Argelia confirma: Sánchez fue chantajeado
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Mohamed VI el pasado abril. MONCLOA
Sentados sobre un barril de pólvora. El asunto que acapara todas las conversaciones desde que Pedro Sánchez anunciara su decisión de regalar el Sáhara Occidental a Marruecos, la sospecha que embarga a millones de españoles desde entonces, tomó carta de naturaleza esta semana tras la denuncia realizada por el Gobierno argelino acusando a Marruecos de estar librando una guerra sucia contra España utilizando las escuchas de Pegasus y la emigración como método de presión. Ya no es un rumor. Es una acusación directa de Argel contra Rabat, con los servicios secretos de al menos tres países de por medio. En efecto, el Enviado Especial argelino para el Sáhara Occidental y el Magreb, Omar Belani, acusó el jueves a Marruecos de estar detrás de los ataques a móviles efectuados a ministros del Gobierno español y a su propio presidente, con objeto de forzarle con la información obtenida a reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Belani ha ido más lejos, acusando a Rabat de "utilizar fórmulas amorales" y de actuar con enorme cinismo y sin ningún tipo de escrúpulos. Es el relato de un chantaje como la copa de un pino.
Transcribo las palabras pronunciadas el jueves por la conductora de 'Noticias Mediodía' de Onda Cero, Elena Gijón, porque me parecen de una valentía inaudita en la radio española y más en una empresa del grupo Atresmedia: "Es hora de que el Gobierno desmienta de forma rotunda que Rabat está chantajeando al Ejecutivo con información sensible o comprometedora obtenida del móvil del Presidente, porque una cosa es una chapuza de graves consecuencias y otra muy distinta que el Gobierno se hubiera [se haya] avenido a perjudicar al país para que no salieran [salgan] a la luz determinados asuntos. Quedamos a la espera". Una acusación muy grave. ¿Ha reconocido Sánchez la titularidad marroquí sobre el Sáhara para evitar que los españoles sepamos lo que hay en esas dos gigas de información robados de su móvil por, según toda evidencia, los servicios secretos marroquíes? ¿Ha sido Sánchez sometido a chantaje por parte del rey de Marruecos, como afirma el citado alto cargo argelino? ¿Ha dañado gravemente los intereses de España para salvar el suyo propio? Estamos ante el escándalo potencialmente más grave de los ocurridos en mucho tiempo. El Gobierno Sánchez, as usual, no solo no ha desmentido nada, sino que calla cual muerto. Lo llamativo del caso es que también la oposición, sobrecogida y como asustada por la dimensión de un episodio que debería hacer saltar al Gobierno por los aires, permanece en silencio. Un caso, conviene repetirlo, que terminará llevando a un Sánchez que a estas horas debería estar procesado al banquillo de los acusados por un posible delito de alta traición.
Estamos ante el escándalo potencialmente más grave de los ocurridos en mucho tiempo. El Gobierno Sánchez, as usual, no solo no ha desmentido nada, sino que calla cual muerto
Esta semana hemos conocido las consecuencias (algunas) de la decisión del sujeto de entregar el Sáhara Occidental a Marruecos a cambio de nada, con la decisión argelina de suspender el acuerdo de amistad, buena vecindad y cooperación suscrito con España el 8 de octubre de 2002. Casi de inmediato, la argelina Asociación de Bancos y Establecimientos Financieros (Abef) recibía la orden de congelar las domiciliaciones bancarias en operaciones provenientes y destinadas a España. Adiós a cerca de 2.700 millones de exportaciones a Argel. Apenas 36 horas antes de que se anunciara la bomba, el ministro de Asuntos Exteriores cenaba en el Palacio de Santa Cruz con dos prominentes empresarios del sector energético a los que transmitía todo tipo de seguridades de que "Argelia es un socio plenamente fiable" y "no hay ningún riesgo de que pongan pies en pared". Es decir, no tenían ni idea de lo que se les venía encima, lo que explica la cara de alelado que estos días luce el ministro Albares, supuestamente el tipo más "inteligente" de este Gobierno. Lo cual vuelve a poner en evidencia que estamos gobernados por una cuadrilla cuya prepotencia solo es comparable a su ignorancia y a su demostrada capacidad para conducir al país hacia el abismo.
La ministra de Hacienda, con su habitual gracejo, ha salido a la palestra para asegurar que no peligra el suministro de gas argelino a España. Una verdad a medias o ni siquiera eso, como todo lo que tiene que ver con esta irrepetible señora. El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha venido a aclarar la cuestión: "El contrato que tenemos con Sonatrach tiene dos partes, una es el contrato de cantidades y otra son los contratos de precio. El primero es de largo plazo [hasta el 2032] y como tal ni está ni nos han dicho que vaya a estar en ningún momento bajo sospecha o revisión. Lo que está en discusión ahora mismo es el acuerdo de precios, que se revisa cada tres años". Lo que no ha dicho Reynés, porque no lo puede decir sin perjudicar a su empresa, es que esa renegociación está en marcha desde noviembre pasado y lleva tiempo atascada, porque los argelinos han puesto sobre la mesa una importante subida del precio del gas. Tampoco ha dicho que, desde el momento en que Sánchez soltó su bomba sobre el Sáhara, las relaciones con Sonatrach se han vuelto muy tensas. Esta es la dimensión del problema: no solo hay que esperar una subida significativa del precio del gas que Argelia suministra a España, sino que no cabe descartar males mayores teniendo en cuenta que Sonatrach es una empresa propiedad del Estado argelino y que la toma de decisiones está, al final de la cadena, en manos del presidente Abdelmayid Tebune.
La parte más débil de la cadena está, naturalmente, en Madrid. De hecho, la decisión argelina de romper la baraja ha venido a demostrar la debilidad de un país, España, en manos de un aventurero de la política a quien cualquier Gobierno, de cualquier tamaño, es hoy capaz de lanzar un órdago y ganárselo. La respuesta del Ejecutivo de Sánchez ha consistido en ir corriendo a llamar a la puerta de Bruselas pidiendo árnica, como el alumno maltratado que en el cole acude a pedir auxilio al profesor. Este viernes noche, Moncloa desplegó sus mejores esfuerzos llamando a directores de periódico para que valoraran como un "gran éxito del Gobierno" la respuesta del Ejecutivo argelino a una Bruselas que horas antes había pedido a Argel "dar marcha atrás". Y no son pocos los periodistas que compraron la mercancía. Pero, ¿qué dice la carta de respuesta argelina? Pues que Argelia va a cumplir sus compromisos, va a respetar los contratos de suministro suscritos, naturalmente, porque no tiene ningún interés en acudir a un arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional de París y, fundamentalmente, porque gran parte de las divisas que entran en el país proceden de la exportación de su gas natural. De modo que el gas argelino seguirá llegando a España, pero ya podemos ir atándonos los machos por lo que respecta a su precio.
El destrozo económico es tan grande, la crisis política tan profunda, que la posibilidad de una moción de censura contra el Gobierno Sánchez no debería ser descartada en modo alguno, señor Feijóo, incluso para perderla
Tras dos meses de espera, la CE aprobó el miércoles la llamada "excepción ibérica" por la que España y Portugal podrán aplicar un límite al precio del gas para la producción eléctrica, una medida que costará 6.300 millones a las arcas públicas. Y una cierta sensación de que la Comisión ha terminado cediendo en un ejercicio de voluntarismo que saben inútil, en un "concedámoselo, a ver si son capaces de salir del hoyo antes de que fatalmente tengamos que intervenirles". Y todo ¿para qué? Para que el impacto de un embrollo que ha supuesto intervenir el mercado, dañar a las empresas y crear falsas expectativas se limite a un ahorro de entre 6 y 8 euros por factura y mes. Eso es todo. Eso, y la gasolina por encima de los 2 euros litro, y la inflación cerrando mayo en el 8,7%, y el PIB que no recuperará su nivel prepandemia hasta 2024, y el BCE anunciando el fin de las compras de deuda y la subida de tipos de interés… El destrozo económico es tan grande, la crisis política tan profunda, que la posibilidad de una moción de censura contra el Gobierno Sánchez no debería ser descartada en modo alguno, señor Feijóo, incluso para perderla. Para que se retraten todos, empezando por el PNV.
Y menos mal que existe Bruselas, menos mal que contamos con ese muro de contención capaz de impedir algunas de las peores tropelías del personaje, capaz de poner un poco de orden en un país sumido hoy en el caos por un Gobierno débil con los fuertes -perplejo y aturdido ante Argelia, silente ante el Marruecos chantajista-, pero fuerte y determinado y delincuencial a la hora de seguir adelante con la demolición del edificio constitucional. Me refiero a la noticia según la cual la Agencia Tributaria está de nuevo mirándole los bajos a Juan Carlos I, ahora centrada en investigar quién pago los gastos de las monterías a las que el Emérito fue invitado por Albertos, Abellós y demás sagrada familia de ricohomes patrios durante los ejercicios fiscales 2014 a 2018, es decir, después de la abdicación. Según esta doctrina, toda invitación a un concierto, una boda, una simple comida o a pasar un fin de semana en casa de un amigo es susceptible de caer bajo las garras de Hacienda. Un completo absurdo si tenemos en cuenta que, desde un punto de vista fiscal, cualquiera de esas invitaciones entraría dentro de la categoría de donación sujeta al ISD, lejos de las competencias de la AEAT. Es evidente que esto no tiene otro objeto que seguir teniendo bien trincado a Felipe VI, que no a Juan Carlos I, por lo que le cuelga. El emérito se ha convertido en el ariete con el que el Gobierno social comunista pretende demoler las defensas de la institución monárquica. ¡Pedro, te queremos de presidente de la III República!
No hay comentarios:
Publicar un comentario