Las cuatro grandes debilidades de los presupuestos del Gobierno español

España limita el gasto público por su escasa capacidad recaudadora; gasta mucho en paro pero poco en políticas activas de empleo; destina pocos recursos a las familias, servicios sociales o pobreza; y los ciudadanos demandan más servicios pero ya pagan muchos impuestos

Los Presupuestos Generales del Estado que ha diseñado para 2018 el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, contemplan una recaudación en torno al 38% del PIB, con lo que el gasto público se verá limitado en la medida de lo posible a ese porcentaje si se pretende cumplir el compromiso con Bruselas de déficit cero.

Este planteamiento conlleva una apuesta clara por un Estado del Bienestar muy por debajo del que disfrutará la media de los países de la Unión Europea (UE).

Así, se detectan cuatro grandes debilidades en esos Presupuestos del Estado: limitación del gasto público por su escasa capacidad recaudadora; gran inversión para cubrir el paro pero pocas políticas activas de empleo; insuficientes recursos a las familias, a los servicios sociales o para paliar la pobreza; Y, aunque los ciudadanos demandan más servicios, consideran que ya pagan muchos impuestos.

En el trasfondo de esta cuestión planea la estrategia del Gobierno de, ante una recaudación insuficiente, reducir el déficit a costa de las rentas bajas, es decir seguir aumentando los gastos pero por debajo de lo que crezca el PIB.

De esta forma, el Estado de Bienestar se irá reduciendo respecto a la riqueza nacional en un escenario en el que el envejecimiento de la población va cobrando fuerza, lo que exige más recursos para cubrir el aumento del gasto en pensiones, mientras la natalidad no despega y se mantiene en tasas por debajo de las de países del entorno.

Montoro, en la presentación de los Presupuestos 2018

Escaso gasto público

Una primera cuestión a destacar es el gasto público español, que en porcentaje del PIB con datos de 2016 (últimos datos comparables) estaba en el 42,2%, y que ahora se deberá adaptar todo lo que pueda a la recaudación prevista del 38% para no generar más déficit, aunque la previsión del Gobierno para 2018 es del 40,5%.

En contraste, la media de los países de la zona euro estaba hace dos años en el 47,6% y la de la UE-28 en el 46,3%. Todos los países del entorno salvo Reino Unido (41,6%) mostraban porcentajes más altos que el español: Francia (56,4%), Italia (49,4%), Portugal (45%) o Alemania (44,2%). Y otro tanto se puede decir de los países del norte o centroeuropeos, según se puede observar en este gráfico, reproducido a partir de datos de Eurostat publicados el pasado 8 de abril en el diario El País.

La causa principal de este desfase, como indicábamos al inicio de esta información, es la deficiente capacidad recaudatoria de España, por debajo de la de la mayoría de países europeos.

Pero, ¿por qué España recauda menos que sus socios de la UE? Una de las razones es que su sistema tributario está lleno de parches que dejan muchos agujeros por los que escapa la recaudación: deducciones, exenciones, tipos reducidos, módulos, planificaciones fiscales o contribuyentes que se fugan a sociedades. A todo ello se suma una redistribución poco eficiente y equitativa.

El gasto público español, muy por debajo del de la media de la UE o la Zona euro

Sin políticas activas de empleo

Otra cuestión importante tiene que ver con el gasto en desempleo. Según datos de Eurostat, España gasta en la actualidad en pensiones un 12,8%, cercano a la media de la UE (12,9%) y por debajo de la zona euro (13,5%), pero destina casi el doble a desempleo, tal como recogía la información de El País.

Sin embargo, frente a este gran desembolso para paliar el paro, el presupuesto destina muy poco dinero a las políticas activas de empleo. Todo de va en subvenciones a parados.

De hecho, a mediados de 2017, la OCDE cargaba contra las políticas activas de empleo del Estado español al considerar que sigue siendo uno de los peor parados en este ámbito dentro de los 35 estados miembros, tal como se desprendía de su informe ‘Perspectivas de Empleo 2017‘.

Para la OCDE, a pesar de los avances conseguidos con la reforma laboral de 2012, “a fin de mejorar aún más el rendimiento, sería vital proseguir el esfuerzo de reforma, en particular, desarrollar y coordinar políticas activas del mercado de trabajo regionales para ayudar a los desempleados a encontrar empleo, así como mejorar la evaluación y el seguimiento de estas políticas”.

La organización resaltaba que España dedica el 3,9% del PIB a estas iniciativas frente al promedio del 15% en la OCDE y recomendó que las prestaciones de los parados deben estar “estrictamente supeditadas” a la búsqueda de trabajo.

La OCDE cargaba a mediados de 2017 contra las políticas activas de empleo del Estado español

Las familias y los pobres pagan el pato

Por otra parte, frente al gran desembolso que se hace en paliar el desempleo o atender las pensiones, el Estado español dedica mucho menos a las familias con hijos a su cargo, los servicios sociales, las ayudas para atajar la pobreza y el acceso a la vivienda, entre otros gastos sociales.

Al tener un desembolso en pensiones parecido al de la UE pero una partida para protección social incluyendo sanidad más pequeña (un 25% del PIB de gasto social frente a un 29% de la UE), el resultado es que España está entre los países de Europa que más dedican de sus presupuestos a las pensiones.

En ese sentido, la cuestión de fondo es que el Gobierno pone el acento en una población que envejece y cuyo voto le es favorable, aunque, con la oleada de las últimas manifestaciones, los pensionistas podrían acabar siendo la puntilla electoral del PP.

Hay analistas que apuntan que las dos principales prestaciones, las de paro y pensiones, se reconocen en función de lo que se ha cotizado y no de la necesidad que se tenga. Es decir, cuanto más se ha trabajado y cobrado, más se recibe del sistema. Por el contrario, existen pocas ayudas directamente dirigidas a combatir la pobreza, ayudar a las familias o dar acceso a la vivienda.

Al respecto, un informe de la Comisión Europea de enero de este año señalaba a España entre los países que menos ayudan a las rentas bajas y cuestionaba la eficiencia del sistema español de prestaciones sociales.

Según aquel estudio, España es junto a Italia el país en el que las prestaciones menos ayudan a las rentas bajas y, en proporción a la riqueza del país, donde las ayudas para reducir la pobreza son escasas.

“En la mayoría de los países miembros las transferencias sociales están en gran parte destinadas a las decilas bajas [en este caso una decila es dividir la población en función de sus ingresos en diez grupos, siendo el primer grupo el que menos renta tiene y el décimo el que más]. La decila inferior gana más de las transferencias sociales en Reino Unido e Irlanda y menos que en ningún otro país en Italia y España”, en proporción a los ingresos que genera cada Estado, concluía el informe.

Las ayudas a las familias con hijos, a los pobres o al acceso a la vivienda apenas tienen cabida en los presupuestos

Insuficientes servicios y muchos impuestos

Una última cuestión, en cierto modo paradójica, es la percepción de los ciudadanos en cuanto a los servicios y los impuestos. Como sostiene un ex alto cargo de Hacienda, uno de los problemas consiste en que los españoles “reclaman más servicios, pero tienen pero tienen la impresión de que ya pagan muchos impuestos”.

Según los expertos, el motivo de este pésimo comportamiento de España radica en que el Estado español recauda poco en comparación con la media europea y, para colmo, sus impuestos son poco progresivos: “los tipos efectivos suben poco conforme crecen las rentas”, afirma Jorge Onrubia, investigador de Fedea.

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