El autor llama la atención sobre la corrupción en Andalucía y la compara con la que han protagonizado personas como Bárcenas. Propone perseguir ambas, pero ve más difícil erradicar la primera.
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Agencia EFE
Que el PSOE lleve gobernando Andalucía cuarenta años
sin demasiado desgaste y que la inmensa mayoría de las encuestas de los
próximos comicios regionales sigan dando como vencedor al Partido
Socialista, tras haber protagonizado los mayores escándalos de
corrupción jamás habidos en la historia de España, puede parecer
asombroso, pero no lo es tanto cuando uno se para a analizar la naturaleza de dicha corrupción.
La corrupción no pasa factura a la izquierda porque a
diferencia de la corrupción de derechas aquélla es una corrupción
popular, una corrupción extensiva que beneficia a muchos. Mientras que,
por el contrario, los casos de corrupción del Partido Popular
normalmente afectan a personas que se lucran a título personal (el caso
más paradigmático es el de Bárcenas, aunque también es similar el de Jaime Matas y su palacete en Palma de Mallorca), acumulando grandes patrimonios personales.
Mientras en un caso el saqueo de los fondos públicos
beneficia a personas muy concretas, el saqueo socialista es masivo y
extendido. Precisamente por ese motivo la corrupción socialista es vista
con buenos ojos y precisamente por eso no tiene coste electoral. Son miles las personas que se benefician de la Administración paralela andaluza,
miles los prejubilados irregularmente y los beneficiados por el fraude
en los cursos de formación, las peonadas ficticias o las trampas en el
acceso al salario social.
Es más, en la medida en que está implantada la
mentalidad de que el dinero público no es de nadie, que los fondos son
abstractos y que están ahí para ser repartidos, la corrupción masiva se
percibe positivamente al configurarse como un conducto, un cauce, por
que el dinero llega a la gente. La corrupción es vista como un elemento redistributivo más.
Todo ello hace que la posibilidad de que el PSOE pierda el poder se
contemple como un peligro para la continuidad de la corrupción masiva y
popular; así, el cambio político en Andalucía se ve como un riesgo para
la continuidad de la corrupción generalizada de la que muchos viven. La
corrupción de izquierdas, por lo tanto, no opera como una palanca para
el cambio político, sino de inmovilismo. Por eso el PSOE lleva
gobernando Andalucía desde 1982 y lo seguirá hasta, por lo menos, 2022.
La corrupción de derechas hace ricos a unos pocos, pero no lastra la capacidad de la sociedad para generar riqueza
La corrupción de izquierdas es, por todo ello, mucho
más abultada y dañina, porque las prácticas corruptoras, por su
extensión y permeabilidad social, corrompen a la sociedad misma y tienden a su perpetuación. Por este motivo la corrupción progresista no es objeto de reprobación social.
La corrupción de izquierdas llega a instituirse como
un régimen, un modelo social y económico que se basa en el saqueo de
los fondos públicos, auténtico modus vivendi de muchas personas a costa de los verdaderos trabajadores, que ven cómo el fruto de su trabajo es devorado por una sociedad altamente subsidiada y una Administración paralela improductiva y parasitaria.
La corrupción de derechas hace ricos a unos pocos,
pero no daña la capacidad productiva de la sociedad ni lastra su
capacidad para generar riqueza. La corrupción de izquierdas, por el
contrario, destruye los fundamentos morales de la sociedad misma y debilita las bases que posibilitan el crecimiento económico, provocando el desmoronamiento institucional y la miseria material.
Las dos corrupciones son criticables y las dos han
de ser combatidas, pero así cómo la corrupción de derechas es inherente a
la naturaleza caída del ser humano, a sus debilidades y mezquindades, la corrupción de izquierdas requiere de la participación cómplice de amplios sectores
de la población y conduce a la institucionalización de la corrupción.
La primera se combate con el Código Penal y la segunda exige, además,
fortaleza institucional.
JAVIER JOVÉ SALVADOR*** Vía EL ESPAÑOL
*** Javier Jové Sandoval es abogado.
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