EL FIN DEL APACIGUAMIENTO

No sé si la hora de la verdad llegará inmediatamente, como reacción a la declaración abiertamente insurreccional del Parlamento catalán. O si lo hará dentro de unas semanas, cuando inicien "la tramitación de las leyes del proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública". O cuando adopten las "medidas necesarias para abrir el proceso de desconexión democrática y masiva (…) con el Estado español". Pero es evidente que se cierra un ciclo, y que comienza una etapa en la que España tendrá que afrontar con una actitud diferente el problema nacionalista.

La nueva actitud no consistirá en ulteriores concesiones, al estilo de las que presumiblemente propone la izquierda cuando habla de "tercera vía" o "Estado federal". España es ya un Estado federal de facto, y Cataluña dispone de muchas más competencias que, por ejemplo, los Länder alemanes.

Consagrar la "nación catalana" en la Constitución, blindar para la eternidad las competencias lingüísticas y educativas de la Generalidad (y la consiguiente capitidisminución de los hispano-hablantes de Cataluña), extender a Cataluña el cupo fiscal vasco, serían medidas suicidas que harían a España definitivamente insostenible. Afortunadamente, los independentistas parecen sinceros en su rechazo de cualesquiera terceras vías. Su radicalización nos ahorrará la enésima humillación. No hay mal que por bien no venga.

El ciclo que ahora se cierra comenzó en la Transición, cuando la clase política y la élite cultural de la democracia interiorizaron el relato histórico de los nacionalismos antiespañoles: España, secularmente culpable de centralismo y opresión, debía expiar sus pecados concediendo a las supuestas víctimas amplias facultades de autogobierno; una vez saciada su hambre y sed de justicia, los nacionalistas quedarían encajados en el sistema. Además, quien defendiese la unidad nacional se hacía sospechoso de franquismo, y evitar esa lacra es un reflejo de Paulov en todo político.

Se comprobó muy pronto, sin embargo, que los nacionalistas catalanes y vascos no se conformarían con una razonable descentralización; al contrario, aprovechaban las competencias autonómicas –especialmente las educativas– para hacer país adoctrinando a la población en el separatismo.

 

Los gobiernos de UCD, PSOE y PP –cada vez más culpables, a medida que se hacía más patente la deslealtad separatista– siguieron creyendo (o simulando creer) en el appeasement: una cesión más y los nacionalismos, esta vez sí, quedarían cómodos e integrados. Los Sánchez o Iglesias terceraviarios todavía proponen más de lo mismo, dispuestos a ofrendar las últimas gotas de sentido y dignidad nacionales en el altar del separatismo insaciable.

Pero el ciclo del apaciguamiento ha concluido. Hasta Chamberlain supo dejar de alimentar a la fiera. Ahora el desafío es frontal y no desactivable mediante nuevas claudicaciones. España tendrá que reaccionar: la media Cataluña no nacionalista no puede ser abandonada a su suerte. El artículo 155 de la Constitución es lamentablemente ambiguo –que en 37 años no haya sido desarrollado legislativamente es una expresión más del encogimiento moral de los gobiernos de Madrid– pero suficiente para amparar una intervención o suspensión de la Generalidad.

Es evidente que las autoridades autonómicas no cumplen "las obligaciones que la Constitución u otras leyes" les imponen, y que actúan "de forma que atenta gravemente al interés general de España".

Sí, el tumor está muy avanzado, y requiere cirugía mayor. Sólo si se arrebata a los nacionalistas la educación y demás medios de adoctrinamiento se podría iniciar un lento proceso de recuperación del imaginario colectivo (el ministro Wert habló de "españolizar a los niños catalanes" en un momento de milagrosa inspiración, siendo desautorizado por su propio partido; sin embargo, se trataría precisamente de eso).

El gobierno español podría asumir las competencias de manera provisional; pero, a medio plazo, sería imprescindible una reforma constitucional que permita la recuperación definitiva de la educación por el Estado. En realidad, sería preciso replantearse todo el sistema autonómico.

Las autonomías, inventadas para aplacar a los nacionalismos, han servido en realidad para exacerbarlos y para desarrollar 17 taifas con sus correspondientes clases políticas, organismos superfluos y redes clientelares. Las encuestas muestran que casi un 40% de los españoles serían partidarios de un reforzamiento del poder central, y de una reducción o eliminación de los autonómicos. ¿Quién los representa? ¿Por qué la recentralización sigue siendo tabú?

Pasar de una estrategia de apaciguamiento del nacionalismo a otra de enfrentamiento y victoria ("Somos más, y en España se hará lo que la mayoría de los españoles queremos") es adentrarse en territorio desconocido, cosa que siempre suscita vértigo. Pero no creo que llegáramos a un escenario balcánico. Ya tenemos un precedente: los años venturosos en los que Aznar ilegalizó Batasuna y puso de verdad en el punto de mira al entramado abertzale. No ardieron las calles, San Sebastián no fue Sarajevo. Al contrario: los vascos no nacionalistas se sintieron por una vez defendidos, y pudieron andar por fin con la cabeza alta.

En Cataluña sería igual. En las sociedades acomodadas y post-heroicas –con una renta per cápita superior a los 30.000 dólares y una esperanza de vida de ochenta– el nacionalismo puede alimentar manifestaciones-verbena y pitadas en los estadios, pero no la guerrilla urbana. Nadie se juega ya la expectativa de varias décadas de vida confortable por ningún ideal romántico. Batet necesitó una división; ahora bastarían el BOE y el grifo de la financiación autonómica.

                           FRANCISCO JOSÉ CONTRERAS    Vía LIBERTAD DIGITAL

EN CATALUÑA RAJOY CREE QUE LLUEVE

Una proverbial, y seguramente injusta, caracterización de los gallegos los presenta como seres capaces de convertir una grave afrenta en un fenómeno meteorológico bastante común. Aunque el retrato sea malintencionado y enteramente inverosímil, a Rajoy le pinta a las mil maravillas, le cuadraría igualmente al milímetro así fuese vasco, aragonés o asturiano. Resulta que en Cataluña llevan años haciendo mangas y capirotes con las leyes comunes, pisoteando alegremente los derechos, culturales, educativos y políticos, de quienes no comulgan con la religión secesionista, haciendo referéndums que, según Rajoy nunca se harían, y, para colmo, se han lanzado a aprobar en el Parlamento una declaración formalmente sediciosa, y todo lo que se le ocurre a Rajoy, es decir que va a aplicar la ley sin vacilaciones, y que tiene un plan que ya se irá viendo, mientras que lo que realmente se ve es que el Mas, la Forcadell, el Romeva, el chico de Ezquerra, la CUP y toda su santa compaña se toman la ley, y a los millones de catalanes y de españoles que la hemos aprobado y la cumplimos, a chacota.

Lo que produce auténtico pasmo es que algunos crean que Rajoy se está haciendo respetar, incluso que está forzando un poquito la máquina de doblegar sediciosos para recuperar los millones de votos perdidos

Las patadas que le dan en nuestro culo

Rajoy se figura que, puesto que los españoles le eligieron a él, han de comulgar con sus ocurrencias, y se olvida de que en las elecciones, como en El Corte Inglés, si el cliente no resulta satisfecho puede recuperar su dinero, y votar lo que sea con tal de perder de vista semejante adefesio político. De momento, las patadas del descontento han caído más en nuestro culo que en el suyo, pero todo llegará.

Lo que produce auténtico pasmo es que algunos crean que Rajoy se está haciendo respetar, incluso que está forzando un poquito la máquina de doblegar sediciosos para recuperar los millones de votos que ha perdido y que

ahora reclama con argumentos tan escasamente convincentes como su leguleya oposición a las bravatas de los catalanes que quieren dejar de ser españoles.

Es injusto echarle a Rajoy todas las culpas de una situación tan infausta, dramática y ridícula como la que padecemos, pero no se puede pasar por alto que él es la persona que está máximamente obligada a plantar eficazmente cara a un proceso que ha roto ya con todas las reglas de la democracia, que se cisca en las leyes, y que amenaza gravemente la paz y el futuro de todos. Cuando te están dando una paliza a modo, poner cara de antropólogo aficionado a la semántica o recordar las reglas del Marqués de Queensberry no es signo de inteligencia y de prudencia, sino de manifiesta estolidez.

Un Cid que quiere ganar batallas después de muerto 

La inteligencia política de este PP se ha puesto, una vez más, de manifiesto al tratar de ganar una batalla perdida no alanceando a moro muerto, sino poniendo al muerto al frente de las mesnadas y confiando en que la desmemoria y el temor oficien el miagro de la resurrección, o, al menos, logren que el difunto sea capaz de firmar un armisticio que los coloque a todos, o casi. Esta cadavérica y plasmática impavidez de Rajoy le va a salir muy cara, porque el Cid que ganó la mítica batalla siendo ya cadáver había asestado algunos mandobles y todo el mundo sabía que si subía de nuevo en Babieca no iba a ser para decir bobadas. Rajoy, por el contrario, no ha dado ningún espadazo, salvo en las cabezas y bolsillos de sus votantes, y caben serias dudas de que la cofradía de masoquistas empeñada en que ahora hará lo contrario de lo que ha hecho logre muchos más adeptos de los razonables, los socios de cuota y los que han logrado vivir de un cuento tan malo y soso como el rajoyano. Por si su desatención a quienes algún día esperaron de él que hiciera algo fuera magro capital, su pretendidamente dramática salida al escenario para acollonar a los sediciosos ha producido risas en los que debieran sentirse afectados y temblores nerviosos en los que esperaban poderse confortar,… y esto no ha

hecho más que empezar.

Visto que Rajoy no da más de sí, bueno sería que otros pudiesen acudir al rescate de la maltrecha dignidad nacional, y los optimistas estamos seguros de que así será

La responsabilidad de los demás

Visto que Rajoy no da más de sí, bueno sería que otros pudiesen acudir al rescate de la maltrecha dignidad nacional, y los optimistas estamos seguros de que así será. Como ahora se cotiza en futuro, no importa que los escaños sean pocos si las esperanzas son fuertes, y hay que esperar que Albert Rivera y Pedro Sánchezsepan estar a la altura de sus responsabilidades para obligar al Gobierno en funciones, y a todas las instituciones públicas, a defender la unidad y la libertad de todos, en unos meses que se adivinan movidos y que un Gobierno que no ignorase por completo, como le ha sucedido a éste, lo que es la política, hubiese podido evitarnos sin demasiadas complicaciones. España ha sorteado con fortuna, como lo recuerda el libro de Tom Burns, situaciones muy difíciles, y hay que esperar que salgamos con bien también de ésta, pero se va a exigir un esfuerzo nada pequeño de todos, y no acabaremos bien si no se corrigen los vicios de fondo que han permitido que crezcan los defectos que comentamos, un Gobierno que confunde su trabajo con escribir en el BOE, y unos individuos que se ven muchos y se atreven a desafiarnos a todos pensando en que vamos a ser tan pánfilos como lo es quien tan desmadejadamente nos representa.

El origen del mal

Ante todos los fallos multiorgánicos, los doctores discrepan de las causas, y lo que suele ser peor, de los remedios. Algo marcha muy mal en la España de 2015, algo que seguramente no podían ni imaginar los españoles que a finales de los setenta abrieron sus ojos a un futuro de libertad y prosperidad abandonando una minoría de edad política que resultaba tan extraña como improrrogable. Sólo pretendo en

estas líneas finales apuntar a un fenómeno profundamente anormal que deberemos empezar a corregir, si es que deseamos que, en verdad, un cambio positivo nos devuelva a sendas de progreso y de confianza.

El problema está en la insuficiencia básica de la democracia española, en una infausta herencia del paternalismo autoritario que se ha enquistado tanto en la derecha como en la izquierda

En mi opinión, el problema está en la insuficiencia básica de la democracia española, en una infausta herencia del paternalismo autoritario que se ha enquistado tanto en la derecha como en la izquierda, en la necia esperanza de que se nos dé lo que debemos lograr, de que se legisle la felicidad y la prosperidad, de esperarlo todo de los políticos que tan largamente nos muestran que su lengua es mucho más fértil que sus acciones. De esta insulsa manía se deriva también el cáncer catalán, la esperanza en que unos cuantos vayan a ser capaces de alcanzar el paraíso para los nuestros, aunque haya que saltarse las leyes que haga falta. La perversa idea de que la política todo lo puede, cursa con un vicio profundamente arraigado, tal vez especialmente en la izquierda, con la convicción de que no hay que respetar las leyes, con la creencia deletérea de que la libertad y los derechos de los demás no existen cuando se contraponen a los nuestros. Y un fruto especialmente sandio de esta sarta de patéticas confusiones es también la tontísima idea rajoyana de que le debemos el voto a quien, a su parecer, nos ha salvado del desastre,…¡lo que hay que oír!.

                                                       J. L. GONZÁLEZ QUIRÓS   Vía VOZ POPULI

CUANDO LA LEY NO EXISTE

Imagine que, leyendo la prensa, se topa de bruces con un caso de corrupción que afecta a dirigentes de su partido favorito. ¿Reacciona enfurecido contra el medio por airear las vergüenzas de su formación política... pero no la suciedad de los rivales? ¿Se siente vilipendiado, piensa que la prensa se ceba siempre con los suyos? ¿Se lanza a escribir irritados comentarios instando a los periodistas a destapar la podredumbre del partido contrario? Seguro que las respuestas son negativas. Pero si fueran afirmativas, usted formaría parte de ese notable porcentaje de hooligans políticos, de incondicionales de sus colores, esos prosélitos ciegamente identificados con una formación, opción o tendencia política. De ese colectivo mucho menos preocupado por la corrupción, o por el perverso funcionamiento del sistema, que por la pérdida de imagen y votos. Estaría contribuyendo a empujar la contienda partidista a terrenos donde deberían imperar ciertas reglas justas aceptadas por todos: las convenciones compartidas.

La competencia política es sana cuando las reglas del juego impiden sobrepasar determinadas barreras. Cuando imperan ciertas convenciones como el juego limpio, el rechazo de dobles raseros o conductas oportunistas. La contienda política resulta saludable si la mayoría se muestra contraria al "todo vale", si cada ciudadano se convierte en árbitro ante la violación de una regla, pitando la falta, con independencia de quien la cometa.

La línea de actuación de los políticos, el ejemplo que ofrecen, proporciona la información crucial con la que los sujetos forjan sus estrategias

No obstante, sin obviar su responsabilidad, los fanáticos no son la causa de los males políticos; tan solo un síntoma de la enfermedad. Algunos piensan que la corrupción es mero reflejo de una sociedad inclinada al sectarismo, la picaresca, la trampa. Pero la relación de causalidad es justo la contraria: el sistema político acaba contaminando la sociedad civil. La línea de actuación de los políticos, el ejemplo que ofrecen, proporciona la información crucial con la que los sujetos forjan sus

estrategias. La inclinación al juego sucio no es una característica grabada a fuego en la naturaleza de los individuos, de los pueblos, ni tiene su origen en los genes o la cultura: está determinada por la organización institucional, esas reglas no escritas del sistema político. Es lo que Douglass North denominó una institución informal, en este caso un perverso equilibrio de expectativas: muchos juegan sucio pues esperan, razonablemente, que los demás también lo hagan. El círculo vicioso conduce a un ambiente dominado por el ventajismo.

La importancia de las normas no escritas

Las instituciones informales, esas normas no escritas, en algunos países refuerzan y complementan al sistema legal, fomentando el cumplimiento de las leyes y el juego limpio. Pero en otros, como España, se superponen y acaban sustituyendo, de facto, a las leyes.  

Algunos piensan que basta con promulgar una ley para que se cumpla automáticamente. Pero la realidad es más complicada. Con una legislación hipertrofiada, complejísima y contradictoria, no existen mecanismos eficaces para aplicar todos sus detalles, menos aun su espíritu. Ni para hacerla cumplir de forma imparcial: los poderosos utilizan la ambigüedad, el río revuelto para sacar tajada. La ley tampoco puede garantizar la neutralidad de órganos o instituciones si sus miembros no muestran la oportuna convicción. La desconfianza generalizada en el sistema, la sospecha de que no es justo ni imparcial, abre enormes huecos para el oportunismo.  

La diferencia entre los sistemas políticos sanos y los corrompidos no se encuentra tanto en las leyes, que pueden ser similares, como en las normas no escritas. Así, el sistema de intercambio de favores, el capitalismo de amigotes, el clientelismo, o la corrupción generalizada no están en la legislación: son modos de actuación informales, con sus propias normas tácitas, que acaban dominando sobre el espíritu de las leyes. Constituyen un regreso a los antiguos sistemas de relaciones personalistas, de bandas y mafias, donde escasea el juego limpio.

No es buena estrategia regeneracionista importar al pie de la letra leyes extranjeras pensando ingenuamente que darán buen resultado

De la ley de claridad... a la ley del clarinete

Por ello, no es buena estrategia regeneracionista importar al pie de la letra leyes extranjeras pensando ingenuamente que darán buen resultado. Una Ley de Claridad, como la vigente en Canadá, puede funcionar en países con una tradición política de juego limpio. Pero no resolvería el conflicto secesionista en un entorno dominado por la trampa y el cambalache, en un sistema político atestado de trileros, tahúres y petardistas, donde las leyes son meros instrumentos para usar y tirar a conveniencia. Es difícil imaginar a los nacionalistas respetando tal norma tras un pacto de décadas entre oligarquías por el que el gobierno central haría la vista gorda ante el incumplimiento de la ley en Cataluña. Sus consecuencias resultan patentes cada día.La Ley de Claridad se transmutaría en España en la Ley del Clarinete: cada cual soplaría a placer, con su propia partitura, tocando su particular melodía. No hay claridad sin profunda reforma del sistema político.  

¡Que inventen ellos!, exclamó Miguel de Unamuno; nosotros copiaremos. Pero regenerar un sistema político no es tan fácil como calcar leyes que fueron eficaces en marcos informales muy distintos. La experiencia de los países de Sudamérica adoptando hace dos siglos muchos rasgos de la Constitución de los Estados Unidos, con resultados muy decepcionantes, debería prevenirnos contra las soluciones
simplistas. No existe botón, palanca, disposición legal capaz de tornar instantáneamente la podredumbre en bondad. Ahora debemos inventar nosotros. Las reglas informales perniciosas constituyen un equilibrio bastante robusto, persistente... pero no inmutable. Necesitamos una estrategia inteligente de transformación de incentivos y expectativas, capaz de ir modificando los usos asentados, las instituciones políticas informales. La tarea no resultará sencilla pero... es la única vía para evitar el desastre.

                                                                    JUAN M. BLANCO   Vía VOZ POPULI

LA GOTA QUE REBASA EL VASO (El desafío soberanista)

Son cuatro ya los ejemplos que se pueden ver, a lo largo de la Historia, en los que los nacionalistas catalanes han intentado imponer un Estado propio, fracasando claramente en los tres primeros y con el interrogante de lo que puede suceder en el cuarto.

El primero en 1873, cuando un mes después de declararse la I República, un grupo de independentistas declaró la sustantividad del Estado catalán, deteniendo a las autoridades legales. Fue precisamente un catalán, el jefe del Poder Ejecutivo, Estanislao Figueras, quien tuvo que hacer frente a esta sublevación que duró escasamente unos días. El segundo sucedió en 1931, cuando el mismo día de la proclamación de la II República, Francesc Macià, presidente de Esquerra Republicana, apareció en el balcón de la Generalitat para declarar el Estado catalán, que formaría parte de una Confederación de pueblos ibéricos.

"Rajoy tendría que haber dicho ayer que si el Parlament aprueba ese documento, aplicará el artículo 155"

El Gobierno provisional de la II República envió urgentemente a Barcelona a tres ministros para que negociasen con Macià. Finalmente consiguieron que se renunciase al Estado catalán, gracias al compromiso del Gobierno de admitir un Estatuto de Autonomía para Cataluña. El tercero fue durante el mes de octubre de 1934, protestando por la entrada de varios ministros de la CEDA en el Gobierno de Alejandro Lerroux, y aprovechando la huelga revolucionaria convocada por los socialistas. En efecto, el entonces Presidente de la Generalitat, Lluís Companys, volvió a proclamar el Estado catalán, acusando al Gobierno español de fascista. En realidad se trataba de un golpe de Estado de la Generalitat, rompiendo toda relación con el Gobierno central y declarando la guerra al Estado español. Esta

provocación comportó el que se asistiese a un enfrentamiento violento entre el Ejército y los independentistas catalanes, junto a los Mossos d'Esquadra. Pocas horas después fueron detenidas todas las autoridades catalanas, restableciéndose la normalidad dentro de las especiales circunstancias del momento.

Finalmente, el cuarto ejemplo es el que hemos presenciado anteayer y ayer por la mañana. El lunes pasado, mientras se disolvían las Cortes españolas en Madrid, en Barcelona se constituía el nuevo Parlament catalán, eligiéndose presidenta a la señora Forcadell que hasta ahora no había sido diputada. En el mismo momento de su discurso, una vez elegida sólo por los nacionalistas catalanes y compañeros de viaje, demostró que desconoce las reglas de todo parlamento democrático, pues quien lo dirige debe hacer gala de una Presidencia que sea de todos y no de un sector concreto de los parlamentarios. Su discurso proclamando la soberanía del pueblo catalán y especificando que se trata de conseguir nuevamente un Estado catalán, lo ratificó enfáticamente con los tres vivas al acabar su perorata, que solamente fueron coreados por una parte del Parlamento. Una presidenta que el mismo día de su elección rompe con este dogma de neutralidad de la democracia parlamentaria no debería continuar en el cargo.

Ahora bien, nadie que haya seguido con interés el largo recorrido de los nacionalistas catalanes, comenzando por el nombramiento del presidente Pujol -que ha engañado a tirios y troyanos y que hoy es ya considerado un presunto delincuente-, no debería sorprenderse de que hayamos llegado a la situación actual. Por supuesto, una gran parte de lo que está ocurriendo en Cataluña, se

debe, como ya he dicho en muchos artículos en este periódico, a que ha habido una escalada graduada de los nacionalistas que llevaría hasta la declaración unilateral de independencia. Pero seamos realistas: todo ello no se hubiera podido llevar a cabo sin la permisividad de los Gobiernos de Madrid, porque si se hubiesen tomado las medidas oportunas, que no tenían que ser forzosamente represivas, se hubiese logrado un 'statu quo' que podía haber perdurado bastante tiempo. Ciertamente, como señala John Gray, la política es una sucesión de remedios temporales para males recurrentes. Pero, con todo, no podemos ignorar que se puede llegar a acuerdos duraderos si se logra que las dos partes en conflicto cedan en su posición inicial.

"Más allá del histórico desafío del independentismo, la situación se podría haber evitado tomando las medidas oportunas, no necesariamente represivas"

Sea lo que sea, esta pasividad tradicional de los Gobiernos de Madrid, en algunos casos interesada a cambio del apoyo de los partidos nacionalistas, parece que en el caso del actual presidente del Gobierno -más vale tarde que nunca- ha cambiado el rumbo por fin. De esta manera, se aprobó antes de la disolución de las Cortes una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que puede ser utilizada para evitar la ruptura de la unidad de nuestro país. Es posible que esta reforma se decidiese ante el temor de que el artículo 155 de la Constitución, copia casi literal del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, no se pudiese aplicar por haberse disuelto las Cortes y, más concretamente, el Senado. Sin embargo, en contra de una lectura literal de dicho artículo, en donde se exige que la decisión de suspender, en su caso, una autonomía, deba ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del Senado, hay que decir que la existencia de su Diputación Permanente permite ejercer esta competencia que es propia del Pleno.

En efecto, hay que señalar que la Diputación Permanente dispone de dos funciones concretas. Por una parte, durante los intervalos entre periodos de sesiones, esta institución, como la del Congreso de Diputados, disfruta de la facultad de convocar una reunión extraordinaria del Pleno de la Cámara, así como de la competencia de velar por los poderes de la misma. Y, por otra parte, durante los periodos interlegislativos, dentro de las competencias de velar por los poderes de la Cámara en estos periodos de las Cortes disueltas, se encuentra la facultad, prevista en el mencionado artículo 155.1, de poder adoptar las medidas necesarias cuando una comunidad autónoma no cumpla las obligaciones que le impone la Constitución o atente gravemente contra los intereses generales de España.

En definitiva, es evidente que tras la actuación partidista de la nueva presidenta del Parlament, se están acelerando los hechos, y ayer mañana se presentó una propuesta de Juntos por el Sí y la CUP para señalar que Cataluña se "desengancha" de España para construir el Estado catalán en forma de república y que, en consecuencia, no aplicará en lo sucesivo la legalidad española. A buen seguro, el problema no se halla únicamente en el terreno de la política, o incluso de la legalidad parlamentaria, sino que tiene ya claras connotaciones con el Derecho Penal. Cualquier país democrático no habría permitido que se llegase a este nivel, que sin duda es la gota que rebasa el vaso no solo de la legalidad, sino también de la paciencia que todos los españoles y, en especial, la de los catalanes que se sienten también españoles, como se ha comprobado en las elecciones del 27-S, que son mayoría con respecto a los independentistas. Si nos atenemos a todos los medios con que cuenta el Gobierno catalán para empapar de ideas independentistas a los ciudadanos de Cataluña, sorprende que no hayan alcanzado el triunfo en esas elecciones fraudulentas los favorables a la independencia.

"El famoso 3% es una plaga que no cesa en Cataluña y que ha infectado a las instituciones del régimen fundado por Pujol"

A este respecto, se duda de si todos los sucesos de corrupción a que estamos asistiendo en concreto en Cataluña, han servido o no para impedir que se consiguiese ese objetivo. Digo esto, porque hace una semana, después de la comparecencia del presidente Mas, acompañado de sus cuatrocientos mariachis, ante el Tribunal Superior de Cataluña, una ola de optimismo separatista pareció invadir las calles de Barcelona. Hasta el punto de que 'La Vanguardia', del antimonárquico Conde de Godó, se permitió algo que hasta ahora era insólito y es que el martes día 20 la mitad de sus páginas aparecieron en catalán. Sin embargo, duró poco la euforia, porque un día después, las aguas volvieron a su cauce y el castellano, o mejor dicho, el español, volvió a imperar en sus páginas, debido probablemente a que el día antes comenzó una investigación sobre los beneficiarios del famoso 3%, que es una plaga que no cesa en Cataluña y que ha infectado a las instituciones del régimen fundado por Pujol.

En cualquier caso, en mi opinión, el presidente Rajoy ha perdido una magnífica ocasión para haber sido mucho más taxativo en su declaración institucional de ayer, pues se limitó a decir, después del documento separatista de Juntos por el Sí y la CUP, que iba a aplicar la Ley. En su caso, lo que tenía que haber dicho es que si se aprueba ese documento por el Parlament, el Gobierno aplicará el artículo 155 de la Constitución. Lo cual, por supuesto, no solo habría servido para embridar a estos paranoicos que quieren llevar a España al precipicio, sino que además le habría proporcionado una lluvia tal de votos en las elecciones de diciembre, que ya será difícil que vuelva a causa de su parsimonia.

Sea lo que fuere, algo que es muy claro y que no parece ver Rajoy, radica en que las próximas Cortes españolas tendrán que pactar una nueva estructura territorial del Estado, porque el nacionalismo catalán no se acabará mañana y alguna justificación puede tener, aunque ya sabemos que cuando alguien pide justicia, lo que quiere es que le den la razón.

                         JORGE DE ESTEBAN es catedrático de Derecho Constitucional y Presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO. Su último libro es 'El naufragio del Estado de las Autonomías' (Iustel).       Vía EL MUNDO.

LA SOCIALDEMOCRACIA Y EL PRECIO DE LA CIVILIZACIÓN

La semana pasada el PSOE anunciaba a bombo y platillo la presentación de un extenso documento que sus promotores calificaron de “torrente de ideas”. Se trataba de una batería de propuestas cuyo fin, en palabras de sus propios promotores, era abrir un gran debate dentro del propio partido de cara a consensuar un programa electoral de “gran alcance”. Según se apresuraron a matizar Meritxell Batet, responsable del programa y número dos de Pedro Sánchez por Madrid, y Patxi López, secretario de Acción Política, no estábamos ante un programa electoral al uso, sino en el inicio de algo mucho más ambicioso: un proyecto de país y de Gobierno, para cuya aplicación no bastarían los cuatro años de una legislatura.

Así explicado diríase que en el PSOE hubieran hecho acto de contrición y tomado conciencia del verdadero problema: la ineficiencia del marco constitucional y el sometimiento sistemático de las instituciones formales a los cambalaches de otras informales, entre las que destacan precisamente los partidos políticos. Y que, en un ejercicio de responsabilidad sobrevenida, Sánchez se hubiera propuesto hincarle el diente a la temida Política Constitucional, dejando temporalmente en barbecho la ordinaria, que es, como todos sabemos, la que hace girar locamente la manivela del BOE.

Sánchez y los suyos retuercen de tal manera los conceptos fundamentales de la democracia liberal que no es ya que la redistribución de la riqueza sea el fin que justifique cualquier medio, es que es elevada a principio rector, a ley de leyes

Redistribución, esa palabra mágica

Desgraciadamente, el ambicioso documento ya en su preámbulo dejaba bien claro que no se trataba de un intento de subsanación de las ineficiencias sistémicas del modelo político español, sino de un pastiche de iniciativas pretendidamente socialdemócratas, donde se mezclaban a conveniencia reformas constitucionales y políticas finalistas, todas bajo un único denominador común: no añadir picante

al plato. Así pues, nada de separación de poderes, nada de controles y contrapesos intitucionales, nada sobre la necesaria representación directa y nada sobre la justicia independiente. En resumen, nada por aquí y nada por allá.

Tan triste como cierto, en el “proyecto de país y de Gobierno” del “nuevo PSOE” no hay ni una sola medida que abogue por el establecimiento de salvaguardas que protejan al individuo frente al omnívoro Estado o, mejor dicho, frente a los partidos políticos que lo patrimonializan. Peor aún, Sánchez y los suyos retuercen de tal manera los conceptos fundamentales de la democracia liberal que no es ya que la redistribución de la riqueza sea el fin que justifique cualquier medio, es que es elevada a principio rector, a ley de leyes. Lo cual supone la liquidación de la Política Constitucional tal cual se ha venido entendiendo en las democracias liberales que en el mundo han sido.

Para ganarse a los votantes aun sin ofrecerles regeneración, Sánchez está dispuesto a usar hasta el último cañón de confeti. Promete convertir las becas en derecho universal, elevar el salario mínimo a 1.000 euros, consensuar con los nacionalistas un federalismo a la carta, implantar la escuela pública laica, ampliar la escolarización desde los 0 a los 18 años, impulsar la Ley de dependencia, derogar aspectos sustanciales de la reforma laboral y vincular la estabilidad presupuestaria a la “estabilidad social”, lo que en la práctica supondrá desactivar la primera y tensionar aún más el presupuesto.

Del Estado social al Estado clientelar en realidad no hay ni medio paso, nunca lo ha habido. Pedro Sánchez lo sabe muy bien. Y la jerarquía que se aplica en el Programa Económico del Partido Socialista no deja lugar a dudas: Socialdemocracia primero, modernización después y reformismo, si acaso, como postre.

La experiencia nos dice que al final, por más se señale a las grandes fortunas, no hay renta por modesta que sea que no termine participada por el Estado, o detraída por completo si el invento amenaza ruina

La guinda de este pastel es –cómo no– una reforma fiscal, pretendidamente balsámica y alicatada hasta el techo. ¿El argumento? El de siempre, que los ricos y las grandes corporaciones no aportan lo que debieran para el sostenimiento del Estado de bienestar. Lamentablemente, la experiencia nos dice que al final, por más se señale a las grandes fortunas, no hay renta por modesta que sea que no termine participada por el Estado, o detraída por completo si el invento amenaza ruina, que es lo más habitual cuando se está mucho más pendiente de redistribuir la riqueza que de crearla.

Impuestos y civilización

Cuando el juez Oliver Wendell Holmes (Jr.) acuño el famoso aserto de que los impuestos son el precio de la civilización, el Estado social, tal cual lo entendemos hoy, era mera ensoñación. Y es seguro que el bueno de Holmes no imaginaba hasta qué punto los burócratas iban a sacar provecho a su afirmación. Así, desde que se adosó el sufijo “social” a la palabra Estado, se han legislado tropelías y aplicado todo tipo de tributos en nombre del “bien común”. Como muestra vale un botón, los socialdemócratas de todos los partidos ya se han puesto de acuerdo para recuperar justo después del 20-D el impuesto de sucesiones, e imponer en todo el territorio nacional esa perversión que es la tributación heredada de padres a hijos. Después, cuando, a pesar de sus desvelos, la cuenta de la vieja se descuadre y el globo de la lucha contra el fraude fiscal se desinfle, darán otra vuelta de tuerca a la presión fiscal. Y así seguirán hasta que la civilización aguante. Porque la socialdemocracia es básicamente eso: impuestos. La civilización, sin embargo, es otra cosa algo más compleja que, en contra de lo comúnmente aceptado, resulta especialmente

vulnerable al abuso fiscal, aun cuando se perpetre en nombre del bien común.

En realidad, querido Holmes y queridos socialdemócratas, el precio de la civilización es la libertad. Porque una cosa son los servicios públicos y el llamado “gasto social”, y otra muy distinta la prosperidad, los descubrimientos que transforman el mundo, el progreso con mayúsculas. ¿Tan difícil es entender que ninguna sociedad progresa si carece de incentivos?

Es muy preocupante que la solvencia de todos los partidos se esté midiendo por sus propuestas de cómo recaudar más, y no de cómo hacer para necesitar recaudar menos      

Con todo, lo que más llama la atención es la nula alarma que han suscitado entre nosotros los sucesivos proyectos socialdemócratas, como este último de PSOE, que, en mor de la redistribución de la riqueza, lejos de asegurar los inalienables derechos individuales, destruyen los fundamentos de la democracia liberal. De hecho, resulta más que preocupante que la solvencia de todos los partidos, de cara a las elecciones generales del 20-D, se esté midiendo por sus propuestas de cómo recaudar más, y no de cómo hacer para necesitar recaudar menos. Al fin y al cabo, la solución bien podría analizarse de forma inversa; es decir, si el Estado no se sostiene con los impuestos recaudados, refórmese el Estado y no los impuestos o, al menos, búsquese un equilibrio entre el esfuerzo tributario y el necesario ajuste burocrático.

Que no se atisbe la más mínima proporcionalidad entre el número de propuestas de reforma fiscal y el número de propuestas de racionalización de la Administración Pública, demuestra que las tribus políticas, los grupos de presión y el Presupuesto viven en estrecha simbiosis. Y este ecosistema no habría llegado tan lejos sin la complicidad de los votantes, entre los cuales están los pensionistas y sus pensiones, los funcionarios y sus reivindicaciones, los empleados públicos y sus contratos, los padres con hijos en edad escolar y su exigencia de una  educación pública de calidad, los estudiantes que quieren hacer una carrera con un mínimo desembolso, las parejas que aspiran a una vivienda de protección oficial, los empresarios y proveedores que viven de vender sus productos y servicios a las Administraciones Públicas, las grandes corporaciones que prefieren unos organismos reguladores maleables; en definitiva, todos aquellos que, de una forma u otra, ven al Estado como un medio para ahorrarse incertidumbres. Y es a estos votantes a los que apelan los Sánchez de este mundo, para venderles como “nueva política” la política de siempre, pero corregida y aumentada. Y así será hasta que usted, querido lector, asuma que si sigue vendiendo su voto al mejor postor y no renuncia a su pequeña parte del botín, no habrá reformas regeneradoras. Recuerde,si las instituciones no funcionan, poco importa si se aplica una política económica u otra; sea ortodoxa o heterodoxa, austera o lo contrario. Cuando el poder político carece de controles y contrapesos, todo lo que sea susceptible de ir mal, irá mal. Y todo lo que sea susceptible de empeorar, empeorará. Usted decide.

                                                                                            JAVIER BENEGAS     Vía VOZ POPULI