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viernes, 30 de noviembre de 2018

ANDALUCÍA, LA ARGENTINA DE ESPAÑA

El autor achaca los problemas de Andalucía al haber estado gobernada continuamente por los socialistas. Asegura que con menos limitaciones a la iniciativa privada, la región despuntaría, como ocurrió en la Argentina de los 90.  


@PCamorrista Twitter



El premio Nobel de Economía de 1971, Simon Kuznets, solía decir en sus clases que había cuatro tipos de países: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Japón, porque lo tenía todo para ser subdesarrollado, pero no lo era. Y Argentina por la situación opuesta. Desde este punto de vista, podría decirse sin temor a equivocarse que Andalucía es “la Argentina de España”: tiene todo para ser líder, pero se ha acostumbrado a ocupar uno de los tres peores lugares entre todas las autonomías, en prácticamente cualquier indicador económico que quiera consultarse.

¿Esos malos resultados se deben a que los andaluces son menos capaces que los demás? ¿O al clima caluroso? ¿Se explican por la falta de recursos naturales? ¿Son la consecuencia de falta de inversiones con fondos europeos? Se podrían completar varios folios con preguntas similares, pero ninguna de ellas nos daría una respuesta razonable para explicar los malos indicadores económicos andaluces. ¿Entonces, cuál es el origen del problema? Uno solo: el socialismo. 

La naturaleza del socialismo es la restricción de la libertad. Unas veces, de forma moderada (la socialdemocracia) y otras de modo extremo (comunismo). Por definición, a mayor restricción de la libertad, mayor es la cantidad de actividad y empleo que podría alcanzarse con los recursos disponibles, pero se malogra. Eso se debe a que las restricciones a la libertad impiden a consumidores y empresarios aplicar sus recursos de la forma que consideren óptima; deben conformarse con lo mejor dentro del limitado radio de acción que decidan los socialistas. 

Cuanto más tiempo gobierna el socialismo, más restricciones van quedando establecidas. Tal vez más grave, va permeando la idea de que ese estado de cosas es “normal”. En el caso andaluz, pagar un IRPF de los más caros de España, tener un sector público sobredimensionado, ser la autonomía con mayor tasa de paro (23%, más alta que la de Grecia), o haber recibido menos del 3% de la inversión extranjera que llegó a España en los últimos diez años, son todas cosas que se tienen por “normales”, aunque no lo sean. Todos, ejemplos de las consecuencias prácticas de limitar las posibilidades de invertir, contratar y trabajar.
El solo hecho de quitar trabas y obstáculos a la iniciativa privada permitió un progreso acelerado en Argentina
El caso argentino también es útil por otro motivo. Durante seis décadas (de 1930 a 1990), en Argentina se aplicaron políticas socialistas (de derechas y de izquierdas), que la llevaron de ser uno de los países más ricos a uno empobrecido. Esas políticas desembocaron en la hiperinflación alfonsinista (20.000% de inflación en 12 meses), tras la cual, el presidente Menem dio un giro de 180º. Aunque peronista, realizó un programa de reformas profundísimo que, en esencia, significó volver a apostar por la libertad. 

Los resultados fueron espectaculares. En los años 90, Argentina pasó a ser uno de los países de mayor crecimiento, la inflación fue derrotada, la electricidad dejó de cortarse en verano, el gas dejó de cortarse en invierno, se comenzó a exportar petróleo, mejoraron las infraestructuras, empresas de todo el mundo llegaban continuamente para aprovechar nuevas oportunidades. Argentina le dio una oportunidad a la libertad y la libertad devolvió el gesto entregando prosperidad. Como siempre hace.

Ya sé: la misma Argentina, por esa naturaleza suya tan peculiar, se volvió a enemistar con la libertad. Lógicamente, los resultados económicos volvieron a ser los de antes. Lo relevante del caso es que, en una tierra arrasada por 60 años de estatismo e intervencionismo, el solo hecho de quitar trabas y obstáculos a la iniciativa privada permitió un progreso acelerado. Esa es la lección relevante para Andalucía. Esa es la oportunidad que espera latente.

En las elecciones autonómicas, los andaluces elegirán si se siguen conformando con la mediocridad, si la profundizan o si comienzan a revertirla. Es decir, qué Argentina quieren ser: la que asombró al mundo en el siglo XIX y en los 90, de la mano de la libertad, o la decadente del siglo XX y los años kirchneristas, con la libertad acorralada y las oportunidades perdidas.


                                                                        DIEGO BARCELÓ LARRAN***  Vía EL ESPAÑOL

*** Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados. 

"LA VERDAD OS HARÁ LIBRES"

Cardenal Antonio Cañizares


Antes de que acabe el mes de noviembre, me voy a hacer eco de un documento que aprobó la Conferencia Episcopal Española el 20 de noviembre de 1990. Me temo que nadie o muy pocos, ni siquiera de nosotros, se va a referir a este importante documento en este 28 aniversario suyo, que me voy a permitir citar o copiar literalmente, porque lo hago mío veintiocho años después en este artículo por la actualidad e importancia del mismo y por responsabilidad propia, por mi ministerio episcopal en Valencia y en España, y mejor no sería capaz de expresarlo.

Soy consciente de que, una vez más, no voy a ser políticamente correcto, pero soy libre y debo servir a la verdad que nos hace libres. Nadie me lo puede impedir. El domingo celebramos la fiesta de Cristo Rey y Él mismo, Jesucristo, se define como «Testigo de la Verdad», para eso ha sido enviado al mundo: «Para dar testimonio de la verdad», y la «verdad os hará libres», como titularon los obispos en su momento el documento en cuestión tomando palabras del evangelio de Juan; y la Palabra de Dios «no está encadenada», como señala también San Pablo.

No soy político, ni hablo como político, sino desde la responsabilidad que como obispo tengo en la Iglesia, en la sociedad, y mi deber para con la humanidad y su futuro, en cuanto obispo y ciudadano libre. Me van a tildar una vez más que soy un político, pero se equivocan por completo quienes así piensen de mí: ni me conocen ni me respetan en mí ser más propio. Dada la situación en que nos encontramos, me voy a referir precisamente a los poderes públicos, al poder político, y con palabras de los obispos en el número 60 de su documento: asumo por completo la afirmación de que «los cristianos hemos de ser los primeros en mostrar nuestro reconocimiento leal hacia los políticos. Sin ninguna reserva, la Iglesia alaba y estima la labor de quienes, al servicio del hombre, se consagran al bien de la res publica y aceptan el peso de las correspondientes responsabilidades (Gaudium et Spes 75)».

¡Cuántas veces he salido públicamente en defensa de la clase política, cuando voces interesadas en la subversión los denigran! Seguiré sin embargo saliendo en su favor, haciéndolo sin paliativo alguno y sincero convencimiento. Decían los obispos: «Carece de fundamento evangélico una actitud de permanente recelo, de crítica irresponsable y sistemática en este ámbito. Consideramos, asimismo, con mucha preocupación el hecho de que, pese a la importante presencia de los católicos en el cuerpo social, éstos no tienen el correspondiente peso en el orden político».

Y añado: no es infrecuente que en agrupaciones políticas o en afirmaciones de la opinión pública se «penalice» el que estos laicos en la vida pública expongan limpia y libremente sus convicciones católicas, no se les permite o no se les deja que lleven sus convicciones a la esfera de la vida política, y se considera, de alguna manera, como intromisión, confesionalismo u obediencia, es decir «plegarse», a lo que dicen los obispos.

En el número 61 del documento en cuestión La Verdad os hará libres, los obispos añadían: «Junto a este reconocimiento franco hemos de recordar algo, por lo demás obvio: la vida política tiene también sus exigencias morales. Sin una conciencia y sin una voluntad éticas, la actividad política degenera, tarde o temprano, en un poder destructor». ¿No está sucediendo esto, desgraciadamente, hoy en día? Es necesario hacer examen de conciencia y responder con sinceridad y verdad, aunque ambas cosas parece que no están de actualidad, sin señalar a nadie: hay una cultura dominante que afecta a todos. «Las exigencias éticas se extienden tanto a la gestión pública en sí misma como a las personas que las dirigen o ejercen. El espíritu de auténtico servicio y la prosecución decidida del bien común, como bien de todos y de todo el hombre, inseparable del reconocimiento efectivo de la persona humana, es lo único capaz de hacer ‘limpia’ la actividad de los hombres políticos, como justamente, además, el pueblo exige. Esto lleva consigo la lucha abierta contra los abusos y corrupciones que puedan darse en la administración del poder y de la cosa pública y exige la decidida superación de algunas tentaciones, de las que no está exento el ejercicio del poder político... La ejemplaridad de los políticos es fundamental y totalmente exigible para que el conjunto del cuerpo social se regenere. Por eso una operación de saneamiento, de transparencia, es imprescindible para la recomposición del tejido moral de nuestra sociedad». «No se puede, por lo demás, separar la moral pública y la moral privada. Hoy se proclama con rara unanimidad que el hombre público tiene derecho a su vida privada, sancionando de este modo una dicotomía que secciona al mismo individuo en dos compartimentos estancos. Quien asume un protagonismo social ha de hacerlo desde la verdad personal, comprometiéndose por convicción y no sólo por convención o interés coyuntural».

Dejo aquí las palabras de la Conferencia Episcopal en 1990 en este texto profético  La Verdad os hará libres (Jn 8, 32), y continuaré con esta aportación tan actual y tan animosa para actuar decididamente en la vida pública, que merece la pena para contribuir a la regeneración de la sociedad, posible, necesaria y de gran calado para el futuro de una humanidad nueva, hecha de hombres y mujeres nuevos.

Y como estrambote añado lo que me ha dicho un amigo antes de enviar este artículo a la redacción de La Razón: «¿Esto escribieron y suscribieron tus hermanos obispos hace 28 años? Verdaderamente profético».

«Pues prepárate tu», le he respondido: «Hicieron justicia a la verdad de su título, y hoy también hago justicia a esta verdad que tanto necesitamos para una regeneración auténtica y profunda de la sociedad y de la cultura, inseparable de la verdad y de la libertad».


                                                                              Cardenal ANTONIO CAÑIZARES
                                                                              Publicado en La Razón el 28 de noviembre de 2018.

EL GOBIERNO ENTRA EN CRISIS

Algunos ministros en privado expresan su perplejidad por el vacío de referencias necesarias para desarrollar su gestión


El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez (c), en foto de familia con todos sus ministros en la plaza de España de Sevilla. (EFE)


¿Cómo se ha podido pasar del 'Gobierno bonito' del mes de junio a este equipo gubernamental descosido y magullado de noviembre? Quizá la causa haya que localizarla en la improvisación y rapidez con que se formó y los criterios que utilizó Pedro Sánchez para nombrar a sus ministros, que fueron más propios de la mercadotecnia que de los que se derivan de la solvencia, al menos en algunos casos, y en otros, simplemente intuitivos e incluso caprichosos. Pero, sean estas u otras las causas del derrumbe gubernamental, la desprofesionalización política de algunos de los miembros del Ejecutivo es tan manifiesta como los problemas —éticos, fiscales y financieros— que afectan a media docena de ellos.

Sánchez ya tuvo que prescindir precozmente de los titulares de Cultura y de Deportes y de Sanidad —Màxim Huerta y Carmen Montón—. Debió haber cesado a la de Justicia, Dolores Delgado, y terminará por hacerlo según los hermeneutas de las tácticas del entorno de Villarejo, que auguran más desahogos de la ministra. Pedro Duque ha tenido que pagar una liquidación complementaria por la sociedad instrumental tenedora de una de sus viviendas y Nadia Calviño debe todavía algunas explicaciones más sobre cómo adquirió su casa. Josep Borrell —quizás el más competente de los que se sientan en el Consejo de Ministros— debe arrostrar las consecuencias de una multa de la CNMV por utilización de información privilegiada en la venta de unas acciones. Por fin, Isabel Celaá, al parecer, ha hecho una declaración de bienes un tanto selectiva y también tiene pendiente alguna puntualización que los medios y la oposición le reclaman y que ella desoye.


Juanma Romero

TORRA, CALLADO Y MISTERIOSO

La dura realidad social les ha estallado en la cara a quienes solo saben vivir instalados en su mentira irreal. Ante la huelga de médicos, de estudiantes, de bomberos, el Govern de Quim Torra no dice nada. Ellos, como Carles Puigdemont en Waterloo, están callados y misteriosos.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra. EFE


Es una ingeniosa y divertida frase que hemos escuchado en labios del gran Mario Vaquerizo, aunque la autora es la no menos grande Bibiana Fernández. “Yo, callada y misteriosa”, es un recurso que utilizan cuando de lo que se trata es de pasar desapercibido sin que se note que estás ahí. Por eso mismo, Torra, Puigdemont y sus gentes están en esa tesitura, calladísimas como muertas unas y haciéndose las misteriosas el resto. Verbigracia, la Consellera de Cultura, Laura Borrás, que ya ha salido explicando que si hay problemas en la Sanidad es por culpa de que Cataluña está malísimamente financiada y, claro, luego pasa lo que pasa. Es decir, que ya en el 2010 Artur Mas le pegara una hostia soberana al presupuesto sanitario, rebajándolo en más de mil quinientos millones de euros, o que de entonces acá los altos cargos sanitarios, sí, los nombrados a dedito por los sucesivos gobiernos convergentes y neoconvergentes se hayan subido los sueldos llegando muchos a cobrar más que Torra es cosita de esa España malísima, pérfida, franquista y derechosísima. Vale, Laura, ya lo pilamos. Tú, casi mejor que en lugar de misteriosa te estés calladita. Mona no te digo que vayas a estarlo, pero por lo menos nos ahorraremos pasar vergüenza ajena al escuchar lo que dices.


Y lo son, qué duda cabe, porque su discurso político es supremacista y el social es ultra liberal rayando en lo extremo. Así pues, con la gente de a pie indignada, parte de los suyos a los que la lucha de clases les tira más que el Cant de la Senyera, la medicina de primera asistencia paralizada, las aulas cerradas, los bomberos, sí, esos mismos que colgaban banderitas de la estrella en sus cuarteles, acordándose de sus progenies y enfrentándose a los Mossos, ¿qué puede hacer Torra? ¿Salir y recordarnos que vaticinaba un otoño caliente para España? ¿Volver a convocar en su imaginación una marcha colosal en Cataluña, otra enorme en toda Europa y una movilización constante? Pues claro que no. Encerradito en Palau con su gente se está mejor, que en la calle empieza a hacer frío.

Con Puigdemont pasa otro tanto. Tan dado el caballero a tuitear acerca de lo que sea, pero, en este asunto, que tiene mucha más importancia que lo de Valtonyc, por decir algo, el fugado no emite opinión alguna. Qué cosas. Aquí no habla ninguna de las primeras figuras del asunto esteladísimo, ni siquiera el lenguaraz Toni Comín, ex conseller de la materia. Hace bien, porque para decir chorradas siempre está uno a tempo. Lo que se ve clarísimo es que ni Torra ni la neoconvergencia tienen el menor interés en gobernar para la calle ni para sus problemas reales. Yo sostengo que es porque, aunque quisieran hacerlo, no sabrían por dónde empezar. Están hechos al mitin fácil, la arenga a sus partidarios, las entrevistas masajeadas con final feliz, a propaganda pagada con el dinero de todos, pero no les pidamos que actúen como responsables políticos porque no son eso. Nunca lo han sido, ni los suyos les votaron para tal cometido. Están sentados en sus comodísimos sillones para gesticular y punto. Son activistas con sueldos hiper dimensionados y punto. Los sacas de decir cuatro palabritas en unos juegos florales cualquiera y se pierden.

Esta situación tan grave, porque tener a los funcionarios en pie de guerra no es cosa baladí en ninguna parte del mundo, empieza a preocupar en el seno del PDECAT. Nos consta que se están produciendo movimientos en ese sentido. Que la actual Consellera de Salut no haya dicho ni mú – vale que está de baja por maternidad, pero ya que son tan amantes del Skype podría haber hecho unas declaraciones para calmar a los médicos en huelga, ni que fuese – o que lo poco que ha trascendido sean las barbaridades de Pujol y Borrás tiene de los nervios a dirigentes veteranos. ¿Qué pensarán, me pregunto, Neus Munté o Xavier Trías, ex abogada laboralista de UGT la primera y médico y ex conseller de sanidad el segundo? Por cierto, un muy buen conseller, digámoslo todo.

Estas personas que han demostrado sensibilidad social, talante dialogante y sentido de la responsabilidad no deberían estar ni calladas ni misteriosas. Por el bien del país. La enfermedad, que sepamos, no atiende a si eres independentista o constitucionalista y los médicos tienen razón. ¿Hay vida inteligente en el Govern o en quienes le dan apoyo para salir a la palestra y decirlo?


                                                                             MIQUEL GIMÉNEZ    Vía VOZ PÓPULI

jueves, 29 de noviembre de 2018

SOBRE LOS DELITOS DE REBELIÓN Y SEDICIÓN


/RAÚL ARIAS


Si no me salen mal las cuentas, entre enero de 2013 y octubre de 2017, el Parlamento catalán ha aprobado cuatro leyes y seis resoluciones y su mesa ha acordado admitir a trámite, para su aprobación por la Cámara legislativa autonómica, en 10 ocasiones, propuestas de ley y de resoluciones parlamentarias abiertamente inconstitucionales, que estaban en contradicción con resoluciones judiciales previas del Tribunal Constitucional (TC), todas ellas con la finalidad de facilitar y de ejecutar los referéndums de independencia del 9 de noviembre de 2014 (el de las "urnas de cartón") y del 1 de octubre de 2017. Por su parte, y con la misma finalidad, el Gobierno de la Generalitat aprobó, en ese espacio de tiempo, cuatro decretos igualmente inconstitucionales.

Todas y cada una de esas normas y resoluciones legislativas y gubernativas de la Comunidad Autónoma de Cataluña han sido, primero, suspendidas por -de nuevo, si no me salen mal las cuentas- nueve providencias del TC -muchas de ellas notificadas personalmente a los miembros de la mesa del Parlament, al secretario general del mismo, así como al president y a los consejeros del Govern, advirtiéndoles de que podrían incurrir en responsabilidad penal si no acataban tales suspensiones-, normas y disposiciones que posteriormente fueron declaradas inconstitucionales y nulas por numerosas sentencias y autos del TC.

Hay que reconocerles al Parlamento y al Gobierno catalanes que no le plantearon al TC problema alguno de interpretación para declarar la inconstitucionalidad de tales normas y resoluciones autonómicas catalanas, pues todas ellas -con un descaro que está buscando, sin encontrarlo, su paralelo- se permitieron establecer, por sí y ante sí, por ejemplo, que el «proceso de desconexión democrática [de Cataluña] no [estaba supeditado] a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional» (resolución 1/XI, de 2-11-2015, del Parlament), así como que quedaba derogada la Constitución Española (CE) (arts. 3 y 13 Ley 20/2017, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República). Para comprender que todas esas lunáticas y arrogantes disposiciones de un Parlament y de un Govern regionales son inconstitucionales, no hace falta, ciertamente, ser Ulpiano, sino que basta con saber leer y escribir.

Y por lo que se refiere a la igualmente lunática apelación a un inexistente derecho a decidir de Cataluña, y ya que se habla de derechos, todavía se busca a algún jurista catalanista que designe qué norma nacional o internacional de Derecho objetivo reconoce ese pretendido derecho. Desde luego, no se encuentra en el Derecho nacional, que no sólo no lo reconoce, sino que niega tajantemente su existencia en el art. 2º CE, según el cual, "[l]a Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles". Y, desde luego, que tampoco figura en el Derecho internacional, ya que la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas (Carta Magna de la Descolonización) reconoce el derecho de autodeterminación exclusivamente a las antiguas colonias, negando expresamente que se puedan acoger a tal derecho regiones como Cataluña: "Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas" (Principio 6 de la resolución 1514). Y ya que, en el mismo sentido, al ocuparse del derecho de autodeterminación, la resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas excluye, también expresamente, que ese derecho a decidir pueda "entender[se] en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes", que "estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color".

Como, por consiguiente, no existe ningún tribunal del mundo, ni nacional ni internacional, que pueda reconocerle a esa Comunidad autónoma un derecho a decidir no sólo inexistente, sino expresamente prohibido por las normas nacionales e internacionales, la independencia de Cataluña sólo se puede alcanzar por una de estas dos vías: bien pactando con el Gobierno central, bien por la fuerza de los tanques.

A la primera vía fue a la que acudió Escocia para celebrar -de acuerdo con el Gobierno del Reino Unido- un referéndum vinculante de independencia que, finalmente, arrojó un resultado negativo para los secesionistas. Pero este pacto entre una región y el Poder Ejecutivo central -que permitía la legislación del Reino Unido- es imposible en España, porque, al contrario que en el Derecho anglosajón, el nuestro no faculta al Gobierno de la Nación a pactar tal referéndum, ya que, previamente a ese pacto, habría que derogar el ya citado art. 2º CE, algo que, aunque sea teóricamente posible, no lo es en la práctica, ya que esa reforma constitucional que permitiría la segregación de Cataluña, exigiría, entre otros requisitos (art. 168 CE), que fuera aprobada por una mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado y, posteriormente, en un referéndum de ámbito nacional; como, al menos los llamados partidos constitucionalistas, se opondrían a esa reforma, nunca se alcanzarán esas dos mayorías de dos tercios y, aun en el inimaginable supuesto de que se alcanzaran, parece igualmente inimaginable que los españoles, en ese referéndum, se declararan a favor de una reforma constitucional que permitiera la independencia de Cataluña.

Descartada para Cataluña la posibilidad de alcanzar la independencia mediante un pacto con el Gobierno, la segunda y última posibilidad de alcanzar ese objetivo son los tanques. De esta vía existe en Europa un ejemplo reciente: el de Crimea, cuyo Parlamento aprobó el 11 de mayo de 2014 una declaración unilateral de independencia de Ucrania, incorporándose posteriormente Crimea a la Federación de Rusia en virtud de un referéndum celebrado el 16 de mayo. Ello fue posible porque en todo ese proceso independentista y en la posterior incorporación de Crimea a Rusia, los ejércitos de este país apoyaron la causa secesionista mediante importantes movilizaciones de su ejército por tierra, mar y aire. Como Cataluña no tiene ejército ni dispone de un país amigo que le preste sus tropas, de ahí que ese procedimiento de alcanzar la independencia quede igualmente descartado para esta Comunidad autónoma.

Como no existe ningún tribunal en el mundo que, en el caso de Cataluña, pueda reconocerle no sólo un inexistente, sino expresamente prohibido derecho a decidir, como un pacto entre el Gobierno central y el catalán que permitiera la independencia de Cataluña no puede llevarse a cabo sin la prácticamente imposible derogación previa del art. 2º CE, y como Cataluña ni tiene tanques ni existe nación alguna en el mundo que esté dispuesta a prestárselos, por ello la independencia de Cataluña es, para cualquiera que no haya perdido por completo su contacto con la realidad, un objetivo inalcanzable. Que, a pesar de esta evidencia, los políticos independentistas hayan movilizado a millones de catalanes en la persecución de una imposible independencia ha sido una imperdonable irresponsabilidad por la que un día -más o menos lejano- les pedirán cuentas tantos catalanes de buena fe que han sido miserablemente engañados.

Como se ha manifestado en alguna ocasión, en Europa los movimientos independentistas se caracterizan por que persiguen siempre la segregación de regiones que son más ricas que el resto del Estado en cuestión. Ello es lo que sucede con los partidos independentistas de Flandes (Interés Flamenco, Nueva Alianza Flamenca [N-VA]), que disfruta de una renta per capita muy superior a la del resto de Bélgica (Valonia), o con la Liga Norte (LN), que persigue la secesión de las restantes regiones menos favorecidas de Italia. Es decir: que lo que caracteriza a esos movimientos independentistas, aparte de su nacionalismo, ultraderechismo y xenofobia, es la insolidaridad, como lo pone igualmente de manifiesto que no se registre ningún movimiento independentista que provenga de las regiones más pobres de Europa. Como es sabido, son esos partidos europeos de ultraderecha (Interés Flamenco, N-VA y LN) los que prestan su máximo apoyo y hermanamiento a los secesionistas catalanes. Pero para confirmar que el movimiento secesionista catalán se caracteriza también por la xenofobia, ni siquiera hace falta indicar quiénes son sus amigos en Europa ("dime con quien andas..."), sino que basta con reproducir únicamente algunas de las frases xenófobas pronunciadas en su día por quien ha sido elevado a la más alta magistratura de Cataluña por los partidos independentista PDeCAT, ERC y CUP, Quim Torra: "Ahora miras a tu país y vuelves a hablar a las bestias. Pero son de otro tipo. Carroñeros, víboras, hienas. Bestias con forma humana, sin embargo, que destilan odio... Hay algo freudiano en estas bestias. Un pequeño bache en su cadena de ADN ¡Pobres individuos!"; y en otro lugar: "España, esencialmente, ha sido un país exportador de miseria, material y espiritualmente".

Esos sectores progresistas españoles, que ven con buenos ojos al independentismo catalán, algún día tendrán que explicar cómo han podido apoyar a un movimiento que niega dos de las señas de identidad fundamentales de la izquierda: el internacionalismo y la solidaridad.

Como he explicado ampliamente en dos artículos publicados anteriormente en EL MUNDO (los días 12-12-2017 y 31-7-2018), y a los que aquí me remito, y tal como se deduce de numerosas resoluciones del TS y de la Audiencia Nacional (AN), así como de los escritos del Ministerio Fiscal (MF) -ni siquiera hace falta acudir a ellos: basta con haber seguido la crisis catalana por los medios de comunicación-, lo sucedido en Cataluña es que una trama organizada en su día por el Govern, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y algunos miembros de la mesa de aquél, actuando todos ellos de común acuerdo con las mediatizadas organizaciones Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y Associació de Municipis per la Independència (AMI), así como con los mandos de los Mossos d'Esquadra, promovieron e hicieron posible, malversando fondos públicos, el referéndum ilegal del 1-O. En ese referéndum, y a pesar de que estaban cumpliendo órdenes judiciales, los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional fueron repelidos violentamente (resultaron heridos 58 de ellos), mediante murallas humanas, que se habían formado siguiendo los llamamientos de los brazos civiles del Govern ANC y Òmnium Cultural, los cuales, primero, intentaron impedirles -a veces con éxito- incautarse de las urnas y de las papeletas que se encontraban en los locales de votación, teniendo que enfrentarse, después, a otras murallas humanas que trataron de evitar que dichas urnas y papeletas fueran sacadas de los colegios electorales.

A estos enfrentamientos violentos de las muchedumbres con los miembros de las Fuerzas de Seguridad nacionales contribuyeron decisivamente, como se deduce del escrito de conclusiones provisionales, de 7-11-2018, del MF ante la AN, los Mossos d'Esquadra, siguiendo las órdenes de sus mandos, entre ellos del consejero de Interior Forn -procesado por rebelión por el TS- ("Los mossos cumplirán la ley y permitirán votar el 1-O") y del mayor Josep Lluís Trapero. En efecto, para el cumplimiento del auto de 27-9-2017 de la magistrada instructora del TSJ de Cataluña, que ordenaba a las Fuerzas de Seguridad "[e]l cierre de aquellas dependencias en que se hicieran actos de preparación o fuera a celebrarse la votación del día 1", así como "el requis[o] de todo el material relacionado con el referéndum", en las reuniones de coordinación mantenidas entre los cuerpos policiales se acordó que fueran los mossos los que primero intervinieran en los centros de votación, mientras que los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional sólo actuarían a requerimiento de los mossos cuando esa primera actuación no fuera suficiente. Pero, de acuerdo con las órdenes recibidas de sus mandos, los mossos, engañando a los que habían dispuesto que su intervención fuera la primera, no hicieron nada ni por cerrar los locales, ni por impedir la entrada en ellos de los votantes, ni por retirar las urnas y las papeletas, de tal manera que, cuando avisaron a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, sus efectivos se encontraron con locales abarrotados que permitieron la formación de murallas humanas, efectivos que, en cumplimiento de mandatos judiciales, intentaron reducir la resistencia antijurídica y violenta que oponían a las Fuerzas de Seguridad nacionales los integrantes de ANC y de Òmnium u otras personas que habían sido seducidas por dichas organizaciones. El alzamiento violento de quienes se opusieron a los miembros de las Fuerzas de Seguridad nacionales no desaparece por los eventuales y ocasionales excesos que hayan podido cometer algunos de los efectivos de aquéllas, algo que está siendo investigado por diversos Juzgados de Cataluña, sin que hasta ahora se haya producido condena alguna, sino, por el contrario, siete sobreseimientos y una absolución, por entenderse que los agentes querellados habían actuado "necesaria y proporcionalmente" en el cumplimiento de las órdenes judiciales recibidas.

En mi artículo publicado en este periódico el 12-12-2017 mantenía que lo sucedido en Cataluña el 1-O integraba un delito de sedición, y no uno de rebelión en el sentido del art. 472.5º del Código Penal (CP) ("Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: ... 5º. Declarar la independencia de una parte del territorio nacional"), sobre la base del siguiente razonamiento: "En una primera aproximación al texto legal del art. 472.5º parece, en efecto, que los hechos anterior y resumidamente descritos integran un delito de rebelión, en cuanto que ha habido un alzamiento público y violento y en cuanto que se ha declarado la independencia de Cataluña. Pero esta primera interpretación no puede prevalecer, porque dichos actos violentos y multitudinarios solo estaban dirigidos a hacer posible el ilegal referéndum del 1-O en el que lo que se les preguntaba a los votantes era: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?. Pero ese referéndum no supuso todavía una declaración de independencia, por lo que no es posible poner ésta en conexión con los actos previos violentos y públicos ejecutados con anterioridad al y durante el 1-O. Cierto que también se ha producido una declaración de independencia, pero ésta se proclamó en una inconstitucional votación, celebrada en el Parlament el 27 de octubre, para la cual no fue necesaria -ni se produjo- manifestación alguna violenta, ya que, para aprobarla, bastaba con la simple y en sí pacífica acción de depositar un voto en una urna dispuesta al efecto».

No puedo seguir manteniendo esta interpretación de que aquí estamos ante un delito de sedición y no de rebelión. El art. 472.5º no tipifica como rebelión «la declaración de independencia» mediante un alzamiento violento y público, sino que basta con que tal alzamiento vaya dirigido al «fin» de declararla, que es precisamente lo acontecido el 1-O: porque las acciones violentas que ese día se desarrollaron en Cataluña tenían como "fin", en efecto, no votar afirmativamente al referéndum por el referéndum mismo, sino "declarar" la independencia, para lo cual era requisito imprescindible que previamente triunfara en la consulta la opción secesionista, puesto que, según el art. 4.2 de la inconstitucional Ley catalana del Referéndum, "[e]l Parlament, dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales de la Sindicatura Electoral, procederá a la declaración formal de independencia de Cataluña".

En consecuencia, abandono mi posición mantenida en mi artículo de 12-12-2017 y me muestro ahora de acuerdo con el auto de 21-3-2018 del juez Pablo Llarena que declara procesados por un delito de rebelión a los políticos independentistas allí enumerados, así como con los escritos de conclusiones provisionales, de 2-11-2018, del MF ante el TS y ante la AN, declarando este último que los hechos atribuidos a los mandos de los mossos (Puig, Soler, Trapero y Laplana) son constitutivos de un delito de rebelión de los arts. 472.5 y 7 y 473.1 CP.

Recientemente, y a raíz de los escritos de conclusiones provisionales del MF ante el TS y ante la AN, se ha puesto a la firma un Manifiesto (Banalización de los delitos de rebelión y de sedición), que ha sido suscrito predominantemente por juristas catalanes -entre ellos, el abogado Francesc Homs, antiguo portavoz del Govern y condenado por el TS por un delito de desobediencia en relación con el referéndum de 9-11-2014-, en el que se niega la concurrencia de un delito de rebelión en los acontecimientos del 1-O en Cataluña sobre la base de un argumento que no puede convencer. En dicho Manifiesto se apela a la STC 198/1987 (sic: en realidad se trata de la STC 199/1987, de 16 de diciembre), según las cual, "[p]or definición la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso de armas de guerra o explosivos". Pero lo manifestado por la STC 199/1987 carece actualmente de vigencia, porque se dictó sobre la base de una regulación del delito de rebelión que ya no es la que rige para el CP actual. Para el CP ahora vigente es imposible mantener que sólo existe rebelión cuando los autores tienen «el propósito de uso de armas de fuego o explosivos"; ello se sigue de que, como el art. 473.1 CP contiene un tipo agravado de rebelión cuando en ésta "se han esgrimido armas", de ahí se sigue, en virtud de un elemental argumento a contrario, que las restantes modalidades de rebelión se caracterizan, negativamente, porque no se han esgrimido armas.

Además, el Manifiesto rechaza también la concurrencia de un delito de sedición "debido a que en ningún momento se ha aportado indicio alguno de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario con la finalidad de evitar el cumplimiento de la ley". Contra esto hay que decir que, como he tratado de demostrar en este artículo y en los dos anteriores publicados en EL MUNDO de 12-12-2017 y 31-7-2018, lo que sobran son precisamente indicios de que los alzamientos violentos y públicos del 1-O sólo fueron posibles porque los procesados organizaron y financiaron un referéndum del que sabían que, con la intervención de común acuerdo de ANC y de Òmnium, y la imprescindible colaboración de los mossos, necesariamente se iban a producir enfrentamientos violentos entre las muchedumbres dirigidas por esas organizaciones que se opondrían a las órdenes judiciales cuyo cumplimiento había sido encomendado a las Fuerzas de Seguridad. Por lo demás, esa violencia provocada por la trama golpista no es subsumible en el art. 544 ("sedición"), ya que no se ejerció únicamente para "impedir... resoluciones judiciales", sino en el delito de rebelión -que absorbe al de sedición-, porque, como ya he expuesto anteriormente, persiguió el "fin" de «declarar la independencia» de Cataluña.

Uno de los fines del Derecho penal es el de la prevención general, es decir: que, aplicando la pena prevista para un delito a quien lo ha cometido, se trata de disuadir al mayor número de ciudadanos posibles de que no incurran en el mismo delito, por miedo a tener que sufrir la pena que van a padecer -o que ya están padeciendo- los que se atrevieron a infringir el CP. Cuando se pide el cese de la prisión provisional por rebelión para los políticos catalanes procesados, o la aplicación del indulto para el caso de que sean condenados, se está renunciando, con ello, a la función preventivo-general del Derecho penal. Porque si los procesados por rebelión ni siquiera van a estar presos hasta que se celebre el juicio y si, caso de ser condenados, van a ser puestos en libertad mediante los correspondientes indultos, con ello se envía el mensaje de que la rebelión sale gratis y tendremos en Cataluña, en el futuro, un golpe de Estado un año sí y otro también. De hecho, el que los políticos independentistas se encuentren en prisión y se enfrenten a muy graves penas, y que otros hayan huido para eludir sus responsabilidades, ya está desplegando sus efectos preventivo-generales, porque lo único que explica que los actuales dirigentes catalanes -desde Torra hasta Torrent-, a pesar de sus discursos incendiarios, se cuiden muy mucho de ejecutar actos, es porque saben que podrían tener consecuencias penales, tales como las que están sufriendo y se enfrentan a sufrir sus compañeros de partido procesados.

El huevo de la serpiente del secesionismo catalán tendría que haber sido combatido con la aplicación del art. 155 CE, antes de que eclosionase. Pero, a pesar de la catarata de normas inconstitucionales que se fueron dictando desde enero de 2013 a septiembre de 2017, el Gobierno del PP se resistió a aplicarlo, lo que habría evitado males mayores. Y la supuesta explicación de que, si no se hizo, fue porque los partidos constitucionalistas PSOE y Ciudadanos no respaldaban esa aplicación, entonces ello no puede servir de excusa al Gobierno del PP, sino que sólo condiciona que ese mismo reproche se extienda también a aquellos dos partidos.

En la crisis catalana sólo han estado en su sitio tres instituciones: la Sala de lo Penal del TS, la Fiscalía General del Estado y... (a mí, que llevo la República en mi ADN, si me hubieran dicho hace 40 o 30 o tan sólo dos años que iba a escribir lo que figura a continuación, no me lo hubiera creído) la actual Monarquía.


                                                                               ENRIQUE GIMBERNAT*  Vía EL MUNDO

*Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho penal de la UCM y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO. Sus últimos libros son El comportamiento alternativo conforme a Derecho (BdF, 2017) y El Derecho penal en el mundo (Aranzadi 2018); en el primero se contiene también una Autosemblanza del autor y en el segundo, muchos de los artículos que ha publicado en este periódico durante los últimos años

CHINA: SE ACERCA EL INVIERNO

Aparte de que la bolsa china haya corregido un 25% en lo que va de año, la fuerte caída de otros indicadores ligados al crecimiento chino también muestra un punto de inflexión evidente


Foto: Reuters.


Estos días en los que el máximo mandatario chino, Xi Jinping, honra a España con su visita, han aparecido todo tipo de artículos señalando las bondades del gigante asiático, desde el supuesto auge de su consumo hasta la proyección internacional que supone el 'One Belt, One Road Initiative'. Esta última es una iniciativa china de préstamos ligados a infraestructuras para generar una cierta esfera de influencia en países estratégicos con el ánimo de revivir la 'ruta de la seda', tan relevante hace 800 años, que unía el Lejano Oriente con el Oriente Medio, y a través de esta última región, con Europa, por entonces una enana económica.

Es indudable el enorme éxito que ha tenido China desde 1990: su renta per cápita ha subido un 900% desde entonces. En aquel año había en el mundo 1.800 millones de personas viviendo en pobreza extrema (tal y como la define el Banco Mundial), o aproximadamente un tercio de la población del planeta de entonces. Una tercera parte de estos 1.800 millones de pobres eran chinos. Hoy en día, quedan 734 millones de personas en pobreza extrema (un 10% de la población mundial). De esta cifra, en China apenas quedan 10 millones. En otras palabras, si en 1990 uno de cada tres pobres era chino, hoy en día esta magnitud apenas sería de uno a 100.

Un éxito innegable del comunismo devenido capitalismo.




China construyó su desarrollo económico sobre un modelo mercantilista volcado en las exportaciones. Una mano de obra disciplinada y competitiva en precio, y en ocasiones una divisa artificialmente alterada, permitió a China, especialmente desde su entrada en la Organización Mundial del Comercio, convertirse en la 'fábrica del mundo'. Así, China fue dando acceso a trabajos fabriles en zonas urbanas a millones de personas que provenían del campo, en el que posiblemente haya resultado el mayor y más rápido ejercicio de entrada de personas en la clase media de la historia. Como resultado de sus enormes excedentes comerciales, y para evitar la apreciación excesiva de su divisa, algo que podía amenazar su poder exportador, China procedió a reinvertir el dinero en bonos de los EEUU, lo que provocó una bajada de tipos de interés de largo plazo, bajada que fue partícipe de la burbuja inmobiliaria de EEUU.

Con todo, la crisis de 2007 alteró la ecuación. Ante el hundimiento de la demanda occidental, China procedió a realizar un gigantesco esfuerzo keynesiano, inyectando enormes sumas en proyectos de infraestructura y en nueva capacidad fabril, con la esperanza de que las inversiones reemplazaran las exportaciones como motor de la economía. El problema es que esta expansión se financió con un incremento gigantesco de deuda: concretamente, un 100% de PIB los últimos 10 años, y concentrada en el sector empresarial de adscripción pública. El resultado ha sido que las empresas chinas hoy en día acumulan 1,7 veces deuda sobre PIB, una relación monstruosa. Sumando la deuda de los hogares, la deuda privada china asciende a 2,1 veces el PIB, y es bien conocido que en muchos países, cuando esta dimensión de deuda privada llega a 1,6 o 1,7 veces, suelen producirse crisis bancarias, crisis que a su vez redundan en recesiones (Japón en 1989, Tailandia en 1997, EEUU en 2007, España en 2008…).




Se dice en mercado que lo que no puede seguir siempre acaba parándose. La deuda puede seguir hasta que cambian los patrones del crecimiento, momento en el cual se duda de la capacidad para poder devolver la deuda, y se gesta una crisis, como bien avisó el gran economista Hyman Minsky.

En mi opinión, estamos ahí.

Más de un 40% del PIB chino viene representado por las inversiones. La incertidumbre generada por los aranceles, el crecimiento mundial y la propia dinámica de la demanda interna china, muy ligada a la deuda, han provocado que el crecimiento de las inversiones privadas se sitúe en el peor nivel desde hace 20 años. Además, todo parece indicar que la situación inmobiliaria en las principales ciudades chinas, en las que se ha gestado la que posiblemente sea la mayor burbuja inmobiliaria de la historia financiera, empieza a parecer muy sombría: las casas apenas suben un 1%, la compraventa de hogares ha caído en picado y se acumulan las casas nuevas vacías sin comprador final, situación que de empeorar pondría en riesgo una parte del sistema financiero chino.




La gran esperanza ante el agotamiento del modelo de inversión residía en el consumo. La idea consistía en que tantos millones de chinos entrando en la clase media poco a poco procederían a reducir su enorme tasa de ahorro y dispararían el consumo. Sin embargo, una tasa de ahorro elevada se mantiene cuando alguien no tiene claro que a largo plazo obtendrá pensiones y seguridad social, y esta dinámica tarda décadas en cambiar. Los datos que estamos observando de consumo chino en otoño son más que decepcionantes. Los consumidores chinos no gastan más, están gastando menos, algo que se ha puesto de reflejo en el hundimiento de las cotizaciones de acciones chinas ligadas al consumo.

Aparte de que la bolsa china haya corregido un 25% en lo que va de año, reflejo de la escabrosa situación económica que se acerca, la fuerte caída de otros indicadores ligados al crecimiento chino, como el precio del cobre, del zinc o del hierro, también muestra un punto de inflexión evidente.
Todos señalan en una misma dirección: se acerca el invierno.


                                                                       IGNACIO DE LA TORRE  Vía EL CONFIDENCIAL

¡BASTA DE LA INTOLERANCIA DE LOS TOLERANTES!

Gastón Escudero Poblete


Los progresistas son muy hábiles, por eso han conquistado buena parte del mundo. Uno de los trucos de que se han valido para ello es el uso del lenguaje para erigirse como autoridad moral y expulsar a sus rivales del debate público, y lo hacen apropiándose de términos que tienen fuerte connotación valórica, alteran su significado y los aplican a ellos mismos en sentido positivo y a quienes piensan distinto en sentido negativo.

Uno de sus términos favoritos es “tolerancia”, el cual en su sentido propio significa: “Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias”. Este concepto nace del hecho de que vivimos en un mundo imperfecto en que los valores supremos “verdad”, “bondad” y “belleza” rara vez se dan en plenitud, y entonces surge la cuestión de hasta qué punto convivimos con lo falso o equivocado, lo malo y lo feo. Sería absurdo sostener que “toleramos” la verdad, el bien o la belleza; la tolerancia o respeto por las conductas o ideas de los demás que no nos gustan cabe sólo respecto de lo que se aparta de estos valores.


Es natural que cada uno de nosotros defina qué grado de falsedad o error, de maldad o de fealdad acepta. También es cierto que la vida en sociedad requiere en grado importante de la capacidad para aceptar las conductas o ideas de otros que no nos gustan y por eso la tolerancia suele ser una virtud, pero es igualmente un contrasentido aceptar o respetar aquello que destruye la vida en comunidad.
Una esposa puede ‒incluso diríamos “debe”‒ tolerar que su marido ronque por las noches o que a veces se ponga de mal genio, pero probablemente no tolerará ‒podríamos decir “no deberá tolerar”‒ otras conductas. “¡Qué intolerante es la esposa de mi amigo, que no acepta que él tenga otra!” o “¿Me puedes creer que el solo hecho de que mi amigo golpee a su mujer motivó a ésta a irse de la casa?” son frases que suenan absurdas hasta en boca del más sinvergüenza.

La tolerancia, entonces, es una actitud que implica el juicio previo de que ciertas actitudes, conductas o ideas son censurables por ser contrarias a la verdad (por falsedad o error), malas o feas, para recién entonces definir si aceptamos convivir con ellas y de qué manera. Por esto los progresistas −impulsados por su relativismo, es decir, la creencia de que nada puede ser calificado como bueno o malo en términos absolutos− han extendido el límite de lo tolerable hasta hacerlo prácticamente inexistente. Para ello han eliminado del concepto de tolerancia el juicio ético que la hace posible, desnaturalizándola al punto de que el solo hecho de que alguien haga ver que una determinada conducta es contraria a la verdad, a la bondad o a la belleza, lo hace acreedor al calificativo de “intolerante”, con lo que el desgraciado es expulsado del debate público.

Se llega así a una paradoja: que los paladines de la tolerancia (mal entendida, por supuesto), una vez que se han apropiado del debate gracias a la aceptación generalizada de lo políticamente correcto, esgrimen que la tolerancia tiene un límite, el cual es traspasado por la “Tradición”, es decir, los criterios que nuestros padres y sus padres forjaron durante siglos inspirados por el cristianismo para definir qué es conveniente y qué no, tanto en la vida personal como en la vida social. Como esto resulta incompatible con el relativismo de los progresistas, el cristianismo es excluido del debate público, siendo relegado al ámbito estrictamente personal a la espera de que se extinga por el devenir del progreso, que algún día hará desaparecer del mundo la ignorancia que hace posible la fe cristiana.

No han faltado cristianos bien intencionados que, guiados por el temor de hacerse merecedores del calificativo de intolerantes, han terminado por aceptar la lógica progresista acerca de la tolerancia. Pero es un error; el mismo Jesús nos da un ejemplo de intolerancia: “Al que escandalice a uno de estos pequeños más le valdría que le aten una piedra de molino al cuello y lo arrojen al mar”. Para Jesús es intolerable que un niño se pierda por el mal ejemplo dado a sabiendas. También San Pablo, autor del famoso Himno de la Caridad, nos da ejemplo de intolerancia: “Les mando que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la doctrina que recibieron de mi”, advirtió a los cristianos de la ciudad de Tesalónica respecto de los miembros de su comunidad que, creyendo erróneamente que el fin del mundo se acercaba, se entregaban a la pereza y a otros vicios.

Por eso, estimado lector, no le crea a la tolerancia de los progresistas. Atrevámonos a reconocer qué conductas o costumbres que nos resultan molestas conviene que aceptemos para hacer posible la vida en comunidad y crecer en la caridad, y cuáles no debemos aceptar. Y cuando seamos motejados de intolerantes por los progresistas, pensemos que su intolerancia… ¡es intolerable!


                                               GASTÓN ESCUDERO POBLETE   Vía RELIGIÓN en LIBERTAD

CUANDO IMPORTA MÁS LA INDEPENDENCIA QUE LA SANIDAD


Los bomberos, en una protesta frente al Parlament. EFE


Eduard Pujol, portavoz adjunto del PDeCAT, lo ha dicho. Hay que echarle un par.


Hace falta tontería, en efecto, para decir esto, pero también se precisa mucho cinismo, mucha barra, que decimos en catalán, mucha jeta, mucha cara dura. Ahora resulta que si Artur Mas le pegó un tijeretazo a la sanidad pública catalana de más de mil quinientos millones fue por culpa de España. Y que si Puigdemont y Torra han agravado más su paupérrima situación es por causa de la España opresora, la justicia parcial, los partidos unionistas, la baja calidad democrática, la monarquía, el 155 y los casetes de Camela. Y el tío se queda tan pancho, sin inmutarse, como el que habla del tiempo.
Ahora resulta que si Artur Mas le pegó un tijeretazo a la sanidad pública catalana de más de mil quinientos millones fue por culpa de España
Lo triste es que tales declaraciones no son sorprendentes ni será la última vez que las escuchemos en boca de alguno de los profetas de la gralla, la ratafía y el lacito amarillo. Toda ocasión es buena para lavarse las manos de su política de derecha pura y dura y echar las culpas a los otros. Ellos, unos santos, oiga, que si hacen lo que hacen es por obedecer un mandato popular. Que este hombre haya llegado al Parlament y sea portavoz de la neoconvergencia lo dice todo acerca de lo que es realmente este proceso separatista, basado en la mentira, la mezquindad, la nula empatía con la gente y el más total y absoluto concepto autoritario de la política.

Pujol se cura en salud, nunca mejor dicho, cuando también dice que comprende la crítica de los médicos. Claro, uno nunca sabe cuándo tendrá que ir de urgencias a que le hagan un apaño y a ver quién es el guapo que se mete en un hospital después de haber dicho que eso es una cafetera rusa al lado de la república catalana. Da igual. Los profesionales del asunto lo atenderían con la misma solicitud y profesionalidad que a cualquier otro enfermo, pero ese no es el caso. Lo grave es que Pujol diga que las listas de espera son “un enorme fracaso de país” añadiendo que si existen es “porque no hay medios y no lo tendremos nunca si no hacemos el salto a la república”. O sea que, de entrada, el fracaso es del país y no de las políticas ultraliberales y covachuelistas de Convergencia, que lo privatizaba todo, entregándole el botín a sus compinches. ¡En qué mal momento se decidió ceder a las comunidades autónomas las competencias en sanidad, en educación y en policía! Lo que nos ahorraríamos todos si eso se hiciera planificadamente desde el Estado, garantizando los mismos derechos sanitarios a cualquier ciudadano en cualquier punto de la geografía española y no como ahora. Eso, por no hablar de lo que supondría comprar material o fármacos para todos los centros de España y no cada uno por su cuenta. No quiero ni imaginarme los millones y millones que íbamos a pagar de menos en la factura sanitaria anual.
Toda ocasión es buena para lavarse las manos de su política de derecha pura y dura y echar las culpas a los otros
Por cierto, ¿sabe el tal Pujol el dinero destinado a la mandanga del proceso a lo largo de todos estos años? ¿Sabe lo que se ha invertido en subvencionar todo lo subvencionable para acallar conciencias, tapar bocas y comprar complicidades? ¿Sabe, ya que estamos, lo que cuestan las embajadas? Eso seguro que no, porque ni en el Parlamento se sabe, y eso que Ciudadanos ha pedido miles de veces que se hagan públicas las cifras del Diplocat. Pero la Generalitat se niega a decirlo, como si se tratase de un secreto de Estado. Hace falta echarle morro al asunto. Sean las cifras que sean, de cualquier modo, si todo ese dinero salido de nuestros bolsillos se hubiera destinado a contratar médicos, ahora no habría quejas acerca del poco tiempo que tienen para atender a los pacientes. Porque seguro que hablamos de cientos y cientos de millones de euros destinados a la más pura y grosera propaganda. 

Solo con lo invertido en esa máquina de embustes llamada Corporación Catalana de Medios Audiovisuales se podría paliar el déficit de plazas de médicos en Cataluña. Lo que sucede es que, a ojos de los neoconvergentes, es más imprescindible tener a la Rahola dale que te pego en todos los programas posibles, a Toni Soler cada díacon su programa sectario, a panfletos como el Preguntes Freqüents o la tertulia del 324 que habilitar quirófanos, dotar de medios a los CAP, potenciar la investigación o hacer de la meritocracia el elemento básico en la promoción en lugar del lameculismo y el “sin novedad, señora baronesa”.

Esa es la obra de gobierno nacionalista, gastárselo todo en ocultar la verdad, en sueldos millonarios para ellos y en ponerles un piso a sus amigos. Qué coño les importa a esta harka la sanidad o la educación como no sea para disimular con la primera y colgar lazos amarillos en los colegios.

Lo importante es ganar la república y ante tamaña gesta no hay ni enfermos ni leches que puedan frenar el imparable camino hacia la arcadia feliz en la que, por fin, los patinetes serán sempre nostres.


                                                                           MIQUEL GIMÉNEZ    Vía VOZ PÓPULI

miércoles, 28 de noviembre de 2018

PABLO CASADO Y LA ENORMIDAD DE ESPAÑA

El autor retoma las palabras del líder del PP en las que aludía al Descubrimiento y colonización de América como una de las grandes empresas de la Humanidad para reflexionar sobre España.




Cuando Ortega reprocha a España su "anormalidad" como país europeo (siendo para Ortega la norma europea siempre la "solución" para España), Unamuno le replicará hablando de la "enormidad" de España como norma: "¿Y cuál es la norma española?¿Cuál es la norma de cuando España, la eterna, talló aquende y allende la mar dos mundos? ¿Cuál la norma, la escuadra, del universal imperio español, carolino y filipino, calderoniano y cervantino -mejor: segismundiano y qujotesco-, iñiguiniano y teresiano? ¿Cuál esa norma? Esa norma fue y es -y esta sí es paradoja, y trágica- la enormidad. La norma castizamente española es la enormidad, es una escuadra para escuadrar el cielo y tallarlo a nuestra medida. Lo anormal, nuestra normalidad". (Unamuno, "La enormidad de España", El Sol, Madrid, 10 de marzo de 1932).

En esta línea, acierta Pablo Casado cuando afirma que nosotros, los españoles (en la medida en que seguimos siendo herederos de los del siglo XVI), "no colonizábamos", sino que "lo que hacíamos era tener una España más grande". Justamente, España, como realidad histórica, significó el desbordamiento de sus fronteras como norma de acción imperial para producir, más allá de ellas (plus ultra), una réplica de sí misma en aquel  Nuevo Mundo con el que, para sorpresa de todos, se topó la empresa colombina. 

Una vez que se toma conciencia de la vastedad continental de América, la acción de España allí no se limitará, atendiendo al modelo fenicio de constitución de factorías costeras, a comerciar y explotar los recursos desde una metrópoli peninsular, como harán los portugueses (y a continuación holandeses e ingleses), sino que España tratará de arraigar según un modelo romano, y no fenicio, fundando ciudades en las que introducir (civilizar) a la población indígena. "Las Indias no eran colonias", tituló el argentino Ricardo Levene su libro, allá por el año 1951, del que pareciera hacerse eco Pablo Casado.

En efecto, siguiendo el arquetipo del imperio civilizador alejandrino (las Alejandrías asiáticas), España perseguirá formar en América una réplica urbana de sí misma (picota, cabildo, plaza de armas, catedral y hospital) con el fin último, según se determinó en las bulas alejandrinas, de evangelizar a la población indígena.
Bajo las instituciones españolas, la población indígena, lejos de ser aniquilada  podía prosperar en la escala social
Bajo las instituciones españolas, reguladas por un derecho que es reproducción isonómica del derecho castellano (las Leyes de Indias), la población indígena, lejos de ser aniquilada (como quiere la versión lascasiana del proceso), podía prosperar perfectamente en la escala social, en tanto que súbditos de la Corona de Castilla; por lo menos no tenían más dificultades que los habitantes de la Castilla peninsular (recordemos el testamento de Isabel la Católica en el que habla de la necesidad de un mismo tratamiento para sus súbditos de ambos hemisferios). La vida en la sociedad virreinal, normalizada por esta legislación indiana, será la base del ulterior ordenamiento constitucional de las repúblicas americanas que procederán a su emancipación en el siglo XIX. De hecho, la emancipación podría interpretarse, más bien, como una consagración de dicha acción imperial española, que no como su fracaso.

Y es que una vez consumada la tarea reconquistadora frente al Islam peninsular (Granada), y teniendo como fin al que dirigir sus planes evangelizadores a"“todas las gentes", tanto España como Portugal emprenden tareas políticas imperialistas de alcance ya efectivamente global (en contraste con los imperios antiguos), por las que la lucha contra el Islam no se agota en su expulsión ibérica, sino que, desbordando esos límites peninsulares, se trata ahora, para derrotarlo por completo, de buscar esféricamente su retaguardia a través de  la navegación atlántica engolfándose, según se decía, hacia el sur africano y hacia el occidente de "la mar Océana".

Es decir, las empresas de las sociedades políticas ibéricas se van a proyectar ahora, contando con ella, sobre la propia esfericidad del globo, que, repartido hemiesféricamente en Tordesillas (1494), tendrá que ser recorrido (y por tanto medido y cartografiado) para llevar a efecto, bien por la vía del Índico (doblando el cabo de Buena Esperanza -Bartolomé Díaz en 1488, y lográndose la volta desde la India por Vasco de Gama en 1498-), bien por la ruta de Poniente (intransitada hasta el momento -non plus ultra-), la consumación ecuménica de tales empresas, y distribuir así la ley evangélica por todo el orbe. Ya no se justifica pues la expansión imperialista (anti-islámica) como mera restauración de la pérdida de España

Resultado de ello, en particular de la vía seguida por España, es el descubrimiento y constitución (organización política, económica, geográfica, administrativa, eclesial…) del continente americano (Nuevo Mundo, no contemplado en los cálculos), así como la posterior apertura por Magallanes de la vía pacífica entre Nueva España y la Especiería (las Molucas), que venía a completar el recorrido esférico, tomando contacto, por fin, navegando hacia el Occidente, con la India, el Cathay y las Indias orientales.

La circunnavegación llevada a cabo por Elcano resulta pues decisiva, en la consumación del proyecto, como primera constatación práctica de la teoría esférica acerca del mundo (teoría que venía rodando desde Eratóstenes y los griegos), al cerrar el campo de la geografía terrestre, definiendo los límites sobre los que se puede desplegar el expansionismo imperial. Así, el jesuita Acosta, en su célebre Historia natural y moral de las Indias, dará cuenta, perfectamente consciente, de este hito: "¿Quién dirá que la nao Victoria, digna, cierto, de perpetua memoria, no ganó la victoria y triunfo de la redondez del mundo, […]  pues dio vuelta al mundo, y rodeó la inmensidad del gran océano? ¿A quién no le parecerá que con este hecho mostró que toda la grandeza de la Tierra, por mayor que se pinte, está sujeta a los pies de un hombre, pues la pudo medir?".
El lema de Felipe II, "non sufficit orbis", habla de la conciencia de enormidad que tenían los monarcas españoles
De este modo, por la propia lógica expansionista católica, que busca globalizar la Santa Fe, los límites del imperio son continuamente desbordados, rectificados con su dilatación, siendo así que los límites del imperio español, sobre todo cuando la determinación de la raya de Tordesillas se vea difuminada (aunque no completamente borrada) con la anexión de Portugal en 1580, terminarán por identificarse (o confundirse) con "los límites del mundo".

Otro jesuita, Rivadeneyra, en su exhortación a la Armada en 1588 (Exhortación para los soldados y capitanes que van a esta jornada de Inglaterra), lo dirá con lúcida elocuencia: "Por esta reputación e imperio tan extendido, es el rey don Felipe nuestro señor el mayor monarca que ha habido jamás entre cristianos; […] los límites de su imperio son los límites del mundo; y juntando con su grandeza a Oriente con Poniente y al polo Ártico con el Antártico o el Norte con el Sur, […], rodeando el universo sin embarazos ni estorbos".

El lema de Felipe II, "non sufficit orbis" (el mundo no es suficiente), ilustrado con una esfera y un caballo al trote, acuñado en la misma línea del plus ultra carolino y aún superándolo, habla sin duda de esa conciencia de enormidad que tenían los propios monarcas españoles. 

El Viejo Mundo, en definitiva, se ve superado por los dominios de Felipe II que, por fin, se confundirán con los límites del propio orbe, hecho que queda reflejado en la expresión de Ariosto, que hará fortuna ("no se pone el Sol"), y que habla también de la condición isonómica (no colonial) de los súbditos españoles ("un solo rebaño") bajo el emperador Carlos (mismo pastor): "Por tal obra, la voluntad suprema no solamente de este imperio entero tiene ordenado darle la diadema que fue de Augusto, Traján, Marco y Severo, mas de toda la tierra de acá extrema, do nunca el sol ni el año abre sendero; y bajo este Monarca quiere a punto que haya solo un rebaño y un pastor junto” (Orlando Furioso, Canto XIV).

En definitiva, el Imperio ha fenecido, pero queda su enormidad histórica, su mole documental en los archivos y en la literatura. Casado ha sabido reconocerla. Y es que, en efecto, "las Indias no eran colonias".


                                                                              PEDRO INSUA***   Vía EL ESPAÑOL

*** Pedro Insua es profesor de Filosofía y autor de los libros 'Hermes Católico', 'Guerra y Paz en el Quijote' y '1492, España contra sus fantasmas' (Ariel, 2018)