Los políticos
han transformado el derecho de los
trabajadores a sus pensiones contributivas en una prestación benemérita del
Gobierno, como si el Fondo de Pensiones fuera suyo y no de los trabajadores
cotizantes. Por ello, la gestión gubernamental de las pensiones contributivas
es negativa actualmente y los ciudadanos, pensionistas o no, deberían
rechazarla.
Pero
anteriormente no fue así: el Sistema de Pensiones dejó de ser sostenible cuando
un perverso Gobierno promulgó el RD-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre
Gestión Institucional de la Seguridad Social, la Salud y el Empleo, llevando a
cabo la tramposa operación de cambio de la naturaleza del hecho pensionista,
que dejó de ser un derecho del trabajador cotizante (gestionado por sus
Mutualidades) para convertirse en una "graciosa" prestación de la
Seguridad Social donde el Gobierno de turno, amparándose en el principio de
"Caja Única", se apropió del fondo de pensiones, cuyos propietarios
eran los jubilados a través del Mutualismo Laboral. El derecho a la pensión se
convirtió en algo incierto y, de hecho, dejó de existir para el trabajador,
porque las aportaciones del trabajador ya
no le conceden ningún derecho hasta que no se jubile, por lo que tampoco tiene
derecho de rescate si el trabajador ha de interrumpir sus cotizaciones, aunque
sea obligatoriamente.
Eso sí, en el
momento de jubilarse, nace su derecho a recibir una pensión porque también comienza
la obligación del Estado de pagarla, pero la cuantía de la misma ya no depende
de lo cotizado, sino del dinero existente, en el presente y en el futuro, en la
Caja Única de la Seguridad Social, gestionada por los políticos, quienes fijan la
cuantía de las prestaciones llamadas pensiones para que el Sistema sea
"sostenible". Por supuesto, las cotizaciones de los trabajadores
servirán tanto para financiar las pensiones contributivas como las no
contributivas, o los subsidios de desempleo, o lo que el Gobierno estime
necesario.
Ahora el dinero
de la "Caja Única" está en manos de los políticos, quienes ya en 1978
cambiaron el tradicional y sostenible Sistema de Pensiones autogestionado por
los trabajadores a través de sus Mutualidades Laborales por un nuevo sistema de
reparto en el que los cotizantes de hoy pagan la pensión de los jubilados de
hoy. Pero este Sistema tiende a ser inviable hoy por varios motivos: 1) porque los
manirrotos políticos gestionan arbitrariamente los fondos de pensiones, 2) porque
España tiene una pirámide demográfica invertida y 3) porque, en la crisis
económica que todavía nos afecta, la Seguridad Social en conjunto es deficitaria,
pues han disminuido sustancialmente el número de cotizantes y los salarios
medios de los trabajadores.
Con
el Sistema actual la pensión no se calcula según el valor actuarial de lo
cotizado en toda la vida laboral, sino en los últimos años, cosa que es
perjudicial para quienes no pudieron cotizar mucho en los años previos a
jubilarse, pero sí a lo largo de su vida activa, y que infla de manera
insostenible la nómina de las pensiones hasta no hace mucho, en los dos últimos
años. Como eso inflaba de manera inviable para las arcas públicas las pensiones
a pagar, se pasó a tener en cuenta los quince últimos años. Y recientemente, a
los últimos veinticinco años.
Además el
Sistema de Pensiones actual está aquejado de una gran inseguridad jurídica y
falta de transparencia, pues ¿qué trabajador en activo sabe qué pensión le
tocará el día de mañana, y quién le garantiza que el Gobierno de turno del
futuro no le bajará la pensión que esperaba cobrar?.
Entre
1978 y 2015 el Sistema de Pensiones se ha ido deteriorando porque se han adoptado
medidas contra los jubilados, como los reajustes con topes de cotizaciones, los
topes de jubilaciones cada vez menores, las penalizaciones injustas cambiando
índices totales por anuales...; pero el gran expolio a los pensionistas que
se lleva a cabo actualmente es de carácter fiscal, pues el cobro de una pensión
contributiva se considera un hecho imponible sujeto a gravamen como si fuera un
nuevo rendimiento del trabajo, sin tener en cuenta que las pensiones se fueron generando durante la
vida laboral y que al cobrar los salarios mensuales/anuales fueron sometidas ya
al I.R.P.F. Es decir,
ya tributaron por ese impuesto. Por lo tanto, al ser sometidas las pensiones
contributivas en la actualidad al I.R.P.F., están siendo gravadas nuevamente
por el mismo impuesto, cayendo claramente en la figura de "doble
imposición", que se debe corregir haciendo que el cobro de la pensión
quede excluido del I.R.P.F. En general todo ahorro debe estar exento de
impuestos a su rescate, entre otras cosas porque ya tributó anteriormente.
En todo caso la pensión (contributiva) podría
considerarse como rendimiento de capital mobiliario, con una fiscalidad mucho
menor y que va disminuyendo progresivamente de manera notable con la edad del
jubilado (en las rentas vitalicias de los Seguros privados el gravamen es del
20% de la renta percibida en el intervalo de los 65 a 69 años del perceptor; y
del 8% a partir de los 70 años). Tendría sentido esta figura impositiva toda
vez que el jubilado fue acumulando ese capital a lo largo de su vida laboral y
(otra vez) pagando el correspondiente I.R.P.F. para cobrar al final de ella la
pensión. Esa figura está debidamente contemplada en la Ley y por ello se
benefician las entidades financieras privadas con el producto Renta Vitalicia Inmediata
aplicada a un capital del cliente (que en nuestro caso sería el capital
acumulado por nosotros durante la vida laboral) para obtener eso: una renta
vitalicia inmediata (asimilable al concepto de nuestra pensión).
Conclusión: La pensión contributiva no es un nuevo
rendimiento del trabajo y ya fue sometida al IRPF durante la vida laboral del
contribuyente, por lo que se hace necesario corregir esa injusticia.
La
exención del IRPF que grava actualmente a las pensiones contributivas afectaría
positivamente a la mayoría de los millones de pensionistas existentes. No se
conoce exactamente la cuantía de la reducción de ingresos públicos por la
aplicación de esa exención de I.R.P.F. a las pensiones contributivas; pero
puede estimarse que es de unos 7.000 millones de euros, por lo que podría ser
compensada sin merma para los ingresos de la Hacienda pública, solo con que se
eliminase una quinta parte de las duplicidades y redundancias existentes
actualmente en la prestación de servicios públicos por las Administraciones, o
intensificando la Agencia Tributaria la necesaria lucha contra los defraudadores.
O sea, que es totalmente factible, si hubiese voluntad política; pero si no la
hay es porque resulta más fácil para los gobernantes expoliar a los
pensionistas mediante la imposición del I.R.P.F. al cobrar sus pensiones
contributivas.
Este saqueo legal, pero ilegítimo por
injusto, se realiza ahora por el Gobierno del PP, se efectuó anteriormente por
el Gobierno del PSOE y se continuará llevando a cabo hasta que los millones de
pensionistas damnificados dejen de votar al Gobierno de turno o, incluso, las
asociaciones de pensionistas demanden judicialmente a los gobernantes y a los
legisladores culpables de ese expolio masivo.
JOAQUÍN JAVALOYS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario