Retener la comunidad y la posibilidad de recuperar el ayuntamiento son la principal vía de salida para la dirección del partido. La negociación con Ciudadanos puede ser fundamental
El presidente nacional del PP, Pablo Casado (c), posa con los candidatos
del partido al ayuntamiento de la capital y a la Comunidad de Madrid,
José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso. (EFE)
El Partido Popular prepara un severo ajuste de plantilla en su sede central de la calle Génova de Madrid como consecuencia del fracaso electoral del pasado 28-A, pero aún no tiene decidido si lo hará en forma de ERE, con acuerdos individuales o con un nuevo plan de bajas incentivadas como el aplicado a finales de 2017.
El PP incorpora estos días a su estructura al personal en excedencia,
que reclama el reingreso después del paso por distintas administraciones
y está a la espera de ver cómo quedan los pactos autonómicos y
municipales después del 26-M.
En este sentido, la batalla de Madrid en los pactos poselectorales será clave. Retener la comunidad y la posibilidad de recuperar el ayuntamiento madrileño
son fundamentales para que el equipo de Casado 'venda' las últimas
elecciones como una victoria. Mantener la Junta de Castilla y León y el
gobierno de la Región de Murcia es también objetivo fundamental, pero
las instituciones de Madrid son la prueba más visible de que e,l PP
puede entrar en recuperación. Y también la principal vía de salida para que la dirección del partido pueda
recolocar asesores, secretarias, equipos de comunicación e incluso
exparlamentarios y exdirigentes del partido readmitidos de forma
provisional en la sede central.
Teniendo en cuenta que al perder la mitad de las subvenciones también
tendrán que recortar los gastos de personal de forma drástica,
asegurarse estas dos plazas es casi una necesidad de primer orden. En
las últimas bajas pactadas la dirección ofreció unas indemnizaciones que
solo interesaron a los trabajadores de más edad, también porque temían después un ERE clásico que ahora vuelve a rondar la sede central, según reconocen en su comité de empresa.
Aunque las conversaciones con Ciudadanos van muy despacio, ya han echado a andar. El 'modus operandi' es exactamente igual que el andaluz: un equipo negociador por ambas partes y una interlocución más directa entre los números dos de ambas formaciones: Teodoro García Egea y José Manuel Villegas. Los objetivos allá donde haya entendimiento también seguirán el modelo de Andalucía: un pacto programático de gobierno con el PP al que después pueda sumarse Vox para dar su apoyo. Los populares han iniciado contactos con la formación de Santiago Abascal que representa Iván Espinosa de los Monteros, no así Ciudadanos, cuyo secretario general desecha sentarse a una mesa de negociación.
Después de acoger a personal procedente de puestos de confianza del Gobierno saliente de Mariano Rajoy con la moción de censura de Pedro Sánchez de hace un año, a Génova también han vuelto antiguos funcionarios del partido que llevaban décadas en el Congreso y el Senado y que se han quedado sin sitio en los grupos parlamentarios después del fracaso de los últimos comicios generales. Aunque tengan plantillas diferentes, solo en la Cámara Baja el PP tendrá que prescindir de la mitad de las 110 plazas de asesores que tenía en la pasada legislatura.
El equipo de dirección de Pablo Casado, que aterrizó en Génova en julio pasado, apenas ha tenido tiempo de evaluar los efectos de la pérdida de subvenciones para el sostenimiento de la plantilla porque esta no ha dejado de crecer hasta la pasada semana. Entre los días 21 y 22, pidieron el reingreso los últimos diputados y senadores que pertenecían a las diputaciones permanentes de las Cámaras, más el personal de confianza de los que ocupaban cargos en las respectivas Mesas.
El nuevo tesorero y hombre de confianza de Casado, Sebastián González, confirmó en su puesto a la gerente que llevaba antes las cuentas y la política de personal, Carmen Navarro. Como gerente, Navarro ya se había ocupado de sanear el departamento después de los desmanes de Luis Bárcenas y de aligerar la plantilla de la sede central en 2017 con el fin de adecuarla a la realidad de los resultados electorales de los últimos comicios ganados por el PP, que le dieron 137 escaños en el Congreso. Entonces ingresó 20 millones como subvención por los comicios y ahora se ha quedado en 10,5. En los cálculos de gasto para la campaña, la dirección del PP no contaba con bajar de los 90 escaños en el peor de los casos y al final se quedó en 66.
Con bajas pactadas a las que se apuntaron 25 funcionarios, el personal de la sede central quedó cifrado en enero de 2018 en 240 trabajadores fijos. Pero los reingresos a partir de junio del pasado ejercicio han disparado el número de funcionarios y 'exfontaneros' a la espera de destino. Fuentes del PP reconocen que el recorte será severo, aunque no quieren concretar qué porcentaje de la plantilla será despedido y niegan que esté decidida ya la fórmula legal del ERE.
ÁNGEL COLLADO y PALOMA ESTEBAN Vía EL CONFIDENCIAL
Cs descarta novedades en los pactos hasta la semana que viene: todo sigue abierto
Aunque las conversaciones con Ciudadanos van muy despacio, ya han echado a andar. El 'modus operandi' es exactamente igual que el andaluz: un equipo negociador por ambas partes y una interlocución más directa entre los números dos de ambas formaciones: Teodoro García Egea y José Manuel Villegas. Los objetivos allá donde haya entendimiento también seguirán el modelo de Andalucía: un pacto programático de gobierno con el PP al que después pueda sumarse Vox para dar su apoyo. Los populares han iniciado contactos con la formación de Santiago Abascal que representa Iván Espinosa de los Monteros, no así Ciudadanos, cuyo secretario general desecha sentarse a una mesa de negociación.
La formación naranja sabe que será complicado repetir la 'jugada' andaluza, en la que no hubo foto a tres, pero de momento sigue intentándolo. El número dos de Rivera asegura que su partido apostará por gobiernos de coalición
y no es partidario de tripartitos ni acuerdos que requieran varios
actores. Tanto PP como Ciudadanos admiten acercamientos muy tímidos,
casi de primer contacto. Lo que sí es público y notorio son los
objetivos de cada uno. Los populares quieren presidir el mayor número de
plazas posible atendiendo a los resultados electorales, mientras que
los naranjas —conscientes de ser la llave en muchos territorios—
persisten en liderar algún Gobierno.
Que
en la negociación habrá intercambio de instituciones se da por hecho.
La cuestión es hasta dónde llegarán las cesiones. El caso de Madrid es
probablemente el más complejo. Un acuerdo del bloque de la derecha se da por descontado, a pesar de la presión trasladada por Vox.
El PP aspira a presidir ambos, mientras que la expectativa de
Ciudadanos al respecto se desconoce o, al menos, no la ha hecho pública.
Sí es seguro que la formación de Rivera aspira a liderar alguna plaza
con visibilidad, algo que encaja al cien por cien con el consistorio
madrileño.
Además, fuentes naranjas sí dan por hecho que la prioridad de los populares será mantener el poder territorial actual,
especialmente las autonomías que manejan importantes presupuestos y que
garantizan cargos, algo que en este momento en el PP necesitan más que
nunca. Las mismas fuentes señalan que el consistorio madrileño no lo
perderían, porque no lo tienen. Ya desde 2015, los populares perdieron
la alcaldía considerada la 'joya de la corona' cuando Carmena fue
investida con el apoyo socialista. La presidencia castellanoleonesa
podría ser igual de importante para Casado. Son cartas que Ciudadanos jugará en la negociación,
igual que abrirse a posibles acuerdos con el Partido Socialista. En el
partido, entienden que en estos momentos se encuentran con una posición
de fuerza importante.
El resto del puzle territorial sigue igual de abierto, como ha ido publicando este diario. En Murcia, se da por descontado un pacto de la derecha. Y en Aragón, el panorama se encuentra abierto, no solo por el posible entendimiento con los socialistas de Javier Lambán (o
incluso con Ferraz, si decidieran apostar por la alcaldía zaragozana en
vez de mantener a un barón crítico con Sánchez) sino por las
dificultades que suponen un acuerdo con el PP, del que también tendrían
que formar parte Vox y los regionalistas del PAR. Sobre todo, después de
que su presidente, Arturo Aliaga, descartara abiertamente un pacto de
la derecha. Ciudadanos y PSOE, ahora sí, parecen condenados a entenderse en esta región.
Cuotas de poder y recortes en el PP
Después de acoger a personal procedente de puestos de confianza del Gobierno saliente de Mariano Rajoy con la moción de censura de Pedro Sánchez de hace un año, a Génova también han vuelto antiguos funcionarios del partido que llevaban décadas en el Congreso y el Senado y que se han quedado sin sitio en los grupos parlamentarios después del fracaso de los últimos comicios generales. Aunque tengan plantillas diferentes, solo en la Cámara Baja el PP tendrá que prescindir de la mitad de las 110 plazas de asesores que tenía en la pasada legislatura.
El equipo de dirección de Pablo Casado, que aterrizó en Génova en julio pasado, apenas ha tenido tiempo de evaluar los efectos de la pérdida de subvenciones para el sostenimiento de la plantilla porque esta no ha dejado de crecer hasta la pasada semana. Entre los días 21 y 22, pidieron el reingreso los últimos diputados y senadores que pertenecían a las diputaciones permanentes de las Cámaras, más el personal de confianza de los que ocupaban cargos en las respectivas Mesas.
El nuevo tesorero y hombre de confianza de Casado, Sebastián González, confirmó en su puesto a la gerente que llevaba antes las cuentas y la política de personal, Carmen Navarro. Como gerente, Navarro ya se había ocupado de sanear el departamento después de los desmanes de Luis Bárcenas y de aligerar la plantilla de la sede central en 2017 con el fin de adecuarla a la realidad de los resultados electorales de los últimos comicios ganados por el PP, que le dieron 137 escaños en el Congreso. Entonces ingresó 20 millones como subvención por los comicios y ahora se ha quedado en 10,5. En los cálculos de gasto para la campaña, la dirección del PP no contaba con bajar de los 90 escaños en el peor de los casos y al final se quedó en 66.
Con bajas pactadas a las que se apuntaron 25 funcionarios, el personal de la sede central quedó cifrado en enero de 2018 en 240 trabajadores fijos. Pero los reingresos a partir de junio del pasado ejercicio han disparado el número de funcionarios y 'exfontaneros' a la espera de destino. Fuentes del PP reconocen que el recorte será severo, aunque no quieren concretar qué porcentaje de la plantilla será despedido y niegan que esté decidida ya la fórmula legal del ERE.
ÁNGEL COLLADO y PALOMA ESTEBAN Vía EL CONFIDENCIAL
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