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jueves, 29 de octubre de 2020

ALARMA: OTRA CHAPUZA MÁS

 Los autores trazan una comparativa entre la eficacia del sistema federal de Alemania y la decisión del Gobierno de España de saltarse las previsiones constitucionales para ir a un estado de alarma de seis meses

 

JAVIER OLIVARES

Resulta pedagógico analizar la reacción de los gobernantes alemanes frente a la epidemia. Existe allí una legislación de excepción -sería nuestro artículo 116 CE- aprobada en mayo de 1968 como una modificación de la Constitución. A nadie se le ha ocurrido invocar los instrumentos en ella contenidos para afrontar los efectos del virus actual. La respuesta legislativa, más comedida, ha consistido en la reforma de una ley que el Parlamento alemán tiene aprobada desde enero de 2001. Se trata de la conocida como Ley de protección contra las infecciones.

Como nosotros contamos con un Estado descentralizado, tiene interés recordar las competencias en esta materia y su reparto entre la Federación (el Estado) y los Länder (nuestras comunidades autónomas). Se llaman competencias concurrentes. Pero, atención para el federalista español a la violeta: cuando, como consecuencia del ejercicio por los Länder de una competencia compartida puedan verse afectadas la igualdad de las condiciones de vida de los alemanes en el territorio federal o peligre su unidad jurídica o económica, la Federación puede hacer uso de su competencia legislativa, lo que supone que los Länder pierden la suya. La legislación federal se impone sin más sobre la legislación federada. En alguna otra ocasión hemos explicado -sin que nadie jamás haya hecho el más mínimo caso- que con esta regla en el ordenamiento español se suavizarían centenares de las tribulaciones que nos torturan. Pero ¿quién quiere entre nosotros un sistema federal?

Volvamos al virus. El 20 de marzo de este año, estamos ya en pleno crecimiento de la epidemia, se aprueba una breve modificación de la ley citada (completada en mayo). Según las nuevas previsiones, el Parlamento puede declarar una epidemia «de importancia nacional» lo que, en efecto, se hizo el 28 de marzo. A partir de ese momento recibe el ministro de Sanidad una dilatada competencia reglamentaria que se extiende por muy diversos ámbitos y que ejerce en forma de reglamentos jurídicos de los que se han aprobado una dilatada lista. También los Länder, investidos de atribuciones, se han prodigado.

Desde el 28 de marzo las tareas médicas y especializadas de coordinación entre los Länder, y entre éstos y la Federación, es ejercida por el Instituto Robert Koch, lugar donde los científicos centralizan los trabajos relativos a la epidemia.

Se pueden prohibir reuniones particulares, cerrar colegios total o parcialmente, confinar a personas u ordenar cuarentenas, respetando el principio de proporcionalidad. Procede la impugnación ante el juez, pero los recursos no tienen carácter suspensivo. Se admite, no obstante, que dicho juez dicte medidas cautelares y se han detectado, con ocasión de los pleitos trabados, discrepancias en las respuestas judiciales. En fin, las infracciones de estas medidas se castigan con multas o con la privación de libertad.

Esta realidad está poniendo a prueba el sistema federal siendo el debate en estos momentos muy vivo. Desde quienes entienden que se está saldando con éxito hasta quienes creen que la epidemia ha puesto de relieve los límites de la descentralización federal. Entre los juristas se ha desatado la polémica acerca de la constitucionalidad de tanta exuberancia legislativa y también encontramos opiniones para todos los gustos: desde quienes las califican de autoritarias hasta quienes las acogen con indulgencia (por ejemplo el ex presidente del Tribunal Constitucional, Hans-Jürgen Papier). Sin que nadie invoque la legislación de excepción a que hemos hecho referencia al principio de este artículo.

Pues bien, frente a estos comportamientos polémicos pero precavidos, el Gobierno de España vuelve a conmocionarnos con una declaración de alarma. Cuando nos confinaron, muchos advertimos de su improcedencia pues el Gobierno no había respetado las previsiones constitucionales al suspender derechos fundamentales y regular de manera arbitraria algunas actividades. Si entonces la crítica derivaba de tal exceso, hoy el reproche procede de la imprevisión, de la imprecisión y de la intención de prolongar la alarma en el tiempo, estirándola como una goma de mascar.

Han pasado más de seis meses y ni el Gobierno ni sus aliados han presentado a las Cortes iniciativa alguna para aprobar un marco legislativo adecuado. A nuestro juicio, el Gobierno no puede invocar alarma, un sintagma ligado al sobresalto o susto, cuando nos ha estado alertando de que en otoño volvería una segunda ola. Los estados excepcionales han de reservarse para situaciones inopinadas e imprevisibles: no es posible estar en continua alarma y excepción de la misma manera que no puede estar un despertador continuamente despertándonos. Padece la seriedad y se aboca a la trivialización de los conceptos. Un terremoto nos puede hacer temblar una vez, pero a partir de ese destrozo, se trata de fortalecer las construcciones; del mismo modo que una riada puede acabar con las cosechas, pero la siguiente encontrará un muro de contención así como compuertas para derivar los cauces.

Anegados por una primera ola, obligado era evaluar lo hecho tal como de manera insistente asociaciones científicas han reclamado (sin que nadie les haya hecho caso). Desde el punto de vista jurídico, es la legislación sectorial la llamada a acoger las respuestas, tal como se hace en la legislación local ante catástrofes o en la de seguridad ciudadana ante las alteraciones del orden público. En este caso, es la legislación sanitaria donde deben precisarse las facultades extraordinarias, las actuaciones singulares, los instrumentos apropiados, atribuyéndolos a las autoridades sanitarias, como hemos visto han hecho los alemanes. Para reformar con cabeza y pluma jurídica la ley orgánica 3/86 no hace falta ser Solón (de hecho, se ha propuesto desde el primer partido de la oposición).

Por contra, durante estas semanas se han reunido las Cortes para ofrecer algún espectáculo bochornoso y también para aprobar seis leyes sin que ninguna se ocupe del mayor problema de nuestra sociedad. Es más, el Congreso ha desaprovechado la ocasión, al hilo de la convalidación de un decreto ley que incorporaba estrategias de coordinación sanitaria, de tramitarlo como una ley que incluyera previsiones -con carácter orgánico- para concretar facultades y medidas claras, graduadas y pertinentes. Y se sigue desaprovechando el tiempo: hace más de mes y medio se publicó una proposición para definir un marco de actuación en la legislación sanitaria y no hay avances.

No acaba aquí la chapuza de la inacción gubernamental porque con el nuevo decreto se acumulan otras con cierta avidez: los tiempos son imprecisos, se introduce el toque de queda y se reducen los controles judiciales. En tal sentido, el texto afirma que «resultará imprescindible prorrogar esta norma por un periodo estimado de seis meses» y, además, sin el imprescindible control por el Congreso de los Diputados; por si fuera poco, se faculta a las autoridades autonómicas para que puedan «modular, flexibilizar y suspender» las medidas, incluido el propio toque de queda. De nuevo, goma de mascar. Y, todo ello, cuando escuchamos a diario la cantinela de que el objetivo es dotar a la lucha contra el virus de plena seguridad jurídica y solvencia constitucional.

En fin, lo que alarma en el decreto de alarma es la imprevisión, la inconcreción y, por ende, la incorrección constitucional. Pregúntese el lector si soportaría que, en un concierto, estuviera sonando la alarma durante toda la interpretación, el director (el Gobierno) desatendiera de vez en cuando su batuta y cada instrumentista (las comunidades autónomas), sin partitura, intentara seguir una melodía de oídas. Espeluznante. Una conclusión numérica: Alemania, 83 millones de habitantes, lamenta 10.000 muertes. España, 47 millones de habitantes, llora la desaparición de 35.000 compatriotas (según cifras del propio Gobierno).

 

                          Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes*   Vía EL MUNDO

*Francisco Sosa Wagner y Mercedes Fuertes son catedráticos de Derecho Administrativo.

IGLESIA: UNA IDEA EQUIVOCADA

 Josep Miró i Ardèvol 

Josep Miró i Ardèvol

Las recientes palabras del Papa sobre la regulación de la convivencia civil y los homosexuales, tan solo veinte segundos en un vídeo de más de una hora, se han convertido en una noticia de alcance global, mucho más que el reciente texto pontificio, Fratelli tutti . De hecho, la frase se ha comido literalmente a la encíclica.

Al hilo de las palabras de Francisco se produce un reiterado tipo de comentario, formulado ­ante cualquier iniciativa por parte de la Iglesia. Consiste en exigir que se parezca mucho más al “mundo”, a la sociedad, asumiendo sus cambios, y el reconocimiento de sus nuevas instituciones, prácticas, costumbres, deseos y pasiones. En este caso referido al ma­trimonio homosexual, pero igual sirve para razonar sobre el aborto, la eutanasia, el sacerdocio femenino, y muchos más temas.

La referencia para el cristianismo no es el mundo, sino Jesucristo y la propia Iglesia

Esta forma de razonar expresa un desconocimiento grande de la misión de la Iglesia, de aquello que da sentido a su existencia desde la Pentecostés del año primero. Esta falta de comprensión señala también el inmenso trabajo pendiente que tienen ante sí los cristianos.

TIZIANA FABI / AFP
TIZIANA FABI / AFP (AFP)

Pero ¿por qué es tan equivocada esta visión de la Iglesia? Porque su tarea no es la de asemejarse al mundo en cada momento, sino la de transformarlo de acuerdo con el mandato de Jesucristo. “Nuestro destino es el Reino de Dios, que Él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta que Él mismo lo lleve también a su perfección” (. Una perfección solo posible al final del tiempo. Y es que la condición de plenitud en la pertenencia al Reino es la inmortalidad, el triunfo sobre la muerte. “¿Dónde está, oh muerte, tu victoria?” (1 Corin­tios 15, 55). Esta es la buena nueva junto con saber que Dios nos ama absolutamente. A esto estamos llamados, y a esto debemos servir. Este es el tensor cristiano hacia su horizonte de sentido que atraviesa la historia y la vida de cada persona: extender el Reino. Se trata de una elección a la que hay que responder como plantea Maurice Blodel en La acción : “¿Sí o no, la vida humana tiene un sentido y el hombre un destino?”. La referencia para el cristianismo no es el mundo, sino Jesucristo y la propia Iglesia.

La Iglesia vivió con muchas dificultades en el seno del imperio romano durante siglos, mucho más tiempo que esta recientísima época nuestra. En ningún momento creyó que debía cambiar su propuesta para asemejarse al imperio. No asumió sus valores básicos, no aceptó el aborto, el menosprecio por los pobres y humildes, reivindicó la dignidad de todos, no acató a la deificación del Estado dando testimonio con la vida. Su modelo no era la grandiosidad de Roma. ¿Por qué ahora habría de ser distinto? Quienes postulan la referencia mundana, no entienden aquello de lo que sí se percató H.G. Wells y dejó escrito en Esquema de la historia universal (1919): “La doctrina del Reino de los Cielos, que fue la enseñanza principal de Jesús, es ciertamente una de las más revolucionarias que alguna vez haya animado y transformado el pensamiento humano”. En eso estamos.

Además, ¿a qué “mundo”, a qué sociedad ha de asemejarse la Iglesia? Porque en realidad a lo que se refieren es tan solo la circunstancial hegemonía de una determinada cultura y moral en parte de Occidente. Solo eso, y que además es muy distinta a como éramos hace pocas décadas. ¿En qué se parece la Europa de hoy a la de los años cincuenta, treinta, o de principios del siglo pasado? ¿Y esta fungibilidad tan local ha de guiar a la Iglesia, dos mil años de vida, más de mil millones de fieles? ¿No es acaso una pretensión desmesurada? El cristianismo engendra culturas, civilizaciones, y no al revés. Se inculturaliza en lo accesorio, y afronta y transforma lo fundamental.

“La fe y seguimiento de Cristo transmuta los valores y sentimientos instintivos del ser humano, que se subleva ante él. El sentido común reclama riqueza, abundancia, placer, poder, fama. No es esto lo que dice Jesús. Y no lo es porque no se trata de sentido común “sino de una actitud inspirada en la plenitud del eterno”, escribe Romano Guardini, quien nos dice que el que interpreta rectamente las palabras del Señor es quien observa sere­namente las ideas que se ha formado acerca de lo que es grande en el mundo, pero que comprende que todo ello es pequeño, impuro y decadente ante lo que viene del cielo.

Cuando Antonio Negri necesita de san Agustín y san Francisco de Asís y no de Marx, Lenin o Trotski para escribir Imperio , una alternativa política al sistema, resultaría que los cristianos deberíamos desechar no solo a aquellos singulares maestros, sino a todo lo que disiente del actual modelo de sociedad. Deberíamos acatar al imperio , que pretende que sus verdades son sólidas a pesar de la carcoma de sus crisis enquistadas. Claro que no lo haremos. El cristianismo es alternativa y regeneración permanente a todo lo orgulloso, falso, egoísta, concupiscente, corrupto e injusto, a toda ira, a lo que excluye el perdón, y el respeto, que habita en nuestro tiempo y en sus instituciones.

 

                                                   JOSEP MIRÓ i ARDÈVOL  Vía LA VANGUARDIA

Occidente ante la covid: una segunda oportunidad

 La situación devendrá en un caos total si, desde el punto de vista económico, no hay un cambio de rumbo radical, de 180 grados

Occidente ante la covid: una segunda oportunidad 

Occidente ante la covid: una segunda oportunidad Clara Rodríguez

 

Occidente -Europa y Estados Unidos-, pierde. Asia -China, Corea y Japón- gana. Nuestro modo de vida es incompatible con la lucha contra la covid-19. Eso ya es evidente. Nos hemos transformado en sociedades egoístas, infantiles, caprichosas, corruptas, desiguales, injustas, con derecho a todo, pero donde el bien común y el buen vivir brillan por su ausencia. Ya lo parafraseaba mi paisano Góngora, ande yo caliente y ríase la gente. Se trata de la degradación de unas democracias que, bajo la excusa de la libertad simplemente premian a unas élites mimadas extractivas, que no dejan de sorber la sangre, sudor y lágrimas de una mayoría de la ciudadanía. Si alguien habla de libertad por encima de todo, olvidándose de la fraternidad y de la igualdad, ya lo saben, representa a esas élites extractivas, es parte de ellas.

Ya no hay mecanismos de solidaridad, de estabilizadores de protección de quienes a día de hoy llenan las colas del hambre de nuestras ciudades, de sostén de esas magníficas pequeñas y medianas empresas a punto de desaparecer por un elemento exógeno a ellas. Se llama Totalitarismo Invertido. De eso ya hemos hablado hasta la saciedad. Si no recuperamos la fraternidad e igualdad de la Revolución francesa vamos a acabar muy mal. Frente a ello, el civismo de Asia que en la dura batalla frente a la covid ha derrotado al virus.

El problema es de estructura de sociedad, y la covid simplemente ha sacado a la luz las miserias de una arquitectura diseñada entre bambalinas al margen de la ciudadanía

Sin embargo, la situación devendrá en un caos total si desde el punto de vista económico no hay un cambio de rumbo radical, de 180 grados. Sí, me declaro radical, a lo Frank Delano Roosevelt, a lo Clement Attlee, muñidores del mayor período de prosperidad de los Estados Unidos y Reino Unido. Las familias ven menguadas sus rentas, muchas de ellas empobrecidas como nunca, con la necesidad de hacer las colas del hambre. Unamos a ello que miles de pymes van a desaparecer si no se hace nada, y hasta ahora se ha hecho muy poco. Pero no podemos echar la culpa al virus. El problema es de estructura de sociedad, y la covid simplemente ha sacado a la luz las miserias de una arquitectura diseñada entre bambalinas al margen de la ciudadanía. Incluso aquí tenemos algunos ejemplares que, imbuidos por una verborrea hueca, confunden causa y efecto. Ayuso y su desgobierno son un buen ejemplo. Es el deterioro de la salud pública, como consecuencia de sus negligencias, lo que acaba hundiendo a la economía.

La política económica necesaria

Ya en la primera oleada detallamos un plan en dos fases para hacer frente a la covid-19. Pero, permítanme que sea muy claro, no se ha hecho prácticamente nada, salvo los ERTEs. En 2008 era muy sencillo hacer frente a la Gran Recesión, reordenación del sistema bancario a costa de sus acreedores, vía banco malo, con quitas de deuda a familias y empresas –véanse las experiencias de Delano Roosvelt en la Gran Depresión y la experiencia sueca de 1992-. No se hizo por que se defendieron los intereses de clase. Ahora pasa lo mismo, sí es posible hacer frente a la pandemia, pero ello requiere un cambio radical de paradigma y de modelo.

La lucha contra la covid-19 requería de dos fases bien diferenciadas desde la política económica. En la primera fase, durante el confinamiento, los gobiernos deberían haber intervenido con un estímulo fiscal masivo para garantizar que la ciudadanía pudiera permitirse lo básico -alimentos, vivienda, atención médica,…-, y que las quiebras de empresas, a su vez, fueran las mínimas posibles. Solo se puede hacer mediante la monetización directa del gasto del coronavirus aplicando la Teoría Monetaria Moderna; o utilizando sin miramientos la propuesta del BCE, Programa de Compras para la Emergencia de la Pandemia por importe de 1.350.000 millones de euros, sin condiciones.

Deudas y burbujas

En la segunda fase, en el momento que termina el confinamiento y se descongela la economía, se debería haber asumido un cambio de paradigma económico que abordara las causas subyacentes de la fragilidad actual derivada de una financiarización excesiva de la economía. Era necesario implementar un plan de reactivación brutal, no la minúscula propuesta de Europa; y atacar las causas de la financiarización y sus perversas consecuencias. Éstas se plasman en un comportamiento empresarial perverso, el de las grandes corporaciones, donde su actividad principal se convierte en la recompra de acciones, reparto de dividendos, suculentas remuneraciones para un consejo de administración mediocre, pero donde la inversión en capital y formación humana brilla, en líneas generales, por su ausencia. Muchas de estas corporaciones están mega endeudadas y quebrarán. Mientras, las familias también caerán  sobrendeudadas alrededor de las distintas burbujas que esta tropa va creando.

El momento Minsky climático y financiero tal como van las cosas es imparable. Hay que implementar un New Deal masivo (Teoría Monetaria Moderna con su instrumento Trabajo Garantizado) sí o sí. Pero no se ha hecho nada de nada. La fragilidad financiera de Occidente, y muy especialmente de España, es extrema y se necesitará ampliar la hipótesis de inestabilidad financiera de Hyman Minsky e incluir el proceso de reestructuración de activos y pasivos de familias y pymes tal como detallamos en el blog anterior. Nos encontramos ante la segunda oleada de la pandemia y tenemos una segunda oportunidad para cambiar el devenir de nuestras sociedades. Aprovechémosla. La alternativa, la actual, no hacer nada, la neocon-neoliberal, nos llevará al caos más absoluto.

 

                                                       JUAN LABORDA   Vía VOZ PÓPULI

martes, 27 de octubre de 2020

AÑORANZA VANA DEL BIPARTIDISMO

 La quiebra del bipartidismo no solo no tiene visos de enmendarse, sino que se va consolidando en dirección hacia un nuevo sistema de partidos, cuyo modelo final desconocemos

Debate de la moción de censura 

Debate de la moción de censura Europa Press

 

Entre los ecos de la recién debatida moción de censura me interesa destacar aquellos que suponen una cierta añoranza del bipartidismo a cuenta del ensalzamiento en muchos medios de opinión, incluidos los gubernamentales, de la toma de postura de voto del capitán del PP frente a la propuesta de su socio de Vox en unos términos de ruptura bastante llamativos e insólitos. Se ha llegado a afirmar que tal acontecimiento significa la vuelta de los populares al redil de los esquemas de la Transición que anuncian el entendimiento con su compañero de fatigas en la alternancia, el PSOE. Desde mi punto de vista, la realidad política, social y electoral de España, sumida en una honda crisis sistémica agravada por la epidemia, no avala dichas expectativas, porque la quiebra del bipartidismo que se inició en 2014/2015 no solo no tiene visos de enmendarse, sino que, en las diferentes consultas electorales, se va consolidando en dirección hacia un nuevo sistema de partidos, cuyo modelo final desconocemos, incógnita que se suma a las múltiples incertidumbres que condicionan el funcionamiento de la gobernación de nuestro país.

De entrada, hay que decir que el bipartidismo no es ni malo ni bueno per se: es una realidad política existente en muchos países democráticos, sobre todo en aquellos que pertenecen al bloque anglosajón, cuyas referencias principales son los Estados Unidos de América y el Reino Unido de la Gran Bretaña. En cambio, en la Europa continental, salvo el caso de Alemania, que ahora también enfrenta la puesta en cuestión de su bipartidismo, parece más ajustado referirse al fenómeno de la ruptura de los bloques hegemónicos tradicionales, conservadores y progresistas, con la aparición en cada uno de ellos de nuevas opciones políticas, como consecuencia de la fatiga y del descontento de los electores con la manera en que se van conduciendo las políticas nacionales en los pasados veinte años. De hecho, si no fuera por las leyes electorales, que tienen bastante que ver en la conformación de los parlamentos y que en muchos países no han sido reformadas, el multipartidismo habría avanzado con mayor velocidad en el conjunto de Europa. Porque mientras la espiral del descontento no cese, y no parece que eso esté cercano, germinarán y crecerán otras apelaciones políticas a modo de espitas para sacar la presión de la olla de la protesta.

Tanto Podemos como Vox, que son partidos nacionales, aspiran a gobernar o a ser parte del Gobierno central, cosa a la que nunca aspiraron los nacionalistas catalanes y vascos

 En la historia constitucional de España la única experiencia bipartidista anterior a la actual fue la alternancia de conservadores y liberales durante la Restauración canovista, un modelo que entró en crisis al inicio de la monarquía Alfonsina y que quebró definitivamente hace ahora un siglo. Con el orden constitucional del 78 se trató de recuperar el sistema del turno o alternancia entre el PSOE y el PP, con apoyos ocasionales de las minorías nacionalistas catalana y vasca. A lo largo de más de treinta años ha funcionado el sistema de forma muy provechosa para sus hacedores hasta que, con motivo de la crisis financiera de 2008 con su secuela de malestar social que en Cataluña estimuló la eclosión independentista, empezó el declive electoral de los dos partidos del turno, apareciendo otras opciones a izquierda y derecha con pretensiones de ser algo más que bisagras. Tanto Podemos como Vox, que son partidos nacionales, aspiran a gobernar o a ser parte del Gobierno central, cosa a la que nunca aspiraron los nacionalistas catalanes y vascos. Una diferencia cualitativa importante que debería ser aprehendida por los declinantes socialistas y populares.

Grandes beneficiarios

Por supuesto, la reordenación del sistema de partidos llevará su tiempo, porque los comportamientos electorales no suelen ser vertiginosos, y también es cierto que, cuando parte del electorado se desprende de sus obediencias tradicionales, resulta bastante complicado retrotraerlo a las posiciones abandonadas, máxime si las ofertas de estas se mantienen básicamente inalteradas como viene ocurriendo en España en los últimos cinco años. Y es precisamente esto lo que ha provocado las repeticiones electorales constantes, pensando que los electores terminarán dando su brazo a torcer a favor de la recuperación del amenazado statu quo partidario. Desde mi punto de vista, es lo que se trasluce del alborozo producido en el mundo de lo políticamente correcto por la actuación del jefe del PP en la sesión de la moción de censura. En este ambiente de decadencia bipartidista solo los partidos nacionalistas vascos y catalanes, grandes beneficiarios de la alternancia de populares y socialistas, aparecen indemnes en sus territorios: los primeros cuidan con esmero la independencia de facto ya conseguida y los segundos se afanan en obtener la suya, atando cortos a los débiles Gobiernos centrales para que no les estorben.

El PSOE, que fue el primero en sufrir los embates de la nueva situación, ha terminado asumiéndola, a la fuerza ahorcan, y, aunque a regañadientes, suscribió la coalición de gobierno con Podemos. Con altibajos inevitables derivados de tener que compartir el poder después de décadas de disfrutarlo en su integridad, los dirigentes socialistas se van adaptando a la nueva realidad con la esperanza, que es lo último que se pierde, de recuperar gran parte de lo perdido. De ahí la querencia a mantener las viejas componendas de acuerdos con los populares para renovar determinados órganos constitucionales y acordar lo que pomposamente se denominan políticas de Estado. Por su parte el PP, que ya se podría mirar en el espejo de lo ocurrido a los socialistas, piensa, o al menos así lo aparenta, que ellos son de otra pasta. Los fundamentos de tal visión los desconozco, aunque, de momento, deberían rogar al socio maltratado para que no los ponga en cuarentena en las parcelas de poder de que disfrutan gracias a él.

 La crisis española es muy seria se mire como se mire, con el añadido de que por primera vez en ciento cincuenta años se intuye la quiebra de un orden político y constitucional sin alternativa al mismo. Creo que los gobernantes españoles tienen por delante una tarea ardua para evitar eso que ahora se ha puesto tan de moda en materia económica, que es el llamado efecto precipicio, por lo que, aparte de solicitar todas las ayudas financieras exteriores posibles y que nuestra deuda siga sostenida por el BCE, deberían trabajar en pro de la reconstrucción política del país, olvidando viejos tiempos y esquemas que no volverán. Para ello, en ese largo camino al Gólgota previo a una deseada resurrección tanto populares como socialistas deberán decidir con qué cirineos políticos pretenden hacer el recorrido. Tampoco es descartable que, si nuestros prestamistas aprietan, se opte por el expediente de los gobiernos de concentración de carácter defensivo como ya ocurrió hace un siglo. En fin, todo es posible en este drama español al que no alivia lo oído y visto en el Congreso la semana pasada.

 

                                                                 MANUEL MUELA  Vía VOZ PÓPULI

LA DEMOCRACIA NO ADMITE EXCEPCIONES

Sánchez impone un plazo inasumible en vez de pactarlo con el PP

 

 BALLESTEROS / EFE

Es fácil de entender por cualquier demócrata: ningún virus justifica una excepcionalidad constitucional prolongada en el tiempo, sin control parlamentario ni vigilancia judicial. Cuando se trata de restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos, cualquier dirigente con sensibilidad democrática se preocuparía en primer lugar de reunir el máximo consenso y en segundo lugar de acotar la excepcionalidad al menor espacio de tiempo. Sánchez ha hecho justo lo contrario. Ha dejado que creciera la segunda ola hasta que las autonomías, presas del pánico, le suplicaran el estado de alarma, eximiéndole a él de la responsabilidad de tomar una costosa decisión; y una vez generado -por calculada inhibición- el caldo de cultivo favorable a la alarma, Sánchez elige una formulación extrema de seis meses que le ahorre el desgaste quincenal de tener que rendir cuentas y recabar apoyos en la sede de la soberanía nacional.

Pero eso que Sánchez entiende como desgaste es la esencia misma de la separación de poderes. Prestigiosos juristas consultados hoy por este diario certifican la premisa constitucional de convalidar quincenalmente la alarma. Con ella, Sánchez persigue un blindaje ante varapalos como el del tribunal madrileño, pues no le preocupa tanto gestionar con éxito la pandemia como transferir el desgaste político a otros mientras aquella dure.

Consciente de la gravedad de la situación sanitaria, Pablo Casado ha evitado la frontalidad para proponer una alternativa constructiva: el PP respaldaría ocho semanas de alarma a cambio de que el Gobierno se siente a negociar una nueva legislación sanitaria que permita a las autonomías adoptar medidas restrictivas sin necesidad de abusar de la excepción constitucional. Y sobre todo, sin dañar aún más la maltrecha economía del país. La patronal ha rechazado con contundencia una alarma de seis meses que dinamitaría la recuperación. Por su parte, Ursula von der Leyen ha obligado a Sánchez a rectificar y aceptar la parte de los 140.000 millones que incluye fuerte condicionalidad, pues el Gobierno solo pensaba gastarse los 70.000 millones que Europa entrega a fondo perdido. Este giro revela un marcaje de Bruselas al Gobierno, que ya sabe que tendrá que rendir cuentas de su plan de gasto. En ese sentido, también las autonomías tendrán una gran responsabilidad, pues gestionarán más de la mitad de las ayudas.

Para transitar el camino que Europa nos fija, Sánchez debe abandonar de una vez su obsesión tacticista y abrirse a negociar con Casado. No es de recibo que Carolina Darias despache la oferta del PP invocando a unos expertos inexistentes para insistir en el arbitrario y desmesurado plazo de seis meses. Si de verdad hubieran hecho caso a los expertos -entre los cuales no puede figurar un Simón que hace diez días vaticinó la «estabilización» de la segunda ola-, España no estaría como está. Sánchez no debería seguir tensando la cuerda con la oposición vulnerando la Constitución para obligar a Casado a votar con Vox -otra foto para su agit-prop que frustre el giro al centro del PP- ante una imposición inasumible. Los regates cortos ya no sirven. El mezquino juego de las culpas debe terminar. Casado le ha tendido la mano. Que se siente y pacte.

 

                                                                           EDITORIAL de EL MUNDO

Marzo 2020: cuando el mundo enloqueció

 El confinamiento no reduce las muertes, solo las aplaza a un coste social astronómico. Pero puede que esto importe poco a autoridades y ciudadanos con visión estrecha y cortoplacista

El encierro agrava enfermedades físicas y mentales 

El encierro agrava enfermedades físicas y mentales

 

Desde que estalló la pandemia de covid-19, los confinamientos, suspensión de actividades económicas, cierres de fronteras, toques de queda o restricciones a la movilidad son medidas contempladas como normales o naturales por la opinión pública. Sin embargo, esta vía emprendida en marzo de 2020 implica una ruptura radical con la visión que los gobiernos mantenían para combatir pandemias… tan solo un mes antes.

Algo extraño ocurrió. Súbitamente, las autoridades descartaron sus planes de previsión de pandemias y se lanzaron a los caminos. En cuestión de semanas, la improvisación se convertía en ortodoxia y el confinamiento en el nuevo epítome de la corrección política. Las sociedades emprendían un viaje hacia lo desconocido, sin brújula ni sextante, desviándose del rumbo marcado por unos planes estratégicos que no contemplaban medidas como las actuales.

¿Qué sucedió en marzo de 2020? ¿Se desató el pánico, la confusión, la locura colectiva? ¿Quizá los planes estaban diseñados para dirigentes con más temple, más preocupados por la eficacia que la imagen? ¿O previstos para sociedades menos miedosas, infantiles y cortoplacistas? ¿O acaso los sistemas políticos habían sufrido una silenciosa deriva autoritaria? La respuesta no es sencilla, posee muchas aristas y requiere retroceder algunos años.

Los planes estratégicos para pandemias

A raíz del Síndrome Respiratorio Agudo (SRAS) de 2003 muchos países comienzan a establecer planes para combatir futuras pandemias. Uno de los más completos fue el Interim Pre-pandemic Planning Guidance(2007) elaborado en los Estados Unidos por la agencia CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Aunque complementado en 2017, el plan continuaba vigente en febrero de 2020.

La CDC diseñó una estrategia con mucho rigor y nítida visión de largo plazo. Introdujo las denominadas Intervenciones No Farmacéuticas (INF), actuaciones dirigidas a reducir los contagios, ralentizando así la expansión de la enfermedad. Eso sí, reconociendo que cada intervención tiene consecuencias no deseadas y, por ello, debe aplicarse con mesura y responsabilidad, respetando siempre un principio básico: solo se recomendará cuando sus beneficios previstos superen a los perjuicios sanitarios, sociales y económicos que la intervención pudiera ocasionar en el futuro. La mayoría de las medidas tiene carácter voluntario, raramente obligatorio, y la estrategia se adapta a la gravedad de la pandemia (Tabla 1).

Tabla 1. Clasificación de las posibles pandemias en los EEUU según el CDC (2007)

Tabla 1
Tabla 1

La covid-19 ha causado unos 230.000 fallecidos en EEUU y, dada su evolución, es muy probable que permanezca en la categoría 2. Las intervenciones a) recomendadas, b) opcionales y c) no recomendadas por el documento del CDC se recogen en la Tabla 2. Opcional implica que debe estudiarse individualmente cada caso, sopesando beneficios con costes sociales futuros.

Tabla 2. Intervenciones no farmacéuticas según la severidad de la pandemia (CDC)

Tabla 2
Tabla 2

Los diseñadores de la estrategia señalan la necesidad de ganarse la confianza de las comunidades, implicar a los ciudadanos explicando bien las razones y los objetivos de cada medida. Se deduce que las pandemias solo pueden superase con la comprensión y la colaboración de todos, evitando imposiciones, con medidas razonables, nunca extremas, forzadas, arbitrarias o caprichosas. Quizá por ello, el documento no contempla la posibilidad de confinamientos, toques de queda, suspensión de actividades económicas o cierre de fronteras. Tampoco lo hace el manual para la prevención de pandemias publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2019, ni siquiera para casos más graves que el actual.

Solo algunos países, como Suecia, mantuvieron esta línea. La mayoría se apartó, siguiendo por imitación la estela de lo que aplicaban los demás: un efecto dominó que se extendió por casi todo el mundo.

De Wuhan a Ferguson

Declarada la epidemia de covid-19 en Wuhan, las autoridades chinas imponen en enero un estricto confinamiento, o arresto domiciliario, con una severidad, incluso crueldad, completamente ajenas a los usos y costumbres de los países democráticos. Cosas del sistema totalitario chino, que jamás llegarían a Occidente. Pero una población miedosa, cortoplacista, unos medios de información sensacionalistas, unos dirigentes temerosos de ser culpados de las muertes y algunos intelectuales con agenda propia podían formar un cóctel explosivo con resultados insospechados.

El grupo de intelectuales tenía una cabeza visible, Neil Ferguson, un físico teórico que decidió aplicar sus conocimientos matemáticos a modelizar enfermedades infecciosas. Ferguson y su equipo del Imperial College (Londres) comenzaron a proponer el uso intensivo de las intervenciones no farmacéuticas, no ya para mitigar las enfermedades como establecían los planes estratégicos, sino para suprimirlas, para eliminarlas. Esta opción era posible, teóricamente, pero nadie la había planteado seriamente pues suprimir una enfermedad muy contagiosa ya iniciada requería medidas tan radicales, tan draconianas, que los costes sociales superarían ampliamente a los beneficios. Pero la supresión encajaba bastante bien en una sociedad infantilizada, donde la expansión de los derechos había transcurrido paralela a la contracción de los deberes. ¿Por qué no el “derecho” a no sufrir una pandemia?

El estudio reconocía que la supresión no sería definitiva, pues la enfermedad regresaría meses después por la ausencia de inmunidad y que esta estrategia lleva consigo enormes costes económicos y sociales

El surgimiento de la covid-19 y la radical intervención China eran la oportunidad de oro para Ferguson y su equipo. En un polémico estudio calcularon que, sin aplicar intervenciones coercitivas, la enfermedad causaría 510.000 muertos en Reino Unido y 2,2 millones en los Estados Unidos. Sostenían que las medidas convencionales para mitigar la enfermedad, incluso aplicadas de forma intensiva y obligatoria, no evitarían un desbordamiento del sistema sanitario de proporciones descomunales. Sólo resultaba viable una opción: la supresión, enclaustrar a la gente al estilo chino. Eso sí, el estudio reconocía que la supresión no sería definitiva pues la enfermedad regresaría meses después por la ausencia de inmunidad y también que esta estrategia “lleva consigo enormes costes económicos y sociales que pueden tener un impacto significativo sobre la salud y el bienestar a corto y largo plazo”.

Ferguson se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron el 12 de marzo y con el Primer Ministro británico, Boris Johnson, el 16. Ambos debieron asustarse con las apocalípticas previsiones porque se decantaron por el confinamiento. Es probable que Ferguson contactase (y asustase) a más líderes europeos.

Naturalmente, el estudio sobreestimaba ampliamente la mortalidad de la covid-19, un error explicable al principio de una epidemia cuando no se conocen con certeza los parámetros correctos que deben introducirse en el modelo. Pero ya era mala suerte estimar para Estados Unidos 2,2 millones de muertos, justo para encajar la pandemia en su grado máximo: la categoría 5. No, la pandemia actual no reviste, ni de lejos, la gravedad que tuvo la gripe de 1918, como sostenía Ferguson. Tampoco es insignificante: se asemejaría más a la de 1957. Pero esta enfermedad ofrece una ventaja que no concedieron otras: los colectivos vulnerables están muy bien identificados, algo que permitiría aplicar una estrategia selectiva de protección especial, con sustancial reducción de la mortalidad, la demanda hospitalaria y el deterioro social.

El remedio peor que la enfermedad

Los costes a largo plazo de las actuales políticas restrictivas, indiscriminadas, sonespeluznantes. Y no solo en términos económicos (enorme desempleo, profunda pobreza, quiebra de pequeñas empresas), también en salud física y mental, cohesión social, derechos fundamentales y, finalmente, vidas. El cierre de la actividad escolar presencial no sólo priva a los niños de formación, también de disciplina, de hábito de aprendizaje. Y crea dificultades para que los padres acudan al trabajo. El encierro agrava muchas otras enfermedades físicas (mucho más letales que la covid) y mentales al dificultar el ejercicio, los controles y la asistencia sanitaria. El confinamiento no reduce las muertes, solo las aplaza a un coste social astronómico. Pero puede que esto importe poco a autoridades y ciudadanos con visión estrecha y cortoplacista.

Los expertos que propusieron la novedosa estrategia mantenían una confianza ciega, excesiva, en sus modernas técnicas y un soberano desprecio por la sabiduría del pasado. Probablemente pensaban que los antiguos eran ignorantes por carecer de sus sofisticados conocimientos. Grave error. Quienes afrontaron la pandemia de 1957 disponían de menos adelantos pero no eran ignorantes en absoluto. Podían haber confinado a la población, reduciendo los contagios, pero poseían visión y sentido común suficientes como para saber que ese remedio resultaría muchísimo más grave que la enfermedad.
                                         
                                                   JUAN M. BLANCO   Vía VOZ PÓPULI