DEL LÍO JUDICIAL AL CINISMO POLÍTICO

/ÓSCAR DEL POZO /AFP

Si el deplorable espectáculo ofrecido por el Supremo en la crisis hipotecaria ha retratado la grave irresponsabilidad de los magistrados, la reacción sobreactuada de nuestros dirigentes retrata la demagogia que practica gran parte de la clase política. Desde las llamadas a rodear el Supremo del populismo profesional de Podemos hasta el nuevo decretazo anunciado por Pedro Sánchez para legislar en caliente una norma que obligue a pagar a los bancos, nuestros representantes han corrido a colocarse a la cabecera de una metafórica manifestación, bien conscientes del potente combustible electoral que constituye la indignación ciudadana en uno de los países de Europa donde más hipotecas se firman. Pero los ciudadanos no quieren sobreactuación sino eficiencia, y prefieren una reforma profunda e integral antes que un parche apresurado y electoralista cuyos efectos sobre el bolsillo de los futuros clientes bien pueden resultar contraproducentes. Preguntado por el plan del Ejecutivo para evitar que los bancos repercutan los costes del impuesto sobre las condiciones de las futuras hipotecas, Sánchez se limitó a apelar a la «responsabilidad del sector». Lo cual no suena muy tranquilizador.

El decreto será convalidado: ningún partido quiere salir en la foto del lado de la banca y en contra de los ciudadanos, tal es el esquema maniqueo al que una concepción infantil de la política tiene condenado el debate público. Pero conviene profundizar. Y recordar, por ejemplo, que Sánchez se inventa este decreto cuando ya hay una ley tramitándose en las Cortes; que el mismo Podemos que convoca marchas llevaba en su programa no solo que ese impuesto lo deben pagar los hipotecados, sino que deben pagar más; o que gobiernos socialistas como el de Aragón o Andalucía lo han subido recientemente. Tampoco parece responsable plantear sin más «revoluciones fiscales» que amenacen el sostenimiento del Estado de bienestar, como propone el PP.

Los jueces no lo han podido hacer peor, pero el cinismo de los políticos no ha sido menos notable. El cambio doctrinal de octubre preocupaba primero a las autonomías, que habrían sido obligadas a reembolsar la cuantía del tributo; y después a los bancos, a quienes las haciendas autonómicas reclamarían luego las cantidades. Semejante desequilibrio fiscal antes de unas elecciones habría afeado la ejecutoria de los presidentes-candidatos. Tras oír a Lesmes decir que «las Cortes tienen una magnífica ocasión para clarificar el asunto», se nos hace difícil no sospechar un reparto de papeles entre los tres poderes mediante el cual el Judicial salva al Ejecutivo a condición de que el Legislativo haga su trabajo de clarificación normativa. Y no sería tan malo si no fuera porque a la Justicia se le suponen criterios técnicos e independencia, y porque entre medias se ha jugado con la seguridad jurídica y las expectativas económicas de millones de ciudadanos.


                                                                                              EDITORIAL de EL MUNDO