El 18 de febrero de 2007 se votó la reforma del Estatuto andaluz, conformado por artículos 'corta y pega' del Estatut y con "competencias exclusivas" como el flamenco
Manuel Chaves. (Gtres)
Dos veces ha pasado el 28 de febrero por la historia reciente de Andalucía, la primera como ilusión y la segunda como fraude. La primera vez, el 28 de febrero de 1980, fue un grito de esperanza y de hastío, una movilización social extraordinaria que acabó en un referéndum en el que la promesa de una autonomía de primer nivel obtuvo un apoyo social mayoritario que no ha tenido paragón en ninguna otra comunidad de España, tampoco en las mal llamadas ‘históricas’, Galicia, Cataluña y Euskadi. La segunda vez, el protagonista fue otro referéndum, celebrado en febrero de 2007, al albur de aquella cita primera, pero ya no había ni ilusión ni movilización; el referéndum de febrero de 2007 lo que certificó fue el fiasco en el que se han convertido muchas autonomías, como el caso de la autonomía andaluza, abandonadas a un juego político superior que todo lo supedita a los intereses del Gobierno de la nación. Confrontación o sumisión, dependiendo de que sea del partido propio o del rival quien se pasee por los jardines del Palacio de la Moncloa. Y donde no existe esa dialéctica política, la malformación autonómica ha degenerado, como es sabido, en un despropósito mayor consistente en culpar a todo el Estado español de la pésima gestión autonómica desde que arrancó la democracia. Hagamos recuento de este despropósito.
Contemplando las dos fechas, la de 1980 y la de 2007, con suficiente perspectiva, podría afirmarse que en ambos casos existía una motivación política subyacente que nada tenía que ver con el objetivo que se manifestaba, pero la diferencia esencial entre las dos ha sido el paso de la ilusión a la indiferencia o el hastío. Como ya se ha apuntado aquí en otra ocasión, la gran relevancia política que tuvo el referéndum andaluz del 28 de febrero de 1980 es que rompió el esquema previamente pactado en la Constitución para que en España, tras la muerte de Franco, solo hubiera tres autonomías con competencias plenas, mientras que las demás se limitaban a una descentralización administrativa parcial. “Nacionalidades y regiones”, precisa, de hecho, la Constitución española en su artículo segundo.
La realidad de subdesarrollo en que el franquismo había dejado postrada a Andalucía y el agravio de esa distinción entre regiones fue el sentimiento que caló de forma extraordinaria en la población andaluza, y fue el PSOE de entonces, liderado por Felipe González, el que vislumbró en aquella movilización una posibilidad certera de desestabilizar para siempre al Gobierno de la UCD. Así ocurrió, y la hábil maniobra del Partido Socialista, que se desdijo del modelo territorial que tenía pactado con Adolfo Suárez, acabó rompiendo en pedazos al partido del Gobierno. Dos años después del referéndum andaluz, el PSOE ya gobernaba en toda España gracias a la ‘oleada del cambio’ que llevó a Felipe González hasta La Moncloa.
¿Qué hubiera ocurrido sin el ‘café para todos’? ¿Se hubiera evitado el actual conflicto separatista de Cataluña?
El problema fundamental de aquello es que el mapa territorial de España nació roto, ya en sus orígenes: de la distinción de “nacionalidades y regiones” se pasó al “café para todos”, que supuso para los nacionalistas, especialmente para los nacionalistas catalanes, un agravio intolerable, un insulto. De hecho, de ahí nacen todos los problemas de 'encaje' en el modelo territorial español a los que se refieren políticos e intelectuales catalanistas cuando hablan del ‘malestar’ de Cataluña: consideran que al igualar a todas las autonomías, lo que se provocó fue una degradación de la catalana, al equipararla a otras sin tradición autonómica.
¿Qué hubiera ocurrido sin el ‘café para todos’? ¿Se hubiera evitado el actual conflicto separatista de Cataluña? ¿O debemos pensar que los nacionalistas, por concepto, siempre se refugian en el agravio y en la reivindicación? Siempre he sostenido que todo se puede hablar pero que previamente, algún día, algún catalanista tendría que explicar en qué perjudica a Cataluña tener los mismos derechos y deberes que sus vecinos. Pero, en fin, esa es otra historia...
La cuestión principal es que, desde el origen, lo que se puede constatar en la corta historia de la democracia española es que el modelo territorial se ha manoseado y utilizado para justificar los fracasos propios y para lanzarlos como arma arrojadiza contra el adversario. Con más claridad que en el famoso ‘café para todos’, se puede ver en la oleada de reformas de estatutos que propiciaron tres presidentes autonómicos socialistas, Pasqual Maragall, Manuel Chaves y José Bono, durante la última legislatura de Aznar (2000-2004) en el Gobierno de la nación. Para desestabilizarlo, se alzó aquella bandera que acabó unos años después con la controvertida reforma del Estatuto catalán, anulada parcialmente en los tribunales, y de forma consecutiva en muchas otras autonomías.
En el caso andaluz, la reforma del Estatuto se aprobó en referéndum el 18 de febrero de 2007, al calor de la conmemoración del 28 de febrero histórico de 1980. Pero, a diferencia del primero, la reforma estatutaria ya no interesó a casi nadie en Andalucía. Chaves, entonces presidente andaluz, había dicho previamente, cuando las encuestas reflejaban el nulo interés del electorado, que “cuando se hace una reforma del Estatuto, o incluso de la Constitución, no es un problema de conocimiento; la gente intuye qué es lo que está en juego”, pero la verdad es que no acudió a votar más que un 31% de los votantes andaluces. ¡Ni un tercio del electorado fue a votar después de cinco o seis años de debate monográfico en la política andaluza! Pero es que en Cataluña, el referéndum de la reforma del Estatut, celebrado en 2006, no llegó a conmover ni al 50% de censo electoral.
En otros casos, la reforma sirvió para adaptar la redacción al lenguaje de género, contra el criterio de la Real Academia de la Lengua, o para incluir cursiladas del tipo de esta definición de Andalucía, que figura en el preámbulo: “La interculturalidad de prácticas, hábitos y modos de vida se ha expresado a lo largo del tiempo sobre una unidad de fondo que acrisola una pluralidad histórica, y se manifiesta en un patrimonio cultural tangible e intangible, dinámico y cambiante, popular y culto, único entre las culturas del mundo”.
En otros casos, como en lo referente al empleo, el problema más grave que tiene Andalucía, acaso a la par con el fracaso educativo —porque podemos considerarlos vasos comunicantes—, la reforma del Estatuto sirvió para pasar de decir en el artículo correspondiente que se perseguía “la consecución del pleno empleo” a prometer la consecución del “pleno empleo estable y de calidad”. No solo no se ha conseguido ‘pleno empleo’, como es obvio, sino que, además, cuando se aprobó la ridícula reforma del Estatuto andaluz en 2007, en Andalucía había 477.784 parados registrados en las listas del Servicio Andaluz de Empleo y en la actualidad hay un total en 883.077 parados inscritos en esas mismas oficinas. ¿Hace falta decir más? Se aprobó la reforma del Estatuto y el paro se ha duplicado.
Diez años, sí, ese es el aniversario paralelo de este 28 de febrero, el del fraude de la reforma del Estatuto de Autonomía que se ofreció como “el vehículo esencial para el progreso de Andalucía”. Ya ven. Fraude total. Porque cuando se mira hacia atrás, se comprueba que la vacuidad inmensa de aquella jugada política solo ha provocado en Andalucía una mayor decepción del hecho autonómico y, en toda España, un desastre territorial mayor que el que ya existía.
JAVIER CARABALLO Vía EL CONFIDENCIAL
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