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jueves, 30 de abril de 2020

LAS FASES OCULTAS DEL DESCALABRO

Junto a las cuatro etapas del cronograma oficial para salir de la crisis, existen otras cuatro que el Gobierno no cuenta o no ha contemplado: empleo público, privado, impuestos y recortes

Foto: Un hombre regresa a su vivienda desde el supermercado, ayer, en Barcelona. (EFE) 

Un hombre regresa a su vivienda desde el supermercado, ayer, en Barcelona. (EFE)

Sucederá en España que, después de los aplausos a los médicos, lleguen los recortes a los médicos. Sucederá en España que, después de que muchos trabajadores se consideren amparados por un ERTE, se vean en la calle, sin trabajo, porque se ha reducido drásticamente la actividad. Sucederá en España que, después de que les hayan prometido una red de seguridad, muchos autónomos se peguen el costalazo en el suelo porque no pueden seguir para adelante. Igual que muchas empresas, que se verán abocadas al cierre definitivo, asfixiadas.
Una, dos, tres, cuatro… Junto a las cuatro etapas del cronograma oficial para salir de la crisis, existen otras cuatro fases de la desescalada que el Gobierno oculta, o no ha contemplado. Y que la oposición, en vez de reclamarlas y exigir ese detalle de la salida del confinamiento, también ignora porque le viene bien con el trazo grueso de esa rivalidad cansada, hastiada, siempre electoral, en la que está sumida la vida política española. 'Nueva normalidad' de incertidumbre social con los viejos vicios de la dialéctica política.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este 28 de abril de 2020 durante su comparecencia telemática en la Moncloa. (Borja Puig | Pool Moncloa)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este 28 de abril de 2020 durante su comparecencia telemática en la Moncloa. (Borja Puig | Pool Moncloa)
Con lo cual, conviene trascender de ese sinsentido y comenzar a leer entre líneas las fases ocultas que nos aguardan tras siete semanas de arresto domiciliario en todo el país.
Fase oculta número uno: los empleos públicos. El número de empleados públicos en España en la actualidad es de dos millones y medio de personas (casi el 60%, de las autonomías). Para hacer frente al descalabro de la Hacienda pública por el descenso de ingresos tras el parón económico, parece inevitable que el Gobierno de coalición imponga un recorte de salarios a los funcionarios, además de a los altos cargos. Ya se ha comenzado a especular con la supresión de la paga extra de verano para todos ellos y la congelación (anulación) de la subida del 2% que se había prometido para este ejercicio.
Tampoco se trata de ninguna novedad: tras la crisis de 2008, con el presidente Zapatero y, posteriormente, con el Gobierno de Mariano Rajoy se acometió un durísimo ajuste con una bajada de sueldos de los funcionarios, además de una amplia gama de recortes y subida de impuestos. El presidente Rajoy dijo entonces: "Los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas. No ofrecemos esperanzas, ni siquiera buenos deseos. Ofrecemos convicción. España entera arrimará el hombro. Aceptaremos los sacrificios. Soportaremos las renuncias. Aprovecharemos mejor nuestros recursos". Es muy probable que la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ya tenga apalabrado un plan semejante con Europa o que, como suele ocurrir, las autoridades europeas ya se lo hayan sugerido, como paso previo para recibir las ayudas comunitarias que se solicitan. ¿Lo va a hacer el Gobierno?
De los aplausos en los balcones a los sanitarios a los recortes en sus nóminas. Ya veremos cómo se solventa esa paradoja
En el caso de que así sea, como parece probable, la pregunta inmediata es si también se va a aplicar esa misma bajada de sueldo al personal sanitario del sector público, lo mismo que a los demás funcionarios del Estado que se han enfrentado en primera línea a esta pandemia brutal. De los aplausos en los balcones a los recortes en la nómina. Ya veremos cómo se solventa esa paradoja.
Fase oculta número dos: los empleos privados. La abrupta paralización de la economía en todo el país, salvo en los sectores esenciales, ha podido parchearla el Gobierno con la generalización de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que, como su propio nombre indica, se tratan de una solución temporal.
Ya puede la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, repetir todos los días que “los ERTE no significan destrucción de empleo”, porque la realidad es que el propio calendario de la desescalada arroja muchas dudas sobre la posibilidad de que las empresas puedan recuperar todos los empleos tras ese periodo. Parece lógico que así sea si, en un horizonte que todavía no se alcanza a ver el final, cientos de miles de esas empresas se ven obligadas a reanudar la actividad pero con limitaciones severas de hasta un tercio de su capacidad.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (EFE)
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (EFE)
¿Cuántos autónomos y pequeños empresarios están calculando los costes y los ingresos de los próximos meses y no les salen las cuentas? Comercios, bares, restaurantes, grandes superficies… A menos producción, menos costes salariales, hasta que la normalidad de la actividad económica vuelva plenamente, algo que solo se producirá cuando se descubra la vacuna y llegue a las farmacias. Si en Alemania se ha aprobado un Fondo de Estabilidad para la economía de 600.000 millones de euros y en España los avales del ICO se han quedado en 40.000 millones, aun a pesar de que el confinamiento alemán no ha sido tan severo como el español, algunas consecuencias tendrá ese enorme desajuste entre los dos países. “Si no hubiéramos actuado con prontitud, hoy las cifras de desempleo serían insoportables”, dijo la ministra de Trabajo hace unos días. Veremos.
Fase oculta número tres: los impuestos. Nada se dice en el Gobierno, cuando establece previsiones de desescalada para los dos próximos meses, de la aprobación de una subida de impuestos, pero parece evidente que se producirá. Con el argumento político tantas veces utilizado de penalizar fiscalmente a los ricos, ¿es verdad que el Gobierno de coalición está diseñando la mayor subida de impuestos de la historia? Debe ser así, porque la propaganda ya ha empezado con la exaltación de un nombre: la ‘tasa covid’, como ha adelantado el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.
Afirma el líder de Podemos que la intención es aprobar esa tasa “para las grandes fortunas”, pero ya podemos sospechar que bajo la sonoridad de ese reclamo se deslizarán otras muchas subidas de impuestos que no afectarán solo a los ricos, como pretenderá hacer ver el Gobierno. Más carga fiscal en todos los sentidos, desde el IRPF hasta el impuesto de bienes inmuebles, pasando por el impuesto de sociedades.
Un joven camina frente a la sede del Inem en San Sebastián. (EFE)
Un joven camina frente a la sede del Inem en San Sebastián. (EFE)
Fase oculta número cuatro: los recortes. En el último debate del Congreso de los Diputados, un día después de anunciar la agenda prevista para salir del confinamiento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó solemne que esta crisis, que es múltiple, “no va a servir para abandonar las agendas, como la de la transición ecológica justa. Tampoco va a servir como excusa para recortar el estado de bienestar, ni para precarizar las relaciones labores, ni para abandonar un sistema fiscal que tiene que ser mucho más justo ni para dejar a los que ahora mismo sufren con más contundencia esta crisis”.
El presidente recalcó su "anhelo de justicia social" y nada se le puede oponer a ese propósito, salvo que debería precisar cómo se hace
El presidente recalcó el “anhelo de justicia social” que tiene su Gobierno y nada se le puede oponer a ese propósito, salvo que debería precisar cómo se hace. ¿Cómo se puede, a la vez, sostener o, incluso, aumentar el gasto de los servicios públicos esenciales, desde la cobertura del desempleo hasta la sanidad o la educación, sin dejar atrás los compromisos millonarios de inversión en las demás agendas del Gobierno, como el cambio climático, mientras se desploman los ingresos del Estado? Pedro Sánchez admitió, al comienzo de la crisis, que esta legislatura, tras la pandemia, no tiene nada que ver con la que se inició en enero y, mucho menos, con la que se planificó en las elecciones de noviembre de 2019. Pero luego afirma que todo sigue igual.
En fin… La Real Academia de la Lengua no aconseja el uso del anglicismo 'desescalada' y ha sugerido que se utilice mejor “reducir, disminuir o rebajar”. Está bien. Con esos verbos, ya nos vamos entendiendo mejor.

                                           JAVIER CARABALLO   Vía EL CONFIDENCIAL

NOSTALGIA DE LIBERTAD

Sería mejor que la conducta obediente de los ciudadanos durante el confinamiento respondiera a la confianza en las autoridades y en las fuentes de información y no al miedo al virus o a las multas


Nostalgia de libertad 

MARTÍN ELFMAN

 

Confieso mi sorpresa por la disciplina y abnegación con que los ciudadanos españoles llevan el confinamiento al que están obligados desde hace ya casi dos meses. Sería mejor si su conducta obedeciera a su confianza en las recomendaciones de las autoridades y de las fuentes de información a las que acceden y no simple consecuencia del miedo al virus o a las multas. En todo caso, el confinamiento es toda la respuesta que los Gobiernos de todo el mundo han encontrado hasta ahora a esta amenaza y los españoles la siguen a rajatabla, mejor que nadie.
Aunque esto sea motivo de celebración, creo que debe ser también una oportunidad para la reflexión. Permanecer encerrados en casa durante tan largo periodo de tiempo no es un sacrificio menor. La libertad de un individuo empieza con la libertad de movimientos. Andar, desplazarnos de un lugar a otro, es lo primero que hacemos en la vida, antes incluso de tener conciencia de nuestro ser. Todas las demás libertades vienen como complemento de esta tan básica. Un preso puede ver su sentencia rebajada al arresto domiciliario, pero aún es una condena. Por ser tan elemental y primaria, la libertad de movimientos resulta tan natural. Todas las grandes oleadas migratorias de la humanidad fueron fruto del instinto humano de desplazarse de un lugar a otro en una eterna búsqueda de satisfacción.
Es conveniente, por tanto, plantearnos qué efectos puede tener una pérdida tan prolongada de esa libertad y cómo va a afectar eso a todas las demás libertades. En definitiva, en qué medida puede degradarse nuestra condición de hombres y mujeres libres, hasta qué punto estamos haciendo un sacrificio que puede, a la larga, actuar en detrimento de las sociedades democráticas en las que vivimos. Es muy posible que, por razones de supervivencia, no quede más remedio que hacer lo que estamos haciendo. No lo dudo. Pero aun así, sería oportuno que, junto al debate sanitario, se generara otro político sobre nuestra realidad y nuestro futuro.
Es posible y necesario discutir lo que hacemos con nuestra democracia al mismo tiempo que discutimos lo que hacemos con nuestra salud. Tenemos que asegurarnos de que el Gobierno no confunda nuestra disciplina con docilidad y de que la “nueva normalidad” no equivalga a una pérdida de nuestros derechos. Ya se han producido alrededor del mundo algunos signos del peligro de que la pérdida de la libertad de movimiento sea aprovechado para la incautación de otras libertades. A rebufo del silencio provocado por el coronavirus, el Gobierno chino ha incrementado la represión contra los líderes de las protestas en Hong Kong. En Líbano han crecido las detenciones de opositores. Chile ha postergado el referéndum constitucional con el que el Gobierno había transigido después de meses de manifestaciones. Incluso en Estados Unidos existe el temor a un retroceso democrático, incluido el retraso de las elecciones del próximo mes de noviembre. El candidato demócrata, Joe Biden, ha alertado públicamente sobre la posibilidad de que Donald Trump pueda intentarlo con la excusa del peligro para la salud.
La libertad de un individuo empieza con la libertad de movimientos. Todas las demás son complemento de esta
La suspensión de unas elecciones son el grado máximo de degradación de nuestro sistema político. Corea del Sur, que votó en medio de la pandemia con cerca de un 70% de participación, la mayor en 30 años, es un ejemplo de que puede hacerse compatible la preocupación por la salud y por nuestra democracia. Existen hoy, afortunadamente, medios y tecnología suficiente, al menos en los países desarrollados, para poder votar sin poner en peligro a los ciudadanos. “La causa global de la democracia se vería gravemente debilitada si las naciones occidentales fracasan a la hora de celebrar elecciones libres, justas y seguras”, afirma un editorial de The Washington Post.
Nuestra salud democrática exige seguir votando, pero no solo; necesitamos seguir ejerciendo nuestros derechos al máximo posible y gozando de nuestra libertad con los límites mínimos exigidos para hacerla compatible con la vida. Esa es la responsabilidad y la obligación de nuestros Gobiernos. Nuestros dirigentes deben, por supuesto, seguir las indicaciones de los expertos sanitarios en una situación de tanto riesgo para la población. Pero eso no puede ser excusa para la dejación de responsabilidades políticas o la negligencia; mucho menos, para la merma injustificada de nuestra condición de ciudadanos.
Las difíciles circunstancias sanitarias actuales no deben impedir que cada cual y cada institución cumplan con sus obligaciones. El primero, el Gobierno, al que le corresponde asumir la responsabilidad de dirigir y administrar el país, asesorado por expertos, como siempre debería de ser, pero no sustituido por ellos. Solo el Gobierno, no los expertos, debería ser capaz de tomar las decisiones equilibradas que concilian intereses diversos en busca del bien común. Es al Gobierno también al que corresponde la creación del clima político adecuado para vertebrar a la sociedad y fomentar la solidaridad y la colaboración. Es el Gobierno el que tiene que fomentar el diálogo y los acuerdos con otras fuerzas en busca del mayor respaldo posible a sus medidas.
Al Gobierno le corresponde asumir la responsabilidad de administrar el país sin ser sustituido por los expertos
Es al Gobierno al que corresponde eso, y no a la oposición, cuyo papel en una democracia es el del control y la vigilancia, el de analizar las decisiones del Ejecutivo y criticarlas o respaldarlas de acuerdo a su criterio y ante la mirada de los votantes, que se pronunciarán después. Incluso en circunstancias excepcionales, la oposición no puede eludir su obligación fundamental de ser una alternativa al Gobierno constituido. Para eso existe.
Como los medios de comunicación no pueden renunciar a la crítica constante. No he visto en Estados Unidos, con cerca de 60.000 muertos por el virus, una reducción de la crítica a Trump. The New York Times publicaba ayer en doble página un análisis de las 260.000 palabras pronunciadas por el presidente desde el comienzo de esta crisis, con todas sus contradicciones, inexactitudes y mentiras. Trump sigue empeñado en administrar la verdad y en combatir la supuesta difusión de bulos. Cuando un Gobierno se atribuye la autoridad de intervenir en el contenido de la información, con poderes diferentes al que la ley pone en manos de cualquier ciudadano, está atacando la raíz de la libertad de expresión. Lo mismo que cuando inunda los medios públicos con la verdad oficial.
Quizá tengamos que seguir encerrados en casa, pero cada uno tiene que estar en su lugar en la defensa de nuestra libertad y nuestra democracia: los ciudadanos no son los vigilantes de sus vecinos, el Parlamento ha de seguir siendo el lugar en el que el Gobierno responda y los jueces deben continuar con los procedimientos esenciales para que no se produzca una situación de desprotección y desamparo entre la población. Contamos con recursos técnicos para que así sea.
Cualquier gobernante, incluso democrático, ha soñado secretamente alguna vez con un paradisiaco escenario en el que la gente permaneciera en silencio en sus casas y todas las instituciones acalladas por fuerza mayor. No es la primera vez que los líderes políticos se encuentran ante circunstancias que hacen su poder casi absoluto. Ahí es donde se comprueba la estatura de cada cual. El historiador Jon Meachan cuenta que una de las cosas que aprendió John Kennedy en la crisis de los misiles fue la necesidad de imponerse a sí mismo límites al enorme poder que tenía en sus manos, incluido el botón rojo. La estrategia de Trump, en cambio, tal como la describe Michael Gerson, es la de aprovechar sus privilegios —incluido el de las constantes comparecencias televisivas— para dividir al país, satanizar al adversario y polarizar hasta tal punto la situación que solo queden dos grupos: “Los que creen su versión y los que llegan a la conclusión de que no existe ninguna versión que merezca ser creída”.

                                                                       ANTONIO CAÑO   Vía EL PAÍS

EL SUICIDIO DE UNA NACIÓN

Hoy Iglesias tiene todo lo que entonces Sánchez le negó porque todavía no había sojuzgado al PSOE.

 

EFE

 
El 5 de enero de 2020 EL MUNDO tituló: "El Gobierno de Sánchez declara enemigos a jueces y medios críticos". Fue durante la primera sesión de su tercer intento de investidura. El periodismo es orden, contexto y anticipación. El director de EL MUNDO no tiene una bola de cristal sino olfato, hemeroteca y buenos periodistas. Así que reflejó lo escuchado en el Congreso para avanzar lo que venía. En noviembre de 2018, el actual vicepresidente plenipotenciario Iglesias se había manifestado ante el Supremo por "una Justicia al servicio de la gente".
Antes, en febrero de 2016, Iglesias envió a Sánchez un documento para su coalición. Sánchez sobrevive a base de ganar tiempo in extremis. Para sortear su caída, tiró pa'lante con aquella investidura, dio hilo a la cometa e Iglesias se pasó de frenada. Hoy tiene todo lo que entonces Sánchez le negó porque todavía no había sojuzgado al PSOE. Aquella propuesta incluía que los cargos más distinguidos de la Justicia -fiscal general, magistrados del TC y vocales del CGPJ, entre otros- debían elegirse por criterios de mérito, capacidad y "compromiso con el programa del Gobierno del cambio".
Durante la citada sesión de enero, Iglesias advirtió: "El próximo Gobierno tendrá muchos enemigos, poderes económicos y financieros con sus brazos mediáticos preparados para atacar (...) y puede que también haya algunos togados que pongan por delante su ideología reaccionaria frente al Derecho". Dos días más tarde, Sánchez fue investido presidente. Iglesias no esconde un caudillo sin desenvolver. Durante años, engatusó a periodistas orgánicos y generó picos de audiencia. A punto de zozobrar, se abrazó a Sánchez y juntos evitaron el naufragio.
Ahora afrontan una crisis a base de golpes de efecto, sonoros desaciertos, dilaciones, una obsesiva manía persecutoria y un singular y desmedido afán intervencionista y de control de la crítica. No hay test disponibles en número anunciado; no hay mascarillas ni un plan de salida. Sólo síntomas de colapso. Tras la tragedia de Vargas en 1999 y más de 30.000 muertos bajo lodo y escombros, Chávez rechazó la ayuda de EEUU. Aprovechó la catástrofe para asumir plenos poderes e imponer una economía de guerra mientras duraba la "reconstrucción", creó un organismo para la "dignificación", implantó el control de precios y promovió medidas de "confinamiento" hasta iniciar el "deslave", que desembocaría en un periodo que llamó "nuevo socialismo del siglo XXI". Pocos meses después, Vargas Llosa escribió: El suicidio de una nación.

                                                                             JAVIER REDONDO    Vía EL MUNDO

martes, 28 de abril de 2020

La aversión europea al estado de excepción

Aplicar el estado de excepción a situaciones motivadas exclusivamente por acontecimientos naturales o tecnológicos supondría una modalidad de violación constitucional, es decir, un fraude de ley

La aversión europea al estado de excepción 

EDUARDO ESTRADA

 

Ningún país europeo de nuestro entorno está aplicando el estado de excepción o equivalentes en su alcance y significado. Francia ha prescindido de las medidas de excepción previstas en su Constitución (artículo 16). Por simple decreto del presidente de la República de 16 de marzo, invocando el Código de Salud, se han impuesto medidas de confinamiento de personas en sus domicilios salvo en limitados casos previstos por el decreto.
El Conseil d’État, en su dictamen de 18 de marzo, apoyaba un proyecto de ley del Gobierno —aprobado posteriormente el 23 de marzo por las Cámaras— creando el estado de urgencia sanitaria. Lo apoyaba, pese a entender que no sólo el Código de Salud, invocado en el decreto presidencial, amparaba las limitaciones al desplazamiento, sino también el poder de policía general del presidente y la vieja “teoría jurisprudencial de las circunstancias excepcionales”, cuidadosamente eludida en el decreto presidencial, aunque esa teoría fuera distinta de cualquier estado de excepción.
En la prensa francesa se han hecho referencias, como cobertura adicional, al Reglamento Sanitario internacional de la OMS (artículos 15 y 18), al artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que no considera violación del derecho de la libertad de desplazamiento las restricciones y limitaciones por razón de pandemias, o a la propia Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (artículo 52), que permite introducir en los derechos “limitaciones, respetando el principio de proporcionalidad, cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás” con remisión al Convenio Europeo de Derechos Humanos para interpretar los derechos y sus limitaciones.
Alemania reconoce la libertad de movimiento y residencia (artículo 11 de la Ley Fundamental) y, simultáneamente, permite su “restricción” no sólo por ley, sino incluso “en virtud de una ley”, para “conjurar el peligro de epidemias” o “catástrofes naturales”, entre otros supuestos: restricción, no suspensión. La Ley federal de Protección contra las Infecciones (20/7/2000) es esa ley en cuya virtud los Länder, por decreto, han adoptado las medidas restrictivas o limitativas que consideran apropiadas, incluido el confinamiento. El confinamiento se considera, pues, una restricción según la Ley Fundamental, no una suspensión.
Italia ha regulado las medidas por decreto ley de 23 de febrero del presidente de la República, a propuesta del Gobierno, eludiendo hablar de estado de excepción o figura semejante. Invoca la extraordinaria necesidad y urgencia de dictar normas contra la epidemia. Los derechos de libertad y desplazamiento contienen en la propia Constitución italiana (artículo 16) la mención de la sanidad como límite intrínseco del derecho (no suspensión del mismo). El reconocimiento de derechos y, a la vez, de sus límites intrínsecos ha facilitado su regulación por decreto ley del presidente de la República.
Los supuestos del estado de alarma no tienen carácter político, y los del estado de excepción, sí
Toda Europa tiene aversión, pues, al estado de excepción o equivalentes. No tiene sentido aplicarlo en España teniendo, para estos casos de catástrofes naturales o epidemias, una previsión específica: el estado de alarma. Menos aún cuando nuestro propio Tribunal Constitucional, en la única sentencia que ha pronunciado sobre el estado de alarma (STC 83/2016 FJ 8ª), ya ha declarado que las medidas previstas en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981 sobre Estados de Alarma, Excepción y Sitio (LOAES en lo sucesivo) no suponen suspensión de derecho fundamental de circulación o residencia, sino mera restricción o limitación de los mismos. Ratifica lo repetido en incontables sentencias en otros campos que diferencian entre suspensión de derechos fundamentales y su restricción o limitación.
La aversión europea a aplicar a la pandemia —y a otras catástrofes naturales o industriales— las medidas previstas para graves conflictos políticos o de orden público se reflejó en España en el debate constituyente, sobre inclusión del estado de alarma en la Constitución, y al aprobar la LOAES. Personalidades tan distintas como los diputados Gabriel Cisneros o Fernando Morán, recientemente fallecido, coincidieron en lo que llamaban la despolitización del estado de alarma (al vincularlo con catástrofes naturales o tecnológicas) y en la politización del estado de excepción (al vincularlo con el orden público y otras alteraciones de carácter político).
Por ello, aplicar el estado de excepción a situaciones motivadas exclusivamente por acontecimientos naturales o tecnológicos supondría una modalidad de violación constitucional: un fraude de ley y, en último extremo, de Constitución. Es decir, aplicar una norma para un fin distinto del previsto por ella o por la Constitución. No puede aplicarse el estado de excepción invocando los supuestos previstos específicamente para el de alarma. Los supuestos del estado de alarma no tienen carácter político, y los del estado de excepción, sí. Ello significa que los diferentes estados recogidos en la LOAES no se aplican de forma gradual a las mismas situaciones, sino que cada uno se aplica a situaciones distintas.
No abramos las puertas al estado de excepción, para no repetir casos como los de Orbán o Duterte
Por lo demás, las medidas a adoptar en ambos estados (artículo 11 para el estado de alarma y 20 para el de excepción) han de respetar exactamente la misma exigencia de que sea para las horas y lugares que se determinen. Pero se distinguen, aparte de sus diferentes causas legitimadoras, en que, en el de excepción, los derechos son sacrificados, mediante su suspensión, en aras de razones políticas externas al derecho mismo; en el de alarma, los derechos —ya previamente alterados intrínsecamente en sus límites por la propia pandemia o cualquier otra catástrofe natural o tecnológica con incidencia en los derechos de los demás, al ponerlos en peligro— son restringidos hasta su límite natural, delimitado por cada situación.
Hace poco, un juez de Palencia ordenaba, en relación con un contagiado que quería abandonar el hospital, su internamiento forzoso invocando, entre otras cosas, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública; en definitiva, el límite intrínseco de todo derecho constatado en determinadas situaciones.
Aplicar el estado de excepción en supuestos de la alarma es inquietante para el futuro. Recuérdese al presidente de Hungría, Orbán, denunciado en el Parlamento Europeo por aprovechar sus plenos poderes para fines ajenos a la pandemia. O al presidente de Filipinas, Duterte, ordenando a la policía disparar a matar a quienes no respeten la cuarentena. O al mismo Trump aprovechando poderes de emergencia para expulsar inmigrantes sin documentación, prescindiendo de leyes que exigían otros procedimientos.
La aversión europea a estados de excepción tal vez provenga de que Carl Schmitt, el máximo teórico de la excepción (que acabó siendo el jurista de cámara del III Reich), vacunó contra ella al identificar la excepción con la legitimidad que, como representante de la nación alemana, personificaría su presidente; legitimidad que consideraba debía imperar sobre la simple legalidad, emanada de un pueblo dividido y enfrentado por intereses contrapuestos que no complacía demasiado a Schmitt. El presidente encarnaría la Nación eterna que, desde su Valhalla, tendría legitimidad con su poder de excepción para aniquilar la legalidad de ese pueblo llano.
Hoy el estado de excepción es ya, desde luego, cosa bien distinta: domesticado por la ley y la Constitución entre los barrotes que lo enmarcan. No caigamos en la tentación de abrirle portillos, no sea que en el futuro se invoque esa apertura para liberar, desbordando el fin constitucionalmente previsto, una fiera descontrolada contra los valores y la esencia de la democracia.
                                                   TOMÁS DE LA QUADRA-SALCEDO*  Vía EL PAÍS
*Tomás de la Quadra-Salcedo es catedrático emérito de la Universidad Carlos III y exministro de Justicia.