De las 326 ‘startups’ más punteras, un 48% tiene origen en EEUU y un 28% en China, frente al exiguo 11% de las nacidas en Europa
Comisión Europea.
OLIVIER HOSLET
El repunte de la guerra comercial entre China y EEUU
ha puesto de manifiesto la configuración de un nuevo orden mundial
multipolar en el que retrocede la cooperación internacional, se
intensifica la lucha por el dominio de la tecnología
y aumenta el proteccionismo. Un escenario muy diferente al esperado
tras la caída del muro de Berlín y el desmoronamiento de la URSS, en el
que surge el riesgo de una nueva guerra fría que adquiere dimensión
económica, ya que China representa un 18,7% y un 20,8% del PIB y del
comercio mundial, respectivamente, frente al 12% y al 6,4% de la Unión
Soviética en 1990.
Este escenario, coincidiendo con las recientes elecciones
europeas, ha reabierto el debate sobre cómo debe la UE reimpulsar su
protagonismo económico y geopolítico, especialmente ante el duopolio
tecnológico de EEUU y China, que podría apodarse como “Chimérica”.
Frente a Europa, estas dos grandes potencias lideran el emprendimiento
tecnológico mundial destacando en la concentración de núcleos
geográficos o hubs de talento como Silicon Valley (EEUU) o Shenzhen (China),
y en la creación de empresas unicornio (startups con una valoración
superior a 1.000 millones de dólares). Actualmente, de un total de 326
de esta tipología de compañías, un 48% tiene origen en EEUU y un 28% en China,
frente al 11% en Europa. Además, entre las 10 principales empresas por
cotización bursátil a nivel global, 8 son estadounidenses y 2 chinas.
La guerra comercial ha puesto de manifiesto la configuración
de un nuevo orden mundial, en el que se intensifica la lucha por el
dominio de la tecnología
Desde el punto de vista económico, el impacto de la
guerra comercial no afecta sólo a las dos economías implicadas, sino que
tiene un alcance global, principalmente a través del sistema de cadenas
de valor. La OCDE ha alertado de que el incremento de los aranceles y
el repunte de la incertidumbre lastrarán el crecimiento del PIB de EEUU y
de China en un 0,8% y un 1,2%, respectivamente hasta 2022. Y al mismo
tiempo, ha rebajado en 3 décimas sus previsiones de crecimiento mundial
hasta el 3,2% en 2019. Especialmente significativa ha sido la revisión a
la baja en 6 décimas para la Eurozona (hasta un 1,2%), ya que un 32% de
sus exportaciones de bienes extracomunitarias tiene como destino a
estas dos potencias, en un contexto marcado también por la pérdida de
competitividad y el aumento de la incertidumbre ante el Brexit o la situación de Italia, entre otros factores. A todos estos retos se unen otras amenazas externas como la actitud desestabilizadora de Rusia,
las consecuencias geopolíticas del fracaso de la “Primavera árabe”, el
desafío demográfico en África, el fenómeno de la desinformación o el cambio climático.
Tras las elecciones europeas, es urgente que las instituciones de la UE y nacionales sean capaces de cooperar y reformular el proyecto europeo
para dar respuesta a estos desafíos socioeconómicos, recuperar
protagonismo tecnológico y fortalecer su posición geopolítica en un este
escenario global cada vez más fragmentado, y en el que aumenta el
riesgo de regionalización de las relaciones comerciales. Los estados
miembros deben no solo recuperar la voluntad política, sino también
consensuar una agenda común de reformas para relanzar la productividad,
la innovación y el desarrollo empresarial como base de un crecimiento
sostenible e integrador. Para ello, es esencial definir un presupuesto
único en políticas de empleo, educación y formación continua, de
innovación tecnológica, de transición energética y medioambiental y de
transformación digital. A su vez, la UE debe diseñar una nueva
estrategia en áreas prioritarias como:
Unión Económica y Monetaria, profundizando en la unión bancaria, fiscal y
digital, política migratoria y de asilo, espacio Schengen, y seguridad,
defensa y política exterior. Solo la Europa de los resultados permitirá recuperar protagonismo geopolítico y seguir siendo una de las principales áreas socioeconómicas a nivel global.
Según el CIS, de Tezanos
como ahora es obligado decir, en España hay casi un 70% de católicos,
que se desglosan en algo más de un 20% de practicantes -es decir, que
cumplen con el precepto dominical- y una amplia mitad de la población
que, sin renunciar a su fe, no experimenta esa necesidad en este momento
de sus vidas. Sólo ese quinto más
religioso supone, en términos electorales, la muy considerable masa de
ocho millones de potenciales votantes, lo que explica el interés
sociológico, pero sobre todo político en las presentes circunstancias,
del libro presentado el martes en la sevillana Fundación Madariaga
titulado significativamente A la caza del voto católico, cuyo autor es uno de los más perspicaces periodistas de materia religiosa de España, Francisco Serrano Oceja.
Si
el libro, lo bastante breve como para no imponer temor reverencial,
pero enjundioso y sin el menor desperdicio ni concesión a lo superfluo,
constituye una nutritiva lectura para cualquier católico interesado por
la política, debiera estar obligatoriamente sobre la mesa de todo aquel
que aspire a cazar, empleando la terminología del título, en esos cotos.
Al respecto, el mismo CIS asegura que de esos ocho millones de
ciudadanos, cerca de un 70% se consideran, con mayor o menor intensidad,
de derechas.
Eso cinco millones largos de votos de derechas y de
católicos han permanecido cautivos durante años en las frígidas
mazmorras del PP, en la medida en que, sin alternativa posible, eran
utilizados para elevar a quienes una y otra vez no mostraban luego el
menor interés en cumplirles sus promesas ni darles otra satisfacción que
haber evitado males aún mayores.
Francisco Serrano incide
en dos hechos esenciales: la venturosa apertura del espectro político
y, como marca del pontificado de Francisco en España, el llamativo
silencio de la Conferencia Episcopal en momentos electorales, sin otra
excepción que el comunicado de la asamblea de obispos andaluces ante los
comicios autonómicos de diciembre pasado.
La combinación de ambos
factores ha propiciado un fraccionamiento del voto de los católicos sin
precedentes, algo que aún no podemos saber qué consecuencias puede tener
y hasta qué punto puede debilitar o dotar de mayor fuerza y legitimidad
a la Iglesia, al no aparecer ya vinculada a un único partido. No
debieran ignorarse los indudables peligros que se ciernen en el
horizonte, especialmente ahora con la libertad de enseñanza en el alero y
un laicismo tan crecido como agresivo.
Sánchez-Macron: ¿Detener a la ultraderecha o silenciar a los cristianos? Y no vivimos en el crepúsculo de las ideologías sino en las ideologías extraordinariamente maleables.
Con
ese elenco Macron y Sánchez están mezclando la churras con las merinas
-nada tiene que ver Santiago Abascal con Marine Le Pen- y siguen sin
plantearse, lo mismo que media Europa, la pregunta clave: ¿Cómo es
posible que en Europa hayan surgido tantos ultras y haya florecido
tamaño grado de fanatismo?
Y es que la internacional progresista,
que no comunista, que pretenden Macron y Sánchez, tiene su origen en la
descristianización del continente y en la paganización de Europa. Pero la pareja hispano gala no lo sabe… porque son paganos y ligeramente masoncetes.
Ahora
bien, la internacional progresista de Sánchez-Macron qué pretende:
¿detener a la ultraderecha o silenciar a los cristianos? Yo diría que lo
segundo. En la Europa actual a nadie le importa que seas centralista o
federal, liberal o estatista, conservador o socialista. Todo eso está
permitido. Lo que está prohibido es ser católico. Ya saben, el
progresismo se define así: abajo los curas y arriba las faldas. Es una
filosofía muy profunda.
En la internacional progre puede estar la
izquierda y la derecha. Por ejemplo, el PSOE y Ciudadanos. Y hasta
conservadores como el PP. Además, Macron es un banquero inversión metido
a progresista, Sánchez es un progre que acabara en banquero de
inversión. Los dos resultan tan tolerantes como reconvertibles, es un
tipo que no se caracteriza por las ideologías crepusculares sino por las
ideologías maleables o ideologías de plastilina. Antes se llamaba a
este fenómeno chaqueterismo pero ahora estamos en un mundo mucho más
rico y poliédrico: el de las ideologías-plastilina. Eulogio López Vía Hispanidad
Retener la comunidad y la posibilidad
de recuperar el ayuntamiento son la principal vía de salida para la
dirección del partido. La negociación con Ciudadanos puede ser
fundamental
El presidente nacional del PP, Pablo Casado (c), posa con los candidatos
del partido al ayuntamiento de la capital y a la Comunidad de Madrid,
José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso. (EFE)
El Partido Popular prepara un severo ajuste de plantilla en su sede central de la calle Génova de Madrid como consecuencia del fracaso electoral del pasado 28-A, pero aún no tiene decidido si lo hará en forma de ERE, con acuerdos individuales o con un nuevo plan de bajas incentivadas como el aplicado a finales de 2017.
El PP incorpora estos días a su estructura al personal en excedencia,
que reclama el reingreso después del paso por distintas administraciones
y está a la espera de ver cómo quedan los pactos autonómicos y
municipales después del 26-M.
En este sentido, la batalla de Madrid en los pactos poselectorales será clave. Retener la comunidad y la posibilidad de recuperar el ayuntamiento madrileño
son fundamentales para que el equipo de Casado 'venda' las últimas
elecciones como una victoria. Mantener la Junta de Castilla y León y el
gobierno de la Región de Murcia es también objetivo fundamental, pero
las instituciones de Madrid son la prueba más visible de que e,l PP
puede entrar en recuperación. Y también la principal vía de salida para que la dirección del partido pueda
recolocar asesores, secretarias, equipos de comunicación e incluso
exparlamentarios y exdirigentes del partido readmitidos de forma
provisional en la sede central.
Teniendo en cuenta que al perder la mitad de las subvenciones también
tendrán que recortar los gastos de personal de forma drástica,
asegurarse estas dos plazas es casi una necesidad de primer orden. En
las últimas bajas pactadas la dirección ofreció unas indemnizaciones que
solo interesaron a los trabajadores de más edad, también porque temían después un ERE clásico que ahora vuelve a rondar la sede central, según reconocen en su comité de empresa.
Aunque las conversaciones con Ciudadanos van muy despacio, ya han echado a andar. El 'modus operandi' es exactamente igual que el andaluz: un equipo negociador por ambas partes y una interlocución más directa
entre los números dos de ambas formaciones: Teodoro García Egea y José
Manuel Villegas. Los objetivos allá donde haya entendimiento también
seguirán el modelo de Andalucía: un pacto programático de gobierno con
el PP al que después pueda sumarse Vox para dar su apoyo. Los populares han iniciado contactos con la formación de Santiago Abascal que representa Iván Espinosa de los Monteros, no así Ciudadanos, cuyo secretario general desecha sentarse a una mesa de negociación.
La formación naranja sabe que será complicado repetir la 'jugada' andaluza, en la que no hubo foto a tres, pero de momento sigue intentándolo. El número dos de Rivera asegura que su partido apostará por gobiernos de coalición
y no es partidario de tripartitos ni acuerdos que requieran varios
actores. Tanto PP como Ciudadanos admiten acercamientos muy tímidos,
casi de primer contacto. Lo que sí es público y notorio son los
objetivos de cada uno. Los populares quieren presidir el mayor número de
plazas posible atendiendo a los resultados electorales, mientras que
los naranjas —conscientes de ser la llave en muchos territorios—
persisten en liderar algún Gobierno.
Que
en la negociación habrá intercambio de instituciones se da por hecho.
La cuestión es hasta dónde llegarán las cesiones. El caso de Madrid es
probablemente el más complejo. Un acuerdo del bloque de la derecha se da por descontado, a pesar de la presión trasladada por Vox.
El PP aspira a presidir ambos, mientras que la expectativa de
Ciudadanos al respecto se desconoce o, al menos, no la ha hecho pública.
Sí es seguro que la formación de Rivera aspira a liderar alguna plaza
con visibilidad, algo que encaja al cien por cien con el consistorio
madrileño.
La candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís. (EFE)
Además, fuentes naranjas sí dan por hecho que la prioridad de los populares será mantener el poder territorial actual,
especialmente las autonomías que manejan importantes presupuestos y que
garantizan cargos, algo que en este momento en el PP necesitan más que
nunca. Las mismas fuentes señalan que el consistorio madrileño no lo
perderían, porque no lo tienen. Ya desde 2015, los populares perdieron
la alcaldía considerada la 'joya de la corona' cuando Carmena fue
investida con el apoyo socialista. La presidencia castellanoleonesa
podría ser igual de importante para Casado. Son cartas que Ciudadanos jugará en la negociación,
igual que abrirse a posibles acuerdos con el Partido Socialista. En el
partido, entienden que en estos momentos se encuentran con una posición
de fuerza importante.
El resto del puzle territorial sigue igual de abierto, como ha ido publicando este diario. En Murcia, se da por descontado un pacto de la derecha. Y en Aragón, el panorama se encuentra abierto, no solo por el posible entendimiento con los socialistas de Javier Lambán (o
incluso con Ferraz, si decidieran apostar por la alcaldía zaragozana en
vez de mantener a un barón crítico con Sánchez) sino por las
dificultades que suponen un acuerdo con el PP, del que también tendrían
que formar parte Vox y los regionalistas del PAR. Sobre todo, después de
que su presidente, Arturo Aliaga, descartara abiertamente un pacto de
la derecha. Ciudadanos y PSOE, ahora sí, parecen condenados a entenderse en esta región.
Cuotas de poder y recortes en el PP
Después de acoger a personal procedente de puestos de confianza del Gobierno saliente de Mariano Rajoy con la moción de censura de Pedro Sánchez de hace un año, a Génova también han vuelto antiguos funcionarios del partido que llevaban décadas en el Congreso y el Senado
y que se han quedado sin sitio en los grupos parlamentarios después del
fracaso de los últimos comicios generales. Aunque tengan plantillas
diferentes, solo en la Cámara Baja el PP tendrá que prescindir de la
mitad de las 110 plazas de asesores que tenía en la pasada legislatura.
El equipo de dirección de Pablo Casado,
que aterrizó en Génova en julio pasado, apenas ha tenido tiempo de
evaluar los efectos de la pérdida de subvenciones para el sostenimiento
de la plantilla porque esta no ha dejado de crecer hasta la pasada
semana. Entre los días 21 y 22, pidieron el reingreso los últimos
diputados y senadores que pertenecían a las diputaciones permanentes de
las Cámaras, más el personal de confianza de los que ocupaban cargos en las respectivas Mesas.
Pablo Casado (d) y el secretario general del PP, Teodoro García Egea (i). (EFE)
El nuevo tesorero y hombre de confianza de Casado, Sebastián González, confirmó en su puesto a la gerente que llevaba antes las cuentas y la política de personal, Carmen Navarro. Como gerente, Navarro ya
se había ocupado de sanear el departamento después de los desmanes de
Luis Bárcenas y de aligerar la plantilla de la sede central en 2017 con
el fin de adecuarla a la realidad de los resultados electorales de los
últimos comicios ganados por el PP, que le dieron 137 escaños en el Congreso.
Entonces ingresó 20 millones como subvención por los comicios y ahora
se ha quedado en 10,5. En los cálculos de gasto para la campaña, la
dirección del PP no contaba con bajar de los 90 escaños en el peor de los casos y al final se quedó en 66.
Con
bajas pactadas a las que se apuntaron 25 funcionarios, el personal de
la sede central quedó cifrado en enero de 2018 en 240 trabajadores
fijos. Pero los reingresos a partir de junio del pasado ejercicio han
disparado el número de funcionarios y 'exfontaneros' a la espera de
destino. Fuentes del PP reconocen que el recorte será severo, aunque no
quieren concretar qué porcentaje de la plantilla será despedido y niegan
que esté decidida ya la fórmula legal del ERE.
ÁNGEL COLLADO y PALOMA ESTEBAN Vía EL CONFIDENCIAL
El centrismo, como dice Feijóo, es una pose. No es un ideario, sino
oportunismo bien vendido que tiene en Cs a su mejor intérprete. La vida
política española se ha teatralizado, y quien no lo entienda, perderá
Arrimadas, Rivera y Villegas.
EFE
Los pactos de Ciudadanos con PP y PSOE
van a depender de dos cosas: la procedencia de sus votos y el
equilibrio centrista. La formación de Rivera fracasó el 26-M en su
estrategia para hacerse con el liderazgo de la oposición al socialismo;
es decir, ser el nuevo PP. Al cerciorarse de que se había entrado en un
ciclo de hegemonía débil del PSOE, decidió en 24 horas cambiar de
estrategia. Es oportunismo puro. En lugar
de ser la alternativa, debía volver a su rol de centro, de elemento
templador de “rojos” y “azules” como decía antes Rivera.
Ese papel adoptado durante la madrugada del 27-M va a condicionar los pactos.
El equipo de Ciudadanos calibra su discurso y su acción siempre
teniendo en cuenta los sondeos, la procedencia de su votante y la
fidelidad del voto de los adversarios. Esto supone que si los sufragios
recibidos en una circunscripción como Madrid proceden en su mayoría de
electores cuyo recuerdo de voto es el PP, y el sondeo dice que rechazan
un pacto con la izquierda más que con Vox, la solución es fácil: van a
pactar con los populares.
Es
una cuestión básica de sociología electoral: responder al resorte
psicológico de su elector. El equipo de Ciudadanos ha tenido presente
que el votante más indeciso en las sucesivas convocatorias electorales ha sido el suyo, con porcentajes muy altos de volatilidad hacía el PP y el PSOE.
Ciudadanos acabará apoyando en Castilla y León y Murcia al
PP, porque es de las filas del partido de Casado de donde proceden la
mayoría de sus votantes
Por esta razón va a ocurrir lo mismo en Castilla y León.
Francisco Igea ha tenido que comerse sus palabras. Hizo una campaña
basada en la regeneración de esa comunidad autónoma, para lo cual,
decía, había que echar al PP, y en consecuencia pactar con el PSOE.
No obstante, los estudios han mostrado a la cúpula de Ciudadanos que un
porcentaje mayor de sus votantes proceden del PP, y que no quieren un
gobierno de izquierdas. Demasiado coste. Resultado: Igea se ha convertido en el nuevo mejor amigo de Mañueco, el popular.
Otro tanto ocurre en Murcia, donde el dominio del PP
durante décadas dejó un poso que ahora es muy difícil desatender. Llegó
la hora de tocar poder, pero los murcianos no perdonarían a un
Ciudadanos que, sin subir, se lanza en brazos de los socialistas. Cs
obtuvo en Murcia menos votos que en 2015, pero más escaños por el hundimiento de Podemos. El coste de pactar allí con Vox
es menor en comparación con hacerlo con los socialistas, y por la misma
razón: la procedencia de sus votantes (los desencantados de la
legislatura 2011-2015) y la altalealtad de los electores del PP en esa región, superior al 80%.
El otro condicionante de la política de pactos que llevará Ciudadanos es su papel de centrista constitucional,
como resultado, decía, de su fracaso de liderar la oposición. Esto
supone más una postura discursiva que una realidad práctica; esto es,
tienen que compensar con el discurso lo que se hace en las
instituciones.
¿Qué va a suponer esto? Que la retórica de Ciudadanos va a ser muy dura,
con exigencias que se escapan a la lógica del gobierno local, pero que
tienen una perspectiva nacional. Por esta razón reclama una declaración
de apoyo al 155 aunque todavía Torra no
haya infringido la ley, y de repudio a Sánchez, lo que es ridículo. Una
cosa es negociar, pedir máximos para obtener mínimos, y otra quedar en
evidencia.
No se puede ser el centro equilibrador entre socialistas y
populares y sentarse con Abascal, que no es precisamente maestro de la
moderación
A esto hay que añadir una cuestión de posicionamiento: el centro se caracteriza por su distancia de los extremos. Hasta Manuel Valls ha
dejado la advertencia, o la excusa según se mire. Nada con Vox, pero no
porque no haya puntos en común, sino por la imagen. El daño de la foto
de Colón, su pertenencia al “trifachito”, aleja a Ciudadanos del nuevo
papel que quiere adoptar desde su fracaso del 26-M. No se puede ser el
centro equilibrador entre socialistas y populares, aunque acabe siendo
el soporte del nuevo bipartidismo, y sentarse con Abascal, Ortega-Smith y compañía, que no son precisamente maestros de la moderación.
La imposición de condiciones duras al PSOE no supone que
Ciudadanos no pacte con los socialistas en algunas localidades
acogiéndose al comodín de la responsabilidad.
En el peor de los casos, las exigencias del equipo de Rivera a los de
Sánchez tiran al PSOE a la izquierda cómplice del independentismo, y
sitúan a Cs en el centro constitucionalista.
De esta manera, los populares podrán gobernar en muchas capitales de provincia y autonomías, como Zaragoza, Oviedo o Córdoba.
El PP saldrá reforzado sin moverse un milímetro, asentado en el
centro-derecha, pactando a izquierda y derecha con Ciudadanos y Vox.
Casado podrá seguir diciendo que el PP es lo que ha sido siempre, pero
renovado, y que Ciudadanos ha regresado al centro, así, sin adjetivo.
El centrismo, y ahí tiene razón Feijóo, es una pose,
es imagen, es algo que está en el imaginario colectivo, en el mundo de
representaciones mentales de la gente. No es un ideario, sino oportunismo bien vendido.
Por eso es tan potente un discurso como una acción de gobierno, o quizá
más, y Ciudadanos lo aplica. La vida política española se ha
teatralizado, y quien no lo entienda, perderá.
En fechas recientes se han registrado tres graves ataques anticristianos en los territorios gobernados por la Autoridad Palestina
(AP). Pero no han tenido la menor repercusión en los medios
internacionales –ni en los israelíes– porque Israel no ha estado
implicado.
El 25 de abril, los aterrorizados residentes de la aldea cristiana de Yifna, próxima a Ramala, pidieron protección a la AP luego de ser atacados por musulmanes armados.
La violencia estalló después de que una mujer de la localidad
interpusiera una denuncia ante la Policía contra el hijo de un destacado
cabecilla de Fatah [el partido del presidente de la AP, Mahmud Abás]
que atacó a su familia. Como consecuencia, decenas de pistoleros de
Fatah acudieron a Yifna, dispararon cientos de tiros al aire y arrojaron
bombas incendiarias mientras proferían todo tipo de maldiciones,
causando graves daños materiales. Fue un milagro que nadie muriera o
resultara herido.
Pese a las peticiones de socorro de los
habitantes de Yifna, la Policía de la AP no intervino durante las horas
de marasmo. Ni realizó una sola detención. Un dato muy interesante: los vándalos exigieron a los aldeanos el pago de la yizia,
un impuesto especial que históricamente se imponía a los habitantes no
musulmanes de territorios sometidos a régimen islámico. Las más
recientes víctimas de la yizia han sido las comunidades cristianas de Irak y Siria en las zonas controobjetos de gran valor, cámaras de seguridad incluidas.
Tres días después le llegó el turno a la iglesia anglicana de la aldea de Abud,
al oeste de Ramala. Los maleantes cortaron la valla del recinto,
rompieron las ventanas e irrumpieron en el templo, que profanaron y de
donde igualmente sustrajeron objetos de gran valor.
Como en los dos incidentes previos, no se produjo una sola detención.
Según consta en su página de Facebook, se trata de la sexta ocasión
en que esa iglesia maronita de Belén es objeto de robo y vandalismo; en
2015 padeció un incendio que provocó cuantiosos daños y la obligó a
cerrar durante un largo periodo de tiempo. Aunque el mismísimo
presidente de la AP, Mahmud Abás, estuvo presente en la ceremonia de
reinauguración del templo, el pasado 24 de diciembre, el referido
incendio, así como otros actos de vandalismo y latrocinio, no recibió
cobertura en los medios palestinos. De hecho, se ha impuesto el secreto
de sumario en numerosos casos de este tipo.
Es improbable que las más reciente oleada de ataques lleve a la detención, menos aún al encausamiento, de sospechoso alguno. Lo único que le interesa a la AP es que estos sucesos no lleguen a los medios.
Fatah ejerce gran presión sobre los cristianos para que no den cuenta
de los actos de violencia y vandalismo que frecuentemente padecen, pues ese tipo de publicidad dañaría la imagen de la AP como agente capaz de proteger la vida y las propiedades de los cristianos
que viven sometidos a su régimen. Aún menos quiere la AP ser retratada
como una entidad radical que persigue a las minorías religiosas, pues
podría tener repercusiones negativas en la masiva ayuda internacional, particularmente europea, que recibe.
Aunque evitan decirlo en público, muchos de los cristianos residentes
en los territorios controlados por la AP temen –con muy buenas razones–
que la violencia musulmana contra ellos no haga sino crecer. Sus temores
no hacen sino cobrar fuerza ante el clamoroso silencio de los medios
occidentales (e israelíes) respecto de la desaparición de la minoría cristiana de la AP y de las tierras islámicas en general, en llamativo contraste con la integración de la creciente y próspera comunidad cristiana de Israel.
Los cristianos del mundo occidental deben exigir a la AP que detenga a
los sospechosos de los más recientes ataques y empiece a vigilar los
lugares cristianos de culto. La ignorancia de los lamentos de los
cristianos residentes en la AP sólo puede conducir a la extinción del cristianismo en su lugar de nacimiento.
El domingo se volvió a ver que el
separatismo parte Cataluña en dos y que la división del secesionismo
complica aún más cualquier intento de solución
/EFE
Para saber lo que han dicho los catalanes el pasado domingo, lo
primero es analizar cómo han contestado a tres preguntas relevantes pero
distintas.
La primera es a quiénes han dado su confianza para gobernar los ayuntamientos. La segunda es qué lista ha ganado las europeas. La tercera, qué ha pasado en Barcelona y quién será el futuro alcalde.
El voto en la totalidad de los municipios es muy relevante y el resultado coincide en lo fundamental con el de las legislativas del pasado 28 de abril. En la Cataluña actual, hay dos partidos en cabeza con posiciones enfrentadas respecto a la independencia o la pertenencia a España. El primer partido ha sido ERC, claramente independentista,
que en las municipales ha obtenido el 23,5% de los votos con un gran
salto adelante de siete puntos respecto a las de hace cuatro años. Es
casi el mismo resultado (24,5%) que tuvo en las legislativas del mes
pasado.
Pero con una votación muy cercana (21,9%) ha quedado el PSC, constitucionalista y partidario de un mayor autogobierno,
que sube cinco puntos respecto a las municipales de 2015 y que también
obtiene un resultado muy similar al de las legislativas (23,2%).
Luego, ya más lejos, se sitúan JxCAT (de alguna forma, la continuación de la antigua CDC), controlado por Puigdemont, con un 15,3%, un descenso de seis puntos respecto a 2015. En las municipales, se ha demostrado pues que la ERC de Junqueras es
el partido más implantado en las ciudades y pueblos catalanes,
desplazando de la primera posición —ganó en 2015— a la antigua CDC.
Luego, todavía a mayor distancia, vienen los comunes, con el 8,7% de los votos y bajando tanto respecto a 2015 como al 28-A. La crisis del mundo de Pablo Iglesias
también afecta a Cataluña. Y después de los comunes se sitúa Cs, con un
5,1%, un resultado muy inferior al de las legislativas (11,55%) que
demuestra que el partido de Rivera no ha sabido capitalizar la victoria de Inés Arrimadasen las autonómicas catalanas de 2017 —cuando recogió el voto útil antiseparatista— para implantarse en la vida local catalana.
La conclusión es que Cataluña es un país muy plural
pero que hoy en día hay dos partidos dominantes —ERC y el PSC—, y que
el entendimiento entre ellos no es nada fácil. Uno sigue apostando por
la independencia y reivindicando —al menos 'de iure'— el referéndum del 1
de octubre de 2017, y el otro es claramente federalista y está muy
vinculado al PSOE y a Pedro Sánchez. Y dentro del campo independentista, el partido de Oriol Junqueras bate claramente a la antigua CDC.
La victoria de JxCAT en las europeas demuestra que ERC no domina el secesionismo. Puigdemont encarna la amenaza radical
¿El resultado de las europeas
avala las conclusiones anteriores sobre las municipales? Solo en parte y
con una diferencia sustancial. El PSC sigue siendo el segundo partido
con un 22,1% del voto, pero la primera posición no la ocupa ERC, cuyo
candidato era Oriol Junqueras y que obtiene el 21,2%, sino la
candidatura de Carles Puigdemont que, con el 28,6%, adelanta en más de
siete puntos a ERC. Y el resultado tiene más relevancia por cuanto ambos
—Puigdemont y Junqueras— lideraban las dos listas.
La conclusión es que en el campo independentista existe voto dual.
En las municipales, vota mayoritariamente a ERC, mientras que en las
europeas, lo hace a Puigdemont con un porcentaje (28,6%) que casi dobla
el de JxCAT en las municipales. Es algo que sorprende. ¿Cuál es la causa
de este voto dual y del fuerte incremento del voto a Puigdemont en las
europeas, donde es directamente candidato contra Junqueras? Es una
victoria personal, no de partido, que se puede atribuir a varias causas.
Carles Puigdemont valora los resultados obtenidos en las elecciones europeas. (EFE)
Una es que Puigdemont desde Bruselas ha hecho campaña libremente
(en la prensa y en las televisiones, básicamente TV3), mientras que
Junqueras, encarcelado, se ha expresado con muchas más dificultades.
Esto ya sucedió en las autonómicas de 2017 cuando, contra pronóstico,
Puigdemont derrotó a Junqueras. Pero entonces por unas pocas décimas y
ahora ha sido por siete puntos. El liderazgo de Junqueras es, pues, frágil.
Otra
posible causa es que Puigdemont ha sido la cabecera de muchas
informaciones, no tanto por su campaña sino por la decisión —luego
rectificada por el Supremo— de la Junta Electoral Central,
a instancias del PP y Cs, de prohibirle su participación en estas
elecciones. ¿Han ayudado así el PP y Cs, con su campaña contra
Puigdemont, a su éxito electoral contra Junqueras? Es indudable, pero el
grado de influencia de este factor es imposible de fijar.
Pero hay algo más profundo. En el mundo secesionista, hay desde siempre, pero todavía más desde la aplicación del 155, un fuerte sentimiento de agravio contra las instituciones españolas. Y esta protesta contra España, a veces primaria e instintiva, se inclina más por Puigdemont
que por Junqueras, pese a que cuando Puigdemont no es candidato
prefiere ERC a la antigua CDC. La razón sería que estos electores
apuestan a que Puigdemont desde Bruselas —viajando libremente por Europa
desde la decisión de un tribunal alemán
de no entregarlo a España por no suscribir la acusación de rebelión—
hace más daño a la reputación del Estado español que Junqueras sin poder
salir de Soto del Real. Quizá crean también que Puigdemont podrá
ejercer realmente de eurodiputado y que Junqueras lo tendrá imposible
por estar en manos de Marchena.
La gran incógnita es si esta ventaja de Puigdemont —encarnando la radicalidad contra España— puede tener consecuencias en unas futuras elecciones catalanas
—por fuerza no muy lejanas— en las que ambos fueran candidatos. De ahí
que la radicalidad de Puigdemont sea un serio freno a la tambaleante
evolución de ERC hacia el pragmatismo.
Maragall ha ganado por los pelos las elecciones de Barcelona, pero no es todavía seguro que sea el alcalde de la ciudad
Un
fenómeno algo extraño es que en las elecciones europeas —quizá por el
factor Puigdemont— los partidos independentistas han alcanzado el 49,8%
de los votos, mientras que en las legislativas de abril y en las
municipales esas candidaturas estuvieron en el entorno del 40%. Cataluña
no es solo que esté dividida entre independentistas, no
independentistas y mediopensionistas (los comunes, que exigen un
referéndum) sino que la fuerza de los independentistas varía en función del tipo de consulta.
En
este sentido, lo que ha pasado en Barcelona es significativo. El
partido ganador es ERC, cierto que por poco margen (160.990 votos frente
a 156.157 de Ada Colau), pero por el contrario las
listas independentistas han perdido tres concejales (de un total de 42,
han bajado de 18 a 15), mientras que los no independentistas (sin contar
a Colau) han subido, gracias a los resultados del PSC, de 12 a 16.
Con este panorama, la elección de alcalde de Barcelona no está nada clara. Sin pactos para la investidura, Ernest Maragall será
alcalde. Le basta con ser la lista más votada. Si suma con JxCAT, el
otro grupo separatista en el ayuntamiento, tendrá 15 concejales. Y si
suma a JxCAT y Colau —pacto casi imposible—, llegaría a 25, con lo que
superaría la mayoría absoluta (21 concejales) y podría gobernar con
tranquilidad. La mayoría absoluta no la lograría pactando solo con
Colau, ya que se quedaría con 20 concejales.
Pero hay la
posibilidad teórica de una difícil mayoría alternativa. Un pacto
Colau-Collboni (candidato del PSC) —posible, pues ya se dio durante unos
meses de la pasada legislatura— se situaría en 18 diputados. Y si en la
investidura solo tres concejales del grupo de Manuel Valls-Cs votaran a favor para que Barcelona no tuviera alcalde independentista, Colau continuaría siendo la alcaldesa de la ciudad.
¿Qué decidirá finalmente Colau? Es
la gran incógnita, pero es cierto que solo el 31,8% de los barceloneses
votó independentista mientras que el 36,6% (sin contar a Colau) votó
constitucionalista. ¿Alcalde independentista —aunque se apellide Maragall— cuando en Barcelona el secesionismo ha bajado?
No es fácil que la política de desinflamación, única vía razonable, tenga hoy suficiente viento a favor
¿Qué conclusiones
sacar de estas tres votaciones —europeas y municipales— de Barcelona?
La primera es que la partición entre independentistas y
constitucionalistas se concreta básicamente en dos partidos, ERC y PSC,
de fuerza similar pero con ventaja republicana. Y estos dos partidos
tienen serias dificultades programáticas para llegar a acuerdos, aunque
sean parciales. El veto de ERC a que Miquel Iceta presidiera el Senado
lo demuestra.
La segunda es que la dificultad de acuerdos entre
socialistas y republicanos se agrava porque ERC teme que una parte de
sus electores pueda cambiar el voto en algún momento —por ejemplo, unas
autonómicas— a favor de Puigdemont si el exiliado de Waterloo es
percibido como una opción más radical.
Con
una Cataluña que vota independentista en una proporción cercana al 50% y
en la que hay muchos ciudadanos (entre ellos, los que votan a Ada
Colau) que pueden estar a favor de un referéndum pactado, cualquier
solución es lenta y laboriosa. De entrada, la desinflamación
y el respeto a las normas del Estado de derecho no tienen alternativa
posible. Quizá no sea la solución, pero sí es el único camino posible.
El problema es que para que la desinflamación
sea eficaz, no puede ser únicamente la política de un Gobierno
socialista en Madrid (aunque sea con el apoyo de Podemos). Necesitaría
un pacto de Estado con la derecha y esta posibilidad, hoy por hoy,
parece muy lejana.
La decisión de Estrasburgo supone un sonoro revés para los golpistas que están siendo juzgados en el Supremo
Carles Puigdemont en una videoconferencia.
QUIQUE GARCÍA /EFE
En una dura resolución, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
rechazó ayer la demanda contra España interpuesta por 76 diputados
secesionistas del Parlament de Cataluña -encabezados por su ex
presidenta Carme Forcadell y el prófugo Puigdemont-
por considerarla "manifiestamente infundada". La decisión del Tribunal,
la segunda en la que se pronuncia sobre el procés, supone, por los
términos en los que está redactada, un sonoro revés para los golpistas
que están siendo juzgados en el Supremo, cuyas esperanzas han estado
siempre depositadas en Estrasburgo. Otra prueba del absoluto desprecio que los independentistas han manifestado siempre hacia el Estado de derecho español.
En
este caso, los independentistas habían denunciado que el Tribunal
Constitucional suspendiera un pleno previsto para discutir los efectos
del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, alegando que de esta
forma se había violado el derecho de reunión y la libertad de expresión
de los parlamentarios autonómicos. Los siete magistrados de Estrasburgo,
sin embargo, han dado la razón al TC español argumentando que la
suspensión del pleno respondía a "un bien social imperioso" y que fue
"necesaria", como lo habría sido en cualquier "sociedad democrática". La
resolución añade que la convocatoria del pleno supuso una "falta de respeto manifiesta"
a la decisión que el TC había tomado para proteger el orden
constitucional. Por lo tanto, concluye el Tribunal, no se debía admitir a
trámite una demanda que exigía la convocatoria de un pleno incompatible
con los principios democráticos y el ordenamiento legal. Y recuerda a
los demandantes que, al día siguiente del pleno suspendido, el ex
president Puigdemont compareció ante el Parlament y declaró
unilateralmente la independencia, contraviniendo la ley española y el derecho internacional.
Hay que felicitarse por la resolución de Estrasburgo porque, más allá
de su importancia en este caso concreto, sirve de advertencia a los
golpistas juzgados y a los fugados: la Justicia europea nunca aprobará la desintegración territorial de un Estado de la UE.
Pero los separatistas recibieron ayer otra mala noticia judicial, esta vez desde la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Después de tres meses y medio de vista oral, los cuatro fiscales que
participan en el juicio han anticipado que en las conclusiones
definitivas, que harán públicas en los próximos días, mantendrán contra
la mayor parte de los procesados las acusaciones por delito de rebelión, no de sedición,
así como las penas de cárcel que se pedían en el escrito provisional
elaborado antes del juicio. Por más intentos que han hecho los
secesionistas para evitar el juicio, incluida su pretensión de ampararse
en el aforamiento, nada evitará que se sometan al imperio de la ley.
Existen pocas dudas sobre el significado que su creador, el luxemburgués Arsène Heitz otorgaba a las 12 estrellas doradas que en fondo azul constituyen la bandera de Europa.
Otra
cosa es que quienes la aprobaron con carácter definitivo en 1955, el
Consejo de Europa, tuvieran conocimiento de aquel significado, por
cuanto previamente habían rechazado otros diseños, que incorporaban cruces, y que sufrieron el veto de turcos y socialistas,
que no consideraban que, lo que formaba parte de las banderas de países
como el Reino Unido, Suiza y los países nórdicos, pudiera representar,
por su significación cristiana, a la nueva Europa que estaba naciendo.
Era
el año 1953 o sea que la oposición socialista a la cruz viene de lejos,
y lo cierto es que, sin los turcos, pero sí con los liberales, va
ganando. Otros diseños fueron descartados por objeciones nacionales,
pero el de las 12 estrella en corona prosperó.
El
Apocalipsis es el libro que se aparta más de la naturaleza literaria
del Nuevo Testamento. Se ha querido leer como una profecía, como una
teología de la historia o de los últimos días. No parece ser eso. Romano
Guardini, en la séptima parte del libro de meditaciones El Señor, se refiere a él como un libro de consolación.
Es un consuelo que Dios ha querido dar a su Iglesia al fin del tiempo
de los apóstoles. Y en este sentido, es también consolación para
nosotros.
Pero ¿consolación de qué? El Estado romano había declarado enemigo al
cristianismo después de constatar que eran distintos a los judíos, y
que no estaban dispuestos a rendirle culto en unos
términos que chocaban con el culto a Dios. No se declaraban ciudadanos
rebeldes, al contrario, eran leales servidores, pero no por ello iban a
encumbrar al estado más allá de lo que son sus límites, deificándolo.
Las persecuciones intermitentes, de crueldad variable según la época y
el territorio del Imperio, duraron mucho tiempo, tanto como doscientos
años. Muchísimo más que la persecución nazi, soviética, y de lo que
duraría la opresión del partido comunista chino. Ser cristiano, aun sin
persecución en marcha, era practicar una religión fuera de la ley
y, por consiguiente, vida y hacienda quedaban en manos de la amenaza o
el chantaje. Fue precisamente la primera persecución, la de Domiciniano en el año 95, la que inspira la visión que figura en el Apocalipsis.
Dios
consuela, nos dice Guardini. Pero ¿cómo lo hace? No ciertamente negando
la dureza de la prueba, tampoco interviniendo de manera milagrosa. “La Historia tiene su tiempo y su potencia, que Dios no anula aun cuando estos sean dirigidos contra El”, escribe Guardini y añade “Cristo, callándose y esperando. La eternidad le pertenece.” “Pero
llega la hora en que todas las cosas han tenido su tiempo. Entonces
pasan, pero Cristo sigue viviendo. Todo comparecerá ante Él y Él pondrá
en claro todas las obras humanas en su verdadero valor. Este es el
consuelo, proviene de la fe”.
Porque la fe otorga la esperanza de
la victoria final, y el consuelo perfecto. Sabe que no se alcanza en
esta vida sino en la eternidad, que para él es la realidad. El consuelo
que nos brinda Dios sirve para andar mejor el camino.
Pero parecería, dicho así, que lo que se espera del cristiano es una aceptación pasiva
de todo lo malo que suceda en el mundo. Nada de eso. ¿Dónde está
escrita tal cosa? Al contrario, el cristianismo es acción transformadora
del mundo para procurar el Reino de Dios. El mandato es claro y
evidente y cierra el evangelio, es decir, la buena nueva, de Mateo (28,19-20) “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.
Y eso reza para todo el mundo, también para la Europa de las doce
estrellas, empezando por lo más próximo a nosotros, nuestro pueblo,
ciudad y país.
El Gobierno de Estados Unidos ha esquivado al Congreso del país para
aprobar por urgencia un programa de venta de armamento y modernización
del ejército de Arabia Saudí valorado en 8.000 millones de dólares
El presidente de EE UU, Donald Trump, y parte del documento en el que se anuncia el programa.
El Gobierno de Estados Unidos ha incluido a España en un programa de venta de armas y modernización del ejército de Arabia Saudí valorado en 8.000 millones de dólares aprobado el viernes pasado.
La Administración Trump se
acogió el viernes a una disposición sobre control de armamento poco
empleada en la política estadounidense que permite la aprobación por vía
urgente de ciertas medidas.
El Secretario de Estado, Michael Pompeo, anunció la activación del programa de venta de armamento a Arabia Saudí a través de un memorándum, al que ha accedido Vozpópuli, justificándolo por la amenaza que representa Irán para países aliados.
El programa incluye el desarrollo de sistemas de bombas guidas por láser para aviones de combate del ejército saudí
En el documento del Secretario de Estado, que puede
consultarse en esta información, se indica que la medida "implica la
exportación de artículos de defensa, incluyendo datos técnicos y
servicios de defensa, a Arabia Saudí, Reino Unido, España
e Italia para apoyar la coproducción, fabricación, montaje, desarrollo,
integración, instalación, operación, pruebas, mantenimiento, reparación
y desmilitarización" de los sistemas Paveway y Enhanced Paveway, bombas guiadas por láser, para los aviones de la Royal Saudi Air Force, los F-15, Tornado y Eurofighter Typhoon.
Anuncio de la activación del programa por parte del Secretario de Estado, Michael Pompeo.
"El Gobierno de Estados Unidos está autorizando la
exportación de estos artículos teniendo en cuenta los aspectos
políticos, consideraciones militares, económicas, de derechos humanos y
de control de armamentos", añade Pompeo en su escrito.
El mismo día 24 de mayo el diario The Wall Street Journalpublicó la aprobación del programa,
que valora en 8.000 millones de dólares, y se hizo eco de las protestas
que ha suscitado tanto en el partido Demócrata como en el Republicano,
citando a congresistas que criticaban la medida y que la definían como
"otra bofetada al Congreso".
Parte del documento enviado por el Secretario de Estado.
"Estas ventas apoyarán a nuestros aliados, mejorarán la estabilidad de Oriente Medio y ayudarán a estas naciones a defenderse de la República Islámica de Irán", dijo en un comunicado Pompeo recogido por el diario estadounidense.
La Ministra de Defensa, Margarita Robles, tuvo que rectificar
tras anunciar la paralización de un envío de 400 bombas a Arabia Saudí
Vozpópuli
se puso en contacto el martes por la tarde con los Ministerios de
Defensa y de Industria para ampliar esta información, pero no se obtuvo
respuesta.
La relación comercial entre la industria
armamentística española y la saudí se ha visto erosionada en los últimos
tiempos y ha provocado crisis diplomáticas entre los dos países y
polémica política en España por el rechazo de Podemos a cualquier venta de armas a Arabia Saudí.
A finales del pasado año la Ministra de Defensa, Margarita Robles,
anunció la paralización del envío de 400 bombas de precisión a Arabia
Saudí, por valor de 9,2 millones de euros. Pero después tuvo que
rectificar al ponerse en peligro un pedido de Arabia Saudí de cinco
corbetas valorado en 2.000 millones de euros que fabricará la compañía
pública española Navantia.
Presencia de Airbus España
Entre las compañías que participarán en el programa aprobado por el Gobierno estadounidense figuran italianas (RWM Italia), británicas (BAE Systems), saudíes, estadounidenses (Reaytheon), y, en España, Airbus Defense and Space SA.
En el centro de Getafe de Airbus se realizan labores de ensamblaje del Eurofighter Typhoon
Airbus España, con la que se ha puesto en
contacto este diario, no ha querido comentar la información. El grupo
aeronáutico europeo cuenta con Arabia Saudí como primer cliente de su
división militar fuera del continente europeo.
Airbus forma parte del consorcio europeo que fabrica el avión de combate Eurofighter Typhoon. A mediados de 2018, el Reino de Arabia Saudita adquirió 72 de estas aeronaves.
Las Fuerzas Armadas saudíes cuentan con tres Airbus A330 Multi-Role Tanker Transportes (MRTT),
un avión cisterna (diseñado para que los aviones de combate puedan
repostar en el aire). Este aparato es una adaptación militar del
comercial A330-200, fabricado en el centro de Getafe (Madrid) de Airbus, donde también se llevan a cabo labores de ensamblaje del Eurofighter Typhoon.
Cuba necesita apuntalar el régimen de Maduro y que este sea capaz de revertir una situación económica insostenible
Cuba, Venezuela y la historia por venir. (EFE)
En abril del año pasado, en su discurso con motivo de la clausura de la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional Cubana, Raúl Castro advertía de dificultades económicas crecientes
y de la posibilidad de que la situación empeorara en los próximos
meses, aunque descartaba una vuelta al Periodo Especial de los años
noventa, cuando la 'caída del campo socialista', es decir, la
desaparición de la URSS, privó a Cuba de cerca de un 30% de su PIB.
Lo que preocupaba y preocupa a la dirigencia comunista cubana es Venezuela, cuyo PIB ha caído del orden de un 60%
en un proceso de deterioro creciente que aún no ha visto el final. En
los mejores años de la alianza cubano-venezolana, el comercio entre
ambos países representaba un 20% del PIB cubano. Los cálculos
disponibles apuntan a que aún hoy un 12% del PIB de la isla depende de
los intercambios con Venezuela,
entre los que destacan la importación de petróleo en favorables
condiciones de mercado y la exportación de servicios profesionales
—médicos y maestros—, en un curioso proceso en el que el Gobierno cubano vende en dólares el trabajo de sus ciudadanos, a los que paga en pesos no convertibles.
Cuba necesita apuntalar el régimen de Maduro y
que este sea capaz de revertir una situación económica insostenible. Se
ha escrito, y probablemente con razón, acerca del control de los
servicios venezolanos de Inteligencia por parte de sus homólogos
cubanos. El problema es que el férreo control de la sociedad venezolana
no es suficiente y Cuba nunca ha querido implantar reformas económicas como las que Deng Xiao Ping utilizó
en los años ochenta para dar la vuelta a la economía china. No
obstante, Cuba tiene su propia receta económica, que aunque no ha
servido para mejorar la situación económica de sus ciudadanos, ha
contribuido de manera formidable a la consolidación del régimen:
entregar a las Fuerzas Armadas el control de sectores clave de la
economía.
Gaesa (Grupo de Administración Empresarial SA), propiedad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), es el mayor 'holding' empresarial existente en Cuba. Entre sus participadas, destacan:
El Consorcio Gaviota, el mayor propietario de hoteles de Cuba, cuya gestión encomienda a grupos internacionales.
Cimex,
consorcio que engloba —entre otras actividades— multitud de tiendas
minoristas, una naviera, zona franca, alquiler de coches, agencia de
viajes y negocios inmobiliarios.
Financiera Cimex, que
tiene el monopolio del envío de remesas a Cuba y controla en la isla los
procesamientos de las tarjetas internacionales Visa y Mastercard.
Habaguanex,
que incorpora un centenar de comercios minoristas en dólares, 21
hoteles y hostales, y una amplia red de cafeterías y restaurantes, brazo
económico de la oficina del historiador de La Habana, Eusebio Leal,
cuyos ingresos han sido esenciales en la restauración del casco
histórico habanero.
Banco Financiero Internacional, la principal entidad de su tipo para la gestión internacional de divisas.
Son todos ellos negocios propiedad de los militares, dirigidos por militares, con sistemas retributivos ligados a parámetros de eficiencia y, por supuesto, sujetos a la cadena de mando militar, en cuya cúspide se sitúa el presidente de Gaesa, el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja.
Si en Cuba
el turismo y sus negocios colaterales son una de las principales
fuentes de riqueza, en Venezuela ese lugar de honor en la pirámide
económica lo ocupa el petróleo. En noviembre de 2017, fueron cesados en
sus cargos Eulogio del Pino, ministro de Petróleo, y Nelson Martínez, presidente de PDVSA.
Días después, ambos fueron detenidos por la contrainteligencia militar,
bajo acusaciones de corrupción. Ambos cargos fueron asumidos por Manuel Quevedo,
mayor general de la Guardia Nacional. Otros cargos directivos de la
petrolera estatal venezolana también fueron ocupados por miembros de las
Fuerzas Armadas.
El resumen
es que en un país que vive del petróleo y que necesita importar casi
todo lo que consume, el ejército se ha hecho cargo de ambas funciones
Un año antes, en 2016, el presidente Nicolás Maduro había decidido ampliar la presencia de los militares en el ámbito empresarial, con la designación del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López,
como responsable de la Gran Misión Abastecimiento Soberano que,
asegura, "ayudará a mejorar la producción y economía nacional". Según
los medios publicados en esos momentos, el ministro sostuvo que "la unión cívico-militar logrará regularizar la distribución de los productos de primera necesidad que le hacen falta al pueblo venezolano".
El
resumen es que en un país que vive del petróleo y que necesita importar
casi todo lo que consume, el ejército se ha hecho cargo de ambas
funciones. Es ese mismo ejército y ese mismo ministro de Defensa al que
se dirigieron todas las miradas hace unos días pensando que iba a
contribuir a la caída de Maduro. Nunca el colectivo militar, sobre todo
su cúpula dirigente, va a estar mejor que bajo el modelo cubano, que les otorga el control de la economía y, por tanto, de los flujos de fondos que le son inherentes. Estados Unidos ha empezado a presionar al Gobierno de Maduro y además a Cuba, a la que con razón atribuyen una responsabilidad creciente en la situación venezolana. Activación de la Ley Helms Burton,
limitación de remesas, prohibición de hacer negocios con empresas
controladas por las Fuerzas Armadas e, incluso, amenaza de un embargo
total.
Por
otra parte, se suceden iniciativas negociadoras entre Gobierno y
oposición venezolanos. La próxima etapa tendrá lugar en Noruega. Por
cierto, una de las iniciativas de este tipo dio lugar a la propuesta de
plan económico efectuada por Unasur (Unión de Naciones Suramericanas),
que al margen de cuestiones políticas trataba de paliar la sangría
económica derivada del modelo bolivariano. Cuentan las crónicas que la
propuesta en cuestión fue desechada gracias a la intervención de Alfredo
Serrano, gaditano, doctor en economía por la Universidad de Barcelona,
coautor de un libro con Íñigo Errejón,
seguidor de Podemos y asesor de Maduro. Según acuñó en uno de sus
artículos, el plan no era otra cosa que una "neosocialdemocracia
bolivariana" o un "viraje neoliberal en versión suave". Anécdotas
aparte, las reformas económicas de corte liberal no forman parte del
catecismo cubano.
Se han cumplido 60 años de la revolución cubana.
El mundo ha cambiado desde entonces, pero el férreo poder del comunismo
cubano no ha cedido un ápice de terreno. Habrá quien crea que las
presiones surtirán efecto en Venezuela, o que las negociaciones llegarán
a un final feliz. Se recomienda un sano escepticismo: la historia por
venir pasa por La Habana, y es dudoso que deseen para otros, a los que
necesitan, lo que no desean para sí.
