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lunes, 30 de noviembre de 2020

¿NADIE VA A PARAR ESTO?

 El autor interpela a los compatriotas socialistas ante la gravedad de que el Gobierno esté pactando con separatistas y herederos de ETA. ¿Dónde están, no se les remueve la conciencia?, se pregunta

 

RAÚL ARIAS

  La pregunta es pertinente: ¿nadie va a parar esto? Es decir, ¿nadie va a parar la degradación de la dignidad política en España practicada a golpe de ocurrencias de saldo y prontos primarios?

Me dirijo naturalmente al Partido Socialista Obrero Español. Y lo hago porque quienes figuran como sus actuales socios de gobierno, el podemita zarandeado por las urnas (recuérdese: Galicia y País Vasco), el separatista catalán condenado por el Tribunal Supremo y los amigos de los terroristas vascos no serían más que una nota a pié de página en la historia contemporánea de España si el PSOE no los hubiera metido en el texto principal del relato. Y con letras mayúsculas y aun capitulares. El PSOE no solo dispone de un número de diputados abultadamente superior a los de estos grupos sino que además es el partido que goza de las más sólidas raíces en la sociedad española, presente como está - de manera directa o indirecta- en todo tipo de iniciativas sociales y actividades culturales. Goza pues, como se dice ahora, de una envidiable capilaridad, lo que se manifiesta palmariamente en la fortaleza de su respaldo electoral.

De manera que podría decirse que, gobierne o no, el PSOE es clave a la hora de conducir esta nave que es España. Mucho más cuando se encuentra encabezando su Gobierno: de ahí que su responsabilidad sea inmensa. Y de ahí que los españoles avisados y prudentes sigamos sus pasos y sus decisiones con el mayor de los respetos y, cuando procede, con la mayor preocupación.

Que es donde justamente estamos. Porque se convendrá conmigo que ver al PSOE, de historia antigua, controvertida pero siempre vigorosa, gobernar al dictado de un partido cuyos dirigentes están en la cárcel por haber perpetrado un golpe de Estado o de unos sujetos que son descendientes directos de quienes han sembrado el terror en el País Vasco y en el resto de España durante décadas, decidiendo quién debía continuar viviendo en libertad o merecía ser introducido en un zulo o quién debía seguir simplemente viviendo, es algo que debería estremecer a cualquiera que sienta respeto por las siglas socialistas, no digamos a quienes les dispensan su adhesión o incluso su cariño.

Si todo está ocurriendo y negarlo sería tanto como negar la evidencia, la pregunta se impone: ¿dónde están esos compatriotas socialistas? ¿dónde se esconden? ¿dónde guardan sus convicciones y su ideario? ¿los conservan entre bolas de alcanfor o los han disuelto en la indiferencia? ¿les han puesto acaso sordina para que no perturben su bienestar?

¿Dónde están los ciento veinte diputados del Congreso y los ciento trece senadores? Estos señores y señoras, cuando se presentaron ante sus electores en sus respectivas circunscripciones, cuando hablaron en los mítines o escribieron artículos explicando sus proyectos ¿defendieron lo que el Gobierno que ellos ahora sostienen está haciendo? ¿abogaron en público por cambiar el Código penal para sacar a la calle a los golpistas? ¿sostuvieron que iban a dar satisfacción a esos mismos separatistas a la hora de arrinconar el idioma español? ¿se mostraron acalorados defensores de los decretos-leyes en lugar de las leyes para ordenar nuestra convivencia jurídica? El mismo pacto con Podemos ¿fue aireado? ¿Se dio a conocer la campaña contra el hombre prudente que encarna hoy la Jefatura del Estado y que se halla consentida - ¿o alentada?- por el Gobierno?

Más pienso que justamente ocurrió lo contrario en mítines, encuentros y programas electorales. No es preciso recurrir a las palabras de quien fue candidato principal y hoy preside el Gobierno acerca de su insomnio para sostener que los diputados y senadores actuales han roto de una manera clamorosa ese sutil contrato con sus electores que supone el otorgamiento del voto. Y esto es muy grave en un sistema democrático que tiene muchas imperfecciones pero que está o debe estar soldado por unas reglas de lealtad que son su argamasa misma.

Pero más allá de esta grave consideración ¿no están orgullosos esos diputados y senadores de sus siglas, de su ideario? ¿cómo es posible que toda esa riqueza quede disuelta en el seguimiento acrítico de un dirigente que les lleva por caminos que nada tienen que ver con una socialdemocracia que tanta gloria ha dado a los gobiernos de Europa durante más de medio siglo?

No lo entiendo y me devano la cabeza porque yo mismo estuve al servicio de los primeros Gobiernos de Felipe González como modesto secretario general técnico del Ministerio para las Administraciones públicas y estoy muy orgulloso de esta etapa de mi vida y de aquello que pude aportar a una política responsable, adulta, poco superficial en suma. Me marché voluntariamente ("a petición propia" dice el Decreto de mi cese) cuando pensé que mi sitio estaba de nuevo en mi cátedra. Ese pasado me impulsa a escribir hoy este artículo, estupefacto como estoy porque las sombras de aquel período que a muchos nos desmoralizaron y nos alejaron, sin embargo no han sido capaces de borrar la claridad de sus luces, la brillantez de algunos de sus logros.

Y ello obliga a no permitir a nadie que arruine - a base de inyecciones de frívolo oportunismo y de ignorancia- el nervio socialdemócrata sustituyéndolo por aventuras coyunturales, por el trajín miope de pobres ocurrencias que están comprometiendo el ser mismo de la España constitucional, tal como proclaman con altanería los socios del Gobierno. ¿Qué se diría -pregunto- si se viera a un Gobierno del Partido Popular encogerse ante las imposiciones de unos parlamentarios que fueran hijos o seguidores de los golpistas del 23 de febrero o de aquellos pistoleros franquistas que tantas amarguras ocasionaron?

¿Saben los diputados y diputadas que en la Asamblea Nacional francesa o en el Bundestag alemán (por citar tan solo dos países cercanos) los grupos parlamentarios tienen sus tensiones internas y que sus jefes han de entregarse a encarnizados debates con ellos para convencerlos del acierto de esto o aquello y que al final la disciplina puede romperse y no pasa nada grave? ¿Cómo es posible que aquí el toque del silbato sea el que marque el comienzo del aplauso desmedido o el silbido atronador de los escaños sin que haya ni una sola ocasión en que ocurra lo contrario? ¿no se advierte el carácter gregario e inmaduro de este comportamiento? Y lo que puede ser peor para ellos ¿no ven estos parlamentarios que están arruinando su propio oficio pues el día llegará que los votantes nos cansemos de ver en nuestros representantes cadáveres bien conservados y les enviemos a instalaciones más apropiadas a su lúgubre condición exceptuando al del silbato?

Y la misma interpelación que dirijo a los parlamentarios presentes en el Congreso y en el Senado la reitero respecto de quienes les precedieron o están o han estado en el Parlamento europeo, a las autoridades que lo son o lo han sido en las instituciones de Bruselas, los ex-ministros y los centenares de antiguos altos cargos presentes en los gobiernos socialistas, como secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales o presidentes y consejeros de las Comunidades autónomas o alcaldes que lograron sus puestos gracias a militar en el socialismo español. Ítem más, incluyo a quienes, precisamente por las siglas a las que han servido, están hoy con magníficos sueldos en los Consejos de Administración de grandes empresas o en sólidos negocios a los que en modo alguno hubieran accedido si no hubieran podido presentar la credencial socialista.

De verdad, estas personalidades ¿dónde están? ¿no se les desgarran a diario sus interiores, no pierde el equilibrio su sensibilidad, no se les remueven las conciencias? ¿no sufre su honestidad? ¿no lamentan el zafio patear de ideales y compromisos? ¿no oyen las voces, las quejas, los gritos angustiados de la vergüenza herida?

¿Por qué callan?

 

                                                              FRANCISCO SOSA WAGNER*  Vía EL MUNDO

*Francisco Sosa Wagner es catedrático universitario, ex-alto cargo en los primeros Gobiernos socialistas. Su último libro se titula: Gracia y desgracia del Sacro Imperio Romano Germánico. Montgelas: el liberalismo incipiente (Marcial Pons, 2020).

¿QUÉ ES LA VERDAD?

 ¿Qué es la verdad? 

La aparente indiferencia de Poncio Pilatos ante Jesucristo («¿Qué es la verdad?», Jn 18, 38) apunta a la clave de bóveda del cristianismo... y de la aversión que se le tiene. Imagen: «Cristo ante Pilatos» (detalle) de Mihail Muncaksy (1844-1900).

 

La verdad hace mucha falta, porque con ella nos atenemos a la realidad, que es de todos. Nos convence y no nos vencen, así, la voluntad, la fuerza o la manipulación. Sin embargo, el primer problema que plantea la verdad es qué es. Pilato lo preguntó a Jesús y éste calló, no por desprecio, sino para que se fijase bien en que la tenía delante.

Quizá a algún lector este arranque le parezca demasiado religioso, pero la verdad relativista sí que tiene un absoluto cariz religioso. La verdad que trajo el cristianismo la habían preanunciado Sócrates y los salmos -como explica de maravilla el antropólogo francés René Girard-. Es la que instaura la era de la verdad objetiva, científica en su caso, examinadora siempre, que adoptó la Cristiandad e hizo, por tanto, Occidente.

Constanzo Preve explica que, para los paganos, en cambio, "la verdad era un desvelamiento sapiencial de las condiciones que presidían la reproducción de la comunidad misma, mientras que la falsedad se identificaba, directamente, con las fuerzas de disolución de la comunidad". La verdad era política. Pilato no hizo una pregunta boba en un momento crucial: puso el dedo en la llaga. Tras citar a Preve, Adriano Erriguel concluye que en el paganismo «es verdad todo lo que opera a favor del mantenimiento y el desarrollo de la comunidad. Es falso todo lo que amenaza su supervivencia».

El mecanismo del chivo expiatorio, esto es, de cargar las culpas de la sociedad sobre una persona, y sacrificarla para purificar a la comunidad, les funcionaba a los paganos (a todos menos a la víctima inocente) y, por eso, era su verdad. La injusticia de ese mecanismo la denunciaron los salmos del pueblo judío (al que el paganismo no perdonará jamás) y la reveló Cristo. Cuando el emperador Fernando I adoptó el lema Fiat iustitia pereat mundus estaba ejerciendo su cristianismo a fondo, sin dejar un resquicio. Porque en cuanto hay un resquicio se cuelan el maquiavelismo o el utilitarismo, entre otros, con su concepción de la verdad por conveniencia.

Ahora nos hemos descristianizado tanto que regresa por la puerta de atrás un concepto de verdad por interés social que impone el consenso de las mayorías, el "todos juntos salimos más fuertes" (aunque no) y la táctica sacrificial para cerrar filas. Quien se niegue a admitir la neo-unanimidad será considerado un bufón irrisorio, un deplorable, un antisistema…, un hereje. Urge negarse.

 

                                                                ENRIQUE GARCÍA-MÁIQUEZ

                                                                 Publicado en Diario de Cádiz.

domingo, 29 de noviembre de 2020

UN ESTADO AUTONÓMICO EN RUINAS

 Gabriel Rufián y Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. 

Gabriel Rufián y Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Efe

 

Entre otras desgracias, el coronavirus ha venido a poner en evidencia los problemas que aquejan a nuestro Estado de las autonomías desde hace tiempo, asuntos que afectan al campo educativo, al sanitario, al competencial, al económico y lógicamente al político. Son problemas viejos hace tiempo identificados, sus disfunciones denunciadas con largueza, que la gran riada de la covid ha venido a sacar a la superficie para exhibirlos sin pudor ante el español medio. Los ataques al castellano como lengua vehicular, la disparidad de criterios sanitarios a la hora de combatir la pandemia, la inflación legislativa que, en lo económico, amenaza la unidad de mercado, las diferencias fiscales entre unas comunidades y otras… El problema, cuya gravedad a nadie escapa, ha adquirido esta semana una nueva dimensión con el acuerdo alcanzado entre ERC y el presidente Sánchez para acabar con las ventajas fiscales que disfrutan los residentes en la Comunidad de Madrid. Todas las costuras del Estado autonómico, ya muy dadas de sí, han saltado por los aires. Porque es esa organización del Estado la que posibilita que un rufián (“hombre vil y despreciable que vive de engañar y estafar”, según la segunda acepción del sustantivo que figura en el diccionario de doña María Moliner) pretenda decirnos, precisamente él, que aspira a la independencia fiscal y a la otra también, qué impuestos y en qué cuantía deben pagar los madrileños.

Sostiene José Tudela, autor de 'El fracasado éxito del Estado autonómico. Una historia española' (Marcial Pons, 2016), que el éxito que acompañó en los primeros años de la transición a nuestro Estado autonómico comenzó a quebrarse en 2006 con el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña y las reformas estatutarias que le siguieron, hasta convertir aquel éxito en un fracaso. Para Tudela, como para otros autores, la demostración más evidente de ese fiasco es que “el Estado autonómico no ha servido para integrar a los nacionalismos” en un proyecto colectivo de país, particularmente en una Cataluña (el famoso cupo ha atemperado la tormenta en el País Vasco) donde a partir de 2012 se han multiplicado los partidarios de la independencia hasta llegar a la rebelión institucional que significó el procés. Una conclusión que no deja de sorprender si tenemos en cuenta que ya entre los redactores de la Constitución y aledaños había quien desconfiaba de que el “café para todos” autonómico cocinado por Adolfo Suárez sirviera para aplacar las pulsiones de los nacionalismos catalán y vasco en la búsqueda de un Estado propio.

Es verdad que el “problema catalán”, más allá de la resignada conllevanza que recomendaba Ortega, se yergue hoy como el obstáculo más difícil de superar en términos de solución integral de futuro, pero no lo es menos que hay desajustes en la organización territorial del Estado que preocupan más al español medio en tanto en cuanto afectan a su condición de tal y/o interfieren en su vida y desarrollo profesional. La lengua, por ejemplo, o la imposibilidad de estudiar en castellano en Cataluña y de forma creciente en otras comunidades, un atentado que acaba de consagrar la nefasta 'ley Celaá'. Son millones los que sienten el diario agravio que personajillos de toda laya infligen al castellano en muchas autonomías y lo interiorizan no ya como una ofensa inaceptable, que también, sino como un disparate que atenta contra la riqueza que en términos de crecimiento económico y competencia global significa contar con un idioma hablado por 500 millones de personas. Y este es un fenómeno que se arrastra desde mucho antes de 2006. Con independencia de la protección que merecen las lenguas regionales, expresión de la riqueza cultural de un país, España debe ser el único país del mundo donde un niño no puede educarse en muchas de sus regiones en la lengua común de todos los españoles, que es además la lengua oficial del Estado.  

La Sanidad, por ejemplo, y el sinsentido que representa la existencia ahora mismo de 17 políticas distintas para combatir la pandemia, con el desbarajuste consiguiente en cuanto a los resultados (Castilla y León, Asturias y el País Vasco por encima de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes, frente a los 203 de Baleares y los 78 de Canarias), ello por no hablar de las dificultades para recibir asistencia médica con las que tropiezan los habitantes de una comunidad cuando se desplazan a otra por motivos de ocio o de trabajo. España es también el único país del mundo donde la Sanidad se ha transferido a las CC.AA. “No hay ningún país en el mundo donde la política de salud pública esté en manos de 17 chiringuitos autonómicos” (José María Fidalgo esta semana en COPE). Una aberración sin paliativos, con su consiguiente coste.

Una estructura tan ineficiente como costosa

Hay otras muchas cuestiones donde la descentralización atropellada llevada a cabo en España en favor de las autonomías se ha traducido en una serie de perjuicios para los ciudadanos, algunos tan pintorescos como que un cazador necesite 17 permisos distintos para poder practicar su deporte favorito según la región en la que se encuentre. Cuestiones algunas de mucho mayor calado, que afectan a la capacidad de crecimiento de la Economía y dañan la competitividad de las empresas. El riesgo de ruptura de la unidad de mercado es algo más que una simple amenaza derivada de la maraña regulatoria en la que se han embarcado los distintos parlamentos regionales. El endeudamiento autonómico, con su correlato de crecimiento de la deuda pública, es quizá uno de los más graves. Nuestros 17 estaditos, en manos de las oligarquías locales, se han especializado en gastar más allá de sus posibilidades, fomentando la burocracia y llamando a filas a un ejército de funcionarios a sumar a los del Estado central y las administraciones locales. De acuerdo con el Registro Central de Personal (RCP), en Andalucía hay 471.718 funcionarios, 269.891 de los cuales pertenecen a la Junta, un número que en Cataluña es de 324.411 y de 208.256 respectivamente, cifras que explican en parte el fenómeno del clientelismo independentista. La Comunidad de Madrid, 'ejemplo' de tantas cosas, cuenta con 150.797 funcionarios estatales y 189.588 autonómicos, de donde se infiere que las autonomías han más que duplicado el número de funcionarios estatales. Una estructura de Estado tan ineficiente como costosa de mantener. En no pocas CC.AA., la autonomía es el principal y casi único empleador significativo.

El riesgo de ruptura de la unidad de mercado es algo más que una simple amenaza derivada de la maraña regulatoria en la que se han embarcado los distintos parlamentos regionales. El endeudamiento autonómico, con su correlato de crecimiento de la deuda pública, es quizá uno de los más graves

¿Todo funciona mal en nuestro Estado autonómico? Responder afirmativamente a esta pregunta sería faltar a la verdad. Los gobiernos autonómicos siguen prestando los servicios públicos con un notable grado de eficacia, lo mismo que las entidades locales atienden y resuelven los problemas de los vecinos. La proximidad al centro decisorio del poder ha supuesto no pocas ventajas para el ciudadano, especialmente a los núcleos de población rural. Las comunicaciones han mejorado mucho, como también la conservación del patrimonio histórico artístico, por citar dos ejemplos. Acudir al centro de salud situado al lado de casa sin necesidad de viajar a la capital de la provincia es una gran ventaja. No lo es, sin embargo, en asuntos que atañen a la Justicia. Si uno tiene un problema de esa naturaleza es preferible someterse al veredicto de unos jueces alejados de los condicionantes que impone el “vecindario”. Es otro de los excesos del Estado autonómico: haber transferido la gestión de la administración de Justicia a las 17 comunidades, cada una de ellas con su respectivo Tribunal Superior de Justicia.

¿Qué hacer con el Estado de las Autonomías? ¿Destruirlo o reformarlo? Acabar a estas alturas con el Estado autonómico es tarea imposible desde todos los puntos de vista, básicamente porque, aun admitiendo las disfuncionalidades del modelo, una amplia mayoría de españoles están en contra de una recentralización según el modelo francés, y siguen siendo partidarios de acercar la toma de aquellas decisiones administrativas que puedan afectarles a su lugar de residencia. El Estado de las Autonomías está aquí para quedarse, con las elites locales y regionales convertidas en sus grandes defensores, dispuestas a defender con uñas y dientes un modelo que les otorga unas cuotas de poder y un volumen de gasto del que en otro caso no dispondrían. ¿Cómo apear hoy de la poltrona al "anchoilla" cántabro? ¿Quién se atrevería a proponer a los caciques riojanos la renuncia a su comunidad autónoma, un territorio que, como todo el mundo sabe, ha sido siempre casi tan independiente como Cataluña?

Recuperar competencias para el Estado

Ironías al margen, solo queda la reforma, una reforma en profundidad orientada a resolver los desajustes organizativos y funcionales puestos de manifiesto estos años, en un intento de devolver la salud a un modelo de organización estatal herido de muerte, como el inaceptable “acuerdo” perpetrado esta semana por Sánchez y Rufián ha puesto de manifiesto, o el sindiós de una armonización fiscal impuesta por el separatismo. La operación, que suena a desiderátum en las circunstancias por las que atraviesa el país, con un Gobierno presidido por un psicópata narciso al que apoyan los enemigos de ese Estado, solo podría abordarse mediante la oportuna reforma constitucional (esta y la de la Ley Electoral parecen las únicas inaplazables), aunque algunas de las cuestiones en litigio no necesitarían de una operación tan costosa, en términos de mayorías parlamentarias, como exige una reforma constitucional, ya que podrían abordarse acudiendo a un conjunto de instrumentos legales que prevé la propia Carta Magna, tal que las Leyes de Armonización (artículo 150.3 CE), uno de cuyos ejemplos fue la LOAPA, que han caído en la atrofia cuando no en el olvido más absoluto sin que se sepa muy bien por qué.      

¿Qué hacer con el Estado de las Autonomías? ¿Destruirlo o reformarlo? Acabar a estas alturas con el Estado autonómico es tarea imposible desde todos los puntos de vista

La realidad es que el Estado y las autonomías han compartido la inmensa mayoría de las competencias públicas, algo que está en el origen de muchos de los problemas denunciados (a lo que hay que añadir las sentencias de un Tribunal Constitucional que a menudo han contribuido a embarrar el terreno más que a sanearlo), por lo que un reseteo radical del Estado autonómico debería contemplar una lista de competencias exclusivas del Estado, es decir, competencias a recuperar por el Estado central (naturalmente la Educación, por aludir a una concreta, un crimen al que han contribuido por igual los Gobiernos de PSOE y PP, y que está en el origen de la desafección de las nuevas generaciones a la idea de una patria común), en el sobreentendido de que el resto de las mismas pertenecerían a las CC.AA. Difícil, por lo demás, imaginar una reforma del Estado autonómico sin abordar al tiempo otra, más general, que afecte al saneamiento integral de nuestro Estado de Derecho con el objetivo puesto en una mejora radical de la calidad de nuestra democracia. Una aspiración tan noble como imposible de conjugar con el vil sanchismo hoy imperante. Toca esperar mejores tiempos.

 

                                                              JESÚS CACHO Vía VOZ PÓPULI

Las deficiencias del estado de derecho en el seno de la UE suponen un problema cada vez más general

Mientras Bruselas analiza el problema de Hungría y Polonia, la corrupción, los abusos de poder y las malas prácticas se extienden, al menos, entre un cuarto y dos tercios de los países miembros de la UE

Corrupción UE

A la hora de hablar de malos alumnos de la Unión Europea en materia de estado de derecho, Hungría y Polonia son constantemente el centro de atención.

La realidad, sin embargo, escribe Gideon Rachman, periodista principal del Financial Times en política internacional, es que las deficiencias del estado de derecho en el seno de la Unión Europea suponen un problema cada vez más general, que sobrepasa y de mucho a estos dos países.

Rachman afirma acertadamente que Varsovia y Budapest monopolizan la atención por razones ideológicas: sus gobiernos respectivos, de carácter marcadamente conservador, enmarcan sus decisiones dentro de una agenda orientada a proteger los valores tradicionales de sus países de las influencias juzgadas contrarias.

En este sentido, el primer ministro húngaro Viktor Orbán incluso ha desarrollado un modelo de gobernanza particular, que ha bautizado sin rodeos como “democracia iliberal”.

Sin embargo, los árboles polaco y húngaro tapan un bosque de corrupción, arbitrariedades y partidismos que se extiende cada vez más entre los países de la periferia este de la Unión Europea, como Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia o Croacia.

Rachman añade, a esta larga lista, países del sur sin vínculos con el antiguo bloque soviético, como Malta y Chipre.

Mientras Bruselas diserta sobre el problema de Hungría y Polonia, la corrupción, los abusos de poder y las malas prácticas se extienden, al menos, entre un cuarto y dos tercios de los países miembros de la UE, sin atraer el escrutinio constante que los medios infligen a Varsovia y Budapest.

El último mensaje enviado a los gobernantes parece ser el siguiente: si desea consolidar su poder y enriquecerse, haga lo que quiera pero evite los discursos oficiales contra los principios de la UE . Más allá de este punto, la barra es libre.

En buena parte de estos países silenciosamente iliberales, sin embargo, la situación en la calle es más tensa. El gobierno búlgaro hace frente desde julio a un amplio movimiento de protesta contra las acusaciones de corrupción que afectan al primer ministro Boyko Borisov y a su gobierno.

En Rumanía y Croacia, altísimos cargos políticos -un ex-primer ministro sin ir más lejos- han entrado recientemente en la cárcel acusados de corrupción. En Malta y Eslovaquia se han producido asesinatos de periodistas que investigaban casos de corrupción gubernamental. En Malta y Chipre los gobiernos han distribuido pasaportes europeos a extranjeros de forma totalmente ilegal, incluyendo a criminales internacionalmente buscados.

La corrupción, independientemente del país europeo donde se ubique, afecta a la UE en su conjunto: en numerosas áreas, como los presupuestos, Bruselas necesita el acuerdo de los 27 miembros para aprobar una decisión.

Cada país dispone de un derecho a veto si los demás quieren entrar en una zona considerada crítica.

Más allá de eso, un pasaporte dado de forma fraudulenta da derecho al beneficiario a desplazarse libremente por los 27 países. Sin olvidar que la presidencia del Consejo cambia cada 6 meses y ya ha permitido a gobiernos dudosos, como el búlgaro, presionar para imponer su agenda.

La Unión Europea dispone de pocas armas para hacer frente a la corrupción y vulneraciones diversas del estado de derecho por parte de sus miembros. La Oficina del Fiscal Europeo sólo puede actuar en casos que impliquen malversación de fondos europeos. Y la participación en este organismo por parte de los Estados miembros es voluntaria.

Pero, para encontrar abusos de poder no hay que ir tan lejos como Malta o Hungría: el gobierno español de Pedro Sánchez ha intentado reformar el poder judicial a su conveniencia, lo que ha motivado una respuesta firme desde Bruselas. Sin hablar de los escándalos constantes del Señor Tezanos al frente del CIS.


                                                                     FORUM LIBERTAS

EL PAVO DE NAVIDAD DE SÁNCHEZ

 Cuando Pablo Iglesias perdió su moción de censura de 2017 contra Rajoy, al cosechar solo el apoyo de ERC y Bildu, pocos podrían prever que ese tripartito estaría marcando tres años después el devenir de España

 

  

ULISES CULEBRO

Cuando el líder de Podemos, Pablo Iglesias, perdió su moción de censura de 2017 contra Rajoy, al cosechar solo el apoyo de ERC y Bildu, pocos podrían prever que este tripartito de neocomunistas con separatistas promotores del golpe de Estado del 1-O de 2017 en Cataluña y con cómplices de ETA, cuando no partícipes en sus atentados como el cabecilla de la formación bilduetarra, Arnaldo Otegi, estaría marcando tres años después el devenir de España por designio del genuino destinatario de esta torticera maniobra -Pedro Sánchez- para aprovechar el desconcierto socialista y darle el sorpasso. A veces, como explicó Lenin en 1904, 13 años antes de la Revolución de Octubre, en la obra de ese título, hay que dar "un paso adelante, dos pasos atrás" en pro de lo que se ambiciona.

No por casualidad, el opúsculo se refiere a la guerra civil como "poderoso acelerador" que convierte la parte en todo y facilita proyectos que, ya en 1919, un periodista alemán catalogó de "totalismo revolucionario de Lenin". Valiéndose de la excepcionalidad, la Rusia que había entrado en la I Guerra Mundial como Estado zarista saldría como primer régimen comunista de la historia. La conflagración llevaría a la revolución, y la posterior guerra civil a la "dictadura del proletariado".

El tripartito de la moción de censura de Iglesias colocó su primera piedra en 2004 cuando el secretario general de ERC, Carod-Rovira, suscribió en Perpiñán un apaño de sangre con ETA para que dejara de atentar en Cataluña. Lo hizo como presidente en funciones de la Generalitat, aprovechando que Maragall estaba de viaje. "Cada bomba vuestra en nuestro país es -dejó escrito para la historia de la infamia- una bomba contra el pueblo catalán, un torpedo contra la línea de flotación del independentismo (...) Me atrevo a pediros que, cuando queráis atentar contra España, os situéis previamente en el mapa".

Tras revelarse el trato siniestro con ETA para que Cataluña quedase fuera del punto de mira forajido y desplazara sus coches-bomba al otro lado del Ebro, el líder de ERC debió dejar el puesto de consejero jefe y sus socios socialistas escenificaron una ruptura tan fingida como para durar las horas suficientes que permitieran a Zapatero aparentar seriedad de estadista capeando los acres titulares de prensa contra la fechoría. Desde entonces, poniendo sordina o altavoz a conveniencia, ERC y las marcas blancas de ETA han conformado un eje estratégico al que se ha sumado Podemos.

Conscientes de la imposibilidad de alcanzar sus objetivos por sus fuerzas, como Lenin en su momento, han arrastrado al PSOE cultivando la avidez de un Sánchez al que parece resultarle secundario el rumbo que tome la embarcación con tal de navegar en el camarote del capitán. Ello autoriza a su vicepresidente Iglesias a adueñarse con resolución del timón del gabinete de cohabitación (muchas veces de colisión con balance positivo siempre a su favor) tras recolectarle los votos para sacar adelante unos Presupuestos del Estado con gravosas hipotecas.

No obstante lo cual, Sánchez solo repara en el hecho capital de que le garantiza completar la legislatura, aunque deba prorrogar las cuentas algún ejercicio. En ese brete, no le entrañaría mayor quebranto y trastorno a quien gobierna desde que defenestró a Rajoy en 2018 con las cuentas de Montoro.

En consecuencia, a cambio del pago de otros tres años de alquiler de La Moncloa, no le ha importado transitar bajo las horcas caudinas de quienes posibilitaron su investidura Frankenstein. No es asunto baladí.

Con relación a los tributos y peajes de otros presidentes en minoría, supone un salto en el vacío de previsibles consecuencias. No en vano, sus cesiones para que le votaran los Presupuestos, mediante disposiciones de acompañamiento que adulteran la Constitución, fijan las bases de un cambio de régimen que, de no frenarse, abocaría irremisiblemente al dilema que suscita abiertamente y sin decoro el tripartito de la moción de censura de Iglesias en 2017: o bien se abre un proceso constituyente en toda España que reconozca el derecho a la autodeterminación, o bien se desatan procesos segregadores desde Cataluña o el País Vasco.

En el ínterin, esas fuerzas centrífugas que auspician la desmembración de España, como revela su intención de limitar la exitosa autonomía fiscal de una Comunidad de Madrid que aporta a la caja común más que nadie frente a situaciones de privilegio de País Vasco o Navarra, o de favoritismo con Cataluña desde que atesora el voto de oro de los presupuestos, a modo de arancel parlamentario como el de Cambó que pretería la economía española a la protección del textil, pretenden supeditar la gobernación de España en su favor e impedir, a su vez, que el Ejecutivo de la Nación se inmiscuya en los territorios de esas fuerzas soberanistas. Es la paradoja que, con retranca, Wenceslao Fernández Flórez anotó en una crónica parlamentaria: "Barcelona es la única metrópoli del mundo que quiere independizarse de sus colonias". En realidad, según colegía el escritor gallego, el auténtico hecho diferencial estriba en sentirse superiores.

Desde Zapatero en adelante, a raíz del tripartito catalán con ERC y de la asunción de sus manejos con ETA, esas concesiones económicas, aún más abultadas, se engrosan con otras que comprometen la pervivencia de España como Nación. Ello lleva a inquirirse sobre cuánto compromete el futuro de España como Nación cada día que Sánchez permanece en La Moncloa. Todo ello después de acceder a ella negándose a sí mismo y presentar luego como irremediable lo que, en realidad, buscaba con ahínco descargando la responsabilidad en los demás.

Lo hizo con éxito con Albert Rivera, quien murió políticamente denunciando los trasiegos en la habitación del pánico de «la banda de Sánchez» y ha vuelto a repetirlo con su sucesora Arrimadas, a quien ha dejado plantada para seguir en brazos de quienes le facultan mandar, pero no gobernar. Si engañó a sus compañeros, desde Rubalcaba a González, pasando por una legión más, cómo no iba a hacerlo con sus contrincantes. Tras sellar un arreglo que no precisaba para aprobar los Presupuestos con el brazo político de la horda criminal que buscó desestabilizar la democracia con sus bombas y ahora desintegrar España con sus votos, Sáncheztein pensará que "¡un poco de agua nos lavará de esta acción", como Macbeth tras el asesinato del rey Duncan.

Al cabo de un sexenio de su primera intervención -13 de septiembre de 2014- como secretario general ante el Comité Federal del PSOE, Sánchez no tiene nada que ver con el dirigente que prometió que no convendría con Podemos "ni antes, ni durante, ni después" de las elecciones en lontananza y que, ni por asomo, lo haría con Bildu. Ante las requisitorias de que, "en política de alianzas, nunca digas nunca jamás", como le advirtió Juan Antonio Barrio, portavoz de Izquierda Socialista, rebatió con el título de otra película de la saga de James Bond: "No se puede pactar con el doctor No". Ello hizo que la mano derecha de Susana Díaz en el PSOE andaluz, Juan María Cornejo, le refutara con un argumento que ahora es ya doctrina oficial del sanchismo para cruzar cualquier línea roja: "Podemos es una formación política que recibe unos votos muy respetables de los ciudadanos, como cualquier otro partido". En consonancia con ello, en un debate previo a la cita electoral de 20-D de 2015, Sánchez le espetaría a Iglesias: "No me des lecciones Pablo... Estás pactando con Bildu, con Batasuna, en Navarra". Ahora, el mandamás podemita es su norte y guía. Con su acostumbrada sagacidad, Bertrand Russell ya había sentenciado que "gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes están completamente seguros, y los inteligentes, llenos de dudas".

Su copernicano giro evoca la anécdota de la que fue partícipe el economista hispano-argentino Carlos Rodríguez Braun en un desayuno con el presidente Menem durante la visita de este a España en 1994. Al confesarle que, de prever que liberalizaría la economía, privatizaría empresas y pasaría página de la dictadura en aras de la reconciliación nacional, le habría dado su voto, en vez de batallar en su contra, el mandatario argentino arguyó: "De haber dicho lo que iba a hacer, tenga por seguro que el único voto que hubiera recibido en el gran Buenos Aires hubiera sido el de vos". "Lo que quería -le explicó con una sonrisa que le pillaba sus distintivas patillas- era lograr el poder para hacer lo que quería hacer y mentí".

En base a que el fin justifica los medios, hay quienes, inasequibles al desaliento, por no mirar la verdad de frente, conjeturan nuevamente con que Sáncheztein, con los dineros públicos a su disposición, dejará en la estacada a sus compañeros de moción de censura primero, luego de investidura y ahora de cuentas. ¡Cómo si se pudiera apear en marcha del plan de demolición de la Constitución con leyes orwellianas que procuran lo contrario que presumen y no fuera a reforzar esa ligazón con acuerdos específicos en Cataluña tras los comicios del Día de los Enamorados! Si acaso, ese disimulo lo dejará para la víspera de las elecciones generales y luego reemprender la marcha con esos compañeros de huida hasta que el pasado sea el porvenir de los españoles.

En este sentido, el pavo que Sánchez trinche esta Navidad no será Iglesias, sino la Nación poniendo mesa y mantel a sus socios y aliados de correrías. Por fas o nefas, España va camino de ser el pavo de la fábula de Bertrand Russell. Para no llamarse a andana, el ave quiso entender cómo funcionaba la granja que lo acogía y fue anotando cuidadosamente lo que sucedía con el fin de sacar conclusiones. Así, comprobó que el granjero le echaba comida cada día a las 9 y elevó la observación a rango de ciencia. En la seguridad de que era un principio inalterable, el pavo se entregó a su tranquila y ordenada vida hasta que, en la antesala navideña, el granjero acudió esta vez a su cita diaria con un hacha.

Con premisas verdaderas, su deducción resultó tan falsa como fatal le fue desatender el consejo el gallo que le previno al verlo tan contento: "¿No sabes, desdichado, que los humanos nos engordan para matarnos y comernos?" "No lo creo... ¡Seguro que me tienen en gran estima por mi optimismo y mi actitud vital!", fue la réplica del animal más feliz del corral. Tan jubiloso se sentía que, cuando el granjero lo agarró del cuello, el incauto discurrió que deseaba que se uniera a su familia para celebrar juntos la Navidad.

Como el pavo de Russell, los españoles tienen una tendencia innata a engañarse. "¿Quiere decir -se preguntaba Ortega al reflexionar sobre esta vicisitud- que mis pensamientos sobre España son pesimistas? Algunas personas los califican así; pero yo no veo que el pesimismo sea, sin más ni más, censurable. Son las cosas a veces de tal condición que juzgarlas con sesgo optimista equivale a no haberse enterado de ellas".

 

                                                          FRANCISCO ROSELL    Vía EL MUNDO