Las sociedades se envenenan por un nacionalismo separatista que no acepta el imperio de la ley, las reglas de la democracia y la igualdad entre ciudadanos
La
presión del nacionalismo excluyente produce graves distorsiones que no
sólo se reflejan en la inestabilidad institucional o la conflictividad
jurídica. Sus peores efectos, porque son los más duraderos y menos
reversibles, son los que hacen mella en el tejido social y en la calidad
de la democracia. Un dato lo demuestra: en la provincia de Gerona, en
un tercio de sus municipios sólo se presentan para el 26-M candidaturas
del ámbito separatista, como Esquerra Republicana, JpC y la CUP. Son 78
de 221 localidades en las que estarán ausentes los socialistas, el
Partido Popular, Ciudadanos y, por supuesto, Vox. El partido de Abascal
sólo compite en cuatro municipios, además de la capital. Podría decirse
que este escenario -en el que, por ejemplo, el PP pasa de 70 a 30
candidaturas, mientras Ciudadanos llega al frío número de 25- es
resultado de la libre evolución política de los acontecimientos. Tal
explicación no sería más que una cortina de humo para evitar enfrentarse
al problema de la limpieza ideológica a la que aspira todo nacionalismo
separatista, más aún cuando está animado por un cierto fanatismo
etnicista y supremacista.
Estos procesos son a largo plazo y en sus comienzos nunca se manifiestan de forma burda y escandalosa. Aunque los avisos son claros. El infame tuit que compartió la expresidenta del Parlamento catalán Núria de Gispert, en el que se comparaba a Inés Arrimadas, Juan Carlos Girauta, Enric Milló y Dolors Montserrat con cerdos enviados a la exportación es un síntoma muy significativo -unido a otros de similar pelaje- de la situación en Cataluña. Los que piden altura de miras y «luces largas», literatura envolvente de una propuesta de cesión a los nacionalistas, deberían aplicar esos mensajes para ver lo que le pasa a las sociedades envenenadas por un nacionalismo separatista que no acepta el imperio de la ley, las reglas de la democracia y la igualdad entre ciudadanos. El empobrecimiento de la democracia en Cataluña es un problema de máxima gravedad que pone al futuro Gobierno en la responsabilidad de proteger la convivencia y la libertad política frente a la estrategia del separatismo.
EDITORIAL de ABC
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