo, allá por los años 80 del pasado siglo XX. Hasta entonces, la era dorada del colectivismo, que alcanzó su apoteosis en la década de los 70, había avanzado pari passu a un periodo de paz y prosperidad como nunca antes había conocido Occidente. En la creencia de que las materias primas eran inagotables, que la energía sería barata indefinidamente y que la economía seguiría creciendo imparable, los políticos se vieron libres de ataduras y dedicaron sus esfuerzos a combatir denodadamente los abusos del capitalismo. Puesto que los perros se ataban con longanizas, era el momento de defender al ser humano de sí mismo, de su avaricia y capacidad de destrucción. Para lograr tan loable propósito,había que primar los derechos colectivos sobre los individuales. Y a ello se pusieron con entusiasmo.
Mientras unos seguían dedicados a crear riqueza, otros se aplicaron con denuedo a fiscalizar ese proceso
Por un tiempo pareció que la iniciativa reguladora no comprometía la prosperidad. Aunque la economía mostró una suave desaceleración con el paso de los años, no parecía alarmante. Los países occidentales siguieron creciendo a buen ritmo, y las élites se sintieron confiadas. Según aprobaban un nuevo paquete regulador, ya tenían en la cartera nuevas recetas legislativas. Así, mientras unos seguían dedicados a crear riqueza, otros se aplicaron con denuedo a fiscalizar ese proceso.
Quedaba tanto por hacer, tanto por someter al control político que los esfuerzos se redoblaron. En menos de una década se multiplicaron por 100 el número de leyes y normas (en algunos países, por 1.000). Y la regulación progresó a un ritmo vertiginoso. No sólo se controlaron los grandes negocios, sino que se fue descendiendo por la cadena alimenticia hasta alcanzar al común de los mortales, hasta controlar al más diminuto empresario o comerciante. Pronto, abrir una tienda o negocio dejó de ser un mero trámite. La seguridad, la salud y el respeto al medioambiente se tradujeron en infinidad obligaciones. Fue sólo el comienzo. En pocos años, los obstáculos administrativos se multiplicaron hasta el punto que abrir una simple zapatería se convirtió en una odisea administrativa. Y si se trataba de un taller o una fábrica, los requisitos eran ya de pesadilla. Sin embargo, muy pocos advirtieron del peligro; la corriente “civilizadora” de los 70 era tan poderosa que poner objeciones a la regulación estaba pésimamente visto. Además, era la época de la abundancia. Y los crecientes costes de transacción podían repercutirse en el precio; el público tenía acceso al crédito y la estabilidad laboral había dejado de asociarse con la bonanza económica para convertirse en un derecho que nadie pensaba que pudiera irse al traste.
En comparación con lo logrado por la socialdemocracia occidental de entonces, el mediocre milagro económico de la República Democrática del Este, del que presumía Erich Honecker, era una filfa. Los comunistas y socialistas de Occidente habían descubierto que no era necesario llegar a los excesos del otro lado del Muro, que no hacían falta revoluciones ni luchas de clase. El socialismo no sólo podía convivir con el Capitalismo sino que debía tolerarlo para poder parasitarlo. Así, al mismo tiempo que se mantenía la ilusión de la libertad individual, se socavaba subrepticiamente en beneficio de derechos colectivos. Se redistribuyó gradualmente la riqueza sin que quienes la creaban, absortos como estaban en sus quehaceres, se percataran de lo que estaba sucediendo. Hasta que un día muchos países amanecieron con tipos máximos que superaban con holgura el 70%. Pero los políticos ni pestañearon. Estaban convencidos de que las personas ambiciosas, inconformistas, eran como mulas con anteojeras capaces de escalar cualquier montaña con cualquier carga.
Al final, las magnitudes se invirtieron. Los derechos colectivos se impusieron sobre los individuales, la creación de riqueza quedó comprometida y la economía empezó a mostrar alarmantes signos de agotamiento. La inflación se disparó, el dólar fue devaluado, estalló la crisis del petróleo y el artificio se vino abajo. Súbitamente, Occidente había colapsado generando millones de perdedores.
Incluso en los momentos más “liberalizadores”, los legisladores siguieran vomitando leyes. Y fue imposible retrotraer la burocracia a niveles anteriores
Cuando hoy se hace revisionismo y se señala al neoliberalismo como germen de la crisis actual, se olvida que en realidad ésta es la continuación de la que se inició en los años 70 del pasado siglo, agravada por los avances tecnológicos y la globalización que han puesto a los países occidentales frente al espejo de sus ineficiencias. Si algo hay que achacar al invento del neoliberalismo es que, como el resto, ignoró el problema de unas instituciones en franca decadencia que eran fiel reflejo de la cultura imperante de las últimas décadas. De ahí que incluso en los momentos más “liberalizadores”, los legisladores siguieran vomitando leyes. Y fue imposible retrotraer la burocracia a niveles anteriores.
Lo cierto es que los costes de transacción no se han reducido; ni ahora ni entonces. Muy al contrario, han seguido aumentando. Y mientras hay quienes tienen cada vez más incentivos para patentar causas sociales, otros lo tiene cada día más complicado para patentar medicamentos. O mientras la toma por asalto de una propiedad privada es vista con simpatía, los legítimos derechos de los propietarios nos resultan antipáticos. ¿Quién con dos dedos de frente va a invertir sus ahorros en una sociedad cada vez más amenazada por la inseguridad jurídica? ¿Cómo va a funcionar el ascensor social, salvo que sea hacia abajo, si la selva legislativa, que es el ecosistema predilecto de los delincuentes de cuello blanco, no deja de crecer en todas direcciones?    
Resolver la ecuación institucional no es tarea sencilla, desde luego. Pero ahí es donde están las claves para la resolución de la crisis. No en la vuelta al pasado. Si la búsqueda de certidumbre nos devuelve al colectivismo de los 70, será una catástrofe. El socialismo moderado fue un fracaso sin paliativos, entre otras razones, porque, dicho coloquialmente, un socialdemócrata no es más que un comunista con una paciencia extraordinaria. Por lo demás, no hay demasiadas diferencias. Después de todo, creen que el fin justifica los medios, que la democracia es una cuestión de mayorías o, lo que viene a ser muy parecido, un medio para que triunfe el bien mayor al que, por supuesto, se encargan de poner nombres y apellidos. Pero la democracia no es un medio para un fin sino un conjunto de principios, de líneas rojas. Una serie de salvaguardias cuya función es proteger a la persona, tanto de las mayorías como de las minorías organizadas. La igualdad ante la ley y la propiedad privada son derechos inalienables que no pueden supeditarse a las circunstancias, a las emergencias o al criterio del momento. Si desaparecen, desaparecen con ellas la responsabilidad individual. Porque si el individuo no tiene derecho al beneficio que se deriva de sus elecciones particulares, ¿por qué, sin embargo, habría de cargar con los costes de sus equivocaciones?
Echarle la culpa a Thatcher, sinceramente, suena a chifla
Como explicaban Thomas y North, el entorno humano es dinámico, cambiante, y genera incertidumbre. Las humanos, como es lógico, intentamos reducir esa incertidumbre mediante decisiones. Pero no siempre estas decisiones obran los efectos esperados, porque están sujetas a las creencias, a la mentalidad, a la cultura y a las percepciones. Al final, son las creencias las que acaban determinando la estructura de nuestras instituciones y, por lo tanto, nuestra capacidad de adaptación a los cambios. Así pues, si no cambiamos de mentalidad es lógico que tropecemos con la misma piedra. Echarle la culpa Thatcher, sinceramente, suena a chifla.

                                                                JAVIER BENEGAS  Vía VOZ PÓPULI

lunes, 30 de mayo de 2016

HOLGAZANES

Mientras el mundo debate nuevas fórmulas para financiar el Estado de bienestar, España sigue ensimismada en sus miserias. La nimiedad se ha instalado en la vida política








El próximo 5 de junio será un día especial en Suiza. Desde luego, no porque se vaya a celebrar un referéndum -algo habitual en el país-, sino por su contenido. Ese día, los suizos se pronunciarán sobre la propuesta (avalada por 125.000 firmas) para instaurar una renta básica equivalente a 2.500 francos (unos 2.281 euros al mes). 
La cantidad puede parecer desproporcionada, pero hay que tener en cuenta que el salario medio suizo antes de impuestos asciende a 6.427 francos (5.866 euros). Es decir, la cantidad está en línea con el umbral de pobreza del país. En España, la línea de pobreza para los hogares de una sola persona se sitúa en 8.011 euros al año. O lo que es lo mismo, 667 euros al mes, casi la tercera parte que en Suiza.
La propuesta -que ha abierto una grieta entre las organizaciones de izquierda- no pretende convertir en holgazanes profesionales a los suizos, sino algo mucho más razonable. Redefinir el musculoso Estado de bienestar helvético a partir de una reflexión importante: las economías avanzadas sufren por la deslocalización empresarial y por la robotización de los procesos industriales, lo que obliga a desplegar elevados niveles de presión fiscal que penaliza la competitividad y desincentivan el empleo.
Bandera suiza sobre la montaña Saentis en Schwaegalp. (EFE)


El resultado, como sostenía un profesor de Economía de la Universidad deFriburgo, en declaraciones a un diario suizo, es que hoy “no hay suficiente trabajo para todos. Eso es un hecho".  Y lo dice alguien en relación a un país que tiene menos del 5% de desempleo.
En opinión de los promotores del referéndum, las instituciones clásicas del Estado de bienestar -la cobertura del paro, los seguros de invalidez o la asistencia social- ya no son eficientes para resolver la caída momentánea de rentas derivada de una crisis laboral o de un problema de salud sobrevenido, y de ahí que se proponga un nuevo sistema más adecuado para los nuevos tiempos, toda vez que el actual todavía se basa en el modelo diseñado por elcanciller Bismarck hace 150 años como respuesta a la primera industrialización.
Entre los especialistas hay un amplio consenso en que la gestión del Estado de bienestar consume muchos recursos (costes administrativos y de control del fraude en las subvenciones) que podrían destinarse, precisamente, a quienes más los necesitan.
El sistema excluye a quienes no son capaces de someterse a la compleja burocracia que se exige -por razones obvias- para recibir una prestación
Además, el sistema excluye a quienes no son capaces de someterse a la compleja burocracia que se exige -por razones obvias- para recibir unaprestación. Incluyendo el hecho de que vivir de un sueldo del Estado provoca frecuentemente una desagradable estigmatización social que hace que muchos beneficiarios caigan en lo que suele denominarse ‘trampa de la pobreza’. Son los pobres ‘oficiales’.
De ahí que lo que se proponga es que esa renta básica sustituya a todas las demás ayudas sociales que concede el Estado. El Gobierno suizo se opone a la propuesta y calcula que costaría unos 25.000 millones de francos que, necesariamente, saldrían del pago de impuestos.

Prestaciones públicas

La idea de los promotores del referéndum no es original. En Finlandia (9,3% de paro) se ha puesto en marcha un programa piloto que consiste en entregar550 euros al mes durante dos años a cambio de renunciar al resto de prestaciones públicas. El objetivo final es reemplazar todo tipo de subsidios pagados por el Estado a través de una renta básica universal de 800 euros.

 Una mujer camina por la capital de Finlandia con los candidatos al Parlamento en 2015. (Reuters)
Lo significativo, en este caso, es que la propuesta nace de un Gobierno de centro derecha y no de formaciones de izquierda empeñadas en incrementar el gasto público. El Gobierno, como sucede en Suiza, está convencido de que esta redefinición del Estado de bienestar es más eficiente y no convertirá en unos vagos a todos sus compatriotas.
Finlandia, de esta manera, hace buenos aquellos editoriales (demasiado cínicos) que publicó ‘The Economist’ -referente intelectual del liberalismo- al comienzo de la crisis de la deuda, cuando sostenía que no había que confundir pragmatismo con intervencionismo de los poderes públicos.
En la provincia canadiense de Ontario, el Gobierno ha diseñado, igualmente, un programa piloto que va en la misma dirección. Mientras que en Utrecht y otras ciudades holandesas se han anunciado medidas similares. Y es que, en contra de lo que habitualmente se cree, el debate sobre las rentas básicas no es nuevo. Ni siquiera tiene una raíz izquierdista.

El propio Milton Friedman, a quien nadie tildaría de socialista, reivindicó también un ingreso mínimo en forma de impuesto negativo sobre la rent
En 1969, Richard Nixon llegó a plantear una propuesta parecida. Probablemente inspirado por aquella máxima que puso él mismo en boga en 1971. ‘Ahora todos somos keynesianos’. El propio Milton Friedman, a quien nadie tildaría de socialista, reivindicó también un ingreso mínimo en forma de impuesto negativo sobre la renta (el mínimo vital está exento de tributación) como una manera de restringir el poder coercitivo del Estado en aras de incentivar la elección individual y la libertad de las personas.
También el senador McGovern, candidato demócrata a la presidencia de EEUU (su campaña fue el origen del Watergate), reclamó una renta básica para millones de estadounidenses. De hecho, esa posibilidad existe desde finales de los años 70 en el estado de Alaska gracias a los dividendos del petróleo. Alguien tan poco sospechoso de coquetear con los avances sociales comoSarah Palin apostó fuerte por esta opción elevando sus cuantías cuando era gobernadora.
La renta básica, en contra de cómo lo plantean algunos políticos españoles, no tiene que ver solo con el ensanchamiento del Estado de bienestar para combatir el aumento de la desigualdad derivado del paro, la competencia de las economías emergentes o la innovación tecnológica, sino también con una reordenación del sistema de protección social que hoy, parece evidente, está amenazado.
No es desde luego un gran descubrimiento. Pero a la luz de cómo se desarrolla el debate político en España da la sensación de que la financiación del Estado de bienestar es un asunto ya resuelto. La pobreza intelectual de los debates va en aumento y nada indica que en las próximas semanas se vaya a producir un giro radical. Todo lo contrario.

El paro que no cesa

España, como si fuera una isla del mundo, sigue hablando de sus propias vergüenzas y nimiedades: las 'esteladas' nuestras de cada año, la penúltima estulticia de Willy Toledo, la memoria del franquismo, los okupas, los titiriteros, el toro de la Vega, el último video de Rajoy, el diputado que ha robado 400 pesetas al erario público llamando a cobro revertido o la corbata deIglesias que le regaló Ana Rosa Quintana. Todo es tan ridículo que si no fuera porque periódicamente la EPA nos recuerda que el país lleva 22 trimestres consecutivos con una tasa de paro superior al 20%, habría razones para pensar que vivimos en el mejor de los mundos posibles.


Detrás de esta miseria intelectual se encuentra, sin duda, el sistema de partidos, que ha convertido la política en algo endogámico completamente alejado de la sociedad, como se puede observar con tan solo echar un vistazo al CV de los candidatos de todos los partidos. Impera la mediocridad y hasta lazafiedad, lo que explica que en lugar de provocar debates inteligentes, triunfe el chiste fácil o la frase ocurrente para desprestigiar al adversario político.
Los candidatos lo son, precisamente, no porque hayan sido capaces de crear puestos de trabajo en sus actividades profesionales; porque hayan contribuido a algún avance científico o porque sean líderes sociales capaces de cambiar el curso de los acontecimientos, sino, simplemente, porque son conmilitones de quien manda en el partido.
Algo que explica que la política se haya convertido en un patio de vecinos mal avenidos -de bronca diaria- en el que uno le recuerda al otro que saca la basura antes de tiempo o que pone la música demasiado alta a altas horas de la madrugada. Sin duda, asuntos de enorme transcendencia que el resto del mundo se está perdiendo.

                                            CARLOS SÁNCHEZ Vía EL CONFIDENCIAL





LA POBREZA HA LLEGADO PARA QUEDARSE EN ESPAÑA

Si hay un término que rechina entre el lenguaje políticamente correcto es el de la pobreza. Es cierto que manejar bien este concepto es difícil, porque hay que analizarlo siempre desde una óptica relativa, y su medición es compleja, máxime si tenemos un aparato estadístico tan pobre como el español.
En el Distrito de Salamanca de Madrid, muchos ciudadanos que habitan viviendas de alto valor catastral no pueden poner la calefacción, comer tres veces al día o irse de vacaciones
A pesar de los malos datos estadísticos, se puede decir que la pobreza en España ha venido para quedarse
Por ello, todos los datos que se van publicando, en especial la Encuesta de Condiciones de Vidaque publica el INE (que se publica con un año de decalaje), hay que tomarlos siempre con cautela, puesto que no reflejan, sin duda, la realidad de la sociedad española. No hay que olvidar que en el tema de pobreza, hay incentivos a mentir en una encuesta que en una toma de datos objetivos, ya que existe lo que se denomina “pobreza vergonzante”. Este término hace referencia a aquellos ciudadanos que sienten vergüenza en reconocer que su situación se sitúa en los umbrales de pobreza. Máxime si otrora fueron ciudadanos con un cierto poder adquisitivo. Esto se da mucho, por ejemplo, en elDistrito de Salamanca en Madrid, donde muchos ciudadanos que habitan viviendas de alto valor catastral, no pueden poner la calefacción, comer tres veces al día o irse de vacaciones.
Los resultados de la ECV hay que tomarlos con cautela, ya que esconden bolsas de pobreza vergonzante muy elevadas
Por tanto, a pesar de la mala calidad estadística, podemos aseverar que España tiene un problema severo de pobreza relativa, ya que más de un 22% de la población está en riesgo relativo, según los estándares de la UE. Y si cogemos el indicador agregado AROPE, el porcentaje alcanza el 28,9% del total de la población residente. Este indicador mide la pobreza sobre la base de 9 indicadores:
1. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.
2. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
3. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.
4. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros)
5. Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal
o en compras a plazos en los últimos 12 meses.
6. No puede permitirse disponer de un automóvil.
7. No puede permitirse disponer de teléfono.
8. No puede permitirse disponer de un televisor.
9. No puede permitirse disponer de una lavadora.
La capacidad de ahorro de casi el 90% de la población es nula, ya que todo está invertido en la vivienda principal
Según la encuesta, casi la mitad de la población, 48%, no tenía ningún problema en ninguno de los nueve aspectos, es decir casi el 50% de la población se puede ir una semana de vacaciones, puede acometer gastos imprevistos de 650€, no ha incumplido el pago de la hipoteca o alquiler y puede mantener su vivienda caliente y comer carne y pescado cada dos días. Aquí empieza a ser muy complicado creer que esta encuesta arroja una fotografía real de nuestro país. Si cogemos la EPA, con un 21% de desempleados, con un paro juvenil (por debajo de 30 años) del 50%, un 23% de ocupados trabajando en régimen de subempleo, y 8 millones de pensionistas con pensiones medias de apenas 900€ de media, y con un porcentaje de viudas muy elevado que cobran por debajo de 500€ de pensión, es complicado poder creer que casi el 50% vive de forma desahogada en España. Además, la capacidad de ahorro de casi el 90% de la población es nula, ya que todo está invertido en la vivienda principal, y si tenemos en cuenta que la morosidad real de la banca ronda el 15%, tenemos un cuadro manifiestamente peor, a priori, que el que dibuja la ECV del INE.
Lo más llamativo es que casi el 50% de la población no tiene problemas relacionados con los estándares de pobreza de la UE
Lo que sí es relevante es que hay casi un 22% de la población en España que vive con unos ingresos de apenas 8.000€, con datos de 2014, hogares unipersonales, equivalente a 16.823€ en hogares de dos o más miembros. Es decir, ni siquiera alcanzan el umbral del Salario Mínimo en España que en 2014 apenas superaba los 9.100€. Esto refleja la realidad del mundo laboral en España, fruto del nivel de subempleo del que presumen los que defienden la deflación salarial y el empleo a tiempo parcial. Se suele argumentar que es mejor estar empleado que estar desempleado. Sin duda, lo defienden quienes jamás tendrán que pasar por la situación de tener que elegir entre comer y poner la calefacción o no poder escolarizar a tus hijos a ciertas edades, porque es imprescindible un salario adicional en el hogar para poder subsistir.
El 22% de la población está en riesgo de pobreza e ingresa apenas 8000€ al año
Ahora que estamos en campaña electoral, tal vez sea un buen momento para preguntar a los futuros responsables políticos qué van a hacer para solucionar esto. Porque lo que sí es una realidad es que gran parte de la pobreza relativa en España es estructural, afecta a aquellas familias que nacieron en el seno de otra familia pobre, porque en España no funciona hace mucho el ascensor social. La pobreza se ceba con algunas zonas en España con más virulencia que otras, Andalucía, Extremadura, ambas Castillas, Galicia y Canarias. También se deja sentir en el medio rural, y entre las personas con menor formación. La brecha tecnológica es otro factor de desempleo crónico que se ha convertido en una palanca que amplifica la sensación de pobreza. Junto a esto, los mayores y las mujeres son otro colectivo que abraza la pobreza, tal vez, para siempre en amplias capas de la población.
Sean honestos y cuenten la realidad a la población, para que no tengan vergüenza en auto denominarse pobres
Hay que ser honestos y transmitir la idea que no hay trabajo a tiempo completo, ni salarios dignos para toda la población
El futuro no invita a pensar que los salarios, la riqueza o el ahorro van a mejorar para los percentiles de renta más bajos, el empleo precario es el antídoto que las elites tienen dibujado para mantener a la gran masa en una situación de semiesclavitud, con el señuelo de un mundo mejor en cuanto España crezca, falacia que esconde que no hay capacidad para que toda la población activa en España trabaje a tiempo completo y con salarios dignos. Por ello, sean honestos y cuenten la realidad a la población, para que no tengan vergüenza en auto denominarse pobres, aunque vivan en el Barrio de Salamanca y no puedan encender la calefacción más que un día a la semana.


                                                         ALEJANDRO INURRIETA  Vía VOZ PÓPULI