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jueves, 22 de febrero de 2018

El Gobierno Rajoy, dispuesto a seguir dando la espalda a la enseñanza en español en Cataluña

Carles Puigdemont junto a Jordi Pujol EFE


“Soy hijo de una cordobesa y un castellano manchego llegados a Catalunya en los 60, con menos de 5 años. Mis padres se criaron y conocieron en castellano, en un entorno de inmigrantes. En los últimos años de franquismo se afiliaron al PSUC y entendieron que aquello de ‘un sol poble’ serviría para que sus hijos tuvieran las mismas oportunidades que los de ocho apellidos catalanes. Mi padre aprendió el catalán en una carpintería gracias a su primer jefe, cuando era adolescente. Mis hermanos abrieron camino al catalán en casa gracias a la inmersión. Y luego nací yo. Y mis padres decidieron que mi padre me hablaría en catalán y mi madre en castellano. Los hijos llevamos el catalán que aprendíamos en el colegio a casa, y hacíamos aprender de manera natural a nuestros padres, que trataban el bilingüismo con normalidad. Las comidas familiares transitan, como en muchas casas, entre el catalán y castellano, sin esfuerzo. Y yo, gracias a la inmersión y a unos padres comprometidos y maravillosos, hoy soy capaz de trabajar con la lengua, en catalán, en ARA. Y de haber pasado por medios en castellano como El País (becario) o el Diari de Terrassa”.


Losada se defendió con dignidad y humildad, a veces con ese  punto de dramatismo que destila el haber tenido que dar la cara en solitario y en territorio hostil (“¿tenemos que convertirnos en héroes para pedir algo que nos corresponde por derecho, como es que nuestros hijos puedan estudiar en el idioma de sus padres?”) durante años. “El problema es que no se cumple la ley, no se ofrece a los niños ni siquiera el 25% de clases en español que determinó la justicia”, denuncia Losada. “La opción que ahora tienen los padres es llevar a su hijo a un colegio privado en castellano y después solicitar los 6.000 euros de subvención que marca la LOMCE [solución que acaba de eliminar la sentencia de esta semana del Constitucional], o bien formular un recurso administrativo que acaba en el TSJC y que termina por concederte ese mínimo del 25% de asignaturas en castellano. En Cataluña tenemos la suerte de contar con dos lenguas, y para poder dominarlas en todos sus registros al final de la escolarización obligatoria es necesario que se puedan practicar en clase en todas las materias, porque con dos horas de castellano a la semana en primaria y tres en secundaria eso es imposible. Lo que reclamamos es que en las mismas aulas se estudien las dos lenguas en una proporción adecuada teniendo en cuenta el entorno y la lengua materna de los alumnos: un niño en Barcelona probablemente necesite menos clases en español y más en catalán, y lo contrario ocurrirá en comarcas del interior. Nunca hemos hablado de segregación”.

-El problema es que ustedes crean un problema donde no lo hay –acusa  Sánchez Ugart, con esa sonrisa llena de suficiencia que caracteriza a los Rufianes-. Usted lo que quiere es que a su hija, en cuya casa hablan castellano, idioma en el que juegan en el patio, supongo, porque vive en Castelldefels, se le restrinja todavía más el uso del catalán en la escuela…
-¡Cómo que todavía más, si el 90% de la enseñanza en la escuela es en catalán…!
-Se trata de hablar las dos lenguas, señora.
-Desde luego que sí, pero hablar una lengua es dominarla en todos sus registros, naturalmente en el escrito.
-Pero dígame algún dato según el cual el dominio del castellano en Cataluña es peor que en otras regiones de España…
-Es que ustedes se han encargado de que no haya ningún dato; los defensores de la inmersión lingüística son los que se oponen a que haya una prueba común en todo el Estado. Lo único que pedimos es aumentar un poco las horas lectivas en castellano. ¿Qué argumento es ese según el cual un niño castellanohablante necesita un 90% de clases en catalán para llegar a dominarlo, mientras que un catalanoparlante tiene suficiente con el 10% en castellano? ¿Es que los niños castellanoparlantes son más tontos? ¿Qué sin razón es esa?.

El discurso supremacista de la escuela catalana


Daniel Sánchez, hijo de manchego y cordobesa, domina a la perfección los registros argumentales del independentismo para negar a esa mayoría de la población catalana que habla castellano el derecho a usarlo como lengua vehicular en la educación de sus hijos. Él es un perfecto ejemplo de los estragos no solo sintácticos provocados por la inmersión en catalán, que por supuesto, sino sobre todo ideológicos causados por un sistema educativo diseñado desde los tiempos de Pujol para separar Cataluña de España sobre la base de esa trinidad llamada “un sol poble, una sola llengua i una sola nació”, el discurso supremacista y totalitario que en el siglo XX provocó millones de muertos en Europa. “Lo que quieren estos padres [como Ana Losada] no es libertad para elegir, sino libertad para segregar, para volver al pasado, para restar capacidades lingüísticas a los niños castellanoparlantes. La inmersión está pensada para ellos, para esos niños que si no fuera por el colegio no aprenderían nunca catalán, y cuando fueran a buscar trabajo a una mercería les pasarían por delante 15 candidatos que sí lo dominan. Para eso sirve la inmersión”.

En un lenguaje más elaborado, los cerebros del supremacismo argumentan que “el modelo lingüístico de la escuela catalana garantiza la cohesión social y la igualdad de oportunidades en una sociedad bilingüe, y desarrolla un nivel equivalente de competencias lingüísticas en castellano que la media de España (…) La insistencia en acabar con este modelo nace de una concepción nacional española incompatible con la diversidad, incluida la lingüística”. Unas líneas que resumen, encapsulada, la ideología de la inmersión. Aquí está todo. Difícil incluir más falsedades en menos espacio. En primer lugar porque es evidente que con dos horas de español en primaria y tres en secundaria los alumnos catalanohablantes jamás llegarán a tener un dominio integral del otro idioma, jamás llegarán a redactar bien en español. Las pruebas de competencia correspondientes a 2017, realizadas por la Generalitat al final de primaria y secundaria, reflejan que el dominio del castellano ha descendido en algunas zonas hasta en 4 puntos con respecto a 2016. Pero donde los apóstoles del nacionalismo etnicista rizan el rizo es cuando acusan de enemigos de la diversidad a quienes reclaman igualdad de trato para el español en Cataluña.   

Ana Losada termina su exposición ante la Griso y su copain, Sánchez Ugart, hijo de manchego y cordobesa, con un canto a los valores de la sociedad abierta. “También estamos hablando de derechos: yo también tengo derecho, el mismo que cualquier catalanoparlante, a que mi hija sea escolarizada, al menos en parte, en su lengua materna. Tenemos dos lenguas y las dos deben ser estudiadas en la escuela, porque solo así se enseña a convivir, sólo así se enseña en una sociedad abierta, diversa y plural, en una sociedad libre donde no rigen las imposiciones, una sociedad, por cierto, que mayoritariamente rechaza la inmersión lingüística, como han demostrado encuestas recientes”. Ahí le duele. Más que el castellano, lo que está perseguido en la Cataluña nacionalista son los derechos civiles de la población que normalmente se expresa en castellano, que a veces habla también catalán, o que alterna ambos idiomas, pero que quiere que sus hijos reciban una formación en castellano. No es que se esté defendiendo el catalán, se está defendiendo la posición de privilegio de los catalanohablantes para monopolizar los cargos públicos. No se está defendiendo un idioma: se están defendiendo privilegios. No se está atacando un idioma: se están vulnerando derechos fundamentales básicos de las personas, de los individuos, de los ciudadanos, que son los únicos que en un sistema democrático tienen derechos, no la gens, no el pueblo, no la raza, no la tribu. Es el derecho a elegir, el “free to choose” de cualquier democracia liberal.  

Los verdaderos culpables



Por tedioso que pueda resultar, es inevitable señalar una vez más a los verdaderos culpables del déficit democrático que sufre la Cataluña hollada por el nacionalismo supremacista. Porque el culpable último no es el hijo del emigrante murciano, andaluz, gallego o castellano que, para evitar ser segregado, abraza con entusiasmo el discurso totalitario del “un sol poble”. Si me apuran, el culpable último ni siquiera es Jordi Pujol y su ratera prole. Los verdaderos culpables de esta sinrazón han sido y son los distintos Gobiernos centrales, cuya criminal dejadez y miopía política ha permitido que el monstruo que alimentaron, porque lo necesitaron para poder gobernar en minoría, haya terminado por dar un golpe de Estado que ha colocado a España contra las cuerdas. Unos Gobiernos que han puesto sus intereses particulares y de partido por encima de los nacionales. Ha sido el Gobierno Rajoy que, a pesar de la cómoda mayoría absoluta de la que dispuso durante 4 años, se dedicó a mirar hacia otro lado mientras en Cataluña crecía la marea separatista. Cobarde hasta la náusea, ahora ha lanzado un globo sonda diciendo que va a hacer cumplir la ley, siquiera ese miserable 25% de horas lectivas en español, a rebufo del 155. El fallo del TC ha venido a amparar su desidia. No harán nada. Tendremos que ser los españoles quienes nos pongamos manos a la obra, al margen de este Gobierno y de buena parte de la miserable clase política que hoy acampa en el Parlamento de la nación.


                                                                                                 JESÚS CACHO   Vía VOZ PÓPULI

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