- Un cuarto de siglo después de su apoteosis
olímpica, Barcelona se enfrenta a un problema que ni el propio
Ayuntamiento niega: la creciente inseguridad en sus calles
- Sólo
un dato: hasta agosto, los delitos han subido un 19%, mientras que en
otras grandes ciudades como Madrid permanecen estables
/ULISES CULEBRO
Alguien debió darse cuenta del daño de la escena a la imagen de la ciudad. «Desde hace meses, si se acumulan diez personas sale un agente y te pide que vuelvas el día siguiente», sostiene. La medida no oculta, en todo caso, una realidad que ni el Ayuntamiento niega a estas alturas: Barcelona atraviesa una crisis de inseguridad.
En el último año, los delitos en la ciudad han crecido en cifras muy superiores al del resto de grandes ciudades. Un 19% hasta agosto, sobre todo hurtos y robos, según datos de Mossos y Guardia Urbana. Para entender la gravedad del dato, en Madrid subieron sólo un 1%, según datos del Ministerio del Interior.
La inseguridad, con Ciutat Vella como protagonista, es sólo una muesca más del debate sobre la «degradación» y la pérdida del brillo heredado de los Juegos Olímpicos de 1992 de la que la oposición culpa a la alcaldesa, Ada Colau. El Ayuntamiento, por su parte, intenta cargarse de razones para rebajar la profundidad de la crisis y encontrar soluciones. La lista que tiene que afrontar el Consistorio, sin embargo, es larga: el top manta, los narcopisos, la pérdida de prestigio o el incivismo por la saturación turística son material de guerra política y vecinal en una ciudad que encara las elecciones de mayo bajo alta presión.
29 de octubre. Más de 850 policías entre Mossos y Guardia Urbana protagonizan la mayor operación contra los narcopisos, nombre que no deja lugar a la imaginación: son pisos insalubres donde se compra y consume heroína. Gala Pin, concejal de Ciutat Vella, sigue de cerca el operativo, que acaba con 54 detenidos y el cierre de 26 pisos. Un colaborador habla con ella, cerca de dos periodistas.
-¿Cómo lo ves?
-Con ganas de abrazar a policías.
La charla gana sentido si se recuerda que Pin, como Colau, fue activista del movimiento okupa y sus primeros meses en el cargo fueron de tensión diaria con la policía local. Un agente bromea ahora sobre su cambio de actitud: «Y pensar cómo la teníamos que sacar en los desalojos».
El golpe contra los narcopisos es el mayor logro en materia de seguridad de Colau desde su llegada en 2015. La recién adoptada mano dura, sin embargo, ha llegado tras dos años de críticas vecinales. Desde 2016 el antiguo Barrio Chino se ha acostumbrado a situaciones que creían olvidadas, equiparables a la llegada de la heroína en la década de 1980. Toxicómanos tirados en la calle o en busca desesperada de los cinco euros que cuesta una micra. Jeringuillas junto a portales. Y peleas propias de Quentin Tarantino. Para la videoteca negra de la ciudad quedan varias peleas a machetazos grabadas por los vecinos.
El Raval ha convivido toda la vida con droga y carteristas con la naturalidad de lo malo conocido. «Siempre ha habido trapicheo, pero vivían aquí y había un respeto por los vecinos. Eso ha desaparecido por la llegada de las mafias. Todo les da igual», asegura Ángel Cordero, miembro de la plataforma vecinal Ara Raval, que admite la mejora desde el operativo pero cifra en una veintena los narcopisos que siguen activos. También se han detectado en el vecino distrito del Eixample.
La situación anula cualquier amago de disimular. El comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, admite el incremento en la inseguridad en Ciutat Vella. «Ha habido un boom y buscamos soluciones», explica. Sin embargo, niega que todo responda a la inacción municipal y apunta a varios factores. El primero, organizativo. El procés multiplicó durante 2017 las manifestaciones en Barcelona. De 1.500 se pasó a 3.500 movilizaciones en un año, lo que obligó a desviar a Mossos y Urbana, con plantillas limitadas por razones presupuestarias de la Generalitat y el Gobierno. El resultado fue un vacío en la seguridad que aprovecharon narcos y carteristas.
Otro de los culpables es la especulación inmobiliaria, según el Consistorio. «Se expulsa a los vecinos, se multiplican los pisos vacíos y los narcotraficantes los ocupan». Una teoría en la que el Ayuntamiento no está solo. El activista vecinal que les critica por «reaccionar tarde» coincide en señalar las causas. «La especulación está detrás», asegura.
La falta de agentes de policía también pesa. La Guardia Urbana cuenta con 3.000 agentes. En 1992, tenía 3.400. «Si no se amplía la plantilla, es imposible abordar la delincuencia actual. Sale un narco o un carterista y llega otro», se lamenta Eugenio Zambrano, portavoz del sindicato C-SIF, quien desconfía del «plan de choque» del Ayuntamiento y el Departament d'Interior. Una estrategia que se resume en trasladar a Ciutat Vella a agentes de otros puntos de la ciudad y diluir el crimen por la vía de la saturación. «Con el tiempo sabremos si es efectivo», admite Recasens.
El incivismo tiene en la Barceloneta su escaparate. Y también un resumen grotesco: la materia fecal detectada de los mojitos que se ofrecen sin control en las playas. La confirmación por la Guardia Urbana de ese hecho, no por sospechado entre los barceloneses es menos revelador. Como resume Vicenç Forner, «hace tiempo que se perdió el control» en el barrio marinero, uno de los más afectados por la masificación turística y la especulación.
Cronista oficioso del barrio, suya fue la fotografía de cuatro guiris desnudos en un supermercado que dio la vuelta al mundo y espoleó las protestas por la situación de despendole tolerado y la epidemia de pisos turísticos. Entonces gobernaba Xavier Trias (CiU). No hay fin de semana, sobre todo en verano, en el que no amanezcan turistas borrachos en la calle o en playas cubiertas de latas, orinando en puertas de vecinos o lo que la mente les empuje a hacer. Poco ha cambiado pese al relevo en el gobierno, aunque Forner reconoce esfuerzos en el actual equipo: «Colau ha hecho cosas buenas, pero va a tener que hacer más. Y algunas puede que no gusten a los suyos».
El top manta cree que es una de ellas. Un fenómeno que la oposición vincula a la «inacción» de Colau, como si uno nunca hubiera existido sin el otro. Un argumento que no se sostiene. Las mantas llevan en la ciudad más de una década. Ni PSC ni CiU encontraron una solución que ahora exigen. El número de vendedores, en todo caso, sí ha crecido por lo que los partidos y el candidato outsider Manuel Valls creen un efecto llamada por las políticas municipales de mano blanda. El Consistorio sitúa en 700 el número de manteros. La oposición ve en las calles más de 2.000. Cada día decenas de ellos ofrecen falsificaciones en el el metro de plaza Catalunya, o en el paseo Joan de Borbó. Sólo la lluvia o los esporádicos operativos policiales les llevan a desistir de vender zapatillas, bolsos o camisetas de fútbol. La escena contrasta con los yates de lujo atracados en el Port Vell, a pocos metros.
Desde el primer día, Colau renunció a la policía como «única solución» y añadió salidas «sociales». En su contra juegan muchos elementos. La seguridad entre ellos. El top manta también ha dejado imágenes que asemejan a una ciudad sin control. La última en agosto, cuando un turista y varios vendedores se enzarzaron. El visitante acabó herido y el Gremio de Hoteles y la Fundación Barcelona Comercio estallaron contra un nuevo golpe a la imagen internacional de la ciudad.
Álvaro Porro, comisionado de Economía Solidaria, no niega «incidentes puntuales». Sin embargo, lamenta que «se amplifiquen sólo las imágenes negativas» y se tape el resultado de un plan que avanzar, avanza, aunque lento. De momento, con resultados que no satisfacen a comerciantes y restauradores, que desde verano se han organizado en nuevas plataformas abiertamente hostiles a Colau. El Consistorio cree, no obstante, que las cifras les avalan. En 2017 se requisaron 957.000 falsificaciones, 100.000 más que en 2015. Más orgullo muestran en los 130 contratos para vendedores ambulantes. «Estamos logrando que salgan del círculo de las falsificaciones y se legalicen», celebra.
La imagen de Barcelona como un zoco asilvestrado comparte espacio en las críticas con la estrategia contra la masificación turística de Colau. La moratoria que prohíbe la construcción de hoteles ha enfurecido a los inversores extranjeros y ha sido usada por parte de la oposición para culpar a la alcaldesa de la pérdida de «miles de puestos de trabajo». Una postura que no comparte Joan Gaspart, propietario de la cadena Husa y presidente del consorcio Turisme de Barcelona. Pin del Barça en la solapa, se resiste a criticar a la alcaldesa. «¿Todo se soluciona cambiando a Colau? La respuesta es no. Si ha habido pérdida de turistas ha sido porque veníamos de años excepcionales y en algún momento íbamos a bajar», argumenta. Lo sostiene pese a que algunos datos juegan en contra del sector.
La consultora Reputation International rebajó la ciudad del puesto 8 hasta el 15 en su barómetro anual. Pese a las acusaciones contra Colau, no fue sólo la inseguridad o el incivismo lo que restó puntos a la ciudad. Fue «la inestabilidad política» a cuenta del procés, la otra gran batalla que se libra en Barcelona.
JAVIER OMS Vía EL MUNDO
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