¿ES FACTIBLE UNA NUEVA ESPAÑA SIN AUTONOMÍAS?

“El problema más grave de cuantos asedian a España

es el de su pluralidad frente a su unidad”.

(Salvador de Madariaga[1])

La autonomía política es un derecho de las nacionalidades y regiones reconocido en el artículo 2 de la Constitución Española, que está incluido en su Título Preliminar. Para desmantelar totalmente nuestro modelo de Estado autonómico habría que modificar esencialmente la Constitución mediante el procedimiento previsto en el artículo 168 de la CE.

Como ha subrayado el catedrático de Derecho Constitucional Jorge de Esteban[2]

“el gran fallo de la Constitución de 1978, algo anómalo en el Derecho Constitucional mundial, es que no establecía ningún modelo concreto de Estado, desde el punto de vista de la descentralización del poder. Sin embargo, en el Título VIII de la misma se podía haber llegado a escoger entre tres modelos diferentes: el selectivo, el asimétrico y el igualitario.…La elección entre el régimen asimétrico y el igualitario quedaba así en las manos de la dinámica política y de los gobernantes de turno. Mientras que los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos han tratado de asentar y consolidar el primero, la mayoría de las comunidades autónomas restantes, han intentado ir igualando la cota marcada sobre todo por los catalanes y vascos, que quieren diferenciarse del resto a toda costa...”

El Estado de las Autonomías está en una profunda crisis, dado que el modelo autonómico no es viable por sus altísimos costes y sus exigencias financieras, que no se corresponden con su escasa eficiencia en la prestación de servicios al ciudadano. El mito de las ventajas de las autonomías para los ciudadanos se ha venido abajo.

El empobrecedor Estado de las Autonomías se encuentra ya en situación crítica por la concurrencia de varios factores:

· La voracidad despilfarradora de los gobernantes de las CC.AA., a pesar de la crisis económica de España.

· Las CC.AA. están superendeudadas, lo que hipoteca la prestación de servicios sociales.

· La generalización del caciquismo territorial y de sus redes clientelares en una democracia poco representativa.

· La instrumentación de las Autonomías por los nacionalistas como medio de conseguir la independencia de sus Comunidades hasta que sean Estados soberanos. 

En 2014 las CC.AA. costaron 81.144 millones de euros solamente en personal y gastos corrientes. Para financiar las ruinosas Autonomías ha sido necesario aumentar los impuestos, hacer recortes sociales y establecer copagos en la prestación de ciertos servicios. Pero si no se recorta sustancialmente la estructura político-administrativa de las CC.AA., lo que es indispensable es adelgazar el ya debilitado Estado del Bienestar. Por el costosísimo y superendeudado Estado de las Autonomías nos estamos convirtiendo en el Estado de los recortes económicos y sociales, acercándonos cada vez más a la insolvencia tanto estatal como de las CC.AA. La enfermedad que aqueja al Estado de las Autonomías es terminal, porque su bancarrota parece inevitable.

A pesar de todo, el Estado ha acudido al rescate de las quebradas CC.AA. porque no encuentran financiación privada; y se ha creado un generoso Fondo de Liquidez Autonómico para financiarlas con dinero que el Estado consigue endeudándose cada vez más.

Además, las Autonomías han roto la unidad normativa con la consiguiente quiebra de la unidad de mercado que encarece nuestros productos hasta hacerlos no competitivos a nivel europeo; y tambien han dañado la unidad lingüística, educativa y cultural. Por todo ello, puede concluirse afirmando que el Estado autonómico ha sido un fracaso político, económico y social, que ha fragmentado España.

Nuestro modelo autonómico es ruinoso para el ciudadano; pero, en cambio, es muy provechoso para los partidos políticos predominantes en una comunidad autónoma, nacionalistas o no, para la burocracia creada por la autonomía y, sobre todo, para unas oligarquías caciquiles que, organizadas en grupos de presión, manejan en su territorio los presupuestos públicos a su antojo directamente o por medio de políticos afines instalados en puestos clave. Las Autonomías son una fuente de poder y de puestos de trabajo para la clase política, para los afiliados  de los partidos políticos y para los enchufados de los políticos. El Estado autonómico es el Estado del bienestar de los políticos, quienes se obstinan en mantener las competencias de sus CCAA.

Por ello, la necesaria regeneración política de España exige la supresión de unas corruptas e insostenibles autonomías territoriales, aunque ello exija modificar esencialmente la Constitución en un proceso largo y complicado, ya que la autonomía política territorial es un derecho constitucional, aunque sea un derecho inventado por los partidos políticos en 1978.

Ciertos partidos políticos afirman que lo mejor sería implantar en España un Estado federal, lo que es poco factible porque exige una reforma esencial de la Constitución que algunos grandes partidos rechazan. Además la implantación de un Estado federal supondría el reconocimiento de que el autonómico “café para todos” habría fracasado y que debería sustituirlo por un federal “café con leche para todos”, igualmente insostenible y ruinoso.

 Otros son partidarios de una plena recentralización, con devolución de las competencias autonómicas al Estado central y la instauración en España de un Estado unitario pero democrático, no centralista. Uno de ellos es el republicano Manuel Muela[3] quien, tras afirmar que es inviable el ruinoso Estado de las Autonomías, propugna un cambio del modelo de Estado, y lo argumenta así:

“…La confusión ideológica, trufada de posiciones nacionalistas arcaizantes, ha contribuido a consolidar la idea de que el Estado unitario fuerte es una manifestación autoritaria a la que hay que oponer un modelo distinto, basado en la idea de las parcelaciones territoriales dotadas de poder político propio y autónomo…Creo que disponemos de conocimiento y experiencia histórica para constatar que los intentos de modernización del Estado en España, basados en aquellas premisas, han fracasado sucesivamente, porque, entre otras cosas, se han primado los sentimientos de lo centrífugo. Se ha olvidado que en nuestro país, donde todavía persisten importantes desequilibrios sociales, sigue siendo necesaria la capacidad homogeneizadora de un poder público central fuerte. La tendencia de los poderes regionales autónomos a eludir el interés nacional ha sido una constante histórica. Que no debería ser así, porque también son parte del Estado, pero es, y a los hechos me remito. Cada día tenemos pruebas de ello.

En un momento crítico en lo político y en lo económico, que obligará a cambios de todo orden, parece justificado encarar un problema que tiene difícil arreglo sin cambiar este orden constitucional: entre las reformas del mismo habría que abordar la sustitución del derecho a la autonomía de las regiones por formulaciones más cercanas a la descentralización administrativa que al concepto de autonomía. Porque se quiera o no, y a los hechos me remito, este último siempre deriva en acentuar la debilidad del poder público, cuando no en la deslealtad hacia el propio Estado. Un estado unitario, nutrido y sostenido con los valores de la democracia, nada tiene que ver con el señuelo del odiado Estado centralista, que ha resultado tan útil para vender a los españoles una mercancía política muy beneficiosa para algunas clases dirigentes, pero menos para los ciudadanos y contribuyentes”.

Esta solución es inadmisible para los nacionalistas, por lo que parece poco viable, teniendo en cuenta que la autonomía territorial es un derecho constitucionalmente reconocido.

A mi entender, hay tres salidas factibles del laberinto de las Autonomías: el Estado federal y el Estado unitario, que pueden ser o asimétricos o igualitarios; y el Estado confederal integrado por tres Estados soberanos: Catalunya, Euskadi y la España residual, única forma de satisfacer definitivamente a los independentistas catalanes o vascos.

Ciertos expertos descalifican la posibilidad de que España se transforme en un Estado federal. Entre ellos, citaré a Alejo Vidal-Quadras[4], quien pone de relieve que considera disparatada “la insólita empresa de crear pequeños Estados-Nación cultural y lingüísticamente homogéneos fuera de su tiempo histórico cuando el proyecto de unidad europea aspira a configurar un vasto espacio político-jurídico superador de las diferencias de lengua y de cultura basado en principios y valores universales” y advierte de que “de la misma forma que los nacionalistas nunca consideraron la implantación del Estado autonómico como el cumplimiento de sus aspiraciones, sino como una etapa intermedia hacia la tan deseada secesión, la evolución de España hacia un Estado federal tampoco detendrá su afán separatista. Al contrario, cuanto más cerca vean la meta, el ritmo de su carrera reivindicativa se acelerará. El famoso federalismo asimétrico no haría que ETA abandonase su actividad criminal ni que el PNV, Esquerra Republicana, Convergencia i Unió y el BNG se integrasen lealmente en el proyecto común. Su efecto sería, más bien, animar a los unos a intensificar la barbarie y estimular a los otros a agudizar el conflicto político con el Estado”.

Otra salida del laberinto autonómico es la de un Estado unitario asimétrico; lo que, en principio, no exige una modificación sustancial de la Constitución, aunque sería conveniente que se llegase a un acuerdo entre el PP, el PSOE y otros grandes partidos para modificar el Título VIII de la Constitución, con el fin de convertir a la autonomía territorial en algo autofinanciable, inconveniente y no atractivo. Entonces solo los nacionalistas no independistas seguirían empeñados en mantener la autonomía política en sus “nacionalidades”. Si no se quiere modificar nada de la actual Constitución, la salida más factible sería la de que, como la autonomía es un derecho renunciable, las CC.AA. que lo acordasen devolvieran al Estado todas sus competencias a cambio de grandes incentivos o ventajas como la asunción de sus deudas públicas por el Estado o la concesión a ellas de excepcionales y voluminosas inversiones creadoras de puestos de trabajo, además del mantenimiento de sus actuales Gobiernos autonómicos, pero como Gobiernos regionales cuyo presidente podría ser el actual de su Autonomía que, además, sería el Delegado del Gobierno. De esta forma, solo las “nacionalidades” y alguna otra región (tal vez Canarias o Andalucía) mantendrían unas autonomías políticas armonizadas que, en todo caso, tendría techos competenciales y estabilidad presupuestaria.

Pero la elección del modelo de Estado que haya de adoptar la futura España es algo demasiado serio para dejárselo solo a los políticos. Los ciudadanos deben hacerse oír antes de que se haga una reforma estructural del Estado en un necesario Proceso Constituyente. Para que los políticos, como representantes populares democráticamente elegidos, sepan a qué atenerse, habrá que exigir que el Gobierno convoque previamente un Referéndum sobre el modelo de Estado español, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución y la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero.

                                                                                     JOAQUÍN  JAVALOYS.

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[1] Prólogo de “De la angustia a la libertad. Memorias de un federalista”. Salvador de Madariaga. Espasa-Calpe. Madrid. 1977.

[2] Artículo titulado “El Estado de las Autonomías, en entredicho”, publicado en el diario El Mundo el 20 de enero de 2011.

[3] Artículo titulado “Ante el caos y el descrédito autonómico, el Estado unitario y democrático” publicado en El Confidencial el 8 de junio de 2011.

[4]“La Constitución traicionada”. Aleix Vidal-Quadras. Ed. LibrosLibres. Madrid. 2006. Páginas 48 y 146.