Tras esa foto, Sánchez al fin puede
hacer lo que siempre deseó. El partido insurreccional se ve legitimado
como interlocutor imprescindible y se le hace entrega oficial de la
llave del Gobierno
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, juntoEn la primera escena (diciembre de 2015) vemos al comité federal del PSOE prohibiendo taxativamente a Sánchez
que “inicie el diálogo” (sic) con cualquier partido que cuestione la
Constitución o defienda “la autodeterminación, el separatismo o las
consultas que buscan el enfrentamiento”. Este, muy a su pesar (como
declaró meses más tarde), niega albergar semejante propósito y acepta la
interdicción. El PSOE aún se parecía al PSOE.
La segunda escena nos lleva a octubre de 2016, en el mismo lugar y órgano. Ahora es el secretario general el que lanza un chantaje a su partido:
os sometéis a mi designio o vamos todos al precipicio de las terceras
elecciones. Se desata una carnicería que termina con el líder por los
suelos y el partido fracturado. El PSOE tiene que apuñalarse para
intentar seguir siendo el PSOE. a la
portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, y el portavoz de ERC
en el Congreso, Gabriel Rufián. (EFE)
La tercera escena es de junio de 2018, en el Congreso de los Diputados.
La insurrección institucional en Cataluña se ha consumado y sus
responsables esperan juicio en la cárcel. Pero entretanto, el líder
abatido ha derrotado por vía plebiscitaria a quienes quisieron ponerle
límites, los ha hecho firmar un acta de rendición y se ha desprendido de todo control a su poder recuperado. La dirección del PSOE ya es unipersonal.
En esa escena vemos a Sánchez convertirse en presidente del Gobierno con el apoyo de Podemos y de los nacionalistas, incluidos los sublevados de octubre del 17. Pero un resto de pudor le hace usar a Iglesias como emisario negociador
con los diputados de Puigdemont, Junqueras y Otegi, lo que le permite
gobernar durante 10 meses asegurando que no tiene ningún acuerdo con los
independentistas y que su apoyo fue gratuito. El PSOE se hace
irreconocible.
La cuarta escena es del martes siguiente a las elecciones del 10-N.
Sánchez ya está desbocado, sabe que nada ni nadie en su partido
intentará frenarlo (los ha sometido a todos) y mete la directa. En 24 horas, negocia y anuncia un Gobierno de coalición con Iglesias, privando de sueño —son sus palabras de una semana antes— al 95% de los españoles. Por supuesto, ha desaparecido aquel comité federal que un día se llamó órgano de dirección.
Llegamos a la quinta y antepenúltima escena, rodada y exhibida en el día de ayer: en ella vemos a los delegados de Sánchez traficando el precio de la investidura con los enviados de un tal Junqueras, que dirige el trato desde un presidio en el que cumple condena por sedición y malversación. El futuro de España, en manos de Lastra y Rufián: les aseguro que no es un episodio de 'Black Mirror'.
Ya no hay disimulos ni intermediarios
para camuflar el contubernio. Tras esa foto, Sánchez al fin puede hacer
abiertamente y sin pedir permiso a nadie lo que siempre deseó. El
partido insurreccional se ve legitimado como interlocutor imprescindible
y se le hace entrega oficial de la llave del Gobierno de España. Pase
lo que pase en los próximos días, esa foto y lo que implica surtirá
efectos duraderos y profundos. De hecho, para ERC el pacto era la foto: ya está conseguida, detrás vendrán más.
El comunicado con el que los socialistas informan de la coyunda contiene todas las claves de la operación:
Para
empezar, descubrimos que no fue una reunión entre dos partidos, sino
entre tres. “PSOE, PSC y ERC han celebrado hoy la primera reunión…”
Para empezar, descubrimos que no fue una reunión entre dos partidos, sino entre tres. “PSOE, PSC y ERC han celebrado hoy la primera reunión…”. Salvador Illa
no se sentó como integrante de una delegación del PSOE, sino como
representante de su propia organización en una sesión tripartita. De
igual a igual, como diría Pere Aragonès.
Además, resulta que ERC no solo tiene la llave de la investidura de Sánchez: tambiénse
le otorga la de la estabilidad política, la agenda de derechos
sociales, la de los derechos civiles y laborales, la situación
industrial y la orientación de la política económica, porque se le
suplica apoyo a los Presupuestos del Estado. Todo ello no referido a
Cataluña sino “al conjunto de España”. La síntesis del delirante texto
es la siguiente: España está bloqueada y el único que puede
desbloquearla se llama Junqueras. Lo que, sin duda, hará guiado por su acreditado amor a España.
Por el camino, se reproducen toda la ritualidad y la terminología del bando insurreccional.
El vocabulario (“la reunión se ha desarrollado en un ambiente de
diálogo constructivo y con voluntad de entendimiento”) es el propio de
una cumbre internacional. Se olvidó aquello del “problema de convivencia”,
sustituido por “el conflicto político”, importado directamente del
diccionario de Batasuna. Y tan importante es lo que se dice como lo que
se omite: no aparecen para nada las palabras ley o Constitución. Ni
siquiera aquella vergonzante mención al “ordenamiento jurídico” que se introdujo en Pedralbes.
Y eso que es un comunicado del PSOE (perdón, un comunicado conjunto del
PSOE y del PSC, aunque quizá sería más adecuado invertir el orden).
Es
probable que se dé cumplimiento formal a la exigencia de ERC de una
reunión “entre gobiernos”, escenificando un encuentro entre
vicepresidentes
Las próximas escenas están
cantadas. Es probable que se dé cumplimiento formal a la exigencia de
ERC de una reunión “entre gobiernos” previa a la investidura,
escenificando un encuentro formal entre vicepresidentes, lo que libra a Sánchez de dar la cara y evita la engorrosa (para ambas partes) presencia de Torra.
Se tratará de cerrar un acuerdo de mínimos,
un compromiso genérico de negociación sin limitaciones, dejando lo más
problemático para después de la investidura. Uno deja de señalar la Constitución
como marco y límite obligatorio del negocio y el otro aparca por el
momento las menciones expresas a la autodeterminación y la amnistía.
El objetivo inmediato —compartido— es dejar a Sánchez asentado en la Moncloa
cuanto antes. Él es agudamente consciente de que, una vez elegido,
nadie lo podrá echar, puesto que ninguna moción de censura puede
prosperar en este Parlamento. Y ERC se habrá asegurado en Madrid un
Gobierno encadenado a sus socios —o lo que es igual, manos libres para
ellos en cuanto se hagan con la presidencia de la Generalitat—. Cada uno
obtiene ahora lo que más desea y ya habrá tiempo para traicionarse
mutuamente (lo que ambas partes dan por descontado).
Cada uno obtiene ahora lo que más desea y ya habrá tiempo para traicionarse mutuamente (lo que ambas partes dan por descontado)
Sucede que uno empieza a tener la impresión de que este disparate conviene a todos. Abascal debe estar metiendo champán en la nevera. Casado
sabe que solo tiene que sentarse a esperar a que el tinglado estalle
(que estallará) para que el poder caiga en sus manos en las siguientes
elecciones. Iglesias
se dispone a vivir su momento estelar. Sánchez, lo dicho: un contrato
no rescindible como inquilino de la Moncloa. Esquerra, con la llave de
Cataluña en una mano y la de España en la otra. Puigdemont ve la ocasión de triturar a su enemigo por pactar con el enemigo. El PNV pide su turno: ¿negociación de igual a igual, conflicto político, diálogo sin limitaciones? Oiga, yo soy el siguiente. Y Otegi
podrá presumir de que ya ha dado tres veces el Gobierno a los
socialistas: dos en España y una en Navarra, sin tener que renegar de
ETA.
Señoras y señores, estamos en sus manos. ¿A todos conviene? A España, no. Pero eso, ¿a quién le importa?
La agresividad sexual de
los jóvenes hacia las mujeres, desde el lenguaje hasta el abuso y la
agresión física, constituye hoy un problema que ha ido a más con el paso
del tiempo. Es un signo evidente del fracaso de todo un enfoque legal y una cultura que teóricamente existe para proteger a la mujer. Una manifestación de
este mal estado de cosas se verifica en el ocio nocturno, en discotecas
y actividades semejantes. Existe una clara diferencia en relación con
el pasado, en términos de solo una década o una quincena de años.
El
discurso de que “no hay más casos, sino que se denuncia más”, utilizado
para no asumir que el presente es peor que el pasado, no vale, porque
además de la multiplicación de denuncias, sucede que la mayoría de las
agresiones siguen sin denunciarse, porque no son trágicas, sino que
responden a formas de lascivia y menosprecio, como que le han tocado los
pechos o han metido mano bajo la falda. Son hechos, los de este tipo
que se reiteran con constancia entomológica.
Para intentar
resolver este estado de cosas, lo primero que hay que asumir es que algo
radical ha cambiado, y sigue haciéndolo a peor en lo que refiere a la
agresión sexual contra la mujer, y en particular a las adolescentes y
jóvenes.
Si no se admite esta evidencia nada se arreglará, porque
no se abordarán las causas. Un ejemplo de este error que provoca la
ideología es el caso de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau: se hincha
de poner puntos violetas para denunciar abusos y agresiones, y a la vez,
acoge y normaliza la mayor promoción del porno de España y una de las mayores de Europa, en lugar de dificultarlo.
Hay también un estrepitoso fracaso del enfoque de las relaciones humanas del feminismo de género,
que todo lo fía a la represión policial y penal. Lo que el progresismo
niega con relación a otro tipo de delitos, resaltando las causas
sociales de los mismos, lo aplica excepcionalmente en la cuestión de la
violencia sexual.
También una quiebra de la cultura moral, en
términos de pérdida del sentido del bien, que el progresismo y el
liberalismo evitan atender. Hay una destrucción de las virtudes que
deben caracterizar el proceso educativo del joven. Hay un abandono de
muchos padres por impotencia porque la situación les supera y nadie
ayuda, o simplemente por omisión cómoda o por ideología progre ¿Cómo va a
reprender y castigar a su hijo? No hay bien ni mal, ni nada prohibido
Existe una sexualización brutal de la sociedad.
A más discurso del feminismo de género, más exposición a la
libidinosidad de algunos hombres, que tienen las gónadas donde
normalmente se producen las sinapsis neuronales, y confunden el estar
salido con la condición viril. Ser hombre es en primer término poseer
autocontrol -lo que el feminismo de género critica.
Ser hombre es
respetar especialmente al más débil. Ser hombre es no provocar ni caer
en la provocación. Ser hombre es amar con plenitud y no solo desear
sexualmente. Y es que como bien explica Raz en La Moral de la Libertad, (The Morality of Freedom) esta se ejerce al elegir entre diversas opciones moralmente buenas, y cárcel de valor cuando se eligen fines malos o vacíos.
Por
consiguiente, los poderes públicos deben proteger y fomentar los
sistemas de valores, virtudes y las instituciones insustituibles
socialmente valiosas. Porque ellas lejos de disminuir la autonomía
personal y la libertad, la promueven al favorecer opciones moralmente
valiosas para la elección.
Los poderes públicos deben ayudar a
que las opciones moralmente valiosas estén a disposición de las personas
para que puedan ser conocidas y asumidas con facilidad. Esta protección
y fomento ha de realizarse, incluso limitarse, de acuerdo con el
principio del daño, de manera que se excluya la discriminación o la
penalización de las malas acciones, inofensivas o sin víctimas.
La
neutralidad de los poderes públicos ante las opciones de bien no es
deseable, incluso en la práctica es dudoso que resulte posible. Lo que
sucede es que nosotros gobiernos favorecen opciones moralmente
rechazables -el afán de lucro desmedido, por ejemplo- y marginan otras
realmente buenas -el trabajo en el seno de la familia para cuidarla y
atender a personas dependientes, por razones familiares o como servicio.
Existe
un fracaso de la propia sociedad que se manifiesta en su cultura y la
forma como se producen sus poderes públicos, desde la escala local hasta
la gobernación del estado, en el sentido que alimentan un ocio basado
en alcohol, el sexo, la droga, el estímulo desaforado de los instintos
que conduce a la enajenación y a la violencia, como también lo acreditan
las recurrentes peleas masivas a la salida de las discotecas.
Seamos
claros: la ley es una respuesta limitada e imperfecta, que sirve, sobre
todo, para castigar el daño causado pero que raramente lo evita. La
respuesta completa, porque disuade el mal es el amor cristiano. Lo que
caracteriza es la donación, en la libertad y en el bien del otro,
empezando obviamente por lo más básico, su bienestar físico, todo lo
contrario al amor concupiscente que se satisface con la posesión.
Educar
desde la infancia y a lo largo de toda la vida adulta en estos valores,
y proporcionar a cada uno las virtudes que los realizan, construir una
sociedad que los trasmita y valore. Eso es lo que necesitamos. La
carrera delito, ley, sanción, policía, fiscal, juez, cárcel y vuelta a
empezar, no tiene fin. Es un absurdo.
Solo la ceguera
estigmatiza al cristianismo cuando en él radica la respuesta obvia, y
que en todo caso son las prácticas humanas que pervierten. Argumentar
contra aquel modelo completo de vida a partir de quienes, afirmándolo
hipócritamente, no lo siguen, en lugar de fijar la atención en quienes
sí lo cumplen, es un atentado a la razón
Somos los cristianos
quienes tenemos el deber de mostrar estas respuestas a tantos males en
lugar de difuminarlas y esconderlas en la mundanidad. Ay de vosotros los
que teniendo voz calláis. La respuesta a la violencia contra la mujer,
de hecho, a toda violencia, no es la ley. Es Jesús.
El auge del populismo en Europa se debe a que los grandes partidos no han querido atender las demandas de sus electores.
¿Recuerdan la crisis de los refugiados entrando en Europa a miles cada día en el año 2015?
Fue cuando la progresía
se inventó lo de los «migrantes» como forma de negar la evidencia: no
era inmigrantes quienes así son definidos en el Diccionario de la Real
Academia Española.
Porque el inmigrante es
el que llega a un país extranjero para radicarse en él. Y eso no se
podía admitir. Si sólo eran migrantes no se sabía de dónde venían ni a
qué lugar se dirigían. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, cometió
la barbaridad de decir que en el mundo hay fronteras que deben ser
respetadas y que para cruzarlas hay que cumplir requisitos. Algo que
ocurre en casi todo el planeta, pero que, de repente, se volvió
políticamente incorrecto en Europa.
Ya sabemos que Orban se
volvió la encarnación de Lucifer y todos renegaron del cumplimiento de
los tratados europeos que prohíben la entrada sin control en nuestras
fronteras. Cuánta agua ha corrido bajo los puentes desde entonces. Esta
semana hemos escuchado al presidente de la República Francesa, Emmanuel
Macron, fijar las cuotas de inmigrantes que podrán entrar en Francia
legalmente.
No sé ustedes, pero yo,
por más que he indagado sobre posibles críticas a Macron por su anuncio,
por más que he buscado las previsibles acusaciones de xenofobia y otras
descalificaciones similares que se lanzaron contra Orban, no las he
visto en ningún medio de comunicación.
Cuando Orban impedía en
2015 la entrada en Hungría de todos aquellos inmigrantes sin control, el
destino que estos buscaban era Alemania. La canciller Merkel abrió las
puertas y dijo que podían llegar casi sin límite. Luego ha tenido los
problemas de orden público de todos conocidos.
El ministro alemán del
Interior, el socialcristiano Horst Seehofer, ha anunciado el
establecimiento de controles policiales en todas las fronteras. ¿Con qué
objetivo? Obviamente con el de controlar la entrada de indeseables en
Alemania. Lo mismo que pretendía Orban en 2015. ¿Han visto ustedes
alguna crítica al Gobierno de Merkel por hacer lo mismo que propugnaba
Orbán?
Es más, confieso que después de una larga campaña de
descrédito contra él desde las páginas del diario El País, me quedé
pasmado el pasado miércoles cuando este diario abría su sección
internacional en la página 2 con una gran fotografía de un Orban
sonriendo al primer ministro checo Andrej Babis. El húngaro ya no es
Satanás.
El título aclaraba por qué: «España lucha junto a países del Sur y del Este contra los recortes de la UE». Cielos, de repente el malvado Orban es nuestro aliado. ¿Se lo habrán hecho mirar Sánchez y Borrell?
La
hipocresía del progresismo europeo ante ciertas situaciones políticas
viene de largo y no parece probable que acabemos con ello. ¿Recuerdan en
2000 la crisis con Austria? El Partido Popular Austriaco rompió la
tradicional gran alianza con el Partido Socialista. Sólo había servido
para engordar a la extrema derecha del Partido de la Libertad. Así que
los populares formaron gobierno con la extrema derecha.
Europa bramó: se
estableció un «cordón sanitario» en torno a Austria que padeció
diferentes sanciones. Dos años después todas ellas eran levantadas y los
populares ganaban unas elecciones -anticipadas- por primera vez desde
1966. ¿Cree alguien que si el Frente Nacional francés ganase las
elecciones en Francia hoy -algo no inimaginable- Francia sería
sancionada?
Quizá Macron, Merkel y otros empiecen a darse cuenta
de que el auge del populismo en Europa se debe, entre otras razones, a
que los grandes partidos no han querido atender las demandas de sus
electores. Gente como Orban sí. Y aunque pidió la baja temporal por
iniciativa propia antes de las últimas elecciones europeas, nunca ha
dejado de pertenecer al Partido Popular Europeo. En el fondo saben que
tiene razón.
Es necesario que en España nos
dotemos de la capacidad de escuchar con la distancia necesaria cada
provocación, amenaza o desprecio independentistas sin alterarnos lo más
mínimo
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. (EFE)
Existe la urgente necesidad en España de conseguir que los independentistas no nos toquen los cojones.
Espero que sepan disculpar el exabrupto, pero no hay mejor expresión
que esa, recogida por la Academia como segunda acepción del término,
para reflejar lo que necesitamos antes de que todos nos volvamos locos.
Es necesario que nos dotemos de esa capacidad, escuchar con la
distancia necesaria cada provocación, cada amenaza, cada desprecio, sin
que consigan alterarnos lo más mínimo.
Saber ponerlos en su sitio y atribuirles la importancia precisa,
sin exageraciones ni ceguera. La cuestión es tan grave que, con solo
detenernos un momento, observaremos que la vulnerabilidad de los
españoles, de la gente normal, ante la chulería independentista nos ha
llevado a este estado de cosas, este ruido ensordecedor en el que parece
que todo va a estallar de forma inmediata. A Pedro Sánchez,
con razón, se le tiene ahora por el mayor embustero del reino, pero lo
que no hacemos es mirarnos todos los demás, un simple recorrido
transversal. Aquí hay pocos que se escapen de esa espiral de medias
verdades, de exageraciones, de intereses, de fatalismo, y a quien lo
intenta, a quien propone algo distinto, ya se encargarán de alancearlo por panolis, sospechoso equidistante, despreciable blandiblú.
Tan potente es la capacidad de los independentistas de tocarnos los cojones que consiguen, incluso, que la realidad que tenemos ante nuestros ojos aparezca deformada,
como espejos cóncavos de feria en los que nosotros, los normales, los
que vamos ganando, aparecemos siempre como seres deformados,
empequeñecidos, y ellos, los amorales, los que van perdiendo, como
triunfadores engrandecidos.
Un ejemplo muy claro, sustentado solo en hechos objetivos: España está derrotando al independentismo.
¿Quién es capaz de suscribir esa afirmación? Nadie, claro, porque lo
que se respira aquí es lo contrario, que la amenaza independentista va
avanzando, como la mecha ardiendo que se acerca a la dinamita, y ha
llegado ya al punto de explosión de tener atrapado, secuestrado, a todo
un Gobierno de España. Pues de eso se trata, que de las dos
afirmaciones, la victoria o la derrota, la única que se puede sustentar con datos y hechos objetivos es la primera, que España ha conseguido imponerse y someter a los independentistas que aprobaron la declaración de la república de Cataluña.
Vamos a los hechos. En contra de la impresión terrorífica que tenemos, la única realidad es esta: hace dos años —¡dos años!—, en Cataluña se declaró la independencia. Los autores de aquella revuelta están desde entonces en la cárcel, ahora con condena firme del Tribunal Supremo, y otros, los más cobardes, se largaron del país, se fugaron aprovechando una noche o el maletero de un coche, como hizo Puigdemont,
el cabecilla. Ni un solo país del mundo se ha solidarizado con la causa
catalana —¡ni uno solo!— y, en contra de lo que venían aparentando, los
únicos apoyos que reciben del exterior son los de los servicios
secretos rusos, que solo quieren utilizarlos para desestabilizar Europa,
y los de los grupos antisistema, que han encontrado en las barricadas independentistas un medio eficaz para sembrar el caos.
Desde que entraron en la cárcel los líderes de la revuelta
independentista, ni el Gobierno de la Generalitat ni el Parlamento de
Cataluña han vuelto a aprobar ninguna otra ley de desobediencia ni, por supuesto, han vuelto a declarar la independencia, a pesar de haberlo anunciado de forma reiterada.
Se quedan siempre en la palabrería o en un patético ejercicio de
simulación, como la última ‘declaración institucional’ aprobada por los
diputados independentistas; nada con sifón, “ingeniería jurídica para
hacer ver que desobedecen sin desobedecer, una ficción bordeando la legalidad”, como resumió el portavoz catalán del PP.
El desgaste es tan evidente que, pese a que la cárcel y la condena suponían un riesgo evidente de movilización, el apoyo social al independentismo ha caído siete puntos
desde la revuelta del 1 de octubre (un 41,9% frente al 48,8% que lo
rechaza, según el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat), y en
las elecciones que se han celebrado, los partidos independentistas jamás han superado el 50%.
Los
‘golpistas’ están en la cárcel condenados por sedición, el Parlamento y
el Gobierno de Cataluña no han vuelto a aprobar ninguna ilegalidad, el
apoyo al independentismo sigue cayendo en la sociedad catalana y, en el
exterior, ningún país del mundo respalda que tengan derecho a la independencia.
Nadie dijo que fuera un problema sencillo, de fácil y rápida solución.
Pero, hoy por hoy, ¿quién es el que debe considerarse derrotado? Si
tuviésemos esa capacidad de conseguir que los independentistas no nos
enerven continuamente, que no nos saquen de quicio, quizá veríamos la
realidad tal y como se muestra ante nosotros. España se ha fortalecido como Estado de derecho y, sin embargo, la sensación que se tiene cada día es que nos estamos precipitando al vacío, sin remedio.
Cada
vez que uno de ellos abre la boca, la 'boutade' se convierte en verdad
absoluta para poder arrojársela a la cabeza, de una pedrada, al
presidente socialista. Inaudito. Se concede más valor y más credibilidad
a que un líder de Esquerra diga que exigen negociar la autodeterminación con el Gobierno de Pedro Sánchez que a las reiteradas negativas del líder del PSOE, y de todos en su entorno,
sobre los límites de cualquier diálogo, ni referéndum, ni derecho de
autodeterminación ni, mucho menos, la independencia de Cataluña.
Que sí, que Pedro Sánchez ha dejado ya muestras suficientes de su increíble desparpajo para cambiar de opinión,
pero atribuirle, como hecho consumado, la traición al Estado y a la
Constitución española es un exceso incendiario sin el menor fundamento
que solo beneficia al independentismo, cada vez más quemado y más
dividido. Un presidente del Gobierno de España que pacte un referéndum
de autodeterminación con cualquier comunidad autónoma se convertiría al instante en un presidente delincuente. Punto.
En el manifiesto titulado ‘La España que reúne’,
que han presentado un grupo de intelectuales y exdirigentes políticos,
muchos de ellos viejos socialistas, se alerta de todos los peligros que acechan a la democracia española,
se advierte de los riesgos que existen para las libertades y para la
convivencia ciudadana y, de una forma expresa, se desaconseja el pacto
de gobierno entre el PSOE y Podemos.
Está bien que se pronuncien los intelectuales en democracia, que
conozcamos la opinión de los políticos más experimentados, pero también
sería de agradecer que, por esa altura intelectual y política, ofrezcan
análisis más sosegados, más pegados a la realidad de la sociedad
española que se expresa en las urnas; salidas viables, no fórmulas que ya se saben imposibles,
como los gobiernos de concentración que tampoco ellos propiciaron
porque optaron siempre por el nacionalismo como bisagra y así hemos
llegado adonde hemos llegado.
Que se apliquen más eso que dicen en
el comunicado, la necesidad de acabar con “años de tremendismo verbal,
de exageraciones partidistas” y de “propugnar el sosiego”. Ocurre, sin
embargo, que ellos mismos son conscientes de que aquí el barullo siempre prevalecerá sobre el razonamiento.
Como
dijo Andrés Trapiello, uno de los firmantes, en una entrevista en Canal
Sur Radio, al mirarnos dan ganas de dar un portazo y exclamar, como
Juan Ramón Jiménez, “España, qué melonar”.
Sánchez ha condenado al ostracismo político no ya a la “tercera edad”
del socialismo español, sino a cualquiera que siga creyendo en aquel
apotegma de Ramón Rubial: “Primero el país, después el partido y por
último la persona”
Alfonso Guerra, Rodríguez Ibarra y Joaquín Leguina.
EP
Cada vez que alguien cita en una tertulia a Alfonso Guerra, Rodríguez Ibarra, José Luis Corcuera o Joaquín Leguina
como ejemplos de socialistas congruentes -por citar de entrada a estos
cuatro-, siempre hay un voluntario que se abalanza sobre el micrófono
para decir aquello de “¿y qué?, si no pintan nada”. Se habla, claro
está, de si hay o deja de haber contestación interna al líder de
principios tan mudables que por abrasión han dejado de ser principios.
Por lo común, la discusión acaba con el defensor de otras épocas
admitiendo la tozuda realidad. Están muertos. Nadie replica; ni el
guerrista nostálgico, ni ningún otro tertuliante que por allí pasara, y
mucho menos el que come de la cercanía al PSOE actual.
Y ese es el problema: que nadie replica. Que nadie dice
que, en lo esencial, Guerra e Ibarra siguen diciendo lo que decían hace
treinta años. Que los desleales, los que han desfigurado el pasado hasta
hacer irreconocible aquel PSOE de los González, Lluch, Solana, Barón, De la Quadra-Salcedo o Félix Pons,
son estos de ahora, que un día te dicen que con Podemos por encima de
mi cadáver y al siguiente se llevan a Pablo Manuel Iglesias, que diría
Miguel Ángel Aguilar, a jugar con los mellizos al búnker de La Moncloa; o
que juran ante el túmulo del otro Pablo Iglesias que
jamás harán depender el Gobierno de España del secesionismo para, a
renglón seguido, sentarse a repartir cartas con los que intentaron un
golpe en toda regla contra el Estado constitucional.
Las puertas de Moncloa y de Ferraz están cerradas para los que no se
pliegan a la voluntad arbitraria del líder todopoderoso. Peor que la
burla es el desprecio. No hay réplica. Rodríguez Zapatero mandó el debate interno a las mazmorras; Pedro Sánchez
ha firmado el acta de defunción del contraste de pareceres. El PSOE de
hoy no es un instrumento al servicio de la gente, sino una maquinaria
para la gestión del poder. Da igual si hay que pagar un precio en
términos de credibilidad. Cualquier discrepancia se deposita, para que
sea devorada, en la jaula de la militancia, esa “masa amorfa que no
discurre”, que llegó a decir Ramón Rubial,
pero que proporciona al general secretario la coartada para pasarse por
el arco del triunfo a la Ejecutiva y al Comité Federal (si es que ambos
órganos todavía existen).
Nadie replica, nadie dice que, en lo esencial, Guerra e
Ibarra siguen diciendo lo que decían hace treinta años; que los
desleales son los que han hecho irreconocible al PSOE
Sánchez no quiere saber nada de Guerra, pero está dispuesto a negociar con los que idearon un plan para cepillarse la soberanía nacional.
A Sánchez le importa muy poco dejar en ridículo a Rodríguez Ibarra y a
todos los que, como el histórico dirigente extremeño, confirmaron
durante la campaña electoral que ellos tampoco podrían dormir con
Iglesias en el Gobierno. Sánchez ha condenado al ostracismo político no
ya a la “tercera edad” del socialismo español, sino a cualquier
espécimen con carné en vigor que siga creyendo en aquel otro apotegma
que dejó dicho Rubial: “Primero es el país, después el partido y por
último la persona”.
El PSC como excusa
Nada está decidido. El objetivo prioritario de Oriol Junqueras no es doblarle el pulso a Sánchez, sino ganar las próximas
elecciones catalanas. De ahí que no pueda darse por hecho el acuerdo con
Esquerra. Someter a Puigdemont en Cataluña
no es tarea fácil ni compatible con un pacto que respete los límites de
la Constitución. Pero si así fuera, si finalmente Sánchez se plegara a
las condiciones impuestas por un condenado por sedición; si, como señala
el manifiesto de “La España que reúne”, se asumieran las exigencias
segregadoras de quienes “constituyen hoy, a lo largo de la Unión Europea
y también en España, la principal amenaza a nuestras libertades” (el
populismo y el nacionalismo), la pregunta que habría que hacerse es si
queda alguien en el Partido Socialista con la dignidad necesaria para
dar un paso al frente, pero en la dirección contraria.
El chiste viene hoy tan a cuento que ha dejado de ser chiste
para convertirse casi en necesidad: “Estoy a favor del relevo
generacional: por favor, ¡que vuelvan los viejos!”
La pregunta es si los García-Page, Lambán, Fernández Vara, Díaz o Franco están dispuestos a hacer algo más que echarle la culpa a Miquel Iceta. El PSC, el de Maragall, el de Montilla y el de Navarro
lleva décadas defendiendo el concepto de Cataluña como nación en una
España plurinacional. No, el problema no es el PSC, sino que se dejó
solo al PSC, que no hubo nadie que se opusiera a la supervivencia de las
siglas PSOE en Cataluña y que, de ese modo, los socialistas dejaron un
enorme vacío que después nadie ha sabido del todo llenar. El problema no
es que Iceta se atrinchere en el espacio conquistado, sino que,
sobrestimado su peso por la crisis catalana, ha sido el PSC el que ha
acabado por devorar al PSOE, a este PSOE codicioso y deformado.
“España
se encuentra en un momento grave. La gestión del resultado de las
elecciones generales del 10 de noviembre muestra una sociedad a la que
se divide y tensiona por razones estrictamente partidistas más que por
motivos políticos de calado”. Cuando tal afirmación la suscriben
personajes de incuestionable relieve, como Fernando Savater, César Antonio Molina, Francesc de Carreras o Francisco Vázquez,
que alertan de que un pacto PSOE-Podemos apoyado por Esquerra
Republicana de Catalunya “pondría en riesgo nuestras libertades y la
convivencia ciudadana”, la advertencia no debiera echarse en saco roto.
No
recuerdo a quién se lo oí, pero tras los últimos acontecimientos el
chiste viene hoy tan a cuento que ha dejado de ser chiste para
convertirse casi en necesidad: “Estoy a favor del relevo generacional:
por favor, ¡que vuelvan los viejos!”.
Las reformas del Gobierno surgido de las elecciones de 1982 fueron el golpe definitivo a la institución
Alberto Pérez de Vargas
Las
sombras de los tiempos han puesto en evidencia un panorama desolador
del mundo universitario. Tesis doctorales, másteres, grados y demás, se
han mostrado contaminados por el alto contenido de mediocridad que
circula por los pasillos y por los comportamientos poco serios de una
buena parte del personal circulante. La condición humana es
esencialmente la misma en todas partes, pero su calidad depende de la de
la educación y del cultivo que se dé a los principios y derechos
fundamentales del hombre.
Sería imposible dar con un período en la historia
reciente de España, en el que los aciertos superaran a los desaciertos
en el proceder legislativo y gerencial de la universidad. También del
sistema educativo en general, pero esa es otra (larga) historia. Sin que
haga falta remontarse a épocas muy lejanas, las reformas del Gobierno
surgido de la aplastante victoria socialista en las elecciones del 28 de
octubre de 1982, fueron el golpe definitivo a la institución y el
comienzo del más largo y efectivo período de vaciamiento cultural en la
enseñanza preuniversitaria: el triunfo electoral del PSOE (202 escaños
de 350) dio a aquel Gobierno un poder inmenso. Pero hubo más; en 1986,
el PSOE perdió un millón de votos, pero mantuvo su mayoría absoluta. Y
así sucesivamente; cuatro legislaturas (la última de las cuales
implicaría, sentando precedente, a nacionalistas vascos y catalanes) y
casi catorce años de dominio sobre tratos y estratos, pusieron a
disposición de la oligarquía liderada por Felipe González, la más densa
capacidad reformista desde el cambio de régimen de 1975. La creación
indiscriminada de universidades, para disfrute de los políticos locales,
y la incorporación al funcionariado, en 1984, de más de cinco mil
profesores eventuales, a través de unas pruebas que ni siquiera exigían
una actuación presencial, tal vez sean los dos hechos más
representativos del dislate.
La Ley General del Sistema Educativo, de 3
de octubre de 1990, y la Ley de Reforma Universitaria, de 25 de agosto
de 1983, son el origen (obsérvese que se empieza por la Universidad y se
acaba por la Escuela) de una degradación estructural en la que el
plagio y las corruptelas son elementales consecuencias del abandono y la
desidia, de la provincialización de las universidades y de la
improvisación del profesorado. Nada mejor para el plagio y la extorsión
que una estructura politizada y unos jueces que ni saben ni contestan.
Sabemos que el 'Gobierno Frankenstein' no es una opción y tampoco los son
unas nuevas elecciones. Por lo tanto, el PP no puede permanecer
inactivo
Sánchez y Casado
Tomo el título de este artículo de un maravilloso libro de Gerald Brenan, don Geraldo, que así le llamaba Carlos Cano
en una de sus coplas. Ya querría yo que viviera y pudiera decirnos qué
nos pasa. Ojalá esta gente ágrafa y sin lecturas que nos gobierna
hubiera subrayado algunas páginas de semejante obra, aunque sólo fuera
para ilustrar su Twitter.
En eso me encontraba cuando pensaba que quienes gozamos
del privilegio de tener un micrófono o poder escribir unas notas en un
periódico solemos analizar las cosas como quisiéramos que sean y no como
son para otros que viven en el mismo país, incluso en la misma ciudad o
el mismo edificio.
¿Qué es lo que necesita España?
La pregunta es simple, y sin embargo es probable que un gallego
conteste de forma distinta a un vasco y un vasco de un madrileño.
Democracia imperfecta y blanda
Aun así uno tiende a creer que hay una realidad, o
varias, que la gran mayoría podemos compartir. Que España sea la nación
que es. Que hay un tipo de patriotismo constitucional muy recomendable
en estos tiempos que nos ampara a todos, y cuya apelación nos daría
también la respuesta segura cuando nos preguntamos o nos preguntan qué
somos. Que nuestra democracia, aun siendo imperfecta y blanda con sus
enemigos, nos está dando las mayores satisfacciones de nuestra historia.
Y sin embargo nunca estaremos tranquilos. Somos ese país de todos los demonios del que habló Jaime Gil de Biedma:
(…) “Como si el hombre/ harto de luchar con sus demonios/ decidiese
encargarles el gobierno/ y la administración de su pobreza”.
Bien pensado no deja de ser vergonzoso que estemos preguntándonos si somos españoles, si tenemos nación o una plurinación.
Humilla este debate en el que para que otros reafirmen sus sueños han
de negar una realidad, compleja y desestructurada, pero que es una
página nítida y bien escrita en los libros. Y, sobre todo, empieza a
escandalizar que haya dirigentes que con tal de seguir viviendo en
palacio estén dispuestos a traicionar a un pueblo que, a lo que se ve,
no sabe votar.
La debilidad de Sánchez
No quiero gastar mi tiempo ni que pierdan ustedes el suyo hablando de Pedro Sánchez.
Está todo dicho. Y si faltaba algo por decir ya habla él sólo a través
de sus mentiras, rectificaciones y mediocridad. El lunes pasado alguien
muy importante en los últimos años y cuya imagen no hace más que crecer
cuando lo comparamos con lo que tenemos decía:
Lo peor
no es la clase política que tenemos, no hace falta analizarla porque
hay lo que hay. Lo peor es que nadie con preparación y con ideas se
quiere dedicar a esto. Y esto ha quedado en manos de gentes sin
preparación, sin estudios, sin experiencia laboral. Y sin presencia. Sin
todo esto es imposible sacar a flote a un país como este. Y vienen
tiempos malos. Estamos muy entretenidos con la mesa de negociación y
tal, pero lo que hay no sirve para contener la crisis económica que viene. Vamos a tener un vicepresidente, Pablo Iglesias, que o cambia su estética o habrá que decir que no puede representar a España con esa pinta distraída que parece anunciar que, como aquí dice Cacho, le falta ducha y jabón.
Así no se puede ir por las cancillerías europeas. Vamos a dar por bueno
que en el mismo gobierno ese mismo vicepresidente mande en una ministra
que resulta que es la misma señora con la que duerme cada noche.
¿Nos tenemos que callar?
Y yo digo que no. Que no nos tenemos que callar. Es lo único que podemos hacer sabiendo que no servirá de nada. Pero el silencio es culpable. Vendrán más años malos y nos harán más ciegos.
Vendrán más años ciegos y nos harán más malos. La premonición de Rafael Sánchez Ferlosio se
cumple. ¡Si al menos Sánchez supiera quién es y lo leyera! Si alguien,
pongamos Adriana Lastra -y no se rían, señores-, tuviera el detalle de
ir a una librería y regalarle el libro que cito, igual le hacía pensar y
evitaba lo que nos va a pasar. Lo que no tiene nombre.
La debilidad de Pablo Casado
Sordo y ciego se quedará también Pablo Casado. Y lo mismo Inés Arrimadas,
esta señora tan aparente y discreta que cree que le sobra tiempo para
salvar a un partido que pide a gritos que alguien haga algo y no esperar
al congreso de primavera. ¿Está segura Arrimadas de que Ciudadanos aguanta cuatro meses en la UVI? Podemos dibujar todos los movimientos y estrategias. Ya sabemos que Vox está ahí, pendiente de que Casado se equivoque. Pero sucede que sólo hierra el que arriesga.
Que
no haga nada, que se quede quieto es lo mejor que puede hacer. Cuando
la gente vea que el PP puede ganar y tenga expectativas de tener 110-115
diputados la gente dejará a Vox y votará al PP, que ganará las
elecciones.
De Gobierno a Gobierno. España al mismo nivel que Cataluña. No quieren ser solo una nación, quieren ser un Estado
Eso me decía este señor tan principal que, precisamente hoy y viendo lo que sale en la tele, parece Winston Churchill.
Y pudiera ser como me cuenta, pero el problema es que no hay tiempo y
yo no veo, ni noto ni espero el desgaste de Vox. Puede que desde el
pasado 10 de este mes siga engordando y podría tener más de 52 escaños.
No me gusta la ecuación porque es falsa, pero se vende bien: cuanta
menos España más Vox.
La cuestión es que los Junqueras y los Puigdemont
saben que cualquier alternativa distinta que no pase por tener a
Sánchez en la presidencia siempre será peor. Y saben, porque lo notan
todos los días, que el presidente está debilitado, que ha perdido
escaños y cientos de miles de votos. Con este pelele político es con
quien los separatistas van a sentarse. De tú a tú. De Gobierno a Gobierno.
España al mismo nivel que Cataluña. No quieren ser solo una nación,
quieren ser un Estado. Y eso Pedro Sánchez no lo va a parar.
Los
únicos que tiene en su mano una solución son aquellos que a esta hora
hacen sus cuentas para el día después de que Sánchez se la pegue. Casado
no se mueve, espera. No habla, sugiere. No ofrece nada, pide que lo
hagan los demás. Si cree que así eludirá su parte de responsabilidad en
lo que se nos viene encima se equivoca. Si el 'Gobierno Frankenstein' no
es una opción y tampoco los son unas nuevas elecciones el PP no puede
permanecer inactivo. Ya sabemos que dejar a Vox en la oposición tiene
sus riesgos. Vale. Bastantes menos que este espectáculo en el que
literalmente nadie, ningún partido (N-I-N-G-U-N-O), está pensando en
España. Viva el cálculo, la estrategia y los votos. Pobre España, sorda,
ciega. Y llena de demonios.
Debemos mirar de frente la realidad: este domingo se celebró la Solemnidad de Cristo Rey,
pero sobre la “Realeza de Cristo” hay división. Existen dos
interpretaciones teológicas distintas que se contradicen sobre el punto
fundamental de la realeza “política” de Cristo: si existe o no.
Obviamente, adopto el adjetivo “política” no en el sentido de los partidos políticos, sino para plantear si la política, como organización de la vida comunitaria para el bien común, tiene un deber hacia Cristo, la religión católica, la Iglesia. La Dignitatis humanae
del Vaticano II habla del “deber moral de los hombres y de las
sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo”
(n. 1), pero no habla de un deber de la comunidad política. Una cierta
teología considera que ese deber no existe, otra teología considera que
sí y sobre esta discrepancia aún no reina la paz.
La palabra “deber” debe entenderse en sentido estricto. Decir que existe un deber de la política hacia la verdadera religión
implica sostener que -no por motivos contingentes, ocasionales o
accidentales, sino por motivos esenciales- la política no puede
plantearse sin la religión de Cristo, aunque no se identifique con ella.
Implica que la política no llega a ser verdadera política si se separa de la religión de Cristo.
Por poner el ejemplo de Italia: la política italiana debería tener
una relación esencial con el cristianismo no porque nuestra historia y
nuestra cultura resulten irreconocibles sin el cristianismo, como
algunos se dignan proclamar, sino porque la fe cristiana aporta a la política una verdad fundante.
Continuando con los ejemplos: en las escuelas se debería enseñar la
religión católica no como una genérica instrucción religiosa de tipo
cultural, sino porque es verdad y porque es indispensable para la
vida comunitaria: sin ella, la comunidad política no pudiese mantenerse
en pie.
Es fácil entender por qué sobre este tema hay discrepancia y por qué
la lucha teológica al respecto sigue siendo muy áspera. Si se entiende la “Realeza Social de Cristo” en el sentido de este deber de la política hacia la verdadera religión,
la comunidad política tendría que mantener con el cristianismo una
relación preferencial y única, lo que iría contra el principio de la
libertad religiosa tal como se entiende hoy. La vida política ya no
sería laica en el sentido que se atribuye hoy a este término. El bien
común ya no lo decidiría una mayoría democrática, sino que
correspondería a los fines naturales de las personas, de las sociedades
naturales y de los cuerpos intermedios conocidos por la razón, pero en
última instancia garantizados por la religión. El matrimonio canónico
sería la única forma de matrimonio reconocida públicamente. La educación
sería ante todo un deber de la Iglesia y no del Estado. Etcétera. En
resumen, asumir ese deber de la política hacia la verdadera religión
implicaría revisar desde la raíz algunos principios fundamentales de la
política tal como se la entiende hoy.
La Realeza de Cristo y este deber de la política han sido siempre afirmados por los Pontífices desde Pío IX a Pío XII.
El Vaticano II introdujo nuevas perspectivas, pero ni en los textos
conciliares ni en el magisterio postconciliar ha negado formalmente
ningún Pontífice ese principio. Se habla menos de él y de forma menos
decidida, pero nunca ha sido negado. De esta forma, entre los
nuevos principios -como el de la libertad religiosa- y el antiguo y
nunca negado principio de la Realeza política de Cristo se ha creado un
cortocircuito que aún debe ser reparado.
En efecto, no se entiende cómo es posible anunciar a Cristo en
la política, en la economía y en la sociedad -lo que siempre han pedido
los Papas postconciliares- sin anunciar también su Realeza,
privándole de un Poder auténtico y negando su condición de Legislador y
de Fundamento de la autoridad… lo que equivaldría a negar su divinidad.
No se entiende cómo pueden “ordenarse a Dios las cosas temporales”,
como deben hacer los laicos según el Concilio, y al mismo tiempo, como
admite el número 423 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, evitar “generar una discriminación de orden civil o social respecto a otros grupos religiosos". Aceptar la Realeza de Cristo no es compatible con crear una sociedad multirreligiosa o atea.
Para evitar estos espinosos problemas, el camino que se viene
siguiendo es diluir el tono de la “Realeza” y debilitar sus
pretensiones. Se le atribuye a la expresión un significado espiritual, o
escatológico, o vagamente pastoral, pero no social ni político. Y sin
embargo no se puede huir del problema: si Benedicto XVI escribe
que el cristianismo no solo es útil, sino indispensable para la solución
de la cuestión social, ¿no está repitiendo lo que decía León XIII, para quien no hay solución a la cuestión social fuera del Evangelio? Ambos dicen lo mismo, luego ambos remiten a un deber de la política hacia la verdadera religión. Pero entonces se sacaban las conclusiones que ahora no se sacan, o al menos no hasta el final.
STEFANO FONTANA Publicado en La Nuova Bussola Quotidiana. Traducción de Carmelo López-Arias. Apéndice Versículos del Nuevo Testamento que hablan de la Realeza social y política de Cristo:
"Y de parte de Jesucristo, | el testigo fiel, | el primogénito de
entre los muertos, | el príncipe de los reyes de la tierra. | Al que nos
ama, | y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha
hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre. | A él, la gloria y el
poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad: viene entre las nubes.
Todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por él se lamentarán
todos los pueblos de la tierra. Sí, amén. Dice el Señor Dios: «Yo soy el
Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el todopoderoso»"
(Ap 1, 5-8)
"En el manto y en el muslo lleva escrito un título: «Rey de reyes y Señor de señores»" (Ap 19,16).
"Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que
yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor"
(Jn, 15,10).
"Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio" (Jn 5, 22).
"Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
«¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu
cuenta o te lo han dicho otros de mí?». Pilato replicó: «¿Acaso soy yo
judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has
hecho?». Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino
fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en
manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Pilato le dijo:
«Entonces, ¿tú eres rey?». Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo
para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio
de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz»" (Jn
18,33-37).
"Jesús le contestó: «No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te
la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene
un pecado mayor»" (Jn 19, 11).
"Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el
trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y
su reino no tendrá fin»" (Lc 1, 32-33).
"Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces
dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, benditos de mi Padre;
heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”. Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. Y
el rey les dirá: “En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con
uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”" (Mt 25, 31-40).
"Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra»" (Mt 28, 18).
"En esta etapa final, nos ha hablado por el
Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha
realizado los siglos" (Hebr 1,2).
"Que todos se sometan a las autoridades
constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios y las que
hay han sido constituidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad resiste a la disposición de Dios; y los que le resisten atraen la condena sobre sí. Pues
los gobernantes no dan miedo al que hace el bien, sino al que obra el
mal. ¿Quieres no tener miedo a la autoridad? Haz el bien y recibirás sus
alabanzas; de hecho, la autoridad es un
ministro de Dios para bien tuyo; pero si haces el mal, teme, pues no en
vano lleva la espada; ya que es ministro de Dios para aplicar el castigo
al que obra el mal" (Rom 13, 1-4). "Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies" (1 Cor, 15,25).
"Y habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero
Pedro y Juan les replicaron diciendo: «¿Es justo ante Dios que os
obedezcamos a vosotros más que a él? Juzgadlo vosotros»" (Hech 4,
18-19).
¿Qué es España? La célebre sentencia
de Ortega sigue ahí. Revoloteando. Lo que sí se sabe es que el
Estado-nación está obligado a convivir con otras naciones que no son
Estado
El secretario del PSC, Miquel Iceta, en un mitin de la formación. (EFE)
Es probable que tenga razón el PSC de Iceta cuando plantea en su programa marco que Cataluña es una nación, pero es algo más que difícil que, con ese reconocimiento, el independentismo catalán entre en vereda.
Iceta se equivoca, sin embargo, y de una manera bastante más grosera, cuando reabre un debate (como lo hace Iglesias) que solo contribuirá a añadir ruido a un sistema político que está cerca del colapso, y que tiene más que ver con el nominalismo, que niega la realidad objetiva, que con la acción política. Entre otras cosas, porque ya la Constitución
zanjó este asunto cuando en su artículo 2 establece que la “indisoluble
unidad de la Nación española”, con mayúsculas, es compatible con “el
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”.
Como se sabe, la introducción del término ‘nacionalidades’ fue una de las materias más polémicas del debate constitucional. Fraga llegó a anunciar un voto particular y Julián Marías, por entonces senador, llegaría a escribir un duro artículo que causó por entonces un enorme revuelo (aquí está la réplica que le hizo el también senador Josep Benet).
“Hay en España”, sostuvo Marías, “dos realidades distintas, a saber,
‘nacionalidades’ y ‘regiones’. En una Constitución, habría que decir
cuáles son —y me gustaría saber quién se atreve a hacerlo, y con qué
autoridad—. Pero lo más importante es que no hay nacionalidades, ni
en España ni en parte alguna, porque ‘nacionalidad’ no es el nombre de
ninguna unidad social ni política, sino un nombre abstracto, que
significa una propiedad, afección o condición”.
La autoridad intelectual de Marías, sin embargo, al igual que la de Camilo José Cela,
no sirvió para mucho. El texto, avalado por la minoría vasco-catalana,
que en este asunto actuaba con una sola voz, salió adelante porque
suponía, en palabras de Herrero de Miñón (que citó al catalanista Prat de la Riba),
“un principio de autoidentificación de aquellos hechos diferenciales
con conciencia de su propia, infungible e irreductible personalidad”.
La
existencia de un hecho diferencial no es sinónimo de privilegios o
discriminaciones. Ni la nacionalidad ni la nación son Estado
Es decir, el término nacionalidad se relaciona con la existencia de un ‘hecho diferencial’ vinculado al carácter histórico, lingüístico o cultural de un determinado territorio, y así lo recoge, por ejemplo, el estatuto
de autonomía Andalucía, que en su artículo 1.1 se define como
“nacionalidad histórica” que se constituye como comunidad autónoma “en
el ejercicio del derecho de autogobierno que reconoce la Constitución”.
¿Qué es una nación?
Por lo tanto, el concepto de nacionalidad —en términos sociológicos— tiene mucho que ver con la definición canónica que hizo Renan hace más de un siglo, cuando respondiendo en la Sorbona a la pregunta ¿qué es una nación?, sostuvo
que lo determinante para construir una nación no eran la raza ni la
lengua por sí solas. Tampoco la religión, la geografía o el interés
mutuo. Lo que el erudito Renan interpretó como una nación era un intangible: la voluntad de pertenecer a una comunidad construida en torno a unos rasgos comunes.
El sabio francés, de hecho, comparó el término 'nación' a la idea de 'conciencia moral'.
Nación, vino a decir, no es sinónimo de Estado en el sentido
jurídico-político del término, aunque en el lenguaje coloquial tienda a
confundirse.
Tampoco la existencia de un hecho diferencial es sinónimo de privilegios o discriminaciones,
ya que todos los españoles (artículo 14 de la Constitución) son
“iguales [o deben serlo] ante la ley”. Por lo tanto, la nacionalidad (o
la nación) no se vincula directamente a la idea de Estado-nación, sino a
un sentimiento colectivo.
40
años de centralismo no habían conseguido ahogar la diversidad de España,
sintetizada en dos expresiones: regiones y nacionalidades
Como muchos ensayistas han dicho, es evidente que la 'nación Sioux' existe, pero sería un disparate considerar que los indígenas americanos forman un Estado. Tan solo una realidad subjetiva.
Es decir, en los términos que establece la polémica sentencia del Constitucional de 2010, en la que se aclara, precisamente, que “de la nación puede, en efecto, hablarse como una realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y hasta religiosa.
Pero la nación que aquí importa es única y exclusivamente la nación en
sentido jurídico-constitucional. Y en ese específico sentido la
Constitución no conoce otra que la Nación española”. Así pues, se puede
ser nación, como reclama Iceta, pero no Estado. Otra cosa es lo que
opinen los independentistas.
El federalismo de Pi i Margall
Es de sobra conocido que una de las virtudes de la Constitución de 1978 fue, precisamente, hacer compatible la existencia de una nación llamada España
(artículo 2) con su articulación en regiones y nacionalidades, para lo
que se rescató (aunque la expresión es anterior) la vieja denominación
federalista de Pi i Margall, que en 'Las nacionalidades', una joya del federalismo del siglo XIX, planteó una estructura territorial compleja y no unitaria.
Precisamente,
como un método de construcción nacional (el Estado) que facilitara el
entendimiento de todos. Algo que puede explicar, como se reflejó en la
Constitución de 1978, el uso generalizado del término 'comunidades
autónomas', que es, finalmente, el que se ha impuesto, y que ha
facilitado el contrato social en el ámbito territorial. Una especie de hegeliana síntesis superadora entre región y nacionalidad.
Portada de la obra de Pi i Margall.
De
esta manera, se evitaba, como reclamaba el filósofo Marías, definir qué
es una región y qué es una nacionalidad, una forma amable de introducir
el término 'nación' en la Constitución sin soliviantar las tesis más unionistas. Es decir, en la práctica, España podría ser considerado no un Estado plurinacional sino un Estado de plurinacionalidades. ¿No es lo mismo?
No fue un capricho de los constituyentes, sino que se recogía un anhelo por el que ya en 1876 (hace siglo y medio) clamaba el segundo presidente de la I República.
“¿Qué
había de importar que aquí en España recobraran su autonomía Cataluña,
Aragón, Valencia y Murcia, las dos Andalucías, Extremadura, Galicia,
León, Asturias, las provincias vascongadas, Navarra, las dos Castillas,
las islas Canarias, las de Cuba y Puerto Rico, si entonces, como ahora,
había de unirlas un poder central armado de la fuerza necesaria para defender contra propios y extraños la integridad del territorio? La nación continuaría siendo la misma”,concluía.
Café para todos
Cien
años después, aquella estructura territorial ideada por Pi i Margall
salió adelante, con los cambios propios de la época. Sin duda, porque
los 40 años de una dictadura unitaria y centralista no habían
conseguido ahogar la diversidad histórico-política de España,
sintetizada en dos expresiones: regiones y nacionalidades, aunque sin
que nadie adjudicara dónde se situaba cada comunidad autónoma.
Obviamente, por el célebre café para todos.
El
constituyente optó por no aclarar qué es región y qué es nacionalidad
para evitar jerarquías que hubieran podido complicarlo todo
El constituyente, como se sabe, optó por no aclarar ambos conceptos, que, como es obvio, introducen una cierta jerarquía, no solo administrativa, también política.
Es
decir, justamente las dos velocidades que se querían evitar (aunque el
punto de salida fuera desigual), toda vez que hubiera sido lo mismo,
como se decía en la Transición, que dar carta de naturaleza a la
existencia de una entelequia llamada Galeuzca, acrónimo de
Galicia, Euskadi y Cataluña. Justamente, los tres territorios con
estatuto de autonomía durante la República (aunque el gallego nunca
entró en vigor).
Algo que podría explicar la clara voluntad del constituyente de prohibir la federación de comunidades autónomas, lo que hubiera supuesto la creación de un Estado dentro del Estado.
En definitiva, de aquellos polvos vinieron estos lodos, que dice el saber popular. Ya lo dijo Ortega en sus 'Meditaciones sobre el Quijote': “Dios mío, ¿qué es España?”.
Ya no solo
son piezas fundamentales en la creación de riqueza, sino que procuran
construir un mundo más sostenible donde la rentabilidad se combine con
la justicia social y la protección del medio ambiente
/EULOGIA MERLE
La empresa cumple la función social de producir bienes y servicios
para satisfacer las necesidades de las personas, en un marco
institucional que influye decisivamente en la creación y reparto de la
riqueza colectiva y en su sostenibilidad.
La sociedad de capitales, como forma dominante de empresa en la
economía de mercado (propiedad privada, sistema de precios), ha
demostrado una gran capacidad de creación de riqueza. Sin embargo, con
la reciente crisis financiera, se la responsabiliza directamente de la
creciente desigualdad en la distribución de la renta y riqueza, del
deterioro del medio natural y de las amenazas de un cambio tecnológico
acelerado e impredecible. Así se ha llegado al convencimiento de que el
modelo de empresa precisa de una reforma que aumente su contribución a
un crecimiento más inclusivo y sostenible.
La declaración de la Business Roundtable en el verano de 2019,
revocando el criterio de maximización del beneficio para la toma de
decisiones empresariales, y sustituyéndolo por otro más inclusivo que
tuviera en cuenta el bienestar de todos los grupos de interés, es un
hito importante en esa dirección. La declaración se produce poco después de que la British Academy hiciera público el documento Reforming Business for the 21st Century: A Framework for the Future of theCorporation,
fruto de una iniciativa colectiva de 31 académicos de las ciencias
sociales y humanas, bajo la dirección del profesor de Oxford Colin
Mayer, con el propósito de “redefinir las empresas del siglo XXI y
construir confianza entre las empresas y la sociedad”. Los medios de
comunicación (The Economist,Financial Times, New YorkTimes…)
se hacen eco repetidamente de estas declaraciones, poniéndolas en
contexto con propuestas de candidatos presidenciables del Partido
Demócrata de Estados Unidos sobre futuras reformas.
En un entorno más cercano, la Directiva 2014/95/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, transpuesta en España por la Ley 11/2018 de 28 de
diciembre (Ley de Información no Financiera y de Diversidad), revela lo
que, a juicio de las autoridades y representantes políticos
comunitarios, debe ser la buena praxis de transparencia y rendición de
cuentas en la relación empresa-sociedad. A través de los requisitos de
transparencia sobre unos indicadores de resultados “no financieros”
(bajo el principio de cumplir o explicar), la Directiva desvela las
preferencias de los políticos europeos sobre el buen desempeño de las
empresas. La ley española, en su preámbulo, conecta explícitamente la
demanda de más información con la que surge de la responsabilidad social
corporativa (RSC), y la relaciona con la “gestión de la transición
hacia una economía mundial sostenible que combine la rentabilidad a
largo plazo con la justicia social y la protección del medio ambiente”.
La pérdida de peso del Estado podría ser consecuencia de su captura por los propios ‘lobbies’ empresariales
A escala más global, la iniciativa de la ONU alrededor de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) reconoce la importancia, para
el éxito final, de la implicación de las empresas en la consecución de
los mismos, aunque no se pronuncia sobre la reforma.
La coincidencia de académicos, directivos de empresas y políticos en
la necesidad de reformar la empresa avala la importancia de esta
institución en nuestra sociedad, aunque la implantación de los cambios
sigue confiándose a la voluntariedad y la autorregulación. Se mantiene
la tradición de la RSC, que ha marcado el cambio en la empresa en los
últimos veinte años, a pesar de que durante este tiempo el deterioro del
medio ambiente y la desigualdad han seguido creciendo. En el fondo, se
pone en evidencia la complejidad del cambio y la necesidad, a nuestro
juicio, de un marco de reflexión y análisis más comprensivo que el que
podría resultar de la inercia actual. En este sentido, los autores junto
con la Fundación Alternativas se proponen contribuir a ese análisis y a
la generación de propuestas de reforma de la empresa, desde las
siguientes premisas.
Deslindar los conceptos de mercado ycapitalismo.Existen
razones, desde el avance tecnológico y desde la innovación financiera,
para justificar un creciente protagonismo de formas de empresa no
capitalistas, es decir, empresas en las que la propiedad y la capacidad
de decisión no radiquen sólo en quienes aportan el capital. Un espectro
más amplio de formas de empresa deberá facilitar la implantación de los
nuevos criterios de decisión, distintos de la maximización del
beneficio, así como incrementar la inversión en las nuevas fuentes de
creación de riqueza, dentro de lo que Hanskel y Westlake denominan
“capitalismo sin capital”, en referencia al peso creciente de los
activos intangibles en el capital productivo de las empresas.
Recuperar el papel del Estado en la corrección de los fallos del mercado.
Una explicación benevolente sobre por qué el Estado no ha cumplido con
su función de impedir el deterioro en el capital colectivo puede
basarse, tanto en el hecho de que los Estados nacionales han visto
reducida su capacidad de iniciativa por la globalización, como en la
ausencia de una autoridad supranacional con fuerza para defender
intereses globales. Desde otro punto de vista menos benevolente, la
pérdida de peso del Estado podría ser consecuencia de su captura por los
propios lobbies empresariales.
Es imprescindible que la información no financiera se publique de forma fácil de conocer y procesar
Reforzar la disciplina de la competencia. La
competencia actúa cuando existe mercado y los actores tienen amplias
posibilidades reales de elegir. Sin embargo, la justicia social y la
sostenibilidad medioambiental no han sido posible alcanzarlas, hasta el
momento, por mecanismos estrictos de mercado y competencia. Para que la
autorregulación, que rige tanto en la Directiva 2014/95/UE como en la
Ley 11/2018, sea sensible a las demandas del entorno es imprescindible
que la información no financiera se publique de forma fácil de conocer y
procesar.
Redefinir la responsabilidad social de las empresas.
Si la intervención del Estado y la competencia son contrapesos
necesarios para mitigar las externalidades negativas del mercado, las
empresas “responsables” deben renunciar a cualquier acción u omisión que
vaya contra estos mecanismos compensatorios. Ello significa pagar los
impuestos que correspondan según el espíritu de la ley, favorecer las
posibilidades de elegir de los consumidores, facilitar la defensa de
intereses colectivos y renunciar al lobby partidario.
Responsabilidad ante un cambio tecnológico acelerado y disruptivo.
La innovación tecnológica ha contribuido a la globalización y ha
generado tensiones entre las empresas globales de base digital y las
restricciones que han tratado de introducir los sistemas políticos de
ámbito nacional. La capacidad de comunicación y de procesamiento, el
funcionamiento en red, la disponibilidad de datos, la inteligencia
artificial y el blockchain, entre otros, abren muchas
incógnitas alrededor de los beneficios y costes sociales derivados de
los usos de la innovación tecnológica en las decisiones empresariales,
principalmente en mercados donde las economías de red presionan hacia la
concentración. Todo ello aumentará las exigencias sobre las empresas
para adaptar la propiedad, el gobierno y la gestión hacia unas
tecnologías en red, globales, automatizadas y con capacidad de
aprendizaje.
La sociedad espera de las empresas que interioricen los objetivos de
justicia social y sostenibilidad, sin perder su capacidad para crear
riqueza. En el corto plazo, la Ley 11/2018 y los ODS marcan el camino.
Actuar conforme al fondo (asimilando los objetivos que se persiguen) y
la forma (informando con la máxima transparencia) de estas iniciativas
servirá para demostrar el compromiso con objetivos mayores.
DIEGO LÓPEZ GARRIDO, FRANCISCO ROS, VICENTE SALAS e IGNACIO SANTILLANA*
Publicado en EL PAÍS el 26-11-2019
*Diego López Garrido es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas; Francisco Ros, ingeniero de telecomunicaciones; Vicente Salas, profesor en la Universidad de Zaragoza, e Ignacio Santillana, economista.