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martes, 28 de febrero de 2017

CRÍTICA A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO




Por JOSEP MIRÓ i ARDÈVOL, publicado en LA VANGUARDIA el 13-2-2017
Vía e-Cristians

La perspectiva de género es una ideología determinante en la política española. En Catalunya ha conseguido que la Comissió d’Estudi del Procés Constituent la imponga como doctrina obligatoria de la futura constitución catalana, incluso antes de debatirla en un remiendo del atado y bien atado del franquismo.

La ideología Gender se propaga a caballo de una extraordinaria confusión sobre su significado. Algunos la entienden como una inocua sustitución del concepto gramatical de sexo, masculino y femenino. Es un error visible en la presentación de datos estadísticos. Bastantes más la conciben como la relación de equidad entre hombres y mujeres, y en este sentido es percibida como un feminismo.

Pero en realidad se trata de una ideología política, como pueda serlo el marxismo, o el comunismo, que persigue el poder, y la hegemonía cultural y social. Surge de un planteamiento que destruye el concepto objetivo de naturaleza humana, susti­tuyéndolo por la pulsión subjetiva del deseo sexual elevado a categoría política. Niega toda verdad a otras concepciones, a las que persigue por medio de la censura, la represión, la descalificación personal y mediática. Promueve el camuflaje de las causas económicas de la desigualdad, y al corroer el significado de ser humano, prepara las mentali­dades para el posthumanismo.

No es un feminismo porque no contempla a la mujer real, ni se preocupa por la situación de equidad de todas ellas. Así, los dos colectivos más numerosos, las madres y las viudas, nunca han formado parte de sus reivindicaciones, pero sí la proporción igualitaria en las listas electorales, con independencia de cualquier otro criterio. Sólo le interesa la mujer en la medida que se ajuste a su teoría, que tiene como referencia la imitación del hombre heterosexual, aunque ello le comporte perder años de esperanza de vida, y el conflicto con él, en un remiendo de la lucha de clases.

A la perspectiva de género no le interesa la equidad real. Manipula la realidad para presentar a nuestra sociedad como patriarcal, y falocrática (sic), dominada por los machos heterosexuales. Pero ignora aspectos tan decisivos para la persona como la esperanza de vida y la educación, porque hay muchas más tituladas universitarias que hombres por debajo de los 35 años, más ninis masculinos que femeninos, muchos más suicidios, repetidores, abandono y fracaso escolar entre los chicos, que en las chicas. Introduce un planteamiento falseado de la equidad, al diluir las causas económicas y educativas de la desigualdad en el “conflicto de género”. El paradigma fue el Ministerio de Igualdad de Rodríguez Zapatero. Un gobierno socialdemócrata que creó un ministerio para la igualdad sin ninguna función económica, centrado sólo en el conflicto entre la “clase mujer”, homosexuales, bisexuales, etcétera, contra la “clase macho heterosexual”.

Pero no se trata de oponer a unas desigualdades femeninas otras masculinas. De lo que se trata es de superarlas en términos de personas, de ciudadanos, en cada situación objetiva concreta. Todo lo demás es hacer el juego a la desigualdad, y a la élite que vive instalada en ella.


Pero la perspectiva de género es algo mucho más confuso y destructivo que todo eso. Lo ejemplificó la exdiputada del Congreso de Estados Unidos Bella Abzug en 1995 en la Conferencia de Pekín, al afirmar que “el término género se ha diferenciado de la palabra sexo para expresar la realidad que la situación y los roles de la mujer y del hombre son construcciones sociales sujetas a cambio”. En esta ideología no existe el hombre y la mujer como consecuencia de su naturaleza. Sólo cuenta la construcción cultural, que da lugar a sujetos cambiantes a su voluntad. Es el imperio de la subjetividad, de la desvinculación. Una persona cuya biología la categoriza como mujer puede tener una identidad de género masculina y sentirse atraída erótica y afectivamente por hombres. Y a la inversa, y todas las variaciones que se quieran, que además pueden modificarse a voluntad a lo largo de la vida. Todo ello da lugar a una gran fragmentación.

La unidad del ser humano en su especificad de hombre y mujer se ha transformado en multitud de identidades que exigen su reconocimiento polí­tico, y la existencia de derechos y prerrogativas ­específicas junto con los heterosexuales: lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual, que pueden llegar a 31 según la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York, o incluso a 58 (¿o son sólo 50?) como ofrece Facebook. ¿Confuso? Esto es la perspectiva de género.

La ideología del género significa la destrucción de nuestra civilización. Una sociedad justa y su economía no pueden sobrevivir a esta confusión, desorden, arbitrariedad y persecución del hombre porque destruyen los fundamentos de la naturaleza, su compresión antropológica, su manifestación cultural, y con ello las instituciones sociales que, como la familia, son necesarias para nuestra vida común.






CATÓLICOS, POLÍTICA, CONCIENCIA

Pedro Trevijano

"Me considero estafado y pido a Dios poder votar a alguien que responda a mi concepción cristiana y no tenga la impresión de que estoy tirando mi voto".



Hemos sabido estos días que la ex senadora del PP Gabi Durán se ha dado de baja en su partido ante la negativa del PP a votar en su congreso la enmienda que defendía la vida desde el nacimiento hasta la muerte natural, dejando así la puerta abierta a la regulación de la eutanasia, o la indefinición sobre la gestación subrogada. La ex senadora no votó en septiembre de 2015 la llamada micro-reforma de la Ley del aborto o Ley Aído, reforma que se limitaba a pedir un permiso paterno para que abortasen las menores de 16 y 17 años, dejando intacto el resto, con lo que el PP pasaba a aprobar el aborto y la ideología de género, como se está viendo en las leyes de muchas comunidades autónomas.

Para la senadora Durán y los que se negaron a aceptar el aborto y la diabólica ideología de género, ello supuso, ya en las elecciones de diciembre de 2015, su exclusión de las listas electorales. Es cierto que después del reciente congreso se admite la libertad de voto en conciencia, pero tras esa purga pasará mucho tiempo, si es que llega ese día, antes de que el PP vuelva a ser un partido provida y profamilia.

La actitud de esta ex senadora nos lleva a preguntarnos cuál debe ser la actitud de un parlamentario católico ante problemas, como pueden ser el aborto y la ideología de género, que afectan a la conciencia. Benedicto XVI, en su exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, responde a nuestro interrogante; “En efecto, el culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales: al contrario, exige el testimonio público de la propia fe. Obviamente, esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Estos 
valores no son negociables. Así pues, los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia, rectamente formada, para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana. Esto tiene además una relación objetiva con la Eucaristía (cf. 1 Co 11,27-29). Los Obispos han de llamar constantemente la atención sobre estos valores. Ello es parte de su responsabilidad para con la grey que se les ha confiado” (nº 83).

Además, en los Hechos de los Apóstoles se nos dice: “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (5,29 y 4,19), mientras el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes nos explica cómo hemos de entender la conciencia: “En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal: haz esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente.
 
La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquélla. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. Cuanto mayor es el predominio de la recta conciencia, tanto mayor seguridad tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho y para someterse a las normas objetivas de la moralidad” (nº 16). Recordemos también que el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”. 

Creo que actualmente no hay en España ningún partido con representación parlamentaria (tras el engaño de Rajoy, que ha hecho exactamente lo contrario de lo que nos prometió en la campaña electoral en los puntos que afectan a nuestras convicciones morales) que responda mínimamente a lo que nos pedía Benedicto XVI, pues los demás partidos parlamentarios son incluso más anticatólicos. Está claro que me considero estafado y pido a Dios poder votar a alguien que responda a mi concepción cristiana y no tenga la impresión de que estoy tirando mi voto.




                                                                         PEDRO TREVIJANO   Vía RELIGIÓNenLIBERTAD

Y AHORA, EL JUICIO A MILLET Y CONVERGÈNCIA QUE TUMBARÁ EL 'PROCÉS'

Mañana comienza el juicio oral del macroproceso penal que va a desvelar cómo fue posible que Félix Millet saquease el Palau de la Música en beneficio propio y de CDC

 Fotografía de Félix Millet a su llegada a los juzgados. (EFE)


La lectura de 'Auge y caída de la derecha nacionalista. Del Palau de la Música al PDeCAT' es un buen relato de Jordi Marcet de muy reciente publicación (Editorial Catarata). Ilustra con detalle sobre la mutación del autonomismo al independentismo de la que fuera CDC y ahora es el PDeCAT. Sin embargo, no enfatiza lo esperable sobre la determinante influencia de la corrupción política de los convergentes y sus entornos en el impulso, no tanto del secesionismo, como del llamado proceso soberanista. Mañana miércoles comienza en Barcelona el juicio oral del macroproceso penal que va a desvelar cómo fue posible que el prohombre catalán de la cultura, el muy respetado Félix Millet i Tusell, saquease la institución del Palau de la Música de Barcelona (se defraudaron más de 22 millones de euros) en beneficio propio y de CDC, que, a través de su fundación, pudo embolsarse hasta más de seis millones y medio de euros.
En el banquillo se sentarán 19 acusados por delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, apropiación indebida, blanqueo de capitales y fraude al fisco. Comparecerán 115 testigos y las penas que pide el fiscal para Félix Millet y su cómplice Jordi Montull superan los 27 años de prisión. Para el extesorero de la Fundación Trías Fargas de la ex CDC (ahora denominada CatDem) Daniel Osácar, el ministerio público solicita siete
años y seis meses. El expolio del Palau se produjo entre 2002 y 2009, y nutrió el bolsillo de su máximo responsable (llegó a financiar la boda de sus hijas con su rapiña) y las arcas de CDC. Un complicado mecanismo de comisiones por obras públicas y apropiación de fondos dejó a la burguesía catalana perpleja y a Pujol, Mas y demás dirigentes nacionalistas en una posición algo peor que desairada: eran cómplices por acción o por omisión.
Para los inspectores, el Palau era "un misterio", ya que "se contaban más billetes de 500 que partituras", para los economistas, "agujero negro"
Santiago Tarín, un excelente profesional de 'La Vanguardia', escribió ayer que para los inspectores de Hacienda, el Palau era “un misterio”, ya que “se contaban más billetes de 500 euros que partituras”, y para los economistas “un agujero negro en el que desaparecía el dinero por arte de magia”. Sin embargo, y pese a la advertencia de Pasqual Maragall en 2005 de que "el problema” de CDC era “el 3%”, la Barcelona del momento miró para otro lado hasta que en 2009 saltó el escándalo, que ha tenido un recorrido judicial de ocho largos años y que se conecta con otros procesos por cobro ilegal de comisiones por CDC —he ahí la extraña figura del tesorero Andreu Viloca— y culmina con la confesión de Jordi Pujol en julio de 2014, según la cual había ocultado a la Hacienda Pública un supuesto legado de su padre.
Ya no existen ni CDC ni la Fundación Trías Fargas. Ambas entidades se las llevó la corrupción. Y el proceso soberanista que urdió en 2012 Artur Mas —delfín de Pujol y miembro eminente de la burguesía que reconocía en Millet a un referente de la cultura nacional catalana— resultó constituir la envoltura patriótica precisa para atribuir todas estas excrecencias de la corrupción y el engaño a operaciones conspirativas del Estado para verter en el oasis todo tipo de difamaciones y calumnias. No solo no lo eran, sino que a medida que han ido avanzando los procedimientos, la prepotencia, el descaro y la inmoralidad han aumentado su volumen. De tal manera que las protestas de los independentistas de CDC decaen ante la contundencia de los hechos.
Serán Oriol Junqueras y ERC, quizá con Colau y sus comunes, los que asistirán a la agonía del 'procés' y alumbrarán otro
El sentimiento secesionista de miles y miles de catalanes no está contaminado por la corrupción. Sus aspiraciones deben ser reconocidas como legítimas, por más que no sean, en su radicalidad, mayoritarias. Pero el proceso que se puso en marcha en 2012 por CDC y por Artur Mas, arropado en la épica historicista y en la estética de la movilización colorista, está viciado por un comportamiento incívico de una parte de la dirigencia exconvergente que terminará por tumbarlo, sustituyéndolo por otro planteamiento —más o menos radical, pero en todo caso rupturista— que extirpará de cuajo a la vieja clase pujolista, cuya época se sienta en el banquillo mañana en Barcelona.
Son relevantes las sentencias que recaigan en los casos de Mas, Ortega y Rigau y en el de Homs, cuya vista oral comenzó ayer en el Tribunal Supremo. Pero donde se juega la partida de la autocombustión del proceso soberanista es mañana en Barcelona, en el caso Palau, que es el que marca el declive de la derecha nacionalista que ha tratado de escapar del reproche histórico a su gestión —tras la degradación pública y sumaria de Pujol en 2014— a través del patriotismo secesionista. Serán Oriol Junqueras y ERC, quizá con Colau y sus comunes, los que asistirán a la agonía del 'procés' y alumbrarán otro. Lo seguro es que el tiempo de Mas y sus entornos anteriores y posteriores se ha instalado ya en un purgatorio sin salida de emergencia.   

                               JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Vía EL CONFIDENCIAL


                                                           

 

ANDALUCÍA 28-F, 10 AÑOS DEL FRAUDE AUTONÓMICO

El 18 de febrero de 2007 se votó la reforma del Estatuto andaluz, conformado por artículos 'corta y pega' del Estatut y con "competencias exclusivas" como el flamenco

Manuel Chaves. (Gtres)
 
Dos veces ha pasado el 28 de febrero por la historia reciente de Andalucía, la primera como ilusión y la segunda como fraude. La primera vez, el 28 de febrero de 1980, fue un grito de esperanza y de hastío, una movilización social extraordinaria que acabó en un referéndum en el que la promesa de una autonomía de primer nivel obtuvo un apoyo social mayoritario que no ha tenido paragón en ninguna otra comunidad de España, tampoco en las mal llamadas ‘históricas’, Galicia, Cataluña y Euskadi. La segunda vez, el protagonista fue otro referéndum, celebrado en febrero de 2007, al albur de aquella cita primera, pero ya no había ni ilusión ni movilización; el referéndum de febrero de 2007 lo que certificó fue el fiasco en el que se han convertido muchas autonomías, como el caso de la autonomía andaluza, abandonadas a un juego político superior que todo lo supedita a los intereses del Gobierno de la nación. Confrontación o sumisión, dependiendo de que sea del partido propio o del rival quien se pasee por los jardines del Palacio de la Moncloa. Y donde no existe esa dialéctica política, la malformación autonómica ha degenerado, como es sabido, en un despropósito mayor consistente en culpar a todo el Estado español de la pésima gestión autonómica desde que arrancó la democracia. Hagamos recuento de este despropósito. 
 
Contemplando las dos fechas, la de 1980 y la de 2007, con suficiente perspectiva, podría afirmarse que en ambos casos existía una motivación política subyacente que nada tenía que ver con el objetivo que se manifestaba, pero la diferencia esencial entre las dos ha sido el paso de la ilusión a la indiferencia o el hastío. Como ya se ha apuntado aquí en otra ocasión, la gran relevancia política que tuvo el referéndum andaluz del 28 de febrero de 1980 es que rompió el esquema previamente pactado en la Constitución para que en España, tras la muerte de Franco, solo hubiera tres autonomías con competencias plenas, mientras que las demás se limitaban a una descentralización administrativa parcial. “Nacionalidades y regiones”, precisa, de hecho, la Constitución española en su artículo segundo.
La realidad de subdesarrollo en que el franquismo había dejado postrada a Andalucía y el agravio de esa distinción entre regiones fue el sentimiento que caló de forma extraordinaria en la población andaluza, y fue el PSOE de entonces, liderado por Felipe González, el que vislumbró en aquella movilización una posibilidad certera de desestabilizar para siempre al Gobierno de la UCD. Así ocurrió, y la hábil maniobra del Partido Socialista, que se desdijo del modelo territorial que tenía pactado con Adolfo Suárez, acabó rompiendo en pedazos al partido del Gobierno. Dos años después del referéndum andaluz, el PSOE ya gobernaba en toda España gracias a la ‘oleada del cambio’ que llevó a Felipe González hasta La Moncloa.
¿Qué hubiera ocurrido sin el ‘café para todos’? ¿Se hubiera evitado el actual conflicto separatista de Cataluña?
El problema fundamental de aquello es que el mapa territorial de España nació roto, ya en sus orígenes: de la distinción de “nacionalidades y regiones” se pasó al “café para todos”, que supuso para los nacionalistas, especialmente para los nacionalistas catalanes, un agravio intolerable, un insulto. De hecho, de ahí nacen todos los problemas de 'encaje' en el modelo territorial español a los que se refieren políticos e intelectuales catalanistas cuando hablan del ‘malestar’ de Cataluña: consideran que al igualar a todas las autonomías, lo que se provocó fue una degradación de la catalana, al equipararla a otras sin tradición autonómica.
¿Qué hubiera ocurrido sin el ‘café para todos’? ¿Se hubiera evitado el actual conflicto separatista de Cataluña? ¿O debemos pensar que los nacionalistas, por concepto, siempre se refugian en el agravio y en la reivindicación? Siempre he sostenido que todo se puede hablar pero que previamente, algún día, algún catalanista tendría que explicar en qué perjudica a Cataluña tener los mismos derechos y deberes que sus vecinos. Pero, en fin, esa es otra historia...
La cuestión principal es que, desde el origen, lo que se puede constatar en la corta historia de la democracia española es que el modelo territorial se ha manoseado y utilizado para justificar los fracasos propios y para lanzarlos como arma arrojadiza contra el adversario. Con más claridad que en el famoso ‘café para todos’, se puede ver en la oleada de reformas de estatutos que propiciaron tres presidentes autonómicos socialistas, Pasqual Maragall, Manuel Chaves y José Bono, durante la última legislatura de Aznar (2000-2004) en el Gobierno de la nación. Para desestabilizarlo, se alzó aquella bandera que acabó unos años después con la controvertida reforma del Estatuto catalán, anulada parcialmente en los tribunales, y de forma consecutiva en muchas otras autonomías.
Manuel Chaves y José Luis Rodríguez Zapatero. (Gtres)
Manuel Chaves y José Luis Rodríguez Zapatero. (Gtres)

En el caso andaluz, la reforma del Estatuto se aprobó en referéndum el 18 de febrero de 2007, al calor de la conmemoración del 28 de febrero histórico de 1980. Pero, a diferencia del primero, la reforma estatutaria ya no interesó a casi nadie en Andalucía. Chaves, entonces presidente andaluz, había dicho previamente, cuando las encuestas reflejaban el nulo interés del electorado, que “cuando se hace una reforma del Estatuto, o incluso de la Constitución, no es un problema de conocimiento; la gente intuye qué es lo que está en juego”, pero la verdad es que no acudió a votar más que un 31% de los votantes andaluces. ¡Ni un tercio del electorado fue a votar después de cinco o seis años de debate monográfico en la política andaluza! Pero es que en Cataluña, el referéndum de la reforma del Estatut, celebrado en 2006, no llegó a conmover ni al 50% de censo electoral.
El interés de la reforma del Estatuto andaluz, aquel 28-F que se quiso montar de forma artificial hace ahora 10 años, era exclusivamente de la clase política autonómica, nunca de la ciudadanía. Y transcurrido este primer decenio, se puede constatar todavía mejor la vacuidad de todo aquello. Muchos artículos se limitaban a un 'corta y pega' del Estatut de Cataluña, con una proliferación de 'competencias exclusivas' frente al Estado y frente a las demás autonomías que llegaron al absurdo inigualable de considerar el flamenco como una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía.
 
En otros casos, la reforma sirvió para adaptar la redacción al lenguaje de género, contra el criterio de la Real Academia de la Lengua, o para incluir cursiladas del tipo de esta definición de Andalucía, que figura en el preámbulo: “La interculturalidad de prácticas, hábitos y modos de vida se ha expresado a lo largo del tiempo sobre una unidad de fondo que acrisola una pluralidad histórica, y se manifiesta en un patrimonio cultural tangible e intangible, dinámico y cambiante, popular y culto, único entre las culturas del mundo”.
En otros casos, como en lo referente al empleo, el problema más grave que tiene Andalucía, acaso a la par con el fracaso educativo —porque podemos considerarlos vasos comunicantes—, la reforma del Estatuto sirvió para pasar de decir en el artículo correspondiente que se perseguía “la consecución del pleno empleo” a prometer la consecución del “pleno empleo estable y de calidad”. No solo no se ha conseguido ‘pleno empleo’, como es obvio, sino que, además, cuando se aprobó la ridícula reforma del Estatuto andaluz en 2007, en Andalucía había 477.784 parados registrados en las listas del Servicio Andaluz de Empleo y en la actualidad hay un total en 883.077 parados inscritos en esas mismas oficinas. ¿Hace falta decir más? Se aprobó la reforma del Estatuto y el paro se ha duplicado.
Diez años, sí, ese es el aniversario paralelo de este 28 de febrero, el del fraude de la reforma del Estatuto de Autonomía que se ofreció como “el vehículo esencial para el progreso de Andalucía”. Ya ven. Fraude total. Porque cuando se mira hacia atrás, se comprueba que la vacuidad inmensa de aquella jugada política solo ha provocado en Andalucía una mayor decepción del hecho autonómico y, en toda España, un desastre territorial mayor que el que ya existía.

                                              JAVIER CARABALLO  Vía EL CONFIDENCIAL

 

Las tarjetas black y el buen gobierno corporativo: sobran los corruptos de los consejos

El ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, durante su detención en abril de 2015. EFE


Nadie como Francisco de Quevedo supo radiografiar tan certeramente las miserias de un país, de esa España decante del siglo XVII, con apenas cinco palabras. “Poderoso caballero es don dinero”. Han pasado ya cuatro siglos de su más famosa letrilla. Estrofas breves, salpicadas de pegadizos estribillos, ideadas como vehículo contra la corrupción de la época. Un cáncer que soporta estoicamente el paso del tiempo. Hace cuatro días, lo que iba a ser una mañana de jueves cualquiera, se convirtió en un homenaje a la letrilla de Quevedo. En apenas cinco horas se concentraron las denuncias de un fiscal contra las amenazas para juzgar libremente la presunta corrupción del presidente de Murcia; la vuelta a Suiza de Urdangarin tras eludir la prisión preventiva sin que mediase fianza de por medio; las penas de cárcel para Blesa, Rato y el resto de ‘paganinis’ con tarjetas black y el levantamiento de la fianza de 4,2 millones a José Antonio Griñán por el caso de los ERE. “Poderoso caballero es don dinero”.
La concatenación de titulares señala a todas nuestras fuerzas vivas. La Justicia. Los políticos y sus cambios de paso continuos frente a la corrupción. La última desilusión llega desde Ciudadanos, el partido que obligó en sus pactos con PSOE y PP a expulsar de los partidos a los políticos imputados pero que, sin embargo, ahora hace juegos dialécticos para perdonar al pepero Pedro Antonio Sánchez hasta la apertura del juicio oral. En el último vértice de ese triángulo, la corrupción señala a la gran empresa española, a quien la sentencia de las tarjetas black le brinda una oportunidad histórica: pegar ese puñetazo en la mesa contra la corrupción, enarbolando ese bisturí contra los tramposos, que tanto exige el mundo empresarial a los políticos, expulsándolos de los consejos. La decisión necesita alta dosis de valentía.
La última desilusión llega de Ciudadanos, que obligó en sus pactos a expulsar de los partidos a los imputados pero que ahora hace juegos dialécticos para perdonar al pepero Pedro Antonio Sánchez
El brete es superlativo para OHL (Javier López Madrid), El Corte Inglés (Estanislao Rodríguez Ponga), Fertiberia (Juan Iranzo), Laboratorios Rovi (Miguel Corsini) o la patrimonial Antamira (Ramón Espinar), dedicada a la promoción de colegios. La legislación (artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital) es contundente: “No pueden ser administradores (...) los condenados por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico”. Y la apropiación indebida, por la que han sido condenados los 65 imputados por las visas opacas, es una de las faltas que inhabilitan para ser consejero de una compañía en España. En los precedentes que hemos conocido hasta la fecha, las empresas suelen excusarse en sus propios reglamentos internos de conducta o códigos de buen gobierno para eludir la norma general y proteger al condenado o imputado. Hoy por ti, mañana por mí. Así lo hizo Santander con Rato hasta que Ana Patricia Botín encontró una solución más imaginativa: disolver en pleno su consejo asesor internacional, donde el ex político seguía cobrando pese a su doble imputación por las black y el caso Bankia, para no señalar directamente al ex capo del FMI.
Paradójicamente, Rodrigo Rato quiso convertirse en el guía moral frente a los pecados de la gran empresa. Fue en sus días de vino y rosas durante el primer Gobierno de José María Aznar. Aquel vicepresidente impulsó el primer Código de Buen Gobierno (febrero 1997) para evitar corruptelas y desmanes en el marco de la política del nuevo Gobierno de privatizaciones y venta de sociedades públicas. El objetivo de la reforma quedaba claro: mejorar la credibilidad, la responsabilidad y la transparencia en el gobierno de las sociedades cotizadas y de cuantas captan recursos financieros en los mercados. Nunca pensó Rato en el bumerán que acababa de idear.
La Comisión Especial redactora no denominó al Código Olivenza con el calificativo de ético, sino con la expresión “Buen Gobierno”. Un giro que trasciende a la semántica. Suponía una verdadera puerta de atrás para evitar la condena directa al tramposo. De esta manera, las recomendaciones del consejo en materia de buenas prácticas se convertían en deberes de adopción voluntaria por sus destinatarios, de acuerdo a un conjunto de medidas que se estimaban adecuadas para mejorar el gobierno de las sociedades según un modelo ideal de autorregulación racional y correcta. En caso de no acatarlas, no hay manchas en el expediente.
Pese a que ese primer Código se inspiró en valores morales e incluso reclamó la observancia en la dirección de las sociedades de “aquellos deberes éticos que razonablemente sean apropiados para la responsable conducción de los negocios”, no quiso confundir la naturaleza de las recomendaciones con lo ético, con el riesgo de concluir que, de no seguirlas, se incurre en conducta contraria a la moral. “Que la recomendación sea éticamente correcta no puede suponer que sea incorrecta cualquier otra”, sostienen los expertos.
Las dos actualizaciones de ese primario código de conducta (los informes Aldama -2003- y Conthe -2006-) no metieron el dedo en la llaga y continuaron sin introducir esa obligación de cese del consejero, no sólo imputado, sino condenado por la Justicia. Los nuevos artículos incidieron más en otro tipo de reformas del gobierno corporativo, como el mayor peso de los pequeños accionistas en los consejos, plazos de mandato de los dominicales o mayor paridad en los órganos de decisión de las empresas.
El cerco contra los consejeros corruptos parecía estrecharse en el último Código de Buen Gobierno (2015), elaborado durante el mandato de Elvira Rodríguez en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sin embargo, la redacción final volvía a no imponer el cese obligatorio de un consejero condenado. El texto únicamente determina que el consejo se pronunciará sobre la conveniencia o no de que permanezca en dicho órgano un consejero que sea procesado –no meramente imputado- por delitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas, además de dar cuenta de forma razonada en su informe anual de gobierno corporativo.
Desde OHL sostenían esta misma semana que mientras la sentencia no sea firme, López Madrid no está obligado a nada
Pese a la proliferación de casos, en muy pocas ocasiones aparece rellenado en los informes anuales de gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas españolas el espacio dedicado a la respuesta afirmativa que plantea la consulta que se realiza en el apartado C.1.43 del documento: “Indique si algún miembro del consejo de administración ha informado a la sociedad que ha resultado procesado o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital”.
Los desmanes de Javier López Madrid han forzado a OHL a retratarse desde hace un par de ejercicios. A pesar de su condena en el juicio de las tarjetas black (seis meses de prisión) y del daño que la misma puede ocasionar a la imagen de la compañía española, OHL no parece dispuesta a llevar al límite su propio reglamento y actuar en consecuencia. Desde la compañía española sostenían esta misma semana que mientras la sentencia no sea firme, López Madrid no está obligado a nada. Sin embargo, el Reglamento del Consejo de Administración de OHL no hace mención alguna al hecho de que la sentencia sea firme o no.
Otro cortafuegos, el último , para proteger al señalado. Una lástima. Más en un tiempo en el que todas las empresas ponen la lupa en su mejora del gobierno corporativo. La gran empresa tiene una magnífica oportunidad de transformar la sentencia por las black en una verdadera catarsis moral. En un nuevo código ético contra la corrupción. En convertir en proscrito al tramposo pese a ser ‘uno de los nuestros’. En demostrar a Quevedo que hemos pasado página. Que don dinero, ya no es tan poderoso caballero.

                                                                              MIGUEL ALBA   Vía VOZ PÓPULI