“Let me be, let me breathe, Let me get control of my focus”. Joss Stone, Jonathan Shorten.
Daniel Lacalle
Esta semana hemos escuchado a nuestros políticos decirnos que los
autónomos son unos insolidarios por no aceptar que les suban las cuotas
hasta 564 euros y que las empresas familiares son unas maleducadas por
quejarse al Gobierno que está para servirnos, en vez de callar y pagar.
El hartazgo ha alcanzado máximos y los solidarios
con el dinero de los demás se han asustado al ver que las encuestas
reflejan que la mayoría de los españoles (el 60%) consideran -con razón-
que pagan demasiados impuestos, al ver que las
empresas familiares -pymes en su inmensa mayoría- decían “basta ya” ante
las mentiras del gobierno, y hasta Podemos se intenta presentar como el
defensor de los autónomos cuando lo único que les proponen en la
Coalición de la Recesión es subir cuotas e impuestos.
Los autónomos han recibido tres “propuestas”: subir
432 euros; subir más, 468 euros; o mucho más, 564 euros. Los autónomos
son asaltados con la mayor subida de impuestos, que les costará 1.500
millones de euros en total si se aprueban los Presupuestos del paro. El
81,2% de los autónomos han rechazado la brutal subida de impuestos,
según ATA, y el 71% asegura que no puede cotizar por una base superior a
la actual, cuando ya pagan impuestos por adelantado y
antes de cobrar, sufren brutales recargos si se retrasan en el pago de
impuestos y están más penalizados que ningún otro agente social.
El presidente del Gobierno de minoría absoluta, Pedro Sánchez, le dijo a los representantes de la empresa familiar que hay empresas que pagan menos del 10%. Y, para no variar, mintió.
Los datos de la Agencia Tributaria muestran
claramente que ningún grupo paga menos del 14,73% del resultado
contable, y que la cifra de tributación efectiva sobre la base imponible se mueve entre el 22,5% y el 27,7%.
En el estudio Paying Taxes 2018 de PriceWaterhouseCooper, España aparece como el décimo país con mayor cuña fiscal
total a empresas, un 46,9%, muy por encima de Noruega, 37,5%,
Finlandia, 38%, casi el doble que Dinamarca, 24,2%, y muy por encima de
Reino Unido, 30,7%.
Las empresas del Ibex ya han
presentado sus resultados de la primera mitad de 2018 y también muestran
una realidad muy distinta a la falacia que vende el populismo
depredador. Un tipo efectivo del 30% global.
El Ejecutivo y sus socios ponen el gasto como único baremo. Nos dicen que recaudamos poco. España recauda un 11% menos que la media
de la Unión Europea sobre PIB, pero tiene más del doble de paro y
empresas mucho más pequeñas en media. Incluso las “grandes” son muy
pequeñas a nivel global. Por eso tenemos una de las cuñas fiscales más
altas a familias y empresas y, sin embargo, dicen que recaudamos poco.
Porque en vez de buscar recaudar más y mejor con mayores y mejores
empresas y menos paro prefieren decirles a ustedes que son unos
insolidarios mientras mantienen una brutal red de gasto clientelar, un
paro desproporcionado y destruyen empresas.
El presidente Sánchez no tuvo ni una sola palabra
de aliento y apoyo a las empresas que siguen en pérdidas y se desviven
por mantener el empleo. Y son más del 40% del total según la última
cifra disponible. Ninguna palabra de apoyo a las empresas que sufren el
ataque de las administraciones vía una brutal carga burocrática que
lleva a que España sea el séptimo país en que los empresarios pasan más tiempo cumplimentando procedimientos burocráticos.
Si España fuera un paraíso fiscal para empresas
tendríamos el Registro Mercantil haciendo horas extras para dar de altas
a nuevas. Y no es así. Desafortunadamente, la Coalición de la Recesión
quiere hacer de España un infierno fiscal para pagar su aumento en gasto clientelar.
En los Presupuestos de 2019 se mantienen más de 28.000 millones de euros en gastos de administraciones paralelas,
duplicados y eso no se toca. El insolidario es usted que se niega a dar
más del 50% de su salario para pagar favores de moción de censura.
España necesita una revolución fiscal
Una revolución fiscal donde no se trate de rascar
unos euros más de lo que quede del expolio, sino de atraer más talento,
innovación, inversión y empleo, y con ello, crecer más y recaudar mejor.
Impuestos mucho más bajos para ensanchar las bases imponibles, que aumente la inversión de auténtico valor añadido y para dinamizar el crecimiento y el emprendimiento.
Bajar el IRPF para que las familias tengan más
renta disponible, y los impuestos al trabajo para que reciban más en sus
cuentas bancarias y se cree más empleo. España es el único país del mundo en el que se habla del salario neto
en los debates televisivos, sin caer en la cuenta de que los impuestos
al trabajo suponen hasta casi un 40% por encima de lo que ingresa un
asalariado en el banco. Eso es una penalización a la contratación y un
escollo al crecimiento, detrayendo recursos que pueden generar más
consumo, empleo y prosperidad.
Hay que bajar el IRPF, los impuestos al trabajo y
los impuestos a la creación de empleo y a la inversión. En ello se
encuentra también la bajada del impuesto de sociedades, eliminando
algunas deducciones anticuadas y obsoletas, y haciéndolo más sencillo y eficiente.
Debemos cambiar el chip de la fiscalidad, que está
orientado al mayor poder recaudatorio, aunque ponga en peligro el
crecimiento potencial y con ello el estado de bienestar y los ingresos
del futuro. Es lo que ocurre cuando los intervencionistas se obsesionan
con lo que se recaudaba en 2007 sin decirles que era una burbuja, y no
les cuentan que se acostumbraron a 40.000 millones de euros anuales de
ingresos ficticios y extraordinarios por la burbuja inmobiliaria. Esos 40.000 millones que quieren arrancarle a usted hoy de su bolsillo.
Ponemos tantos escollos al crecimiento y al empleo
que pensamos que eso es así por designio divino, encogemos los hombros y
decimos que el modelo no permite recaudar más.
Debemos reducir toda la imposición a la inversión.
La política impositiva supone un escollo para atraer capital y la
obsesión por el Impuesto de Sociedades es una equivocación,
debemos centraros en traer más y mejor inversión, y dejar que nuestras
empresas crezcan y se desarrollen. Un país próspero no genera más
bienestar destruyendo grandes empresas, sino creándolas.
Gracias a la bajada de los impuestos al empleo y la inversión podremos recaudar más y mejor. No es Laffer, es lógica. ¿Cómo? De la manera en la que lo hacen los países líderes,
esos nórdicos que tanto aman para algunas cosas excepto para sus
índices de libertad económica, su rigor presupuestario y sus bajos
impuestos al empleo y empresas. Vía mayor contratación, mejor consumo y
mayor actividad. Los que nos dicen que eso es imposible son los mismos
que nos decían que no podríamos exportar un 30% del PIB y que no podemos
recortar gasto mientras llaman a los miles de millones de euros de
administraciones paralelas “el chocolate del loro”.
Tenemos que preocuparnos de que los beneficios empresariales crezcan de manera sostenida y sostenible, para que se recaude más. Nuestras empresas pequeñas son muy pequeñas; y las grandes, también y de esta forma ganarían tamaño.
España puede ser un gran centro mundial de inversión tecnológica.
Eso no se hace poniendo escollos fiscales a los sectores de alta
productividad y subvencionando los de baja productividad, como pretende
la Coalición de la Recesión. Y eso se consigue atrayendo a las grandes
empresas del sector con mayores ayudas fiscales, no poniéndoles
impuestos ad hoc, como ahora.
El reto digital y tecnológico no se soluciona
cerrando los ojos y tratando de volver a 1977. El reto tecnológico se
lidera, y nadie nos puede decir que no tenemos el talento, las condiciones y la oportunidad. Los que lo niegan se lucran de que mantenga el paro a niveles inaceptables.
Los robots no nos van a quitar el trabajo. Hay que aplicar una fiscalidad atractiva y defender la propiedad intelectual y jurídica a toda costa.
Por supuesto, debemos suprimir los impuestos de
Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, porque son regresivos, injustos y
completamente inmorales. Tanto que algunos socios de moción de censura
se niegan a eliminarlos para España, pero exigen que les permitan eliminarlos en su comunidad autónoma.
Una revolución fiscal que ponga en valor el
esfuerzo y trabajo de familias, trabajadores, empresarios y
emprendedores. Para que sepan que cuando lleven a cabo su proyecto, el
fruto de su esfuerzo y de su ahorro no va a ser confiscado, y que una
sociedad solidaria se construye desde el respeto absoluto al esfuerzo de
los creadores de riqueza, con un sector público sólido que da servicio, no un sector político extractivo que exige diezmos incrementales.
En España no podemos conformarnos con estar entre
los que más gastan y felicitarnos por no hacerlo tan mal como otros
países. Tenemos que ser líderes y podemos serlo, atrayendo un nuevo patrón de crecimiento
que no se basa en confiscar para perpetuar los errores del pasado y
lanzarnos a otra crisis. Un país que ofrece más y mejores oportunidades a
todos, y que tiene todos los ingredientes para conseguirlo.
DANIEL LACALLE Vía EL ESPAÑOL
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