Las
sentencias de Novacaixagalicia y Caixa Penedès son solo la primera parte de la
ristra de juicios que están por llegar para depurar responsabilidades al frente
de las cajas de ahorros
Una
caja fuerte de la CAM con telarañas en su interior en las Fallas de Valencia de
2012. (EFE)
El pasado jueves la Audiencia Nacional condenó a dos años de cárcel a la cúpula directiva de Novacaixagalicia (NCG), entidad bancaria que aglutina a las antiguas cajas gallegas y que, al igual que sus homólogas regionales, pronto fue regada con el crédito del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), vehículo financiero creado ad hoc para gestionar la reestructuración del sistema bancario nacional.
La sentencia dictada contra los exdirectivos de la maltrecha entidad gallega no es la primera en España pero sí la única que, de momento, contempla el ingreso en prisión de los condenados. El pasado año la Audiencia Nacional ya condenó a prisión a los gestores de Caixa Penedès, sentencia que finalmente no se tradujo en cárcel al admitir éstos los hechos y devolver las millonarias pensiones que se habían adjudicado.
Estos casos son, sin embargo, solo la punta del iceberg del
latrocinio perpetrado por los altos cargos sentados al frente de las Cajas de
Ahorro. Si en 2009 el país contaba con cerca de 45 cajas, esta cifra se redujo de forma drástica
tras el baile de fusiones que desembocó en una profunda reestructuración del
sector que aún hoy sigue en marcha. Según datos del Banco de España, el oxígeno
que el Estado ha proporcionado a las entidades bancarias –principalmente a
través del FROB- asciende a 61.495 millones de euros, siendo Bankia, NCG
y CatalunyaCaixa las más beneficiadas.
Las
ayudas percibidas por la CAM ascendieron a 5.249 millones y superaron
con creces al rescate de Banesto, la primera gran intervención del sistema
bancario español que debía haber servido como ejemplo disuasorio para los
futuros banqueros.
Otro de
los juicios más esperados es el de Caja Castilla-La Mancha. Previsto para
comienzos del próximo año, la entidad castellano manchega fue la primera en ser
rescatada y nacionalizada por el Estado en 2009. Los dos directores de la
entidad por entonces, el exdiputado socialista Hernández
Moltó e Ildefonso Ortega se enfrentan a una petición de cárcel de dos años
y medio. En aquel momento el Banco de España cuantificó en 253,8 millones las
operaciones y los perjuicios económicos que los gestores causaron en la
entidad.
En la
misma línea se encuentra Banca Cívica. El juez Velasco ha
decidido reabrir la causa por tercera vez para investigar la parte que
afecta a Caja Navarra. Al igual que el resto de entidades, el FROB tuvo que
acudir a su rescate con una inyección de 977 millones, todos ellos ya
devueltos por Caixabank, entidad que absorbió Banca Cívica en 2012.
El
expresidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra (d), y el exdirector general,
Adolf Todó (i). (EFE)
Uno de los nombres que todavía espera fecha para ser juzgado es el exministro socialista Narcís Serra. El que fuera titular de la cartera de Defensa con Felipe González está imputado por su gestión al frente de CatalunyaCaixa, otra de las cajas rescatadas. Junto a él se sentarán más de 40 directivos imputados por administración desleal. En concreto, el juez investiga las subidas salariales efectuadas a partir de 2010, el mismo año en el que la entidad recibió las primeras inyecciones de capital público.
Aunque a priori resulte llamativa la dilatación de los procesos judiciales, lo cierto es que desde el sector jurídico no se percibe que este aparente enquistamiento responda a posibles intereses espurios. “Es un problema procesal. Los tribunales tienen que investigar macro causas que ocupan miles de folios y que en la práctica resultan inmanejables”, explica Javier Mata, socio director de la oficina de Madrid de Olleros Abogados.
El problema de las macro causas judiciales no es algo nuevo para la justicia española. Casos como los ERE de Andalucía o la trama Gürtel han puesto de manifiesto la dificultad operativa que presentan investigaciones en las que se acumulan los imputados y los hechos a investigar. “Una posible solución para las macro causas que ya se ejecuta en algunos casos consiste en dividir las investigaciones en piezas separadas para agilizar el proceso”, explica Mata.
El caso Bankia
Mención aparte para el caso Bankia. Desde 2012 la justicia investiga la fusión entre las siete cajas que dieron lugar a la entidad y la posterior salida a bolsa de la misma.El escándalo fue creciendo hasta saldarse con la detención de su expresidente Rodrigo Rato y un rosario de altos cargos de la entidad como Juan José Olivas, Ildefonso Sánchez Barcoj, Fernández Norniella o Virgilio Zapatero.
A día de hoy la investigación sigue abierta y a la espera de que se depuren responsabilidades de la dudosa praxis bancaria ejecutada por sus gestores. En total, 22.424 millones de euros de dinero público para tapar los agujeros que presuntamente dejó la antigua cúpula de Bankia con Rato a la cabeza.
Un modus operandi similar
Pese a la gran maraña de cajas que salpicaban el mapa nacional, lo cierto es que, según se desprende de las diferentes investigaciones y de los autos judiciales, la gran mayoría de gestores imputados actuaron de una forma muy similar al frente de las entidades.Delitos de administración desleal, falseamiento de cuentas, desproporcionadas subidas de sueldos, prejubilaciones desorbitadas… Estos son solo algunos de los ejemplos que engrosan la lista de delitos que supuestamente cometieron los directivos imputados al dilapidar las cuentas.
El Estado pierde 40.500 millones
Como ya publicó El Confidencial, el rescate de las cajas ha supuesto una importante merma de las arcas del Estado. Hasta 2014, el FROB generó unas pérdidas cifradas en 861 millones de euros. Si se suman las pérdidas acumuladas de los últimos cinco años la cantidad asciende a un total de 40.579 millones de euros, el 4% del PIB.ÁLVARO G. ZARZALEJOS Vía EL CONFIDENCIAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario