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lunes, 30 de abril de 2018

ALGO DE OPTIMISMO JUSTIFICADO

/LPO


Estamos pasando, sin duda, por momentos duros para España. Un intento muy grave de secesión en una de nuestras más ricas y pobladas regiones que, después de meses de fortísima confrontación, no ha encontrado todavía una solución razonable pese a los potentes instrumentos constitucionales utilizados, aunque quizá con excesiva mesura. Un complejo panorama judicial en el que los principales partidos políticos se encuentran enfangados en interminables querellas por corrupción. Censuras parlamentarias y durísimas presiones, fundamentadas en incomprensibles comportamientos personales, que han provocado cambios en cargos políticos muy relevantes. Declaraciones sorprendentes, probablemente en defensa de los servicios propios pero que han proporcionado buen combustible a los partidarios de los incendios. Comportamientos de países socios -y, hasta ahora, amigos- inesperados y fuera de toda razonable fundamentación jurídica... En fin, un panorama en el que no falta casi nada para hundirnos en el pesimismo respecto al futuro de nuestro país.

Pero sería craso error el que lo hiciéramos. España tiene potencial económico y realidades que nos prometen un futuro excelente. El pasado año superamos en tasa de crecimiento de nuestro PIB a los mayores países de nuestro entorno y en este año también vamos camino de hacerlo. Creamos la mayor parte del nuevo empleo de Europa. Exportamos mercancías y servicios como nunca lo habíamos hecho, con participación no solo de las grandes empresas de unos pocos sectores sino con el concurso de empresas de todas las dimensiones y de casi todos los sectores de la producción. Cumplimos por primera vez con nuestros compromisos internacionales sobre déficit público. Hemos adelantado a Italia en PIB por habitante en términos homogéneos de poder de compra, lo que constituye un excelente indicador de bienestar relativo para los españoles que hace más de dos años anuncié a un reducido grupo de amigos con quienes periódicamente mantengo un grato intercambio de opiniones. Además si siguiésemos como hasta ahora, estaríamos a solo unos pasos de adelantar también a Japón en producción por habitante en paridad de poder de compra. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional, siempre tan cautelosas, han aumentado de golpe la tasa de crecimiento de nuestra economía durante 2018 en cuatro décimas, situándola en el 2,8%, aunque los recientes datos del INE respecto al primer trimestre hacen pensar que quizá termine aproximándose algo más al 3%. Incluso ETA, la organización terrorista que tan gravísimos disgustos nos ha proporcionado durante décadas, anuncia su disolución definitiva, sin duda a causa de su innegable derrota. Y, finalmente, pero no en último lugar, parece claro que, aunque no sin cesiones, van a aprobarse los Presupuestos aportando mucha estabilidad a la legislatura, cosa por la que pocos apostaban hace escasas semanas. En el plano internacional, las posibilidades de guerra entre Corea del Norte, del Sur y Estados Unidos, tan próximas hasta ayer, se alejan ahora a toda máquina y los conflictos arancelarios entre América y China también parecen entrar en vías de posible solución. ¿Por qué, entonces, algunos son pesimistas respecto a nuestro país?

Quizá existan ciertos hechos y opiniones que ofrezcan respuestas a esa pregunta. En cuanto a los hechos, el primero y más evidente se refiere al ensanchamiento de las desigualdades sociales en la crisis y a la lentitud que se observa en el cierre de esa brecha. No se encuentra mucho consuelo en pensar que eso es lo que suele producirse en los primeros años de la salida de una crisis y que, además, esa desigualdad creciente está muy generalizada por el mundo y no es propia solo de la economía española. Y tampoco sirve de gran ayuda recordar que las revoluciones tecnológicas comienzan siempre con fuertes destrucciones de empleo para dar paso después a altos crecimientos de esa variable y, por tanto, a mayor igualdad en las condiciones de vida de toda la población.

El segundo de esos hechos, bien perceptible, es el de la grave incidencia del paro entre los más jóvenes y los fuertes desajustes que la carencia de un puesto de trabajo introduce en toda la sociedad y no solo en los propios desempleados y en sus familias. El tercero, quizá algo menos perceptible pero igualmente importante, es el de la casi inevitable onda de tristeza y pesimismo que suele invadir a las regiones y ciudades que envejecen, sobre todo si sus mayores se enfrentan a dificultades poco atendidas de su salud y a inseguridades, reales o imaginadas, respecto a sus futuras posibilidades económicas.

Las tres realidades descritas -creciente desigualdad económica, desempleo de jóvenes y pesimismo por el envejecimiento- son fenómenos que solo pueden tener cura con un crecimiento económico estable a plazo largo; con una más intensa y continuada formación de la población desempleada orientándola sustancialmente hacia el trabajo; con una mayor eficiencia del sistema sanitario y, desde luego, con la consolidación de unas pensiones razonables para los mayores. En todos esos campos quedan todavía numerosos pasos por dar y etapas importantes que cumplir, pero hay altas probabilidades de que en los próximos años seamos capaces de hacerlo.

La segunda base en que hoy se sustenta el pesimismo, más sutil y difícil de contrarrestar que los hechos anteriores, la constituye algunas opiniones no exentas de visos de verosimilitud. Esas opiniones nos advierten de que la etapa reformista, que tan excelentes resultados ha proporcionado en estos años, se ha cerrado definitivamente para el futuro, vista las dificultades y costes sociales y políticos de las reformas pendientes y dados los escuálidos apoyos parlamentarios con que cuenta no solo este Gobierno sino también los que puedan avizorarse en el porvenir. Nos queda mucho por hacer pero sin reformas profundas que impulsen con fuerza nuestra economía poco cabe esperar, sobre todo cuando el consenso necesario para implementarlas parece cada vez más lejano.

No les falta razón a esas opiniones. Reformar profundamente, entre otras, la estructura organizativa del Estado, la enseñanza, la sanidad, el sector de la energía, las pensiones y el sistema fiscal -olvidado desde hace años por los altos costes políticos que tiene impulsar la eficiencia-, encauzar la reducción de la excesiva deuda pública y completar desde el consenso nuestras redes hidráulicas así como las infraestructuras de transporte, son tareas que posiblemente exijan de más fuerzas y voluntades de las que existen hoy y de las que puedan esperarse en el futuro. Por eso resulta más necesario cada día plantearse una nueva forma de gobernar, sustentada en amplios pactos políticos sobre un programa económico de plazos largos, en el que posibles coaliciones gubernamentales tengan un papel decisivo. Algo distinto a lo actual pero cada vez más frecuente en Europa.

Las reformas comentadas, pese a su abultado número y afilado perfil, resultan de diseño relativamente sencillo aunque, lamentablemente, difíciles de poner en marcha mediante consenso en un país con tantas ambiciones personales y tantas urgencias a flor de piel. Exigirían de mucha racionalidad y de grandes renuncias al protagonismo. Su articulación en programas de gobierno debería responder a un pragmatismo fundamentado, siempre y sin excepción, en el bienestar de todos los ciudadanos y, especialmente, de los económicamente más débiles, pero con objetivos concretos y graduados según las posibilidades de cada momento para no comprometer la estabilidad de la nación. Si fuésemos capaces de lograr ese consenso, no tardaríamos en alcanzar en PIB por habitante y en paridad de poder de compra a Japón que, según el FMI, es el competidor de gran peso hoy más próximo a nosotros en la carrera del crecimiento. ¡No estaría mal, para arrancar, fijarnos esa meta!


                                                                                  MANUEL LAGARES*     Vía EL MUNDO

*Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Rivera intenta exportar su estrategia antinacionalista a País Vasco y Navarra

La gestión de la crisis catalana aupó a Ciudadanos a nivel estatal, por lo que explotar el 'gancho' antinacionalista en otras comunidades podría  beneficiarles en unas generales, aunque implique perder un puñado de votos

Inés Arrimadas y Albert Rivera. Efe


La dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, salpicada por una supuesta trama de corrupción universitaria y precipitada por el vídeo de un hurto en Eroski en 2011, ha salvado a Ciudadanos de tener que retratarse en cuanto a su apoyo o rechazo a una moción de censura que aupara al candidato socialista Ángel Gabilondo al gobierno regional.
Desde que venciese el plazo que la formación naranja puso al PP para aceptar una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre el máster cursado por Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos, Rivera y los suyos optaron por instar a Rajoy a presentar un candidato "limpio de corrupción" que permitiese la continuidad de la lista más votada hasta las próximas elecciones.
El rechazo de Cs al nacionalismo le aupó en las urnas catalanas y, de ser replicado en otras comunidades, podría beneficiarles de cara a las generales
Pero Cifuentes no dimitía y el partido naranja estaba cada vez más presionado por las fuerzas de la oposición, que le acusaban de mantener a un partido cercado por los casos de corrupción. Hasta que llegó el 25 de mayo. Mientras se debatía en el Pleno el proyecto presupuestario para el 2018, la ya ex presidenta anunciaba su marcha.

La imagen de Ciudadanos como azote de la corrupción quedaba intacta y tocaba endurecer el discurso antinacionalista, pues su rechazo al nacionalismo le aupó en las urnas catalanas y, de ser replicado en comunidades como País Vasco o Navarra, podría beneficiarles de cara a unas elecciones generales.

"Nadie es más que nadie"


"¿Qué es eso de los derechos históricos? Derechos pasados o inventos para pedir réditos futuros y privilegios. Aquí no hay derechos históricos. Aquí nacemos libres e iguales y tenemos derechos ciudadanos y personales, no territoriales. Nadie es más que nadie", argumentó Rivera en su última visita a León.

Esta semana, en medio del debate de los PGE, el líder naranja cargaba contra los nacionalistas vascos. Si bien, Cs ha abrazado el acuerdo entre Gobierno y PNV, los días previos a la votación advertía de su rechazo a las cuentas si las negociaciones implicaban cesiones a País Vasco en materia de Seguridad Social o presos etarras.

Por su parte, desde Navarra, el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, insistía: "Todos los navarros deben saber que donde Ciudadanos sea decisivo no gobernarán populistas y nacionalistas". "La amalgama de partidos que forman el cuatripartito quieren que Navarra pierda su identidad y pluralidad". En este sentido, ha afirmado que "Ciudadanos defenderá en el Congreso la derogación de la Disposición Transitoria Cuarta ya que es una espada de Damocles que amenaza a esta comunidad y que ni PP ni PSOE han querido abordar realmente durante estos años, a pesar de sus mayorías", reprochaba.

Replicar la estrategia


Sin embargo, según Marta Rebolledo,subdirectora del Máster en Comunicación Política de la Universidad de Navarra, el respeto de Ciudadanos a la Constitución implica que no vayan a exigir la "eliminación" de los derechos históricos. "No van a pedir que se eliminen derechos históricos o convenios económicos, pero sí vienen a decir que las gestiones entre sendas comunidades y el Gobierno se dejen de hacer a puerta cerrada y de forma más transparente", analiza. Y añade que, para que "cale bien el mensaje", necesitan "tiempo y pedagogía".
"El discurso antinacionalista les ha hecho más fuertes, pero no será tan fácil que penetre en Navarra o País Vasco"
"El rechazo al nacionalismo y el rechazo a la corrupción son temas primordiales en el discurso de Ciudadanos, pero su gestión del tema catalán le ha propiciado un gran apoyo a nivel estatal, les ha hecho fuertes y no es de extrañar que quieran replicar la misma estrategia en otras comunidades de España", considera Marta Rebolledo,subdirectora del Máster en Comunicación Política de la Universidad de Navarra.

Según Rebolledo, el discurso antinacionalista les ha hecho "más fuertes", pero no será tan fácil que penetre en Navarra o País Vasco, por ejemplo. "Ciudadanos respeta la Constitución y como tal, no van a pedir que se eliminen derechos históricos o convenios económicos, pero sí vienen a decir, en la línea de su modelo país, que las gestiones entre sendas comunidades y el Gobierno se dejen de hacer a puerta cerrada y de forma más transparente", analiza. Y añade que, para que "cale bien el mensaje", necesitan "tiempo y pedagogía".

Votos que duelen menos


El consultor de comunicación política en Ideograma y responsable del proyecto Beers&Politics, Xabier Peytibi, cree que a Ciudadanos, y al resto de partidos, le "duele" menos perder votos en algunos sitios, "ya que se recuperan en otros". "Los nacionalistas vascos ya no les votan. Y los no nacionalistas tampoco, por ahora, por lo que no creo que lo que le pueda hacer perder votos en el País Vasco sea el discurso antinacionalista", opina. 

"Que Ciudadanos no haya tenido que llegar hasta el final ante la disyuntiva de echar o no a Cifuentes en Madrid, un caso mediático donde los haya, les ha ido más que bien para continuar con el mensaje de que son totalmente duros con cualquier acto de corrupción", señala Peytibi. En este sentido, apunta, mientras les funcione este mensaje deben explotarlo: "Y lo hacen".
"El mensaje de igualdad o de quitar fueros quita votos en determinados lugares, pero ayuda a potenciar el mensaje antinacionalista en el resto de España"
Pero es algo en lo que, de acuerdo al consultor, ya no gastan tanta energía. "Al no peligrar y ser creíble para sus potenciales votantes este mensaje anticorrupción han visto que ampliando al rechazo al nacionalismo periférico pueden lograr aún más votos, entre los 'nacionalistas españoles', que solían votar al PP, pero también al PSOE", destaca. Y es, en su opinión, una buena estrategia electoral: "Quita directamente votos a los populares y, si lo sumamos al tema corrupción, ya son dos las razones para convencer al electorado indeciso a cambiar de partido".

Por otro lado, el responsable de Beers&Politics apunta a un tercer mensaje básico, además de anticorrupción y antinacionalismo periférico: la igualdad entre todos. "Tenga o no sentido político, esta idea cala en la ciudadanía más española, que no quiere que ningún territorio sea diferente al 'todo' español. Es decir, ese mensaje de igualdad, de quitar fueros, o de dar menos prevalencia a las lenguas propias, puede quitar votos en determinados lugares, por ejemplo, en el País Vasco, pero por el contrario, ayuda, y mucho, a potenciar el mensaje antinacionalista en el resto de España. Son coherentes con su mensaje", explica.


                                                                              MARINA ALÍAS   Vía VOZ PÓPULI

Cuando Rajoy se metió a arreglar las pensiones… y lo estropeó

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. EFE


No llamó a ningún ministro del ramo. A ninguno de la cosa económica. ¿Para qué? En el arte político de los últimos tiempos, el de la cortedad de miras, todo vale por un puñado de votos. Es la triste moraleja construida por un presidente del Gobierno empeñado en cerrar esta legislatura sin otra tanda de recortes. La condición sine qua non era sacar adelante estos presupuestos. A horca y cuchillo si hacía falta. Lo cierto es que el Gobierno de Mariano Rajoy se la juega con estas cuentas porque las próximas, las legítimas de 2019, tendrán que ser mucho más restrictivas. Asegurarse el Presupuesto en 2018 abre la vía de una posible prórroga el año venidero, ejercicio en el que podrían volverse a convocar elecciones generales. Y es más cómodo y triunfal afrontar las urnas con una buena ración de pan y circo que con otra incómoda tanda de recortes. Todo por lograr el apoyo a los Presupuestos, pensó Rajoy. El presidente, que sin encomendarse al sanedrín económico, perfiló una entrevista secreta con el peneuvista Andoni Ortúzar para darle otro cheque en blanco -aún retumba el famoso cuponazo- a cambio del ‘sí’ vasco a las cuentas públicas. Nada sabían Cristóbal Montoro, Fátima Báñez o el imberbe Román Escolano de la famosa cita. De ello se quejan amargamente en las últimas horas a quienes quieren escucharlo.


El pacto secreto con el PNV para salvar el Presupuesto pasa por anular de facto la reforma de 2013, la que elaboró el mismo Ejecutivo de Rajoy hace ya más de cuatro años y que se basa en dos pilares: el índice de revalorización que sustituyó al IPC y el factor de sostenibilidad que pretende ligar las pensiones a la esperanza de vida. Ahora todo queda en agua de borrajas. El acuerdo suspende temporalmente el nuevo índice de revalorización, vuelve al IPC y retrasa cuatro años la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, hasta 2023. Eso asegura al Ejecutivo una legislatura entera sin aplicar su propia reforma. Y el que venga después, que decida. O que arreé.

Si algo han repetido hasta la saciedad los mayores expertos en pensiones estos meses es que las reformas de 2011 y 2013 aseguraban la viabilidad del sistema en el futuro. La combinación de los dos cambios iba a contener el fuerte aumento del gasto que provocará el reto demográfico y a hacer viable uno de los mayores pilares del estado de bienestar español. Pero hoy esta afirmación está herida de muerte. Todo por obra y arte de Rajoy. Para pagar el regalito ligado de la subida del IPC, que costarán unos 1.500 millones y 1.800 millones en 2019, el Gobierno hará algunas propuestas al Pacto de Toledo, como la creación de un impuesto a las grandes tecnológicas cuyos ingresos se destinarán a pagar las pensiones. Una medida que lejos de ser la panacea, no sirve ni de parche. Además, el Gobierno destinará los ahorros en el gasto por el pago de intereses de la deuda y parte de lo que tenía previsto destinar al rescate de las autopistas, puesto que el coste será menor al inicialmente previsto. Igualmente, escuchará otras propuestas del resto de partidos en la Comisión del Pacto de Toledo.
La pérdida de poder adquisitivo de las pensiones no responde a un capricho de los Dioses de Bruselas. Es simplemente la ley adaptando el sistema a la realidad de una demografía, la nuestra, que es cada día que pasa más atroz
El pacto secreto no sólo ha soliviantado a los ministros de la cosa económica. También ha herido susceptibilidades dentro del propio PP. En algunos despachos de Génova abogan por reabrir el pacto para, al menos, no retrasar a 2023 la puesta en  marcha del factor de sostenibilidad. “No hacerlo sería una aberración”, sostiene un dirigente popular. Él, como otros peperos, critican la cortedad de Rajoy al elevar la revalorización del 0,25% fijado por la reforma hasta el IPC. “No debe ser consciente que una subida tan elevada se consolida cada año y es otra fuente importante de tensión al sistema”, asegura. Entre los expertos económicos, Fedea ha defendido en varias ocasiones la posibilidad de blindar solo las pensiones mínimas ligándolas al IPC y mantener el índice de revalorización actual para el resto. Esto costaría un 0,4% al año, algo asumible, mientras que volver a tomar de referencia la inflación para todas las prestaciones obligaría a tomar medidas muy duras para poder financiarlo, como, por ejemplo, subir el IRPF un 35% en 2040.

Pese a que la reforma de 2013 no era la gran salvación, ni mucho menos, sí ponía una realidad matemática en forma de ley. Para calcular el gasto de pensiones tomaba en cuenta dos componentes. Por un lado, el crecimiento de los ingresos de la seguridad social. Si el número de trabajadores y/o los impuestos que estos pagan al sistema aumenta, el sistema tiene más recursos, y las pensiones aumentan. Si no lo hace, o crecen con lentitud, las pensiones crecerán lentamente. Por otro lado, la ley también tiene en cuenta el coste de los pensionistas en base a cuántos años van a estar recibiendo pensiones. Cuanto mayor sea la esperanza de vida a los 65, más difícil será para los trabajadores actuales sostener esos pagos. La fórmula incluye unos cuantos ajustes adicionales (las medias se calculan a 11 años vista, para suavizar el impacto de las recesiones, por ejemplo), pero el efecto final es muy simple: si en España aumenta el número de trabajadores y/o su productividad y con ello las cotizaciones a la seguridad social en proporción al número de jubilados, las pensiones suben. Si esa proporción disminuye, las pensiones bajan. Esa es la aritmética del sistema.

Por tanto, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones no responde a un capricho de los Dioses de Bruselas, entonces. Es simplemente la ley adaptando el sistema a la realidad de una demografía, la nuestra, que es cada día que pasa más atroz. España ha sido uno de los últimos países de la Unión Europea en adoptar un factor de sostenibilidad en este aspecto, ya que nuestros baby boomers llegan más tarde que en el resto del continente y teníamos una población relativamente más joven. La hora de la jubilación de los nacidos en los cincuenta y sesenta ha llegado, sin embargo, y la ratio entre trabajadores y jubilados ha empezado a caer en picado. A esto se añade que los nuevos jubilados cada vez tienen períodos de cotización más elevados, lo que implica mayores contribuciones y pensiones más altas. En paralelo, los trabajadores que empiezan ahora a cotizar lo hacen con unas bases notablemente más bajas que la media del sistema (alrededor de 1.800 euros al mes) y, especialmente, que aquellos que están abandonando o a punto de hacerlo su vida laboral. Una diferencia que los sindicatos llegan a cifrar entre el 35% al 40%. Al cocktail aún le falta la guinda, que llegará en un par de décadas. Será el momento de la jubilación de la generación del 'baby boom'. “La tensión del sistema será máxima entonces”, reconoce alguien que participó en los últimos trabajos del comité de sabios para las pensiones.

Toda esa lógica ha sido despreciada en el nuevo acuerdo de Rajoy con el PNV. Una subida dirigida en un doble plano: el apoyo a los presupuestos y calmar a la calle, a la masa de pensionistas cabreados. Los mismos que seguirán igual de cabreados cuando vean que la subida ligada al IPC, en caso de llegar a concretarse –hay una puerta de atrás si existe acuerdo dentro del Pacto de Toledo para ligarlo al IPC pero con factores correctores- apenas llegará a entornos de 20 euros al mes en la mayoría de los casos. La lógica para hacer sostenible el sistema obliga a lo contrario. A una rebaja del 1%-2% durante, al menos, un par de décadas para que la solidaridad intergeneracional siga existiendo, y los que pagan ahora puedan gozar de una mínima pensión pública en el futuro. ¿Quién se atreve a poner el cascabel a ese gato si la congelación de las pensiones ha sido históricamente un arma electoral arrojadiza en el bipartidismo? Rajoy está visto que no.


                                                                                    MIGUEL ALBA   Vía VOZ PÓPULI

Día Internacional del Trabajador: si Pablo Iglesias (el viejo) levantara la cabeza…

Los sindicatos se han convertido en instrumentos obsoletos incapaces de representar a la sociedad y de ejercer de intermediarios naturales entre la política, la empresa y la ciudadanía


Los líderes de UGT, Pepe Álvarez (d), y de CCOO, Unai Sordo, con carteles del 8-M. (EFE)


"Es necesario trabajar, si no por gusto, al menos por desesperación, puesto que, como está probado, trabajar es menos aburrido que divertirse".

Charles Baudelaire



Lo del 1 de mayo ya no es fiesta sino puente. Los pocos madrileños que optan por quedarse en la capital aprovechan estas jornadas de asueto para pasear por el Retiro si el tiempo acompaña o merendar unas tortitas en el VIPS de Neptuno. Del Día de Trabajador no se acuerdan ni los calendarios que cuelgan de la pared. Si los telediarios dejan hueco para alguna manifestación es para los que protestan contra la sentencia de La Manada. A los sindicatos, en cambio, les dedican apenas unos segundos. Luego pasan rápidamente de tema antes de que se desplome la audiencia.

Los sindicatos se han convertido en instrumentos obsoletos incapaces de representar a la sociedad y de ejercer de intermediarios naturales entre la política, la empresa y la ciudadanía. Al igual que los partidos, los agentes sociales han sido incapaces de adaptar su razón de ser y sus estructuras a la cambiante realidad. Se han vuelto inservibles.

La España oficial ha sido desbordada cual tsunami por la España real. Los que han logrado el 'IPC para todos', esto es, que las pensiones suban más del 0,25% previsto inicialmente en los Presupuestos de 2018, no han sido los sindicatos sino –con empujón final del PNV– los abuelos, los 'yayos', los jubilados que llevan manifestándose casi ininterrumpidamente en la ría del Nervión; quienes impulsaron la huelga del 8-M no fueron las dos grandes centrales sindicales, CCOO y UGT, que se sumaron a la misma sin mucho convencimiento y haciendo de tripas corazón, sino los movimientos feministas, colectivos autónomos y periodistas; las voces que se escuchan ahora para reprobar el fallo sobre La Manada tampoco son las de los 'representantes oficiales', sino las de Ana Botín y las Carmelitas Descalzas.

La 'cultura Twitter' convierte a los partidos y sindicatos en referentes negativos mientras premia a todos aquellos que simplifican los mensajes

Resulta innegable que hay un componente populista en los movimientos anteriormente descritos, derivados de lo que el politólogo Gabriel Colomé llama la 'massmediatización' de la sociedad, o 'cultura Twitter', que convierte a los partidos y a los sindicatos en referentes negativos mientras premia a todos aquellos que simplifican los mensajes, incluso cuando se trata de explicar conceptos complejos. Esta circunstancia, sin embargo, no debe servir de excusa para la nefasta gestión de los sindicatos, que han hecho esfuerzos ímprobos por granjearse una mala imagen difícil de sacudirse.
Como muestra, un botón, el de su coqueteo con el mundo secesionista catalán que Ignacio Varela resumía en este mismo diario en dos frases: "UGT y CCOO, los sindicatos de clase, actuando de palmeros de la élite corrupta del nacionalismo. Si Pablo Iglesias –el viejo– y Marcelino Camacho resucitaran, volverían a morirse de la vergüenza".


Roger Torrent (c) con los secretarios generales de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco (d) y de la UGT de Cataluña, Camil Ros (i). (EFE)
Roger Torrent (c) con los secretarios generales de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco (d) y de la UGT de Cataluña, Camil Ros (i). (EFE)

Todo ello sin olvidarse de su implicación en el caso de los ERE andaluces, el fraude de los cursos de formación y las mariscadas que tantas chanzas provocan en las redes sociales. Tal es así que el mayor anhelo del líder sindical no es ser paladín de la lucha de clases, sino convertirse en director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo para España, con estatus de embajador, pasaporte diplomático, nómina del ministerio de Trabajo y un sueldo que para sí quisiera el presidente del Gobierno. Lo de las fábricas de Chicago queda ya lejano.

La llegada de Pepe Álvarez y Unai Sordo a las secretarías generales de UGT y CCOO, respectivamente, no solo no ha servido para limpiar sus siglas, sino que ha puesto negro sobre blanco la falta de cohesión en las organizaciones sindicales. Un profundo cambio de liderazgo en un lapso de tiempo tal vez demasiado breve que ha provocado disfunciones internas. Ni Álvarez, ala dura, se parece en nada al dialogante Cándido Méndez, ni Sordo tiene el carisma y mando del que hacía gala Ignacio Fernández Toxo.

Ni Pepe Álvarez, ala dura, se parece en nada al dialogante Cándido Méndez, ni Unai Sordo tiene el carisma del que hacía gala Ignacio Fernández Toxo

Álvarez y Sordo creían que con el inicio de la legislatura, un Parlamento fragmentado y la mayor presencia de los partidos de centro e izquierda, podrían arrancar promesas a las formaciones afines y conseguir avances sociales, pero su gozo se ha ido al más hondo de los pozos. Al contrario, son muchos los casos en los que UGT y CCOO se han dejado robar la merienda por la sociedad civil e incluso por los sindicatos más pequeños, tal y como pudo comprobarse en el conflicto con los trabajadores de Eulen en El Prat.

Hay quien asegura que la supervivencia del movimiento sindical pasa por la integración de las distintas organizaciones, grandes y pequeñas, con el objeto de adaptarse a unos tiempos cambiantes. Lo ha dicho la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en vísperas del 1 de mayo: "La ciudadanía demanda otro modelo de sindicalismo frente al monopolio de los sindicatos tradicionales, que atraviesan uno de sus peores momentos porque no se adaptan al sentir y las necesidades de nuestros ciudadanos".


El aeropuerto de Barcelona durante las huelgas convocadas por los trabajadores de Eulen. (EFE)
El aeropuerto de Barcelona durante las huelgas convocadas por los trabajadores de Eulen. (EFE)

Resulta paradigmática también la impostura de los grandes sindicatos en algunos asuntos mollares para los trabajadores como es el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), denunciado por el presidente de la CEOE, Joan Rosell, en la Asamblea del pasado 25 de abril. "No entendemos cómo las cúpulas sindicales no firman lo que sus bases están haciendo", decía el patrón de patrones. "Internamente en sus organizaciones firman el 1,8% y el 1,9%. Nosotros internamente estamos ofreciendo el 2% más variable". Tirando de refranero popular: en casa de herrero, cuchillo de palo.

Por cierto que Rosell abandonará la CEOE a finales de año después de dos mandatos de transición en los que ha tratado de poner orden en una casa marcada por los escándalos pasados. Seguramente le sucedan en el cargo Antonio Garamendi como presidente y Juan Pablo Lázaro como hombre fuerte de este último. Ambos deberán recuperar el pedigrí del que gozaban cuando Ferrer Salat y Cuevas comandaban la patronal y que le hurtaron asociaciones empresariales paralelas tales como el extinto Consejo para la Competitividad o el Puente Aéreo. No será fácil. Como es sabido, a los problemas de los sindicatos tampoco es ajena la patronal, pero esa es otra historia…


                                                                          NACHO CARDERO    Vía EL CONFIDENCIAL

domingo, 29 de abril de 2018

UNA EUROPA INGOBERNABLE

Antes de ampliar más la UE hay que reformarla y, al menos, eliminar el derecho de veto de los Estados miembros

 

 Macron pronuncia un discurso sobre su visión de futuro de la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo.  EFE

 

Si la Unión Europea existe todavía en 2025, tendrá por lo menos 31 socios. Serbia y Montenegro están negociando ya la adhesión y es posible que Albania y Montenegro lo hagan pronto, dado que Bruselas, en la persona de Federica Mogherini, acaba de recomendar a los Gobiernos que inicien las negociaciones de aquí al mes de junio. A medio plazo, podría llegarles el turno incluso a Kosovo y a Bosnia. Aunque algunas capitales preferirían que el proceso fuera más despacio, en el fondo nadie en Europa está en contra de la integración de los Balcanes occidentales. Está demasiado fresco el recuerdo de la guerra que ensangrentó la región después de la caída de la antigua Yugoslavia; son demasiado palpables las tensiones que todavía atraviesan la zona. Aun así, hace dos semanas Emmanuel Macron advirtió ante el pleno del Parlamento Europeo: nada de nuevas ampliaciones hasta que no reformemos Europa.
Nadie puede acusar al presidente francés de antieuropeísta, ni tampoco puede pensar nadie que prefiere dejar los Balcanes a merced de sus pulsiones históricas e incluso contagiarlas a Europa. Lo que dice es otra cosa, y es algo muy oportuno. Ya la Unión Europea actual, de 28 miembros, es ingobernable. No por culpa de la burocracia de Bruselas —cuyas políticas, con sus virtudes y sus defectos, aspiran a mejorar la vida de los ciudadanos—, sino de los Gobiernos, que se encuentran separados por dos líneas divisorias. Por un lado, la Europa del Norte y la Europa del Sur llevan años discutiendo sobre las reformas imprescindibles para perfeccionar el euro, sin que hayan conseguido ponerse de acuerdo. Por otro, la Europa del Oeste y la Europa del Este se enfrentan por los inmigrantes y por cualquier idea que permita dar nuevo impulso a la integración europea. La inercia de la UE se debe a estas fisuras, y el resultado es un inmovilismo que es, al mismo tiempo, causa y efecto del avance de los populismos en todo el continente. Este es el telón de fondo sobre el que se desarrolla la pelea más importante de todas, la que determinará cuál será la identidad social de Europa en el futuro: ¿permanecerá anclada a las democracias liberales o se rendirá a las democracias iliberales presentes ya en algunos países como la Hungría de Viktor Orbán?
Los Gobiernos se encuentran separados por dos líneas divisorias. Por un lado, la Europa del norte y la  del sur  y, por otro, la Europa del oeste y  la del este
La batalla decisiva de este enfrentamiento trascendental se librará en las elecciones europeas de mayo de 2019. Con los partidos asociados a la familia socialista en caída libre, tras los comicios del próximo año el Parlamento Europeo podría despertarse con una mayoría euroescéptica, populista y dirigida por la extrema derecha. Con el fin de evitar esa situación (y para tener peso en la disputa de los cargos de la UE), Macron está trabajando en la construcción de su propio partido de ámbito continental, Europa en Marcha. Su intención es fusionarse con los liberales, arrebatar votos a populares y socialistas y aliarse con fuerzas nuevas como Ciudadanos para, de esa forma, hacer realidad su ambición de obtener el segundo lugar en las elecciones europeas, por detrás de los populares, y reducir el margen de maniobra de los euroescépticos. Macron es el único dirigente que todavía piensa en reformar la Unión, que habla sinceramente de darle una nueva soberanía y volver a hacerla respetable ante los ciudadanos. Es un proyecto digno de elogio que topa con la desconfianza de sus colegas, incluida Angela Merkel, y con la debilidad política de sus aliados naturales en esta cruzada, Italia y España.
Macron tiene razón: antes de ampliar más la Unión Europea, hay que reformarla. Por lo menos, hay que eliminar el derecho de veto de los Estados miembros y aumentar el número de decisiones aprobadas por mayoría, porque, de no ser así, Europa se volverá cada vez más ingobernable. Antes de pensar en la ampliación hacia los Balcanes, para la que hay una perspectiva de siete u ocho años como mínimo, es necesario planear esa reforma —a la que hay que añadir al menos la del euro y la de las políticas migratorias— de aquí a 2019.
Todos hablan de ello pero, aparte de Macron, nadie tiene el valor de decirlo con verdadera convicción, porque prefieren anteponer las peleas políticas a corto plazo a una verdadera visión de futuro. La actual clase dirigente europea debe pasar de las palabras a los hechos, si no quiere correr el riesgo de acabar barrida del mapa político del continente. Y con ella, la propia Unión Europea.
                            ALBERTO D'ARGENIO es corresponsal de La Repubblica en Bruselas. Vía EL PAÍS
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

 

Cifuentes, Casals y la profecía autocumplida: la señora las pasó putas

Ignacio González y Cristina Cifuentes. EFE


El miércoles 25 de abril pasará a los anales de la pequeña historia como un día triste para la democracia española. A primera hora supimos de la publicación de un vídeo del año 2011 donde Cristina Cifuentes aparecía sisando unas cremas en un supermercado Eroski de Vallecas, la ignominia con la vulgaridad, el escarnio con la humillación, episodio que le obligaba a comunicar su renuncia a mediodía, no sin que antes mediara llamada de Mariano a Cospedal: “Vete a ver a ésta y dile que se vaya de una vez”. Durante 30 días había aguantado carros y carretas, se había resistido a dimitir tras el episodio de su máster en la Rey Juan Carlos, pero quienes estaban decididos a sacarla de la carrera a gorrazos le tenían reservada una sorpresa: el vídeo de Marnie, la ladrona. El empujoncito final. La puntilla. No fue lo más importante de lo ocurrido este miércoles, porque a la misma hora en que la Cifu aún galleaba en los estertores de su agonía, los españoles tuvimos noticia de la rendición del Gobierno Rajoy ante el PNV, solo para que los nacionalistas vascos le aprueben los PGE 2018. Mariano dispuesto a vender a su madre con tal de seguir dos días más en el machito. España en su punto más bajo.


En junio de 2016, ya como presidenta de la Comunidad de Madrid en sustitución precisamente de Ignacio Nacho González, Cifuentes toma una decisión que se iba a revelar decisiva en su carrera al denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción las irregularidades detectadas en la compra con dinero público de la empresa brasileña Emissao por el Canal de Isabel II -presupuesto de 1.050 millones y más de 2.000 empleados-. La “operación Lezo” lleva a la Guardia Civil a imputar a González, capo del Canal, por un presunto pelotazo, y a su antiguo testaferro en el mismo, Edmundo Rodríguez Sobrino, a la sazón consejero delegado de La Razón, considerado el “planificador y ejecutor” de la operación. Sobrino termina con sus huesos en la cárcel, lo mismo que la responsable financiera del Canal, María F. Richmond, y, por encima de todos, caza mayor, el propio Nacho González. Cifuentes había encendido una mecha que con el tiempo terminaría por explotarle en las manos.

En abril de 2017, El juez de la AN Eloy Velasco cita a declarar como imputados al presidente de la sociedad editora de La Razón, Mauricio Casals, y al director del diario, Francisco Marhuenda, por presuntas coacciones a la presidenta madrileña. Según la UCO (Guardia Civil), ambos habrían presionado a Cifuentes para evitar que remitiera a la Fiscalía el informe y las auditorías con las irregularidades cometidas en el Canal. La UCO disponía de grabaciones en las que el dúo, dispuesto a rescatar a su amigo a toda costa, se mostraba dispuesto a utilizar el medio para acollonar a Cifuentes incluso con la publicación de noticias falsas. En una de esas grabaciones, Casals trata de confortar a Sobrino con una frase propia de don Vito que ha resultado toda una premonición: “Esta señora las va a pasar putas”.

Pero cuando es llamada a capítulo por el juez para que se ratifique en las amenazas y presiones, la señora echa el freno de mano, da marcha atrás y dice que no, que de lo dicho no hay nada. Casals, el por algunos llamado “Príncipe de las Tinieblas”, factótum de La Razón y hombre fuerte del grupo Atresmedia como adjunto al presidente, José Creuheras, había marinado adecuadamente a Marisa González, la jefa de gabinete de Cifuentes, el cerebro detrás de la presidenta, para que convenciera a su jefa de que era mejor dejarlo estar. Aquí es donde la aguerrida amazona que iba a acabar ella sola con la corrupción del PP, muestra el vertiginoso techo de cristal que protegía su pasado. A la vista de tal retractación, el juez ordena el sobreseimiento de la causa contra Casals y Marhuenda. La denuncia quedó en gatillazo, y aquí se condenó la doña, que se traicionó para imaginarse a sotavento de las amenazas. Porque Mauricio se había salvado por la campana, cierto, pero su oficio, que se basa en el más escrupuloso anonimato, había quedado seriamente dañado frente a los poderosos clientes a quienes factura grandes sumas por trabajos varios ante el Gobierno –el propio Rajoy y sobre todo la vicepresidenta Soraya-. Hay constancia de que la Vice le ha vetado el acceso a Moncloa a cal y canto, y ha sido su jefa de gabinete, María González Pico, quien se ha encargado de la tarea con un par de ovarios, porque El Príncipe no es un tipo fácil.

Los negocios del "consultor privado"


Mauricio siempre se ha definido como un “consultor privado” entre cuyos clientes, además de grandes empresas del Ibex como Repsol o Indra, figura el grupo Atresmedia. Colaborador y amigo es el comisario Pepe Villarejo, actualmente en prisión, muy cercano también al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, sobre quien algún día habrá que escribir una historia con la nariz bien tapada. Villarejo, que siempre ha defendido su condición de ciudadano virtuoso, supuestamente tiene –tenía, hasta que el CNI cayó sobre él- entre sus activos más importantes un sótano en el que guardaba abundante material sobre gente de toda laya cogida in fraganti en situaciones comprometidas, además de un equipo de abogados a su servicio, muchas amistades peligrosas en la judicatura y, mucho más importante aún, el control de una serie de periodistas “de investigación” a los que desde hace años viene surtiendo de noticias salidas de las cloacas policiales con las que presionar a tirios y troyanos. Un entramado con un único objetivo: información traducible en dinero. ¿El método? Buscar empresarios adinerados en apuros para salvarlos, y si no están en apuros, nosotros nos ocuparemos pronto de que lo estén, para que, una vez librados, abonen con gusto la factura.

La venganza contra Cifu iba a tomar una curiosa deriva universitaria, porque en la Rey Juan Carlos (URJC) enseña como profesor interino Paco Marhuenda, impartiendo clases sobre Historia Jurídica de la UE a distintos grados en el campus de Vicálvaro. Profesor también de la URJC y colega de Marhuenda es Salvador Perelló, que cuenta con un surtido currículo como denunciante de tropelías varias cometidas en ese desastre universitario que es la URJC. Perelló ya había surtido a Eldiario.es con exclusivas como la denuncia, finales de 2016, contra el entonces rector Fernando Suárez, supuesto plagiador contumaz de las obras de otros colegas. Firmaba esas noticias la periodista Raquel Ejerique, la misma que semanas atrás estampó el máster de Cifuentes contra la obra muerta del PP. Perelló, un hombre dominado por un evidente afán de notoriedad, ha alardeado de haber sido el filtrador del regalo que la URJC había hecho a la presidenta madrileña: un máster que apenas valía para colocarlo entre el papel del wáter, pero que iba a servir para matarla.

La URJC, Marhuenda, Perelló y García Ferreras, el hombre fuerte de La Sexta. La información sobre el máster fake de Cristina apareció en el Eldiario.es el 21 de marzo (“Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas”). El director de ese medio, Ignacio Escolar, es tertuliano de La Sexta y comparte plató a diario con Marhuenda y con Eduardo Inda, director de OKdiario. El triángulo de las Bermudas del periodismo cañí: La Sexta, Eldiario y OKdiario, izquierda radical y extrema derecha unidas por el cordón umbilical de Mauricio Casals, con Florentino Pérez, el gran mantenedor de Inda y Ferreras, como cabeza visible de la trama civil de este nuevo tipo de periodismo de filtración. Un rombo perfecto. De hecho, Casals y La Razón ya no publican ninguna “exclusiva”, aunque podrían hacerlo casi a diario. Las bombas las reparte Ferreras con criterio, de modo que cuando llegó la hora de dar la puntilla a una Cifu que, como los toros bravos, se negaba a doblar, es OKdiario, que hasta entonces la había defendido con cierta tibieza, quien publica el vídeo donde la doña aparece sisando dos botes de crema en un Eroski. Parece que la tarde anterior, Moncloa fue informada de la palada de barro que iba a enfangar el rostro de la buena señora.    
      
Publica Eldiario, publica OKdiario –no sin que ambos presuman, en el colmo de la fantasía, de “semanas de dura investigación”- y la poderosa maquinaria de Atresmedia, con La Sexta cual mascarón de proa, se lanza de inmediato a pregonar la exclusiva en un reparto de papeles perfectamente delimitado. Clicks para los medios, visibilidad en plató y audiencia para las televisiones del grupo. Ventajas por doquier y dinero para todos, que de eso se trata, más la “profecía autocumplida” (en feliz expresión de Miguel Ángel Uriondo en El Español) del gran Mauricio: la señora, en efecto, ha terminado pasándolas putas. La Sexta, el instrumento de Mariano & Soraya para cepillarse al PSOE con la creación de Podemos, ha crecido hasta convertirse en un monstruo con autonomía propia, contra el que nada puede el poder crepuscular del marianismo. Estamos ante la consolidación de un emporio mediático (Casals & Ferreras y sus voluntariosos tertulianos) más potente del que en su día llegó a ser el Grupo Prisa (Polanco & Cebrián) e igualmente tenebroso, que, haciendo almoneda de toda clase de códigos deontológicos, cuenta con capacidad de tiro suficiente para arruinar a quien se le ponga por delante y para terminar convirtiéndose en un serio peligro para las libertades informativas, amén de la propia democracia. A estas alturas, es una evidencia que la corrupción periodística es quizá la más grave amenaza que se yergue frente a la regeneración de nuestras instituciones.

La voladura incontrolada del PP


La carrera política de Cifuentes pasó a mejor vida. Se lo ha ganado a pulso. La progre de derechas que llegó a la presidencia de Madrid dispuesta a abanderar la lucha contra la corrupción resultó estar prisionera de las mismas redes clientelares que aquellos a quienes pretendía denunciar. Ambiciosa y mentirosa compulsiva a partes iguales, solo la amnesia que la droga del poder provoca en la mente de quienes tocan moqueta puede explicar que, sabiendo como sabía de la existencia del vídeo de su hurto en el Eroski –y al parecer otros de tono más subido junto a Nacho González-, continuara en la poltrona de la Puerta del Sol como si tal cosa. ¿En qué condiciones de libertad podía operar una mujer sometida a potencial chantaje diario? Su regañina de despedida es todo un monumento a la indignidad: se va no solo sin denunciar a quienes la han “matado”, sino, y esto es la prueba final de su talante, sin pedir disculpas a los votantes del PP que la auparon al cargo y que evidentemente le importan una higa. Le espera un periplo judicial que puede acabar en calvario. A ella y a nuevas figuras del repertorio de la corrupción “popular” cuya estrella más reciente es Ruiz-Gallardón. Mucha gente se ha dejado mucho pelo en esta gatera, tal que María Dolores de Cospedal. Es el final del PP. La voladura incontrolada de un partido que durante la Transición fue garantía de estabilidad y gobernabilidad.

Voladura a los mandos del gran pirómano Mariano Rajoy Brey. Porque lo de Cifuentes, con ser escandaloso, podría resultar en el largo plazo una anécdota incluso pintoresca comparado con el destrozo provocado por la entrevista secreta que el martes noche mantuvieron en Moncloa Andoni Ortuzar, presidente del PNV, y el propio presidente. Sublime ocasión en la que Mariano se bajó los pantalones hasta los tobillos con concesiones inasumibles solo para conseguir el apoyo de los 5 votos peneuvistas a los PGE. Ni Montoro ni Fátima Báñez tenían idea de la tropelía. Jugando con los intereses de la nación, Mariano toma decisiones personales con el fin único de asegurarse año y pico más en el machito, concretamente hasta el otoño de 2019. Compra tiempo al precio que sea, y para ello hace almoneda de Cataluña, donde se ha comprometido a no obstaculizar el nombramiento de un nuevo Govern golpista, y se carga su propia reforma de las Pensiones de 2013. Abre la Caja dispuesto a tirar del dinero público con fines privados. Y con el Tesoro obligado a salir este año a los mercados para endeudarse en otros 30.000 millones. Lo ocurrido es tan grave que habrá que volver con detalle sobre ello. Una sensación de vergüenza embarga hoy a millones de españoles preocupados por el futuro de sus hijos y nietos. “Yo me estoy yendo; me encuentro enfrascado en tres procesos de selección al tiempo”, aseguraba el viernes un alto cargo, “porque me empieza a dar vergüenza personal decir que formo parte de este equipo. No hay nada que hacer; todo está podrido”.  


                                                                                   JESÚS CACHO   Vía VOZ PÓPULI

SOBRE LA FUNESTA MANÍA DE PENSAR




Ese dictum nunca estuvo, como tantos creen, en el frontispicio de la Universidad de Cervera (topónimo que no guarda relación con el Almirante de igual nombre y supuesta ideología prefascista que acaba de ser borrado de la historia de la España Heroica por la postfascista Colau), pero viene que ni pintado a cuento de la gota de agua fría que ha generado una ciclogénesis en el ámbito de la enseñanza pública que los españoles padecen.

Tuve yo la suerte de estudiar dos carreras (terminadas) y parte de otra (que no terminé) en una universidad que aún lo era. Me refiero a la Complutense, entre los años de 1953 y 1963, que son los que estuve en ella. En sus aulas sentaban cátedra maestros como Dámaso Alonso, Rafael Lapesa, Santiago Montero Díaz, Vicente García de Diego, José Luis Aranguren, Rodríguez Adrados, Miguel Artola, Joaquín de Entrambasaguas, Manuel Terán y Emilio García Gómez, entre otros muchos de gratísima memoria. Por todos ellos siento veneración y a todos ellos debo buena parte de lo que soy. 

Sertorio, nom de guerre y cauteloso burka bajo el cual se esconde en defensa propia un egregio profesor, acaba de publicar en la revista El Manifiesto un artículo titulado Titulitis. La redundancia es mía. En él habla de la pandemia (sic) provocada por ese "parásito endogámico al que llamamos universidad. Hasta el Plan Bolonia, que convirtió las facultades en máquinas tragaperras, estas instituciones académicas servían para proveer a la sociedad de cuadros medios y altos. Bastaba con una licenciatura de cinco años para convertirle a uno en un profesional. El resto de los saberes se adquirían con la experiencia.

"Como sabrá el lector que haya pasado por una de ellas -en especial las de Humanidades-, las facultades son ecosistemas protegidos, cerrados cultivos de laboratorio en los que no se adaptan especies exógenas y donde se producen fenómenos asombrosos de ciencia infusa, ya que el inmenso saber de profesores y catedráticos se transmite por la sangre y otros fluidos a hijos, nietos, sobrinos, primos, esposas y amantes, formando verdaderas dinastías, monarquías hereditarias en este foco de republicanismo. A esta casta de brahmines académicos hay que añadir una variada servidumbre de profesores asociados, doctorandos, alumnos de posgrado y demás famulato que busca un sitio en el departamento. A diferencia de la casta política, la académica no se elige, se accede a ella por ius sanguinis o por imposición de manos.

"¿De qué vive esta extraña tribu? De la ganadería. De despellejar, trasquilar y desplumar a la incauta fauna de bachilleres que entran en la facultad con el propósito de obtener un título. ¡Pobrecitos! No saben en qué laberinto de cursos van a quedar enredados hasta casi la cuarentena. Tampoco es muy extraño el que caigan como pardales en la red de los depredadores académicos. Los tiernos e imberbes alumnos que han salido de la enseñanza secundaria con una ineptitud insigne llegan al alma mater por centenares. Estas desnortadas bandadas de chorlitos son el producto de la moderna pedagogía, cuyo didacticismo extremo logra que un mozo alelado se gradúe de bachiller sin saber absolutamente nada, ni siquiera la españolísima gramática parda. Está por estudiar el papel de los pedagogos (o pedabobos) en la cretinización de la juventud europea de los últimos cincuenta años.

"Los cursos de postgrado sirven, en teoría, para suplir las lagunas (a veces verdaderos mares interiores) de ese bachillerato reforzado en que se han convertido las carreras universitarias. El alumno paga, realiza unos trabajos que son citas de citas que citan citas de otras citas y, al cabo de regurgitar un argumento de autoridad tras otro, recibe el fruto de su inversión y su tedio escolástico en forma de un título más que colgar en las tristes paredes de la casa paterna, donde el interesado rumia su paro entre convocatoria y convocatoria de oposiciones.

"El "conocimiento" que se imparte en las facultades de letras es especialmente sangrante. Las enseñanzas técnicas y científicas exigen un mínimo de calidad: no podemos permitir que los puentes se caigan con un chubasco, que los quirófanos se conviertan en salas de despiece o que los laboratorios exploten con mezclas chapuceras. Con las letras, los experimentos son siempre con gaseosa y no tienen mayores consecuencias prácticas. Secuestrados por la izquierda extrema desde los años ochenta, los departamentos de Humanidades son el más rígido, inmovilista y dogmático baluarte de la corrección política. Hoy ya no se puede dar una conferencia en una universidad si el ponente no pertenece a la izquierda radical. Por supuesto, la libertad de cátedra es una ficción jurídica, ya que los censores ideológicos vigilan en las aulas lo que uno dice. Si a eso le unimos el microespecialismo, que convierte al investigador en un minucioso erudito en naderías, tenemos bien claro el panorama desolador de la universidad, degradada a expendeduría de títulos y a elemento de agit-prop de la biempensancia, con todas las admirables excepciones (y su situación, luchando como están entre las fieras, no es desde luego de envidiar) que todavía pueden existir".

¿Algo que objetar?


                                            FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ  Vía EL MUNDO

El miedo a perder Madrid desempolva en Génova la 'operación Sáenz de Santamaría'

El vacío que deja Cifuentes extiende entre los dirigentes del PP la idea de que solo una candidatura de peso podrá salvar al partido del desastre de fracasar en su principal feudo


La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. (EFE)


La caída de Cristina Cifuentes y el vacío que deja en el cartel del PP para las elecciones de mayo de 2019 extienden entre los dirigentes del PP la idea de que solo una candidatura de peso ante la opinión pública, e incontestable de puertas adentro, podrá salvar al partido del desastre de fracasar en su principal feudo. No es solo José Manuel García-Margallo, la vieja guardia de los populares, destacados miembros del 'aparato' de Génova y barones veteranos señalan al banquillo del Consejo de Ministros, y más en concreto a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, como tabla de salvación en Madrid.

Los planes y objetivos del PP nacional para los comicios de dentro de un año saltaron por los aires con el caso del máster. Antes de que la ya expresidenta de la Comunidad se enredara en las explicaciones sobre su título, la aspiración de Génova era mantener el gobierno autonómico y recuperar la alcaldía de la capital. Cifuentes garantizaba la primera plaza en toda la región y podía 'tirar' de la candidatura municipal.

El nombre de Sáenz de Santamaría 'sonaba' desde el pasado año, la novedad es que la idea se ha generalizado en todos los estamentos del partido

Cifuentes era la principal valedora para que el vicesecretario general del PP, Pablo Casado, desembarcara en la política local como 'número uno' por Madrid. Ahora la aspiración de los populares es sobrevivir a la crisis del PP de Madrid y dar la batalla con lo que todavía consideran que son sus mejores armas: los pesos pesados del equipo de Mariano Rajoy. Casado se perfila como el presidente de una futura gestora para el partido en Madrid, pero no sería suficiente.

En fuentes del PP reconocen que la futura candidatura necesita a alguien de tanto peso como la 'número dos' de Rajoy en la lista por Madrid en las elecciones generales de 2011, 2015 y 2016: Sáenz de Santamaría. Y como diputada por Madrid y como hace todos los años, tiene previsto acudir el día 2 de mayo a la recepción de la Puerta del Sol que será presidida por el presidente en funciones, Ángel Garrido.



Si la vicepresidenta era citada antes como una baza segura para recuperar la alcaldía de la capital por su buena imagen, capacidad en la gestión y cualidades para hacer una buena campaña, ahora queda señalada en genérico para que protagonice el cartel, indistintamente para las autonómicas o para las municipales, pero como muestra de que el PP echa el resto y no da nada por perdido.

El índice de popularidad, clave


En los mismos medios recuerdan que los índices de popularidad que ofrezcan las encuestas a principios del próximo año serán un factor a tener en cuenta para la decisión final de las candidaturas para Madrid y en la decisión final que tome Rajoy. La vicepresidenta está ya más que auditada en ese terreno y, barómetro tras barómetro del CIS, cosecha la mejor valoración del gabinete.

El nombre de Sáenz de Santamaría para Madrid 'sonaba' en Génova desde el pasado año, la novedad desde la caída de Cifuentes es que la idea de hacer esa demostración de banquillo se ha generalizado en todos los estamentos del partido, y no solo entre sus presuntos adversarios como pueda ser García Margallo o el sector del 'aparato' que controla María Dolores de Cospedal. No se trata de empujarla para que se "foguee", para contrastar su valía como aspirante a la sucesión de Rajoy, como dice el exministro de Asuntos Exteriores, sino de resucitar al PP de Madrid con el fin de lograr una victoria, aunque los populares tengan luego que ir a medias con Ciudadanos, e incluso repartirse ambas instituciones.

Acostumbrada a ser citada como baza para ganar la alcaldía de Madrid, la vicepresidenta repite siempre que está a disposición del Partido Popular

Acostumbrada a ser citada como baza para ganar la alcaldía de Madrid, Santamaría repite desde 2015, cuando fue una alternativa a Esperanza Aguirre, que estará donde la ponga el partido. No obstante, en la Moncloa reconocían que sus aspiraciones eran otras, seguir en la vicepresidencia de momento, y apuntaban a Génova como fuente de instigación de su posible cambio de destino.
Rajoy no se plantea perder a su mano derecha, que es la columna vertebral del Ejecutivo. Sin embargo, la caída de Cifuentes ha hecho cambiar el panorama. Como admiten en la dirección nacional, de perder Madrid en mayo de 2019, la batalla por la sucesión de Rajoy en el Partido Popular no sería por seguir en la Moncloa, sino por la jefatura de la oposición después de los comicios generales del otoño o de principios de 2020.


                                                                                 ÁNGEL COLLADO  Vía EL CONFIDENCIAL