Desde el principio del caso Bankia me di cuenta que nos metíamos en una batalla no contra una determinada entidad financiera sino frente a todo un régimen. La primera señal de alarma vino cuando en el año 2012 el grupo de UPyD en el Congreso (en el que yo trabajaba) no encontró ni un solo partido político que quisiera secundar una petición para crear una comisión de investigación por el desfalco de Bankia. En ese momento se acaba de conocer la dimisión de Rato, la reformulación de las cuentas, el rescate multimillonario y la reducción a un valor tendente a cero de las acciones que se habían sacado a cotización poco tiempo antes. Casi nada.
Esa impresión inicial se vio reforzada al constatar la frialdad con que los medios acogieron la presentación de la querella en la Audiencia Nacional y no hizo sino acrecentarse cuando constaté que el Estado, a través del FROB, se personaba en el procedimiento ya abierto como acusación particular, para a continuación pasar a defender sin disimulo alguno las tesis de los imputados, oponerse a las diligencias de investigación que proponíamos e impugnar nuestros recursos. Ciertamente curioso, ¿no?
A duras penas fuimos avanzando en la procelosa instrucción, mientras proseguían los ataques desaforados contra UPyD y su líder, Rosa Díez, que consiguieron desintegrar (aplastarlo como una nuez, que diría Margallo) el citado proyecto político que había tenido la osadía de meterse en la garganta del sistema para intentar cambiarlo desde dentro.
Como soy de naturaleza insistente (pesado, que diría mi mujer) y me gusta terminar las cosas que empiezo me propuse continuar adelante, con la fortuna de toparme por el camino con alguna otra gente honrada y trabajadora (palabras que hoy en día suena a cosa antigua), como la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) que, en las antípodas de los sindicatos mayoritarios, decidió tomar el relevo de la acusación popular tras el desistimiento de UPyD. No vi, por cierto, ningún atisbo de colaboración en los adalides de la regeneración democrática que ahora, con la instrucción casi terminada, piden una comisión de investigación parlamentaria. Nueva política, lo llaman, al vino nuevo en odres viejos.
Seguí en el tajo sin levantar la cabeza, se sucedieron las diligencias, las declaraciones, los informes periciales y, cosas de la vida, conseguimos que se acordara también la declaración en calidad de investigada de Deloitte, la auditora externa, no sin antes haberlo intentado varias veces, en las que no nos libramos de los habituales reproches de oportunismo, ansias de protagonismo y otras lindezas por el estilo. Nada nuevo.
Algo debió de preocupar ya por entonces al Banco de España que pergeño toda una estrategia, con la colaboración del FROB (que seguía de ¡acusación!) para intentar defender la existencia de unos supuestos “colchones” financieros, para lo cual no dudaron en llevar a declarar (con la ayuda de Fiscalía) a toda la plana mayor de inspectores, los (curiosamente) ahora imputados. Pero resulta que, como le solía pasar al Coyote, la estrategia se les cayó en la cabeza, dándonos oportunidad a pedir la aportación de los cuatro correos electrónicos que han revolucionado la causa.
EL Auto de 13 de febrero de 2017 de la Sala Penal es sin duda pionero, pues por primera vez los máximos responsables de los organismos supervisores españoles van a tener que dar explicaciones en sede judicial, en calidad de investigados, por posibles irregularidades en el desempeño de su función supervisora, mediante una decisión que no tiene tampoco parangón en los países de nuestro entorno, que al igual que España sufrieron los estragos de la crisis financiera internacional, en nuestro caso agravada por la burbuja inmobiliaria que irresponsablemente dejaron crecer y crecer nuestros políticos.
Como no podía ser de otra manera, la resolución ha tenido una repercusión mediática importante y muchos periodistas me han felicitado e incluso agradecido mi labor en privado, entrando en un verdadero carrusel mediático de varios días que me ha llevado a intervenir en radios, teles y entrevistas de variados formatos.
Mucho también se ha escrito estos días sobre la decisión de la Sala, pero tanto los artículos publicados como las preguntas que me han ido realizando en los medios me han permitido constatar que la sombra del establishment es ciertamente alargada y el lobby del Banco de España es uno de los más organizados y efectivos. Así, los tertulianos de rigor me han preguntado insistentemente, en un tono con cierto matiz acusatorio, que a ver qué delitos se les imputaba (como si el Auto no fuera claro al indicar los indicios de criminalidad) y si no era más cierto que intentábamos convertir un reproche político en una cuestión penal. O me han reprochado, con tono de pregunta, si la imputación no era un “balón de oxigeno” para Rato y los restantes consejeros imputados, que les permitirá derivar su responsabilidad hacia el supervisor, que por otro lado nada ganaba permitiendo la salida a bolsa.
A todo he respondido con paciencia y argumentos, que no puedo ahora (por una cuestión de espacio) reproducir. No obstante, algunos destacados periodistas han ido más allá y calificado la decisión de la Audiencia Nacional de nada menos que “populismo judicial” (supongo que lo habrán hecho sin leer el Auto, pues otra explicación no me cabe). Y otros, como el “El País”, apelaba con grandilocuentes palabras en un reciente editorial a la presunción de inocencia de MAFO y advertía (después de cinco años de exhaustiva instrucción) del riesgo de “exámenes apresurados, condenas precipitadas y conclusiones sin fundamento”, censurando la actuación no de los imputados sino del inspector del Banco de España que vaticinó el desastre, pues “la primera obligación de los inspectores es presentar la información en tiempo y forma, dejando constancia escrita y no a través de correos electrónicos”. ¡Toma ya!
Nos acabamos de enterar de que unos e-mail (de nada menos que 23 páginas, desde la cuenta de correo institucional y respondiendo a una petición de sus superiores) no es una forma de dejar constancia escrita. ¿Qué querían que hiciera, que les mandara un burofax con acuse de recibo?
Mientras esto ocurría tanto el Banco de España como la CNMV emitían sendos comunicados cerrando filas, y poco menos que solidarizándose con las victimas de tan atropelladas imputaciones, mientras se recogían firmas de apoyo a los afectados.
Si en algún momento pensé que, por fin, habíamos conseguido que los máximos responsables de la supervisión de nuestro sistema financiero, que fracasaron estrepitosamente en su función, fueran a reflexionar sobre lo ocurrido me equivoqué. Da igual que el Gobernador sea hoy otro distinto del imputado, pues el sistema que lo protege y ampara es el mismo y va a dar la batalla hasta el final. Recursos no le faltan.
ANDRÉS HERZOG Vía VOZ PÓPULI
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