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miércoles, 27 de mayo de 2015

¿ES FACTIBLE UNA NUEVA ESPAÑA SIN AUTONOMÍAS?




“El problema más grave de cuantos asedian a España
es el de su pluralidad frente a su unidad”.
(Salvador de Madariaga[1])

La autonomía política es un derecho de las nacionalidades y regiones reconocido en el artículo 2 de la Constitución Española, que está incluido en su Título Preliminar. Para desmantelar totalmente nuestro modelo de Estado autonómico habría que modificar esencialmente la Constitución mediante el procedimiento previsto en el artículo 168 de la CE.
Como ha subrayado el catedrático de Derecho Constitucional Jorge de Esteban[2]
“el gran fallo de la Constitución de 1978, algo anómalo en el Derecho Constitucional mundial, es que no establecía ningún modelo concreto de Estado, desde el punto de vista de la descentralización del poder. Sin embargo, en el Título VIII de la misma se podía haber llegado a escoger entre tres modelos diferentes: el selectivo, el asimétrico y el igualitario.…La elección entre el régimen asimétrico y el igualitario quedaba así en las manos de la dinámica política y de los gobernantes de turno. Mientras que los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos han tratado de asentar y consolidar el primero, la mayoría de las comunidades autónomas restantes, han intentado ir igualando la cota marcada sobre todo por los catalanes y vascos, que quieren diferenciarse del resto a toda costa...”
El Estado de las Autonomías está en una profunda crisis, dado que el modelo autonómico no es viable por sus altísimos costes y sus exigencias financieras, que no se corresponden con su escasa eficiencia en la prestación de servicios al ciudadano. El mito de las ventajas de las autonomías para los ciudadanos se ha venido abajo.
El empobrecedor Estado de las Autonomías se encuentra ya en situación crítica por la concurrencia de varios factores:
· La voracidad despilfarradora de los gobernantes de las CC.AA., a pesar de la crisis económica de España.
· Las CC.AA. están superendeudadas, lo que hipoteca la prestación de servicios sociales.
· La generalización del caciquismo territorial y de sus redes clientelares en una democracia poco representativa.
· La instrumentación de las Autonomías por los nacionalistas como medio de conseguir la independencia de sus Comunidades hasta que sean Estados soberanos. 
En 2014 las CC.AA. costaron 81.144 millones de euros solamente en personal y gastos corrientes. Para financiar las ruinosas Autonomías ha sido necesario aumentar los impuestos, hacer recortes sociales y establecer copagos en la prestación de ciertos servicios. Pero si no se recorta sustancialmente la estructura político-administrativa de las CC.AA., lo que es indispensable es adelgazar el ya debilitado Estado del Bienestar. Por el costosísimo y superendeudado Estado de las Autonomías nos estamos convirtiendo en el Estado de los recortes económicos y sociales, acercándonos cada vez más a la insolvencia tanto estatal como de las CC.AA. La enfermedad que aqueja al Estado de las Autonomías es terminal, porque su bancarrota parece inevitable.
A pesar de todo, el Estado ha acudido al rescate de las quebradas CC.AA. porque no encuentran financiación privada; y se ha creado un generoso Fondo de Liquidez Autonómico para financiarlas con dinero que el Estado consigue endeudándose cada vez más.
Además, las Autonomías han roto la unidad normativa con la consiguiente quiebra de la unidad de mercado que encarece nuestros productos hasta hacerlos no competitivos a nivel europeo; y tambien han dañado la unidad lingüística, educativa y cultural. Por todo ello, puede concluirse afirmando que el Estado autonómico ha sido un fracaso político, económico y social, que ha fragmentado España.
Nuestro modelo autonómico es ruinoso para el ciudadano; pero, en cambio, es muy provechoso para los partidos políticos predominantes en una comunidad autónoma, nacionalistas o no, para la burocracia creada por la autonomía y, sobre todo, para unas oligarquías caciquiles que, organizadas en grupos de presión, manejan en su territorio los presupuestos públicos a su antojo directamente o por medio de políticos afines instalados en puestos clave. Las Autonomías son una fuente de poder y de puestos de trabajo para la clase política, para los afiliados  de los partidos políticos y para los enchufados de los políticos. El Estado autonómico es el Estado del bienestar de los políticos, quienes se obstinan en mantener las competencias de sus CCAA.
Por ello, la necesaria regeneración política de España exige la supresión de unas corruptas e insostenibles autonomías territoriales, aunque ello exija modificar esencialmente la Constitución en un proceso largo y complicado, ya que la autonomía política territorial es un derecho constitucional, aunque sea un derecho inventado por los partidos políticos en 1978.
Ciertos partidos políticos afirman que lo mejor sería implantar en España un Estado federal, lo que es poco factible porque exige una reforma esencial de la Constitución que algunos grandes partidos rechazan. Además la implantación de un Estado federal supondría el reconocimiento de que el autonómico “café para todos” habría fracasado y que debería sustituirlo por un federal “café con leche para todos”, igualmente insostenible y ruinoso.
 Otros son partidarios de una plena recentralización, con devolución de las competencias autonómicas al Estado central y la instauración en España de un Estado unitario pero democrático, no centralista. Uno de ellos es el republicano Manuel Muela[3] quien, tras afirmar que es inviable el ruinoso Estado de las Autonomías, propugna un cambio del modelo de Estado, y lo argumenta así:
“…La confusión ideológica, trufada de posiciones nacionalistas arcaizantes, ha contribuido a consolidar la idea de que el Estado unitario fuerte es una manifestación autoritaria a la que hay que oponer un modelo distinto, basado en la idea de las parcelaciones territoriales dotadas de poder político propio y autónomo…Creo que disponemos de conocimiento y experiencia histórica para constatar que los intentos de modernización del Estado en España, basados en aquellas premisas, han fracasado sucesivamente, porque, entre otras cosas, se han primado los sentimientos de lo centrífugo. Se ha olvidado que en nuestro país, donde todavía persisten importantes desequilibrios sociales, sigue siendo necesaria la capacidad homogeneizadora de un poder público central fuerte. La tendencia de los poderes regionales autónomos a eludir el interés nacional ha sido una constante histórica. Que no debería ser así, porque también son parte del Estado, pero es, y a los hechos me remito. Cada día tenemos pruebas de ello.
En un momento crítico en lo político y en lo económico, que obligará a cambios de todo orden, parece justificado encarar un problema que tiene difícil arreglo sin cambiar este orden constitucional: entre las reformas del mismo habría que abordar la sustitución del derecho a la autonomía de las regiones por formulaciones más cercanas a la descentralización administrativa que al concepto de autonomía. Porque se quiera o no, y a los hechos me remito, este último siempre deriva en acentuar la debilidad del poder público, cuando no en la deslealtad hacia el propio Estado. Un estado unitario, nutrido y sostenido con los valores de la democracia, nada tiene que ver con el señuelo del odiado Estado centralista, que ha resultado tan útil para vender a los españoles una mercancía política muy beneficiosa para algunas clases dirigentes, pero menos para los ciudadanos y contribuyentes”.
Esta solución es inadmisible para los nacionalistas, por lo que parece poco viable, teniendo en cuenta que la autonomía territorial es un derecho constitucionalmente reconocido.
A mi entender, hay tres salidas factibles del laberinto de las Autonomías: el Estado federal y el Estado unitario, que pueden ser o asimétricos o igualitarios; y el Estado confederal integrado por tres Estados soberanos: Catalunya, Euskadi y la España residual, única forma de satisfacer definitivamente a los independentistas catalanes o vascos.
Ciertos expertos descalifican la posibilidad de que España se transforme en un Estado federal. Entre ellos, citaré a Alejo Vidal-Quadras[4], quien pone de relieve que considera disparatada “la insólita empresa de crear pequeños Estados-Nación cultural y lingüísticamente homogéneos fuera de su tiempo histórico cuando el proyecto de unidad europea aspira a configurar un vasto espacio político-jurídico superador de las diferencias de lengua y de cultura basado en principios y valores universales” y advierte de que “de la misma forma que los nacionalistas nunca consideraron la implantación del Estado autonómico como el cumplimiento de sus aspiraciones, sino como una etapa intermedia hacia la tan deseada secesión, la evolución de España hacia un Estado federal tampoco detendrá su afán separatista. Al contrario, cuanto más cerca vean la meta, el ritmo de su carrera reivindicativa se acelerará. El famoso federalismo asimétrico no haría que ETA abandonase su actividad criminal ni que el PNV, Esquerra Republicana, Convergencia i Unió y el BNG se integrasen lealmente en el proyecto común. Su efecto sería, más bien, animar a los unos a intensificar la barbarie y estimular a los otros a agudizar el conflicto político con el Estado”.
Otra salida del laberinto autonómico es la de un Estado unitario asimétrico; lo que, en principio, no exige una modificación sustancial de la Constitución, aunque sería conveniente que se llegase a un acuerdo entre el PP, el PSOE y otros grandes partidos para modificar el Título VIII de la Constitución, con el fin de convertir a la autonomía territorial en algo autofinanciable, inconveniente y no atractivo. Entonces solo los nacionalistas no independistas seguirían empeñados en mantener la autonomía política en sus “nacionalidades”. Si no se quiere modificar nada de la actual Constitución, la salida más factible sería la de que, como la autonomía es un derecho renunciable, las CC.AA. que lo acordasen devolvieran al Estado todas sus competencias a cambio de grandes incentivos o ventajas como la asunción de sus deudas públicas por el Estado o la concesión a ellas de excepcionales y voluminosas inversiones creadoras de puestos de trabajo, además del mantenimiento de sus actuales Gobiernos autonómicos, pero como Gobiernos regionales cuyo presidente podría ser el actual de su Autonomía que, además, sería el Delegado del Gobierno. De esta forma, solo las “nacionalidades” y alguna otra región (tal vez Canarias o Andalucía) mantendrían unas autonomías políticas armonizadas que, en todo caso, tendría techos competenciales y estabilidad presupuestaria.
Pero la elección del modelo de Estado que haya de adoptar la futura España es algo demasiado serio para dejárselo solo a los políticos. Los ciudadanos deben hacerse oír antes de que se haga una reforma estructural del Estado en un necesario Proceso Constituyente. Para que los políticos, como representantes populares democráticamente elegidos, sepan a qué atenerse, habrá que exigir que el Gobierno convoque previamente un Referéndum sobre el modelo de Estado español, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución y la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero.

                                                                                     JOAQUÍN  JAVALOYS.


[1] Prólogo de “De la angustia a la libertad. Memorias de un federalista”. Salvador de Madariaga. Espasa-Calpe. Madrid. 1977.
[2] Artículo titulado “El Estado de las Autonomías, en entredicho”, publicado en el diario El Mundo el 20 de enero de 2011.
[3] Artículo titulado “Ante el caos y el descrédito autonómico, el Estado unitario y democrático” publicado en El Confidencial el 8 de junio de 2011.
[4]“La Constitución traicionada”. Aleix Vidal-Quadras. Ed. LibrosLibres. Madrid. 2006. Páginas 48 y 146.

EL COMPLEJO CAMINO DEL CAMBIO



Los resultados de las pasadas elecciones en España, las reacciones de los partidos ante posibles pactos para gobernar autonomías y ayuntamientos, proporcionan algunas pistas que deben analizarse trascendiendo el mero morbo o cotilleo. Fijando la vista más allá del simple reparto de poder entre formaciones políticas. Resulta llamativo, pero no sorprendente o novedoso, que los electores aprovechen las elecciones autonómicas y municipales para castigar a Mariano Rajoy. Es demasiado común que las autonómicas se voten en clave nacional, un fenómeno advertido hace años, con inquietantes consecuencias. La complejidad, la multiplicidad de escalones en la administración, conducen a una enorme dificultad para identificar las competencias de cada cual, para atribuir responsabilidades concretas. Ante tal indefinición, muchos votantes fijan su mirada en el gobierno nacional, allí donde los grandes medios focalizan su atención.
Los políticos regionales perciben mucho más rentable expandir redes clientelares, colocar a los partidarios y repartir favores, que establecer una administración eficiente
Así, los gobiernos autonómicos poseen pocos incentivos para gestionar bien pues se sienten tan solo débilmente controlados por el voto. Los políticos regionales perciben mucho más rentable expandir redes clientelares, colocar a los partidarios y repartir favores a ciertos grupos de presión, que establecer una administración eficiente, capaz de prestar servicios de manera eficaz y barata. De todos los males, siempre tendrá la culpa Madrid.  
El hecho de que la corrupción nunca afectara significativamente a los resultados electorales, fue interpretado como indiferencia o consentimiento de la población ante el latrocinio generalizado. Errónea explicación. Con una corrupción tan extendida, desde el Rey hasta el último concejal, siendo la putrefacción la regla, no la excepción, de poco sirve negar el voto al partido que protagoniza un escándalo. Habría que apoyar a otro que, seguramente, sigue el mismo procedimiento de cobro de comisiones. La corrupción se daba por descontada, igualaba a los participantes, nivelaba el terreno de juego. Y el voto respondía a otros motivos diferenciales. Sólo quedaba la abstención como derecho al pataleo.
Cambio de reglas, no de caras
El enfoque ha cambiado en estas elecciones. Pero solo en parte. Siendo la corrupción una característica consustancial al sistema, parte del electorado se ha decantado por nuevos partidos, todavía vírgenes, no identificados con el Régimen. Pero no se ha producido el vuelco de la Italia de los 90, donde el descubrimiento de Tangentopoli condujo a la desaparición de los partidos tradicionales. Quizá mucha gente considere que un mero cambio de caras no es garantía de limpieza, que la corrupción generalizada no surge de la intrínseca maldad de los dirigentes: constituye un equilibrio perverso sustentado en la ausencia de controles y contrapesos eficaces. Si no cambias las reglas, acabarás con idénticos resultados.
Sin una reforma profunda, radical y sostenida, el encaje de los nuevos partidos en el sistema corrupto es solo cuestión de tiempo. Máxime cuando surgen con un discurso plagado de discrecionalidad y arbitrismo, proponiendo medidas simples para cada problema complejo, sin considerar el conjunto, los efectos secundarios que crean problemas nuevos. Llegan con un enfoque de arbitrariedad y demagogia, no de reglas generales. Gran parte del electorado continúa votando a los corruptísimos y nefastos partidos dinásticos porque aun no vislumbra una opción alternativa coherente y fiable. Ni unos dirigentes que proporcionen un ejemplo intachable.
Abocado a acuerdos con los partidos tradicionales, Ciudadanos pretende no mojarse de momento, solicitando ciertas condiciones puntuales para pactar. Una de ellas es la exigencia de primarias, una medida necesaria en términos generales, pero ineficaz en partidos ya degenerados o en sistemas completamente podridos. Con buena parte de la militancia colocada en puestos de la administración, o aledaños, el voto de las primarias no refleja solo la valía o ideas del candidato. Responde también a inconfesables intereses corporativos, a intercambios de favores. Un clientelismo extremo donde cada cual vota al capo de su mafia, aquél a quien debe las prebendas.
¿Una ley para cada problema?
Las primarias podrían resultar improductivas incluso en los nuevos partidos, si el voto refleja expectativas de reparto de favores futuros, si responde a una perversa dinámica de grupos de intereses. ¿O piensan que todos los recién llegados a la política vienen movidos por generosidad, patriotismo, ansias de servir a sus conciudadanos? La exigencia de primarias es un buen ejemplo de medida atractiva, de gesto de cara a la galería, que se diluye en agua de borrajas si no va acompañada de reformas mucho más profundas, capaces de atajar el clientelismo, el particularismo o el intercambio de favores. La pretensión de cambiar el sistema con medidas puntuales, parciales, sin considerar el panorama global, ni atajar de raíz las causas últimas de los males, conduce a una trampa de difícil salida. Los nuevos partidos entonan una letra distinta. Pero la música, el tono y el ritmo, podrían sonar igual.
El Régimen entra en una nueva etapa de acelerada descomposición, con un panorama político mucho más fraccionado, mayor competencia por el reparto de puestos, ventajas y prebendas
El Régimen entra en una nueva etapa de acelerada descomposición, con un panorama político mucho más fraccionado, mayor competencia por el reparto de puestos, ventajas y prebendas. Unos pretenden estirar el brazo más que la manga, prometiendo un presupuesto de goma, capaz de satisfacer cualquier "derecho" a cambio de una papeleta. Otros cantan loas a la ansiada regeneración, sin saber muy bien qué significa o cómo llevarla a cabo. Pero todos parecen dispuestos a implantar numerosas medidas puntuales: ante cada problema, nueva norma, nuevo decálogo. Olvidan que la regeneración comienza suprimiendo la selva de leyes, las múltiples excepciones que fomentan el favoritismo y la arbitrariedad. Primando reglas generales, sencillas e iguales para todos. In claris non fit interpretatio.
A pesar de su nulidad, su visión estrecha, su limitación a intereses particulares, partidistas y grupales, a pesar de ser la quintaesencia de un Régimen que se descompone, Mariano Rajoy ha tenido suerte. Si hubiera encontrado enfrente una opción alternativa seria, coherente, con claro proyecto de futuro, con dirigentes dando ejemplo de valía, honradez y valentía, despreocupados de tácticas electoralistas, no hubiera quedado de él ni las raspas.
                                   JUAN M. BLANCO @BlancoJuanM  (Vía VOZ POPULI).

martes, 26 de mayo de 2015

24-M: DE LA TRANSICIÓN A LA MOVIDA



Ya no hay duda, Mariano Rajoy se consagró este pasado 24 de mayo como el presidente más irresponsable de la dizque democracia española; él y su partido se han convertido en cuello de botella que ha impedido sistemáticamente la emergencia de cualquier alternativa ajena al populismo capaz de abordar un proceso de transformación de España que es ya, más que urgente, inaplazable.
Hace ocho años que las enormes ineficiencias del modelo político español, afloradas en toda su crudeza por el crack financiero de 2007, evidenciaron la necesidad de profundas reformas institucionales
Hace ocho años que las enormes ineficiencias del modelo político español, afloradas en toda su crudeza por el crack financiero de 2007, evidenciaron la necesidad de profundas reformas institucionales. Y liquidado el zapaterismo, el actual presidente tuvo todo en su mano para acometerlas, al menos sobre el papel. Sin embargo, lejos de elegir el camino de la política, optó por ejercer de burócrata, de mero administrador de contingencias, primando los compromisos adquiridos con las franquicias territoriales del PP y quienes le apoyaron en su día en el tristemente famoso Congreso de Valencia, amén de dedicar sus escasas energías a salvar un sistema económico de acceso restringido.  
Así, sin prisa pero sin pausa, el marianismo, con la diligente Soraya maniobrando en la trastienda, ha terminado por ser la tapa de una olla a presión a punto de saltar por los aires. Por ahora la tapa sigue ahí, pero levitando peligrosamente sobre una nube de vapor cada vez más voluminosa. Y es cuestión de tiempo que salga disparada hacia la estratosfera como un sputnik, con los restos del PP como tripulación. Desgraciadamente, cuando esto suceda quizá sea ya demasiado tarde para España. Y entre corrupción y populismo; entre lo decrépito y el neomarxismo naíf de los Iglesias, Colaus, Carmenas y compañía, los españoles opten por lo segundo, determinados a reeditar la movida de los ’80, pero esta vez sin ningún sentido lúdico y una obcecación absoluta.  
Hay quien explica lo sucedido este domingo recurriendo, cómo no, al secular analfabetismo del pueblo. Lo cual viene a ser lo mismo que tachar de idiota al que decide saltar al vació desde un edificio en llamas
Hay quien explica lo sucedido este domingo recurriendo, cómo no, al secular analfabetismo del pueblo. Lo cual viene a ser lo mismo que tachar de idiota al que decide saltar al vació desde un edificio en llamas. Sin embargo, además de aceptar el resultado de las urnas –qué remedio–, no hay que olvidar que las opciones que el régimen ha hecho visibles, gracias a unos mass media dependientes  del favor político, son las que son. Había pues solo tres alternativas reconocibles para el gran público: votar corrupción, votar populismo o no votar. Y tocó populismo. Solo resta añadir que si la debacle del PP no ha sido completa es porque los más mayores no han querido.
Pese al empeño de Rajoy por hacer creíble que el final de la crisis económica es un hecho, media España, si no más, sigue instalada en la precariedad y sin expectativas de mejora. Por otro lado, si nos atenemos a los ingresos, la mayor parte de lo que queda de la clase media se encuentra en las Administraciones Públicas, en la nómina de las grandes empresas y, en general, en aquellos sectores que directa o indirectamente dependen de la política. Por tanto, la mentalidad estatista, lejos de relajarse, se ha visto agravada durante estos años de crisis. Y ahora, además, se ve reforzada por la desesperación de quienes fuera del paraguas de la España oficial y tras un calvario de siete años de crisis, han comprado la mercancía de que la solución pasa por abrir en canal los presupuestos, no pagar nuestra deuda y aumentar la presión fiscal sobre los que más tienen, amén de otros muchos despropósitos.
Al laminar sistemáticamente el liberalismo y convertir a la derecha en una caricatura horrible, Mariano Rajoy ha dado a la vieja izquierda una libertad de movimientos absoluta
Así pues, lo dicho, no hay duda, al convertir al Partido Popular en un muro infranqueable y laminar sistemáticamente el liberalismo y convertir a la derecha en una caricatura horrible, Mariano Rajoy ha dado a la vieja izquierda una libertad de movimientos absoluta, hasta que, como era de prever con tanto proceso de prueba y error y una colosal crisis de por medio, ha encontrado la manera de “reinventarse” y llegar a la mente del gran público. Lo peor, con todo, es que los resultados de este 24-M no han sido lo suficientemente contundentes como para liquidar el marianismo. Es más, una consecuencia “inesperada” de la defunción de numerosos barones del PP es la eliminación de sus adversarios internos. Lo cual va a permitir al presidente mantenerse en el sillón y seguir alimentando con su proverbial inanidad de aquí a las Elecciones Generales el músculo del populismo. Por lo pronto, es muy probable que en breve caigan en manos de la izquierda radical las principales ciudades españolas: Madrid, Barcelona y Valencia. Si así sucede, el primer paso para la ‘bolivarización’ de España se habrá consumado. El siguiente, mucho más doloroso, será comprobar sin ahorrarnos un solo sufrimiento que los unicornios no existen.

                                               JAVIER BENEGAS   @BenegasJ       (Vía VOZ POPULI)

miércoles, 20 de mayo de 2015

LA TRAMPA DE LA GOBERNABILIDAD



La irrupción de nuevas opciones en el panorama político español, con la previsible fragmentación de parlamentos y consistorios, ha suscitado en dirigentes, candidatos y sesudos comentaristas cierta fijación, una súbita preocupación por las dificultades que entrañará formar gobierno en autonomías y ayuntamientos. Los partidos emergentes parecen reacios a apoyar a los tradicionales para constituir una nueva mayoría. Estaría en peligro nada menos que la "gobernabilidad". Ya lo dijo, desesperada, Susana Díaz: los andaluces no pueden estar sin gobierno. Ya será menos. Quizá sea ella quien no aguanta sin formar un ejecutivo. Nuestros políticos suelen confundir los intereses de la ciudadanía con los suyos propios.
El bloqueo del ejecutivo no implica la paralización de los servicios de la administración. Como mucho, se ralentiza el intercambio de favores
No son los españoles quienes salen perjudicados por falta de gobierno: son sus políticos. El bloqueo del ejecutivo no implica la paralización de los servicios de la administración. Como mucho, se ralentiza el intercambio de favores, la ampliación de redes clientelares o el generalizado latrocinio. Y cesa temporalmente esa infernal cadena de producción de tramposas leyes, normas y regulaciones. ¡Semanas o meses sin reglamentar hasta los aspectos más nimios de la economía o la sociedad! También puede llegar la repetición de las elecciones, tal como contemplan los disparatados estatutos de autonomía.
“Gobernabilidad”, interesante palabra que significa en el peculiar lenguaje político "manga ancha para asignar prebendas y cargos". O reparto de favores a periodistas afines. Las elecciones autonómicas y municipales son fuente inagotable de puestos para colocar a los propios. Algunos países crecen cuando sus políticos duermen.
Riesgo de un nuevo cambalache
Pero deben sosegarse los que  muestran inquietud, pesadumbre ante el peligro de inestabilidad. La pretendida ingobernabilidad sólo permanecerá hasta que cesen las elecciones previstas para este año. Después, es muy probable que comience el festival de cambalaches, apaños, enjuagues y componendas que caracteriza a la política española.
Las opciones emergentes van dando crecientes muestras de insustancialidad, intención de preservar la esencia del statu quo. Nos sorprenden con parches, ocurrencias, propuestas arbitristas, críticas poco consistentes al régimen de embuste y demagogia de las últimas décadas. Y una poco disimulada inclinación al pacto, a apoyar a las opciones tradicionales en el momento en que ya no implique pérdida de votos. Un enfoque electoralista muy alejado de los principios y valores que deberían mantener a ultranza quienes abogan por la regeneración. Corremos el riesgo de padecer otra "Transición", un nuevo reparto de la tarta entre los que estaban y los que llegan.
Nadie ha osado señalar la profunda reforma que necesitan las Autonomías. Convertidas en patios de Monipodio, paraíso de caciques, ninguna trapacería o bribonada les es ajena
Nadie ha osado señalar la profunda reforma que necesitan las Autonomías. Convertidas en patios de Monipodio, paraíso de caciques, ninguna trapacería o bribonada les es ajena. Ninguno habla de reducir sus mastodónticas administraciones, más dirigidas a colocar partidarios que a prestar servicios. Ni de racionalizar las competencias, asignadas en el pasado por mera conveniencia política, no para prestar mejor servicio al ciudadano. No hay candidato que señale con el dedo a esos parlamentos autonómicos que, al igual que Congreso o Senado, se han convertido en una reunión de indolentes, cuya actividad se limita a pulsar botones sin criterio o conocimiento de causa. Todos prefieren subir impuestos a recortar administraciones: demasiada gente para colocar. 
Cambiar las reglas del juego
Los partidos continúan revolcándose en la política ordinaria, la del día a día, en una etapa crucial que exige un cambio completo de reglas de juego. Siguen con la cantinela de prometer gastar más, aunque lo llamen "hacer", "construir", "conceder" o "establecer". Compiten en la loca carrera por subir impuestos. O exhiben inútiles gestos de cara a la galería, como la exigencia de renuncia de Chaves y Griñán. ¿Sólo ellos? Cualquiera diría que, desapareciendo estos dos pájaros de cuenta, la política andaluza (o incluso española) quedaría impoluta, libre de mácula. Otros que confunden responsabilidad política y penal. El ambiente desprende un penetrante aroma a política antigua, trufada de disimulos para no perder votos.
Los partidos emergentes deberían ser conscientes de que no ganaron los apoyos por méritos propios, o por su cara bonita, sino por la denodada podredumbre de los tradicionales. Sus votantes buscan un cambio profundo, un replanteamiento sustancial de la política, no renovadas ocurrencias o majaderías. Ni aspirantes con más oportunismo que principios, meros imitadores de las trapisondas de sus antecesores. La ciudadanía responsable desea una nueva hornada de dirigentes que aspiren al poder, no como un fin en sí mismo, sino como medio para reformar el caduco sistema político. Personas dispuestas a arriesgar, no individuos propensos a repetir el ritual de la política española: agitar el enjuague, la componenda, el reparto de cargos.
El sistema debe impulsar gobiernos capaces de desarrollar eficazmente su labor tras un cambio de reglas que fomente una política de altos vuelos, con la mirada en el horizonte, no en el mero día a día. Tras unas reformas que garanticen separación de poderes, controles y contrapesos, limpieza de la vida pública y, sobre todo, la capacidad de la ciudadanía para supervisar a sus representantes.
El sistema bipartidista que conocimos se encamina hacia el colapso. Se abrirá una nueva etapa, distinta en caras y estilos. Pero, al igual que en la Italia de los 90, corremos el serio peligro de que las reformas queden demasiado cortas, que el nuevo régimen reproduzca los vicios del anterior. Si algunos no se lo toman en serio, la regeneración política se demorará mucho más de lo que debiera.

                                   JUAN M. BLANCO @BlancoJuanM  (Vía VOZ POPULI)