LA GUERRA DOMÉSTICA DE SÁNCHEZ CON SUS SOCIOS

En El fuste torcido de la humanidad, el pensador británico de origen ruso-judío Isaiah Berlin, el intelectual liberal más relevante del siglo XX, se apoya en esta cita de Kant para titular su historia de las ideas. «Jamás se hizo nada derecho con la madera torcida de la humanidad», había señalado el gran filósofo alemán y el autor de La Regenta, Leopoldo Alas Clarín, lo versificó de manera un tanto ripiosa: «Árbol que crece torcido/ tarde su tronco endereza/ pues hace naturaleza/ del vicio con que ha nacido». Aunque Berlin se mostrara conforme con el aserto kantiano de que con un leño torcido nada puede forjarse que sea del todo recto, no por ello, quien era renuente a cualquier fatalismo extremo y al determinismo mecánico de la historia, dejaba de animar a ponerlo recto. Sin embargo, traído al campo de Marte de la política española, nada anima a transitar por esos optimistas derroteros. Basta contemplar como cada día que pasa se ladea y escora más el fuste torcido en el que quiso auparse Pedro Sánchez para llegar y mantenerse en el poder merced a su alianza Frankenstein con todos los detractores de la Transición a la democracia, de la Constitución y de España como nación. Si al doblegarse a todos los enemigos declarados del Estado renunciaba a forjar una política de Estado, al ser imposible manufacturar un cesto de esa compostura con mimbres tan inconvenientes como incompatibles, ahora comprueba además que, siendo feudatario de tribus tan variopintas como aunadas en un devastador propósito final de destrucción del régimen constitucional, tampoco puede efectuar siquiera otra política de gobierno que no sea de división y polarización de la sociedad hasta enfrentar a sus partes entre sí. Cúmplese la autoprofecía que enunció al aventurar que «sería un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche... junto con el 95% de los ciudadanos, incluida la mayoría de los votantes de Podemos, que tampoco se sentirían tranquilos». Pese a lo cual, se encamó con esos extraños compañeros de lecho e incorporó al dormitorio -cual camarote de los hermanos Marx- hasta el brazo político de los pistoleros ETA después de negarlo con la vehemencia del marido infiel sorprendido en colchón ajeno. «Con Bildu -reiteró en abril de 2015 en Navarra TV- no vamos a pactar. [...] Nosotros tenemos una línea roja, que es la defensa de la Constitución. Creo que estoy siendo bastante claro. Perdone, pero si quieres [pasando a tutear al entrevistador para vencer su escepticismo] lo digo cinco veces o 20 durante la entrevista». No sólo ha pactado, sino que ha blanqueado a la tapadera etarra al frente de la cual, descapuchados, comienzan a aparecer los jefes de la banda criminal, mientras que los asesinos que cumplen pena son acercados a cárceles vascas por la Moncloa -votos por presos- antes de beneficiarse de medidas de gracia como sus colegas golpistas catalanes y bailar sobre las tumbas de sus víctimas traicionadas de la forma vil que profetizó la socialista Pilar Albisu a Patxi López. Al observar cómo ponía en un lado de la balanza la vida y la dignidad, y en el otro el poder y el interés del partido, le espetó la madre de los Pagaza: «Dirás y harás muchas más cosas que me helarán la sangre, llamando a las cosas por los nombres que no son». «A tus pasos -concluía esta veterana socialista que había sufrido el asesinato de su hijo y la amenaza a toda la familia- los llamarán valientes. ¡Qué solos se han quedado nuestros muertos!, Patxi. ¡Qué solos estamos los que no hemos cerrado los ojos!». Todo lo negado es credo de un PSOE que, ante el silencio cómplice del partido, excepción hecha de algunas muestras de lamento, no cabe circunscribir al sanchismo como malformación socialista. Mucho menos luego del abrazo de Vergara entre Sánchez y González en el congreso XL de Valencia. Aquel «¿os imagináis esta crisis en Cataluña con la mitad del Gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del Gobierno, con Podemos dentro, diciendo que hay presos políticos y defendiendo el derecho de autodeterminación?» que lanzó en Tenerife en la precampaña de las elecciones de noviembre de 2019, se engrosa con nuevos asuntos -ya sea la contrarreforma laboral o la posición española sobre la amenaza rusa a Ucrania- y lleva a inquirirse como él mismo Sánchez ante los asistentes a aquel mitin: «¿Dónde estaría España y dónde estaría la izquierda?». Aquella interrogación retórica es una certeza merced a quien resulta ser un tentetieso para sus socios y aliados, que le mueven en cualquier dirección, pero cuidándose de no derribarlo para exprimir a conveniencia. En este sentido, la convalidación o no esta semana de la contrarreforma no deja de ser una escaramuza. Como colige Mefistófeles en el Fausto, de Goethe, Sáncheztein ha acabado dependiendo del Frankenstein que armó para asaltar el poder siendo el presidente con menos escaños propios de la democracia. Por eso, en contra de los usos de las democracias, en las que hay una sostenida comunicación entre el presidente y el jefe de la oposición sobre asuntos de Estado por encima de las divergencias y enfrentamientos, como siempre hicieron todos sus antecesores sin excepción, Sánchez no toma el teléfono con esa finalidad básica para charlar con Casado, sino que lo hace para parodiarse a sí mismo y recrear al gran Gila y su monólogo telefónico «¿Es ahí la guerra?». Como ha hecho con ese vídeo de consumo interno arrogándose un ridículo protagonismo en la eventual solución a la ofensiva rusa sobre Ucrania, mientras los líderes europeos hacían rancho aparte con un Biden al que le alcanza con saludarlo en junio en la conmemoración en Madrid del 40º aniversario del ingreso de España en la OTAN. En ese brete, Sánchez bastante tiene con hacer frente a la oposición que le urden sus socios del Gobierno de cohabitación tanto dentro del Consejo de ministros como fuera del mismo como para enfrascarse en el lío ucraniano. A este propósito, el desahuciado electoral Pablo Iglesias reaparece como un alien y se erige en líder natural de los podemitas frente a la pactista Yolanda Díaz, a quien le legó su vicepresidencia en el Ejecutivo, pero no los galones de la formación, y es el interlocutor directo con ERC y Bildu mancomunados desde el pacto de Perpiñán de ETA con Carod-Rovira. Quizá sea ahora, con este octavo pasajero, jugando a ser periodista para hacer política del mismo modo, cuando padezca Sánchez el insomnio al experimentar cada vez que trata de moverse por su cuenta y riesgo las cadenas que le apresan. Aunque las envuelva con guirnaldas de flores, su sonido es apreciable, por lo que trata de ocultarlo con mandobles contra una oposición a la que, haciendo gala de un gran cinismo, le reclama nada menos que sea lo leal que él presume haberlo sido con Rajoy. ¡Como si hubiera echado en saco roto su «¿qué parte del no es la que no entiende, señor Rajoy?» para no facilitar absteniéndose su investidura o como lo derribó con una inédita moción de censura tras acercarse a éste para aparentar ser un «hombre de Estado» -así se lo distinguió la incauta víctima- frente al «frívolo» Rivera que le movía la silla! En realidad, Sánchez lo que persigue, más que regatearle el pan y la sal a la oposición, es negarle su existencia misma, mientras hace frente a la guerra doméstica que se registra en la actual bloque de investidura y a la que trata de sobreponerse atribuyéndose un desempeño estelar en el contencioso ruso-ucraniano. Un dislate en toda regla debiéndoles el poder a quienes, después de la rectificación socialista del «no a la OTAN» en el referéndum del revés que convocara González en marzo de 1986, añoran tanto el Pacto de Varsovia como Putin el imperialismo de la vieja URSS fortificado al final de la II Guerra Mundial. Si durante la Guerra Fría el presidente francés Mitterrand ironizaba con el «nosotros tenemos los pacifistas y los soviéticos tienen los misiles», que se hizo patente a propósito de las algaradas contra la instalación de Reagan de los Persing-2 y los misiles de crucero contra los SS-20 soviéticos, qué se puede decir de un consorcio gubernamental en el que una parte mira a Washington y la otra a Moscú. De esta guisa, cuando Sánchez trata de sacar pecho como comandante en jefe a bordo de su particular Air Force One en forma de Falcon, se lo hunden unos socios con los que podrá compartir los secretos de la seguridad nacional, como hizo empotrando a Iglesias en el CNI, pero no están dispuestos a consentirlo los mandatarios de una organización que nació para preservar la libertad de la Europa de la postguerra con un paraguas militar que permitió dotarse a su vez a ésta de su estado del bienestar. Pese a los que se puede presuponer, los hechos tienen una fuerza que es insensato ignorar y que se vuelve contra aquellos que hacen publico desprecio de ellos como un Sánchez que, por no saber hacia que puerto dirigirse, no puede aprovecharse de los vientos favorables en una hora en la que España, tras haber podrido su relación con EEUU, podría aprovechar sus bazas -tanto la presencia de bases conjuntas como su pertenencia a la OTAN- para evitar como, a costa de sus intereses esenciales, las prioridades estadounidenses se desplazan al otro lado del Estrecho tras su entente con Marruecos, Israel y otros países árabes. A este respecto, coincidiendo con la muerte del Secretario de Estado, Colin Powell, al que recurrió la jefa de la diplomacia de Aznar, Ana Palacio, para que la ocupación marroquí del Peñón de Perejil no fuera a más, el Pentágono estrecha su ligazón con el reino alauita -presente desde la Marcha Verde sobre el Sáhara- aprovechando la pérdida de influencia española desde que Zapatero no se levantó al paso de la enseña de las barras y estrellas en el desfile del Día de la Hispanidad de octubre de 2003 para abanderar el antiamericanismo de la izquierda y de otros sectores antitéticos pero participes de ese sentir desde que se perdió Cuba. Así, como en la vida política amargan más los errores que las desgracias, Sánchez puede haber arruinado uno de los dos hitos, junto a la presidencia europea de turno en el último semestre de 2023, que disponía para investirse del estadista que niega con su conducta. Así, en la cumbre de la OTAN de Madrid, quedará en un acto protocolario en el que puede toparse en la puerta con manifestantes de la Alianza Frankenstein con Iglesias arengando contra su socio de gobierno. De hecho, mientras Sánchez ofrece cazas a Bulgaria y envía fragatas al Mar Negro, éstos retoman el «no a la guerra» en contra del agredido por el expansionismo de un Putin que relanza el intervencionismo del Brézhnev que aplastó la Primavera de Praga en 1968. Bajo el señuelo del «No a la guerra», la izquierda radical recobra el «¡Viva Rusia!» de aquella desfalleciente república sin republicanos de la España de los años 30. No caber esperar que Sánchez que, como el personaje de Pereira, el protagonista de la gran novela de Antonio Tabucchi, acabe por desentenderse de la realidad que él mismo ha ayudado a construir y restituya el sentido de las cosas. Para ello, habiendo llegado tan lejos, debería disponer de las capacidades del barón de Münchhausen para enderezar un fuste torcido que puede arrastrarlo al suelo sin remisión. Si este fabulador militar alemán que luchó contra los turcos al servicio de Rusia, popular por sus fanfarronadas recopiladas en el libro de aventuras del escritor alemán Rudolf Erich Raspe, intentó salir de las arenas movedizas tirándose a sí mismo de sus cabellos, a Sánchez le correspondería una inverosímil fantasía de ese tenor. Demasiado para Sánchez. FRANCISCO ROSELL Vía EL MUNDO

URGE GARANTIZAR EL ACCESO REAL A SU BANCO

Buena parte de nuestros mayores están hoy excluidos del sistema bancario

No es admisible la situación que hoy padece en España buena parte de la sociedad, incluida la mayoría de nuestros mayores, a la hora de relacionarse con sus entidades bancarias. Inmersa en un proceso de reconversión obligado tras el crack del 2008 y acentuado por la pandemia, la banca ha tenido que reorientar sus recursos para reformular sus estructuras y garantizar su viabilidad. Y la mayor consecuencia ha sido una aceleración de su digitalización. Las grandes firmas no han sido ajenas a los ajustes e irremediablemente esto ha conllevado a un notable descenso de sucursales y a una indeseable reducción de plantilla. La traducción directa del cambio ha sido la merma del trato personal con el cliente hasta el punto de que las operaciones más rutinarias para los usuarios casi solo se pueden hacer por internet. Un hecho que, aunque se liga inexorablemente al progreso, si no se realiza de manera gradual y ofreciendo alternativas a quien carece de medios, expulsa del sistema a un perfil de ciudadanos que, como recogemos hoy en numerosos testimonios, bien por edad o por desconocimiento tecnológico, son incapaces de realizar gestiones aparentemente sencillas, como ingresos, en los dispositivos electrónicos de las entidades o en sus aplicaciones móviles. Pero algo podría cambiar. Esta semana se ha viralizado una campaña de un médico jubilado -soy mayor no idiota- pidiendo «atención humana en las sucursales bancarias». Una reivindicación legítima en la que el común de la ciudadanía se puede sentir reflejado y que dado su enorme eco ha hecho que el Gobierno y representantes de las patronales bancarias al fin hayan acordado buscar soluciones: se ha alcanzado el compromiso de proponer medidas en un mes. Esperemos que no se trate de palabrería porque es urgente garantizar el acceso del ciudadano a un servicio tan básico e imprescindible para salvaguardar su independencia económica. No hay que olvidar tampoco la responsabilidad social de las entidades financieras, que además tienen concertados determinados servicios con las administraciones públicas, como el ingreso de prestaciones o el pago de impuestos. Muchos de a quienes hoy damos voz viven también en el mundo rural, donde las reestructuraciones traumáticas para la banca no solo han hecho desaparecer sucursales, sino cajeros automáticos y oficinas móviles. Y he aquí otro gran problema que clama por una solución. Ya no hablamos solo de los particulares, sino de los miles de pequeños negocios que en el ámbito de la España vacía continúan operando cada vez con más dificultades en lugar de con menos. Ignorarlo es erosionar aun más la vertebración. EDITORIAL de EL MUNDO

EL ESTADO REAL DE LA NACIÓN

Vuelve el pesimismo. "Enero ha arrancado fatal y la cosa no irá a mejor", escribía aquí ayer José Alejandro Vara. "Una polarización indeseable, una vocación antagónica, que trabaja mucho más para agudizar los disensos que para construir consensos, hace que la política resulte objetivamente tóxica para la sociedad y para el progreso; afecta a la convivencia, paraliza al país, mata las reformas necesarias antes de que nazcan, y nos convierte en un país de segundo nivel en la escena internacional". Es una frase tomada del excelente artículo que el jueves firmaba José María Múgica en este diario, aludiendo a la debilidad de nuestro sistema democrático. Pasó la Navidad y su obligado buenismo, y vuelve el pesimismo, la sensación de que esto no tiene arreglo, de que tenemos dos años por delante de puro nihilismo, de enfrentamiento agraz y deterioro institucional. Un país sin perspectiva. "España en Perspectiva. El estado real de la nación" es, sin embargo, el trabajo que el Foro de la Sociedad Civil, una de esas instituciones ("fundada en 2008, autofinanciada por sus socios, y cuya misión es contribuir con rigor e independencia intelectual a la mejora de la calidad de nuestras instituciones políticas") dedicadas a dar fe de la existencia de esa ciudadanía tan a menudo desaparecida del debate español, acaba de publicar, fruto del trabajo de un numeroso grupo de expertos, para ofrecer a lo largo de más de 300 páginas "un extenso catálogo de cuadros y gráficos provenientes de fuentes diversas y acreditadas, nacionales e internacionales, que muestran el país tal como es, en sus logros y en sus carencias". Una obra de consulta imprescindible desde la que abordar, "más allá de la habitual cacofonía que transmiten los altavoces de la política", cualquier debate racional que pretenda diagnosticar los males del país y proponer soluciones de consenso alejadas del frentismo que actualmente nos consume. Pasó la Navidad y su obligado buenismo, y vuelve el pesimismo, la sensación de que esto no tiene arreglo, de que tenemos dos años por delante de puro nihilismo y deterioro institucional. Un país sin perspectiva Y lo que se deduce de este informe es que España es un gran país, cosa que desde luego ya sabíamos pero que a menudo tendemos a olvidar en parte por esa pulsión negativa tan ligada al alma hispana ("si habla mal de España, es español"). Un país moderno. España se encuentra situada entre los países más ricos del mundo, si bien hemos perdido posiciones desde la gran crisis de 2008. En términos de calidad de vida, riqueza patrimonial, paisajística y dotación turística, España está considerada como uno de los mejores países del mundo para vivir y trabajar, a lo que contribuye un bajo índice de criminalidad. En salud destacamos en todas las facetas, y no solo por resultados, sino también en eficiencia de la gestión. En progreso social ocupamos una posición mucho mejor que en renta per cápita, siendo uno de los seis grandes países mejor valorados. La dotación de infraestructuras, factor esencial para la vertebración de la prosperidad, sitúa a España como uno de los más avanzados, con buenas redes de transporte terrestre, marítimo y aéreo. En cuanto a las infraestructuras digitales necesarias para la Sociedad de la Información, disfrutamos de un claro liderazgo europeo. Quizá el perfil más preocupante de este gran país no exento de problemas, como cualquiera de los de su entorno, resida en lo que los redactores del "España en Perspectiva" llaman la "Calidad Institucional" (página 265 en adelante), materia en la que "tenemos un comportamiento dispar". Los numerosos gráficos que la obra incluye sobre la calidad de nuestro Estado de derecho colocan a España entre la veintena de países mejor valorados. La democracia española, en efecto, "ocupa la posición 22 dentro de las 23 democracias plenas del mundo", siempre lejos de los países punteros en la materia (Noruega, Dinamarca y Finlandia), aunque bien posicionado en derechos fundamentales, por encima de países como Francia, Japón o Estados Unidos. Los datos de World Justice Projet en los que se basan las tablas y gráficos del informe están, sin embargo, lejos de reconocer el creciente deterioro que en lo que a "calidad institucional" se refiere viene experimentando nuestro Estado de derecho desde la llegada al poder de Zapatero en 2004, situación que empeoró con el obtuso Rajoy y amenaza culminar con el infame Pedro Sánchez. La percepción de la calle sobre la calidad de nuestras instituciones, muy mermadas en su prestigio por todo tipo de escándalos, no coincide con el panorama relativamente "confortable" que presenta el estudio del Foro de la Sociedad Civil. Para empezar, no está claro que la igualdad de los ciudadanos ante la ley sea una realidad y mucho menos lo está la separación de poderes, las dos señas de identidad de todo Estado de derecho que se precie. El poder judicial resiste a duras penas el permanente asedio al que le tiene sometido el ejecutivo (la última batalla, también la definitiva, que le queda por ganar a Sánchez para dar carta de naturaleza al cambio de régimen consagrado en la Constitución del 78), con el CGPJ como bastión resistente. Es una constante en el Gobierno Sánchez: el intento de instrumentalizar la Justicia al servicio de los intereses del partido, en general, y del propio presidente, en particular Los cuatro principios universales del Estado de derecho (rendición de cuentas, leyes justas, Gobierno abierto y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas) que define el World Justice Projet están sometidos no solo a fuertes interrogantes sino a pruebas fehacientes en contrario que desvirtúan su formulación práctica. El Gobierno ha recibido en fecha reciente el reproche del Constitucional por haber cerrado ilegalmente el Parlamento con motivo de la pandemia, evitando así la obligada rendición de cuentas. Las leyes ni son claras, ni estables, ni públicas y a veces ni siquiera justas. Para muestra, un botón tan reciente como el rechazo por el CGPJ este viernes del anteproyecto de Ley de Vivienda, ley "estrella" del Ejecutivo, rechazada por "falta de calidad técnica", "ausencia de fundamentos científicos" y "sesgo ideológico de su contenido". Es una constante en el Gobierno Sánchez: el intento de instrumentalizar la Justicia al servicio de los intereses del partido, en general, y del propio presidente, en particular, y su agenda de ocupación del poder, una de cuyas piezas maestras es una Fiscal General socialista, exministra de Justicia, que hoy avergüenza a la práctica totalidad de jueces y fiscales en activo. La producción legislativa de este Gobierno, muy escasa -consecuencia de su debilidad parlamentaria, Sánchez prefiere gobernar mediante el uso y abuso del Decreto Ley- se ha caracterizado por la pobre calidad técnica -sobre todo las que salen de los ministerios controlados por Podemos- sacrificada siempre a la ideología, y la presencia de contradicciones e incoherencias sin cuento, perceptibles hasta en el propio BOE. La seguridad jurídica, imprescindible para atraer inversiones, se resiente gravemente. Por lo demás, no pocas de las grandes causas abiertas en la última década, ligadas a escándalos de corrupción, siguen activas por mor de su utilización en la lucha partidaria, en procesos que se eternizan para dar la razón a esa sentencia que afirma que "nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía". La presunción de inocencia está más que en entredicho, cuando no las propias garantías procesales, en macrojuicios que a menudo se instruyen directamente sobre la base de los informes, infumables las más de las veces, elaborados por UCO y UDEF partiendo de meros recortes de prensa y deducciones sin lógica aparente. Tal vez lo anterior hubiera resultado ocioso si hubiéramos empezado por decir que habitamos un país en el que la ley sencillamente no se cumple en algunas partes de su territorio, caso flagrante de la Cataluña nacionalista, donde una Generalidad en manos del separatismo se pasa por el arco del triunfo las decisiones tanto del Supremo como del Constitucional. Un caso único en el concierto de las naciones desarrolladas, como lo es el hecho de que una familia castellano parlante no pueda educar a sus hijos en la lengua oficial abrumadoramente mayoritaria del Estado. Para muestra, otro botón: la decisión, conocida este jueves, del director del instituto público Lacetània de Manresa de negarse a cumplir, siguiendo directrices de la Generalitat, la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir un 25% de clases en castellano en los colegios de Cataluña. Con el Gobierno Sánchez callado cual muerto. Lo cual nos lleva aguas arriba a la verdadera raíz del problema, el drama que aflige a una España que, lejos del relativo desahogo en que navega por los cuadros estadísticos nacionales e internacionales, lleva desde 2004 deslizándose por la pendiente que conduce a su autodestrucción, incapaces los Gobiernos centrales de hacer cumplir la ley, lo que en definitiva supone la renuncia a defender la democracia y la Constitución de la que es garante. La realidad indica que nuestro Estado de derecho se ha dejado ya demasiados pelos en la gatera del incumplimiento de las leyes, la separación de poderes y la transparencia gubernamental El nudo gordiano de la crisis española tiene nombre propio, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y nombre colectivo: Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Estamos ante un político que ha institucionalizado la mentira como forma de Gobierno y que, en el otoño de 2016, fue expulsado de la secretaría general del PSOE por su dirigencia ante el temor de que, en caso de llegar al poder, terminara haciendo lo que finalmente hizo: aliarse con los enemigos declarados de la España constitucional para gobernar. Un presidente de Gobierno rehén de sus socios parlamentarios. Con todo tipo de rufianes calentando escaño en el parlamento de la nación. Este viernes, dos miembros del Ejecutivo, Joan Subirats e Irene Montero, insistían en pedir un referéndum en Cataluña para decidir su relación con el resto de España. Ante, de nuevo, el estruendoso silencio del presidente cautivo. Hay otras cuestiones, caso de la corrupción, donde tampoco la percepción de la calle coincide con la aparente comodidad con la que España camina por los rankings internacionales. De modo que sí, España puede seguir figurando entre las "democracias plenas" (con Francia, Italia y Portugal en la categoría de las "defectuosas"), pero la realidad indica que nuestro Estado de derecho se ha dejado ya demasiados pelos en la gatera del incumplimiento de las leyes, la separación de poderes y la transparencia gubernamental, entre otras cosas, para seguir siendo considerado como tal. El país sigue reclamando su gran revolución emprendedora, algo que pasa por prestigiar socialmente la función del empresario "La imagen que surge espontáneamente de los datos aquí recogidos", asegura el informe "España en Perspectiva", "es la de un país que ha mejorado mucho y consistentemente respecto a las crisis de los siglos XIX y XX; un país europeo más, cuya sociedad compleja y sofisticada está preparada para enfrentarse a los retos de nuestro tiempo". Un país que, ciertamente, en nada se parece al pobre de solemnidad que sobrevivió a la Guerra Civil, pero que en los últimos tiempos, y como si de pronto hubiera decidido abrir la caja de los truenos donde dormitan nuestros tradicionales demonios históricos, parece empeñado en pegarse un tiro en la sien. Los desequilibrios no han desaparecido. Afrontamos un problema demográfico de primer orden. La devaluación de la educación con fines puramente ideológicos es una deriva a la que un país responsable de su futuro debería poner coto inmediato. El desempleo sigue siendo nuestra mayor lacra social. La deuda pública se yergue como una gran amenaza para las generaciones futuras. Las crisis internacionales nos afectan más que a otros. Las políticas populistas nos apartan de las sendas de la convergencia en periodos críticos. El país sigue reclamando su gran revolución emprendedora, algo que pasa por prestigiar socialmente la función del empresario. El Foro de la Sociedad Civil que preside Jesús Banegas, y en el que se integran más de cien españoles de alto perfil profesional y académico, ha cumplido su misión al introducir en la tópica discusión en torno a "los males de España" un poco de objetividad sobre la dimensión real de nuestros problemas, apuntando dónde se encuentran y avanzando posibles soluciones. Más que nunca llega la hora de los españoles, la hora de una ciudadanía obligada a movilizarse para defender la democracia, que es quizá el gran mensaje que subliminalmente desliza el encomiable esfuerzo de este Foro al embarcarse en la tarea de editar esta "España en Perspectiva". Movilización como un imperativo mandato ético, en línea con la conocida sentencia de Burke según la cual "lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada". Movilizarse porque, como afirmaba ayer José María Múgica, "los partidos centrales (que no de centro), por la izquierda o por la derecha, no tienen ningún derecho para poner en peligro las reglas del juego democrático que consagramos a través de la Constitución de 1978". Movilizarse para, por los cauces reglamentarios, retirar de la circulación a la infame clase política que padecemos haciendo posible el surgimiento de nuevos liderazgos. JESÚS CACHO Vía VOZ PÓPULI

Sánchez emula a Erdogan

Por FRANCISCO ROSELL Vía EL MUNDO

ULISES CULEBRO Hace unas semanas, el periódico turco Yeniçag anticipó minutos antes de celebrarse la rueda de prensa con el presidente Erdogan, quien marchaba rumbo a Qatar, cuáles serían las preguntas que se le iban a plantear, así como sus encargados, al dictado del mandatario. Mientras su economía se hunde por los daños que le inflige su negligencia, un imperturbable Erdogan respondió a su propio cuestionario como si le fuera desconocido. La filtración acreditaba una anomalía conocida en un país en el que muchos medios declinan interpelar al Gobierno para ser su amaestrada voz. Como en el relato de Allan Poe en el que el mejor método para esconder la carta robada de las estancias reales era dejarla sobre la mesa a la vista de quienes se empecinaban en buscarla oculta en algún recóndito cobijo. Si esto sucedía en la Turquía de Erdogan, otro tanto acaecía este miércoles en La Moncloa agravando la deriva del estado de alarma que, sobre la premisa de luchar contra la covid, Sánchez explotó para arrogarse potestades cesáreas que le recriminó el Tribunal Constitucional. Para su balance de fin de año, cual remedo del tribunal que pasó por alto su plagiada tesis doctoral, Sánchez usó a seis gacetilleros afines -como en el estado de alarma, provocando un plante en junio de 2020- para que le regalaran el oído con las preguntas del gusto y gana de quien se autoevaluó, pese a sus inobservancias, con un sobresaliente remarcado bajo el pomposo rótulo de «Cumpliendo». Como el maestro Ciruela, que no sabía leer y puso escuela. A modo de espejo donde asomarse cual petulante Narciso, el cartel a sus espaldas proyectaba una realidad que niegan ojos y oídos en parangón con la distopía orwelliana de 1984 en la que el Gran Hermano ejerce, desde una telepantalla omnisciente y manejo del neolenguaje, el control sobre la esclavizada Eurasia. Asumiendo el papel de figurantes, esos medios se prestaron a ponérselas a Sánchez como a Fernando IV sus cortesanos para no perder el favor de aquel monarca tan buen aficionado al billar como pésimo jugador. A diferencia de Erdogan, Sánchez no se anduvo con disimulos y sólo faltó largarles a los susodichos aquello de Chumy Chúmez de «me alegro de que me haga la pregunta que le acabo de dictar». Sin que quienes se sumaron al cotillón presidencial adoptaran, al menos, el cinismo del entrevistador por excelencia de la TVE franquista, Victoriano Fernández Asís, con muletillas del tenor de «no es menos cierto, señor ministro», con las que salvar la cara. Si el gobernante opta por construir hechos alternativos para soslayar la ingrata realidad, si la Prensa declina de su deber de esclarecerla y la opinión pública se desentiende de ella, como avisa el historiador estadounidense Timothy Snyder en su ensayo Sobre la tiranía, tales desistimientos resquebrajan la libertad hasta ponerla en riesgo. A juicio del catedrático de Yale, la verdad muere de cuatro maneras reconocibles en una España en la que el Gobierno ha dado prioridad a lograr, más que la inmunidad de grupo con la covid, la impunidad del grupo cloroformando a la sociedad para que todo le esté permitido al bloque de poder. A saber, la primera de esas causas sería la hostilidad a una realidad verificable, como ejemplificó el miércoles Sánchez. La segunda, el encantamiento con los chamanes que brindan el cielo arrastrando al infierno. La tercera, la aceptación descarada de las contradicciones como si fueran patrones de coherencia que, por ejemplo, les hace vender como éxito faltar a su palabra de derogar íntegra la reforma laboral del PP cuando el sostén de sus pilares era una exigencia de Bruselas para los fondos europeos post-covid, o de frenar la subida disparada de la luz retrotrayendo su precio a 2018, que ya fue de récord como para merecer la dimisión de Rajoy, según Sánchez, lo que suponía querer tapar el sol con un dedo. Y, la cuarta, a modo de remate, encomendarse a quienes se adueñan de la voluntad del pueblo fiados en que «esto aquí no puede ocurrir». Justo esto último era lo que inferían los venezolanos ante la deriva dictatorial de Chávez o los cubanos con Castro. Pero antes los españoles de aquella «República sin republicanos» en la que se hacía por lo general el cálculo de que nada terrible habría de acontecer porque «esto no es Rusia», mientras todo se hacía Rusia y «precisamente lo que no había en nada de aquello era España», según certificó en carne propia -como tantos otros- el cronista parlamentario y escritor Wenceslao Fernández Flórez asistiendo al terror de aquellos años. Cuando el ciudadano no discierne entre lo que se quiere oír y lo que realmente oye -concluye Snyder-, se rinde a la tiranía de aquellos a quienes ha otorgado el poder presuponiendo que, al acceder democráticamente al mando, respetaran las instituciones olvidando que «la historia no se repite, pero sí alecciona». Así, cuando el panorama se nubla como en España -en el plano político, entregada a quienes procuran la destrucción de sus instituciones y de la nación misma; económico, relegada a la cola de la recuperación con tasas de déficit y de deuda sólo sostenibles por el euro del que carece Turquía, así como con la inflación más elevada en 30 años; y sanitario, con la variante ómicron pulverizando los contagios del covid-19 en un país que ha enterrado alrededor de 100.000 personas a cuenta de la pandemia-, el recurso al mal menor es muy tentador. En pos de alivio y tregua, demasiadas veces no deja de ser un trampantojo que alarga ese calamitoso estado de cosas, en vez de hallarles remedio y cura. Al fin y al cabo, no deja de ser otro mal con sus efectos y secuelas. Es la socorrida apelación al «Virgencita, que me quede como estaba» que puso en boga en el Siglo de Oro el poeta y escritor hispalense Juan de Arguijo con su relato sobre don Diego Tello. Según narra en su obra Cuentos, al perder este caballero sevillano la visión de un ojo refinando pólvora, acudió a la capilla de la Virgen de la Consolación para que un milagro sanara su maltrecho ojo. No cavilando mejor majadería que untar ambas pupilas con aceite de una lámpara del templo, notó al intentar abrirlos con que no veía ni por el bueno ni por el malo, exclamando: «¡Madre de Dios, siquiera el que traje!». Ese consuelo del mal menor ha propiciado el volteo de campanas al resolverse este martes que el Consejo de Ministros no suprimía de la cruz a la fecha la reforma laboral del PP. Al contrario de lo que repetían Sánchez y su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz -el uno en el último congreso XL del PSOE y la otra tanto en el centenario del PCE como en el cónclave de CCOO-, además de figurar en el pacto de gobierno del PSOE y Podemos, lo que enmudece a Pablo Iglesias y su matraca borrada de pacta servanda sunt. Ello les ha obligado, a la hora de la verdad, a vestir el muñeco cuando estaba comprometido por escrito con Bruselas que la llegada de los fondos europeos pasaba por sostener los basamentos de la ley de Fátima Báñez y era inesquivable el nihil obstat. Para tragarse el sapo y hacer una buena digestión, la ministra que no sabía lo que era un ERTE y ahora parece haber parido el hijo de su antecesora del PP, lo envuelve todo en una espesa niebla de retórica sin atender a los versos de Góngora de «que se obre más y que se hable menos, dejando las buenas palabras para artesonado del infierno». Por contra, en una especiosa y espaciosa exposición de motivos que casi alcanza en extensión al articulado del nuevo decreto-ley, divaga sobre un «cambio de paradigma» y de «primera reforma laboral de gran calado de la Democracia», como si los derechos de los trabajadores hubieran llegado con esta abogada laboralista, que hará sonreír a Felipe González al preciarse de lograr «una ciudadanía plena en el trabajo». Díaz reacciona con la desenvoltura de quienes cometen una falta y se muestran descarados como si fueran los agraviados. No en vano el gran escritor irlandés Jonathan Swift sostiene que «el más grande de los mentirosos tiene sus crédulos: y suele ocurrir que, si una mentira perdura una hora, ya ha logrado su propósito, aunque no perviva», pues «la falsedad vuela, mientras la verdad se arrastra tras ella». Frente a quienes animan al PP a subirse al carro para acarrear los 21 votos que faltarían para ratificar la nueva providencia ante los reparos de parte de la alianza Frankenstein, rescatando la cantinela de Fraga contra González como eterno jefe de la oposición de que «los socialistas sólo aciertan cuando rectifican», no hay que engañarse tras la ingesta de una cucharada de aceite de ricino por el Ejecutivo socialcomunista para obtener el pasaporte de los fondos europeos a los que Sánchez fía su rescate electoral y alargar su estancia en La Moncloa con quienes desalojaron a Rajoy en una moción de censura inédita desde la restauración de la democracia. Ya se verá si ERC o Bildu se mantienen firmes contra la convalidación del decreto-ley o lo dejan pasar cobrándose los derechos de peaje que les consiente Sánchez por sostenerse en el machito como sea. Además, una ley laboral es una turbina que debe acompañarse de unas políticas adecuadas que propulsen la actividad. No parece el caso del Gobierno socialcomunista que lastra la economía hasta hacer de España la más rezagada del continente. A modo de aviso de navegantes, conviene no perder de vista que, una vez descerrajada la caja de caudales europeos con esta seudorreforma laboral, el Gobierno apareja dispositivos para hacer de esa capa un sayo como el exhibido por Romanones, tres veces jefe de Gobierno con Alfonso XIII, al espetar a los diputados: «Hagan ustedes las leyes y déjenme a mí hacer los reglamentos». En este sentido, entre la gran hojarasca que envaina el decreto-ley, se aprecia un intervencionismo y una sindicalización crecientes en el seno de las empresas que puede redirigirse con pequeños, pero continuos, retoques, a la contrarreforma abortada por Bruselas y colarla por la gatera con los reglamentos que Romanones se reservaba para sí. Esas ordenanzas de encaje permiten obrar sin atender a lo que la ley fija y sobre ellas don Quijote previene a Sancho a la hora de regir Barataria: «Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos». De ser así, la norma aprobada el Día de los Inocentes significaría una gran inocentada luego de que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, optara por el posibilismo del mal menor, siguiendo el camino que le marcó Díaz cuando se jactó de incrementar el salario mínimo más de lo previsto como castigo por no sentarse a negociar. Garamendi quedaría ante los suyos peor que Cagancho en Almagro sin gozar de la gracia de periodistas bien arrimados que le salvaguarden como a Erdogan y a Sánchez con preguntas de agrado y lucimiento que amasan los que están a sus órdenes. Por eso, estos ya mienten sin saberlo como el personaje de Molière que hablaba en prosa sin percatarse del descubrimiento. ULISES CULEBRO Hace unas semanas, el periódico turco Yeniçag anticipó minutos antes de celebrarse la rueda de prensa con el presidente Erdogan, quien marchaba rumbo a Qatar, cuáles serían las preguntas que se le iban a plantear, así como sus encargados, al dictado del mandatario. Mientras su economía se hunde por los daños que le inflige su negligencia, un imperturbable Erdogan respondió a su propio cuestionario como si le fuera desconocido. La filtración acreditaba una anomalía conocida en un país en el que muchos medios declinan interpelar al Gobierno para ser su amaestrada voz. Como en el relato de Allan Poe en el que el mejor método para esconder la carta robada de las estancias reales era dejarla sobre la mesa a la vista de quienes se empecinaban en buscarla oculta en algún recóndito cobijo. Si esto sucedía en la Turquía de Erdogan, otro tanto acaecía este miércoles en La Moncloa agravando la deriva del estado de alarma que, sobre la premisa de luchar contra la covid, Sánchez explotó para arrogarse potestades cesáreas que le recriminó el Tribunal Constitucional. Para su balance de fin de año, cual remedo del tribunal que pasó por alto su plagiada tesis doctoral, Sánchez usó a seis gacetilleros afines -como en el estado de alarma, provocando un plante en junio de 2020- para que le regalaran el oído con las preguntas del gusto y gana de quien se autoevaluó, pese a sus inobservancias, con un sobresaliente remarcado bajo el pomposo rótulo de «Cumpliendo». Como el maestro Ciruela, que no sabía leer y puso escuela. A modo de espejo donde asomarse cual petulante Narciso, el cartel a sus espaldas proyectaba una realidad que niegan ojos y oídos en parangón con la distopía orwelliana de 1984 en la que el Gran Hermano ejerce, desde una telepantalla omnisciente y manejo del neolenguaje, el control sobre la esclavizada Eurasia. Asumiendo el papel de figurantes, esos medios se prestaron a ponérselas a Sánchez como a Fernando IV sus cortesanos para no perder el favor de aquel monarca tan buen aficionado al billar como pésimo jugador. A diferencia de Erdogan, Sánchez no se anduvo con disimulos y sólo faltó largarles a los susodichos aquello de Chumy Chúmez de «me alegro de que me haga la pregunta que le acabo de dictar». Sin que quienes se sumaron al cotillón presidencial adoptaran, al menos, el cinismo del entrevistador por excelencia de la TVE franquista, Victoriano Fernández Asís, con muletillas del tenor de «no es menos cierto, señor ministro», con las que salvar la cara. Si el gobernante opta por construir hechos alternativos para soslayar la ingrata realidad, si la Prensa declina de su deber de esclarecerla y la opinión pública se desentiende de ella, como avisa el historiador estadounidense Timothy Snyder en su ensayo Sobre la tiranía, tales desistimientos resquebrajan la libertad hasta ponerla en riesgo. A juicio del catedrático de Yale, la verdad muere de cuatro maneras reconocibles en una España en la que el Gobierno ha dado prioridad a lograr, más que la inmunidad de grupo con la covid, la impunidad del grupo cloroformando a la sociedad para que todo le esté permitido al bloque de poder. A saber, la primera de esas causas sería la hostilidad a una realidad verificable, como ejemplificó el miércoles Sánchez. La segunda, el encantamiento con los chamanes que brindan el cielo arrastrando al infierno. La tercera, la aceptación descarada de las contradicciones como si fueran patrones de coherencia que, por ejemplo, les hace vender como éxito faltar a su palabra de derogar íntegra la reforma laboral del PP cuando el sostén de sus pilares era una exigencia de Bruselas para los fondos europeos post-covid, o de frenar la subida disparada de la luz retrotrayendo su precio a 2018, que ya fue de récord como para merecer la dimisión de Rajoy, según Sánchez, lo que suponía querer tapar el sol con un dedo. Y, la cuarta, a modo de remate, encomendarse a quienes se adueñan de la voluntad del pueblo fiados en que «esto aquí no puede ocurrir». Justo esto último era lo que inferían los venezolanos ante la deriva dictatorial de Chávez o los cubanos con Castro. Pero antes los españoles de aquella «República sin republicanos» en la que se hacía por lo general el cálculo de que nada terrible habría de acontecer porque «esto no es Rusia», mientras todo se hacía Rusia y «precisamente lo que no había en nada de aquello era España», según certificó en carne propia -como tantos otros- el cronista parlamentario y escritor Wenceslao Fernández Flórez asistiendo al terror de aquellos años. Cuando el ciudadano no discierne entre lo que se quiere oír y lo que realmente oye -concluye Snyder-, se rinde a la tiranía de aquellos a quienes ha otorgado el poder presuponiendo que, al acceder democráticamente al mando, respetaran las instituciones olvidando que «la historia no se repite, pero sí alecciona». Así, cuando el panorama se nubla como en España -en el plano político, entregada a quienes procuran la destrucción de sus instituciones y de la nación misma; económico, relegada a la cola de la recuperación con tasas de déficit y de deuda sólo sostenibles por el euro del que carece Turquía, así como con la inflación más elevada en 30 años; y sanitario, con la variante ómicron pulverizando los contagios del covid-19 en un país que ha enterrado alrededor de 100.000 personas a cuenta de la pandemia-, el recurso al mal menor es muy tentador. En pos de alivio y tregua, demasiadas veces no deja de ser un trampantojo que alarga ese calamitoso estado de cosas, en vez de hallarles remedio y cura. Al fin y al cabo, no deja de ser otro mal con sus efectos y secuelas. Es la socorrida apelación al «Virgencita, que me quede como estaba» que puso en boga en el Siglo de Oro el poeta y escritor hispalense Juan de Arguijo con su relato sobre don Diego Tello. Según narra en su obra Cuentos, al perder este caballero sevillano la visión de un ojo refinando pólvora, acudió a la capilla de la Virgen de la Consolación para que un milagro sanara su maltrecho ojo. No cavilando mejor majadería que untar ambas pupilas con aceite de una lámpara del templo, notó al intentar abrirlos con que no veía ni por el bueno ni por el malo, exclamando: «¡Madre de Dios, siquiera el que traje!». Ese consuelo del mal menor ha propiciado el volteo de campanas al resolverse este martes que el Consejo de Ministros no suprimía de la cruz a la fecha la reforma laboral del PP. Al contrario de lo que repetían Sánchez y su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz -el uno en el último congreso XL del PSOE y la otra tanto en el centenario del PCE como en el cónclave de CCOO-, además de figurar en el pacto de gobierno del PSOE y Podemos, lo que enmudece a Pablo Iglesias y su matraca borrada de pacta servanda sunt. Ello les ha obligado, a la hora de la verdad, a vestir el muñeco cuando estaba comprometido por escrito con Bruselas que la llegada de los fondos europeos pasaba por sostener los basamentos de la ley de Fátima Báñez y era inesquivable el nihil obstat. Para tragarse el sapo y hacer una buena digestión, la ministra que no sabía lo que era un ERTE y ahora parece haber parido el hijo de su antecesora del PP, lo envuelve todo en una espesa niebla de retórica sin atender a los versos de Góngora de «que se obre más y que se hable menos, dejando las buenas palabras para artesonado del infierno». Por contra, en una especiosa y espaciosa exposición de motivos que casi alcanza en extensión al articulado del nuevo decreto-ley, divaga sobre un «cambio de paradigma» y de «primera reforma laboral de gran calado de la Democracia», como si los derechos de los trabajadores hubieran llegado con esta abogada laboralista, que hará sonreír a Felipe González al preciarse de lograr «una ciudadanía plena en el trabajo». Díaz reacciona con la desenvoltura de quienes cometen una falta y se muestran descarados como si fueran los agraviados. No en vano el gran escritor irlandés Jonathan Swift sostiene que «el más grande de los mentirosos tiene sus crédulos: y suele ocurrir que, si una mentira perdura una hora, ya ha logrado su propósito, aunque no perviva», pues «la falsedad vuela, mientras la verdad se arrastra tras ella». Frente a quienes animan al PP a subirse al carro para acarrear los 21 votos que faltarían para ratificar la nueva providencia ante los reparos de parte de la alianza Frankenstein, rescatando la cantinela de Fraga contra González como eterno jefe de la oposición de que «los socialistas sólo aciertan cuando rectifican», no hay que engañarse tras la ingesta de una cucharada de aceite de ricino por el Ejecutivo socialcomunista para obtener el pasaporte de los fondos europeos a los que Sánchez fía su rescate electoral y alargar su estancia en La Moncloa con quienes desalojaron a Rajoy en una moción de censura inédita desde la restauración de la democracia. Ya se verá si ERC o Bildu se mantienen firmes contra la convalidación del decreto-ley o lo dejan pasar cobrándose los derechos de peaje que les consiente Sánchez por sostenerse en el machito como sea. Además, una ley laboral es una turbina que debe acompañarse de unas políticas adecuadas que propulsen la actividad. No parece el caso del Gobierno socialcomunista que lastra la economía hasta hacer de España la más rezagada del continente. A modo de aviso de navegantes, conviene no perder de vista que, una vez descerrajada la caja de caudales europeos con esta seudorreforma laboral, el Gobierno apareja dispositivos para hacer de esa capa un sayo como el exhibido por Romanones, tres veces jefe de Gobierno con Alfonso XIII, al espetar a los diputados: «Hagan ustedes las leyes y déjenme a mí hacer los reglamentos». En este sentido, entre la gran hojarasca que envaina el decreto-ley, se aprecia un intervencionismo y una sindicalización crecientes en el seno de las empresas que puede redirigirse con pequeños, pero continuos, retoques, a la contrarreforma abortada por Bruselas y colarla por la gatera con los reglamentos que Romanones se reservaba para sí. Esas ordenanzas de encaje permiten obrar sin atender a lo que la ley fija y sobre ellas don Quijote previene a Sancho a la hora de regir Barataria: «Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos». De ser así, la norma aprobada el Día de los Inocentes significaría una gran inocentada luego de que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, optara por el posibilismo del mal menor, siguiendo el camino que le marcó Díaz cuando se jactó de incrementar el salario mínimo más de lo previsto como castigo por no sentarse a negociar. Garamendi quedaría ante los suyos peor que Cagancho en Almagro sin gozar de la gracia de periodistas bien arrimados que le salvaguarden como a Erdogan y a Sánchez con preguntas de agrado y lucimiento que amasan los que están a sus órdenes. Por eso, estos ya mienten sin saberlo como el personaje de Molière que hablaba en prosa sin percatarse del descubrimiento.