Lo advertíamos en estas mismas páginas a propósito de la desesperante inacción del Presidente de Gobierno, cuando ya despuntaba en el horizonte con cristalina nitidez el inapelable fin de ciclo. Decíamos entonces que dedicar tiempo y esfuerzo a psicoanalizar a Rajoy era un absurdo, pues Mariano no tenía un plástica cerebral muy diferente a la de cualquier otro político profesional que, durante más de tres décadas, hubiera tenido que desenvolverse día sí y día también dentro de un bosque de intereses particulares y de grupo, de una maraña abrumadora de normas no escritas que condicionaran fatalmente su capacidad cognitiva. De hecho, hay que decir en descargo de Rajoy que si comparamos sus logros en materia reformista con los de sus antecesores, veremos que las diferencias son casi inapreciables. Porque ninguno, que se sepa, ha hecho gran cosa por fortalecer y mejorar nuestra pobre democracia. Asunto distinto son las formas. Pero eso corresponde al territorio de las apariencias, no al de la política.
El inmovilismo es un fenómeno que va mucho más allá del PP e, incluso, del propio Mariano Rajoy, por más que a los Sánchez de turno les interese que pensemos lo contarrio
Con todo, lo más lamentable es que, pese a que la crisis ha supuesto una ventana de oportunidad para promover un cambio de modelo político y económico con enormes beneficios para el conjunto de la sociedad, no sólo el actual presidente, sino muchos otros personajes relevantes y, también, infinidad de ciudadanos, en vez de confluir en una gran masa crítica que promoviera reformas a todas luces imprescindibles, han decidido asegurar su posición constituyéndose en grupos de presión. Y diríase que el inmovilismo es un fenómeno que va mucho más allá de PP, incluso, del propio Mariano Rajoy, por más que a los Sánchez de turno les interese que pensemos lo contarrio.
Interés general e intereses de grupo
Lo explicaba Mancur Olson en The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups (1965). Y vale la pena recordarlo muy someramente. Decía Olson que dado que organizarse implica costes, el individuo sólo se movilizará si prevé que sus ganancias compensarán el esfuerzo. Desgraciadamente, los logros que reportarían importantes beneficios para la sociedad suponen escasas ganancias individuales, y su consecución precisa movilizaciones multitudinarias, muy costosas y complejas, mantenidas en el tiempo. Por el contrario, aquéllos cambios menores que suponen ganancias individuales para determinados colectivos, pero nulos beneficios para el conjunto de la sociedad, requieren un esfuerzomucho menor, ya que sólo hay que poner de acuerdo a un número reducido de agentes que compartan intereses, ideas o creencias. Para complicar aún más las cosas, las ventajas que obtienen los grupos minoritarios, más allá de soliviantar a la opinión pública durante un breve espacio de tiempo, no desencadenan reacciones consistentes, ya que los costes de estas prebendas, al repartirse entre todos, se perciben individualmente como insignificantes.
Gran parte de la sociedad, en vez de actuar de manera responsable, ha desertado del interés general, fragmentándose en grupos cuyo fin es evitar sacrificios y endosárselos al resto
Todo ello explicaría por qué gran parte de la sociedad, en vez de actuar de manera responsable, ha desertado del interés general, fragmentándose en grupos cuyo fin es evitar sacrificios y endosárselos al resto. Quienes no han podido organizarse, es decir, las mayorías heterogéneas, no sólo han tenido que asumir su parte del esfuerzo, sino que se han visto obligados a asumir también como propio el de terceros que han presionado con éxito al poder político. En definitiva, la crisis, lejos de promover el reformismo, ha terminado obrando el efecto contrario: ha reforzado la perversa dinámica de grupos que ha sido el santo y seña del régimen del 78.
Todo ello pone de manifiesto que, por más que el Estado pueda gestionarse mejor, existe un grave problema de fondo que va mucho más allá de una cuestión gerencial. No es solo que la redistribución de la riqueza, que hasta ahora se ha venido haciendo de aquella manera, sea francamente mejorable, pues, al parecer, resulta que no son los más pobres sino los segmentos intermedios de la sociedad los que reciben la parte del león de ese reparto. El problema está en que el interés general se ve constantemente suplantado por los intereses de grupo. Los cuales no sólo tienen que ver con el establishment y la clase política, sino también con colectivos en apariencia mucho más humildes y altruistas.
Valores y necesidades
Para poner en evidencia este cortocircuito permanente, bien vale recordar, por ejemplo, que la crisis demográfica y el acelerado envejecimiento de la población hacen insostenible, no ya a largo y medio plazo, sino incluso a corto plazo, el actual sistema de pensiones. Y no sólo porque de seguir así tocaremos en breve a un jubilado por cada trabajador en activo, lo cual es un disparate, sino porque en 2015 la renta media de los jubilados ya ha superado a la de los trabajadores. Sin embargo, pese a la gravedad del problema, no hay en el horizonte reforma alguna, sólo apaños. Es decir, la patada hacia delante.
Si no encontramos la manera de dotarnos de un diseño institucional que actúe de salvaguarda del interés general, el Estado colapsará, y se desplomará aun a cámara lenta sobre sus adoradores
Tampoco hace falta poner de relieve que importantes servicio públicos, como la educación y la sanidad, necesitan ser revisados, y, seguramente, establecer nuevos criterios de universalidad y gratuidad más realistas, acordes al menos con la capacidad adquisitiva de cada “cliente”. Por otro lado, queramos o no, la inaplazable búsqueda de una mayor eficiencia supondrá sacrificios que deberían repartirse equitativamente, entre el ciudadano que recibe estos servicios y los funcionarios y empleados públicos que los proporcionan. Lo que no puede ser es que los costes del sistema y sus resultados sean cada vez más divergentes, y que mientras el ciudadano común tiene que hacer una contribución mayor, la Administración sea intocable por obra y gracia de los grupos de presión que la patrimonializan.
En resumen, y sin necesidad de ser exhaustivos, por más que eliminemos de raíz la corrupción política, el capitalismo de amigotes, el fraude fiscal y todos aquellas ineficiencias que tantos perjuicios causan, seguiremos sin resolver la ecuación de cómo primar el interés general por encima de los intereses de grupo. Y si no encontramos la manera de dotarnos de un diseño institucional que actúe de salvaguarda del interés general y de los derechos individuales, el Estado colapsará, y se desplomará aun a cámara lenta sobre sus adoradores. Es sólo cuestión de tiempo. Desgraciadamente, si bien existe una extensa literatura que analiza las razones por las que los sistemas institucionales fracasan o cómo son los más eficientes, no hay demasiadas pistas de cómo romper ese círculo vicioso en el que poder político y grupos de presión se retroalimentan. Sin embargo, se me ocurre que, quizá, un buen principio sería volver sobre nuestros pasos y comprender que eliminar los valores en favor de las necesidades no fue la mejor de las ideas.
JAVIER BENEGAS Vía VOZ POPULI
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