“El problema más grave de cuantos asedian a
España
es el de su pluralidad frente a su unidad”.
(Salvador
de Madariaga[1])
La autonomía política
es un derecho de las nacionalidades y regiones reconocido en el artículo 2 de
la Constitución Española, que está incluido en su Título Preliminar. Para
desmantelar totalmente nuestro modelo de Estado autonómico habría que modificar
esencialmente la Constitución mediante el procedimiento previsto en el artículo
168 de la CE.
Como ha subrayado el
catedrático de Derecho Constitucional Jorge de Esteban[2]
“el gran fallo de la Constitución de
1978, algo anómalo en el Derecho Constitucional mundial, es que no establecía
ningún modelo concreto de Estado,
desde el punto de vista de la descentralización del poder. Sin embargo, en el
Título VIII de la misma se podía haber llegado a escoger entre tres modelos
diferentes: el selectivo, el asimétrico y el igualitario.…La elección entre el régimen asimétrico y el igualitario quedaba
así en las manos de la dinámica política y de los gobernantes de turno.
Mientras que los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos han tratado de
asentar y consolidar el primero, la mayoría de las comunidades autónomas
restantes, han intentado ir igualando la cota marcada sobre todo por los
catalanes y vascos, que quieren diferenciarse del resto a toda costa...”
El Estado de las
Autonomías está en una profunda crisis, dado que el modelo autonómico no es
viable por sus altísimos costes y sus exigencias financieras, que no se
corresponden con su escasa eficiencia en la prestación de servicios al
ciudadano. El mito de las ventajas de las autonomías para los ciudadanos se ha
venido abajo.
El empobrecedor Estado
de las Autonomías se encuentra ya en situación crítica por la concurrencia de
varios factores:
· La voracidad
despilfarradora de los gobernantes de las CC.AA., a pesar de la crisis
económica de España.
· Las CC.AA. están
superendeudadas, lo que hipoteca la prestación de servicios sociales.
· La generalización del
caciquismo territorial y de sus redes clientelares en una democracia poco
representativa.
· La instrumentación de
las Autonomías por los nacionalistas como medio de conseguir la independencia
de sus Comunidades hasta que sean Estados soberanos.
En 2014 las CC.AA. costaron 81.144 millones de euros solamente en
personal y gastos corrientes. Para financiar las ruinosas Autonomías ha sido necesario
aumentar los impuestos, hacer recortes sociales y establecer copagos en la
prestación de ciertos servicios. Pero si no se recorta sustancialmente la estructura
político-administrativa de las CC.AA., lo que es indispensable es adelgazar el ya
debilitado Estado del Bienestar. Por el costosísimo y superendeudado Estado de
las Autonomías nos estamos convirtiendo en el Estado de los recortes económicos
y sociales, acercándonos cada vez más a la insolvencia tanto estatal como de
las CC.AA. La enfermedad que aqueja al Estado de las Autonomías es terminal,
porque su bancarrota parece inevitable.
A pesar de todo, el Estado ha acudido al rescate de las quebradas CC.AA. porque no encuentran financiación privada; y se ha creado un generoso Fondo de Liquidez Autonómico para financiarlas con dinero que el Estado consigue endeudándose cada vez más.
Además, las Autonomías
han roto la unidad normativa con la consiguiente quiebra de la unidad de
mercado que encarece nuestros productos hasta hacerlos no competitivos a nivel
europeo; y tambien han dañado la unidad lingüística, educativa y cultural. Por todo ello, puede concluirse
afirmando que el Estado autonómico ha sido un fracaso político, económico y
social, que ha fragmentado España.
Nuestro modelo
autonómico es ruinoso para el ciudadano; pero, en cambio, es muy provechoso
para los partidos políticos predominantes en una comunidad autónoma, nacionalistas
o no, para la burocracia creada por la autonomía y, sobre todo, para unas
oligarquías caciquiles que, organizadas en grupos de presión, manejan en su
territorio los presupuestos públicos a su antojo directamente o por medio de
políticos afines instalados en puestos clave. Las Autonomías son una fuente de
poder y de puestos de trabajo para la clase política, para los afiliados de los partidos políticos y para los
enchufados de los políticos. El Estado autonómico es el Estado del bienestar de
los políticos, quienes se obstinan en mantener las competencias de sus CCAA.
Por
ello, la necesaria regeneración política de España exige la
supresión de unas corruptas e insostenibles autonomías territoriales, aunque
ello exija modificar esencialmente la Constitución en un proceso largo y
complicado, ya que la autonomía política territorial es un derecho constitucional,
aunque sea un derecho inventado por los partidos políticos en 1978.
Ciertos partidos políticos
afirman que lo mejor sería implantar en España un Estado federal, lo que es
poco factible porque exige una reforma esencial de la Constitución que algunos grandes
partidos rechazan. Además la implantación de un Estado federal supondría el
reconocimiento de que el autonómico “café para todos” habría fracasado y que
debería sustituirlo por un federal “café con leche para todos”, igualmente
insostenible y ruinoso.
Otros son partidarios de una plena recentralización,
con devolución de las competencias autonómicas al Estado central y la
instauración en España de un Estado unitario pero democrático, no centralista. Uno
de ellos es el republicano Manuel Muela[3]
quien, tras afirmar que es inviable el ruinoso Estado de las Autonomías,
propugna un cambio del modelo de Estado, y lo argumenta así:
“…La confusión
ideológica, trufada de posiciones nacionalistas arcaizantes, ha contribuido a
consolidar la idea de que el Estado unitario fuerte es una manifestación
autoritaria a la que hay que oponer un modelo distinto, basado en la idea de
las parcelaciones territoriales dotadas de poder político propio y
autónomo…Creo que disponemos de conocimiento y experiencia histórica para
constatar que los intentos de modernización del Estado en España, basados en
aquellas premisas, han fracasado sucesivamente, porque, entre otras cosas, se
han primado los sentimientos de lo centrífugo. Se ha olvidado que en nuestro
país, donde todavía persisten importantes desequilibrios sociales, sigue siendo
necesaria la capacidad homogeneizadora de un poder público central fuerte. La
tendencia de los poderes regionales autónomos a eludir el interés nacional ha
sido una constante histórica. Que no debería ser así, porque también son parte
del Estado, pero es, y a los hechos me remito. Cada día tenemos pruebas de
ello.
En un momento crítico
en lo político y en lo económico, que obligará a cambios de todo orden, parece
justificado encarar un problema que tiene difícil arreglo sin cambiar este orden
constitucional: entre las reformas del mismo habría que abordar la sustitución
del derecho a la autonomía de las regiones por formulaciones más cercanas a la
descentralización administrativa que al concepto de autonomía. Porque se quiera
o no, y a los hechos me remito, este último siempre deriva en acentuar la
debilidad del poder público, cuando no en la deslealtad hacia el propio Estado.
Un estado unitario, nutrido y sostenido
con los valores de la democracia, nada tiene que ver con el señuelo del odiado
Estado centralista, que ha resultado tan útil para vender a los españoles
una mercancía política muy beneficiosa para algunas clases dirigentes, pero
menos para los ciudadanos y contribuyentes”.
Esta solución es
inadmisible para los nacionalistas, por lo que parece poco viable, teniendo en
cuenta que la autonomía territorial es un derecho constitucionalmente
reconocido.
A mi entender, hay tres salidas factibles del laberinto de
las Autonomías: el Estado federal y el Estado unitario, que pueden ser o asimétricos
o igualitarios; y el Estado confederal integrado por tres Estados soberanos: Catalunya,
Euskadi y la España residual, única forma de satisfacer definitivamente a los
independentistas catalanes o vascos.
Ciertos expertos
descalifican la posibilidad de que España se transforme en un Estado federal.
Entre ellos, citaré a Alejo Vidal-Quadras[4],
quien pone de relieve que considera disparatada “la insólita empresa de crear
pequeños Estados-Nación cultural y lingüísticamente homogéneos fuera de su
tiempo histórico cuando el proyecto de unidad europea aspira a configurar un
vasto espacio político-jurídico superador de las diferencias de lengua y de
cultura basado en principios y valores universales” y advierte de que “de la
misma forma que los nacionalistas nunca consideraron la implantación del Estado
autonómico como el cumplimiento de sus aspiraciones, sino como una etapa
intermedia hacia la tan deseada secesión, la evolución de España hacia un
Estado federal tampoco detendrá su afán separatista. Al contrario, cuanto más
cerca vean la meta, el ritmo de su carrera reivindicativa se acelerará. El
famoso federalismo asimétrico no haría que ETA abandonase su actividad criminal
ni que el PNV, Esquerra Republicana, Convergencia i Unió y el BNG se integrasen
lealmente en el proyecto común. Su efecto sería, más bien, animar a los unos a
intensificar la barbarie y estimular a los otros a agudizar el conflicto
político con el Estado”.
Otra salida del
laberinto autonómico es la de un Estado unitario asimétrico; lo que, en
principio, no exige una modificación sustancial de la Constitución, aunque
sería conveniente que se llegase a un acuerdo entre el PP, el PSOE y otros grandes
partidos para modificar el Título VIII de la Constitución, con el fin de
convertir a la autonomía territorial en algo autofinanciable, inconveniente y
no atractivo. Entonces solo los nacionalistas no independistas seguirían
empeñados en mantener la autonomía política en sus “nacionalidades”. Si no se
quiere modificar nada de la actual Constitución, la salida más factible sería la
de que, como la autonomía es un derecho renunciable, las CC.AA. que lo acordasen
devolvieran al Estado todas sus competencias a cambio de grandes incentivos o
ventajas como la asunción de sus deudas públicas por el Estado o la concesión a
ellas de excepcionales y voluminosas inversiones creadoras de puestos de
trabajo, además del mantenimiento de sus actuales Gobiernos autonómicos, pero
como Gobiernos regionales cuyo presidente podría ser el actual de su Autonomía
que, además, sería el Delegado del Gobierno. De esta forma, solo las
“nacionalidades” y alguna otra región (tal vez Canarias o Andalucía)
mantendrían unas autonomías políticas armonizadas que, en todo caso, tendría
techos competenciales y estabilidad presupuestaria.
Pero la elección del
modelo de Estado que haya de adoptar la futura España es algo demasiado serio
para dejárselo solo a los políticos. Los ciudadanos deben hacerse oír antes de
que se haga una reforma estructural del Estado en un necesario Proceso Constituyente.
Para que los políticos, como representantes populares democráticamente elegidos,
sepan a qué atenerse, habrá que exigir que el Gobierno convoque previamente un
Referéndum sobre el modelo de Estado español, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 92 de la Constitución y la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero.
JOAQUÍN JAVALOYS.
[1] Prólogo de “De la angustia a la libertad. Memorias de un federalista”.
Salvador de Madariaga. Espasa-Calpe. Madrid. 1977.
[2] Artículo titulado “El Estado de las Autonomías, en entredicho”,
publicado en el diario El Mundo el 20 de enero de 2011.
[3] Artículo titulado “Ante el caos y el descrédito autonómico, el Estado
unitario y democrático” publicado en El Confidencial el 8 de junio de 2011.
[4]“La Constitución traicionada”. Aleix Vidal-Quadras. Ed. LibrosLibres.
Madrid. 2006. Páginas 48 y 146.