El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy.
EFE
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein negando la extradición a España de Carles Puigdemont
por el delito de rebelión cayó el jueves como una bofetada en pleno
rostro del Gobierno Rajoy, de la Justicia española, y de millones de
compatriotas que tomaron el fallo judicial alemán como una afrenta
intolerable a España, tan dados como somos a la exageración y al
tremendismo, tan apegados a ciertos complejos históricos de los que nos
cuesta un mundo desprendernos por mucho que podamos presumir de contar
con un país equiparable con ventaja en tantas cosas a los de nuestro
entorno. De más está decir que la frustración de la España
constitucional corrió pareja con el entusiasmo, inexplicable en buena
medida, de la tropa independentista, que, al parecer, se encuentra mucho
más cómoda ante un delito de malversación de fondos –posibilidad de
extradición que sí considera factible el tribunal- que ante uno de
rebelión. Es natural, ellos siempre han estado más familiarizados con el
choriceo que con la guerrilla. Ellos son más de robar que de levantarse
en armas.
Y a mí me parece que, siendo lo ocurrido un revés
inobjetable para nuestro Tribunal Supremo, el asunto se ha sacado de
madre por estos pagos. Entre otras cosas porque nunca hubo unanimidad en
torno a la calificación –rebelión o sedición- de los eventuales delitos
cometidos por los golpistas, y que incluso en la propia Audiencia
Nacional la discrepancia ha sido tan reciente como para que la juez Lamela haya empapelado al ex responsable de los Mossos, el mayor Trapero, por un doble delito de sedición y no de rebelión, justo lo contrario del criterio seguido por el también magistrado Llarena con Puigdemont y otros líderes del prusés
encarcelados. Hablar, por tanto, de que la peculiar decisión de la Sala
Primera de lo Penal del referido tribunal alemán ha “humillado” a los
magistrados del Supremo y, por extensión, a la entera justicia española
es sin duda un exceso o a mí me lo parece. Una de tila, por favor.
"Hablar de que la peculiar decisión de la Sala Primera de lo Penal del referido tribunal alemán ha “humillado” a los magistrados del Supremo y, por extensión, a la entera justicia española es sin duda un exceso o a mí me lo parece"
Peculiar decisión porque el texto conocido hasta ahora
avalando ese fallo, o al menos su traducción al castellano, se las
trae. Sencillamente se han vulnerado los automatismos sobre los que se
asienta la euroorden de extradición, según la cual el Estado requerido
(Alemania) debe limitarse a comprobar si los hechos descritos por el
magistrado requirente (España) y por él valorados, entran en un tipo
penal existente en su legislación, sin que quepa, como ha ocurrido en
este caso, entrar a valorar jurídicamente los hechos, como si fuera
competente para hacerlo. Un desatino, porque es al Estado requirente al
que corresponde valorar el fondo del asunto. “La gente aquí está
perpleja”, asegura un juez de la Audiencia de Barcelona, “en especial
los que llevan cooperación internacional. Nadie se lo puede creer. La
efectividad de las órdenes europeas de detención y entrega radica en que
se ejecutan sin necesidad de meterse a analizar los hechos relatados en
la causa. La euroorden se ejecuta y punto, porque el sistema está
basado en el reconocimiento de la mutua potestad para juzgar con las
garantías procesales que son del caso en cualquier sistema democrático.
Por eso resulta tan raro que el juez alemán se haya metido a analizar si
hay o no delito de rebelión, cosa que no le corresponde. Tan
sorprendente parece todo, que las sospechas no han tardado en aparecer”.
El
tribunal alemán no cuestiona el hecho de que durante el referéndum del 1
de octubre se produjera violencia (“Es cierto que los actos violentos
que tuvieron lugar el día de la votación se pueden imputar al acusado en
cuanto iniciador y defensor de la celebración del referéndum), pero le
parece que el grado de violencia ejercido no fue suficiente como para
poner al Gobierno español de rodillas (“dichos actos no bastaron para
someter al Gobierno a una presión tal que lo obligase a capitular ante
las exigencias de los perpetradores de la violencia”). Sorprendente.
Hubo violencia, ma non troppo. Un argumento mendaz según el cual los responsables del golpe de Estado del 23-F se hubieran ido de rositas, porque ellos, con Tejero al mando, tampoco lograron “doblegar la voluntad” (sic) del Estado, con Adolfo Suárez y el capitán general Gutiérrez Mellado
como sus excelsos representantes. Que el tribunal alemán haya entrado a
valorar la existencia o no de violencia sienta un precedente de
desconfianza interjudicial en la UE que pone en tela de juicio la
euroorden misma y que tendrá sus consecuencias en el marco de la Unión.
Un duro golpe para el proyecto europeo
El
que la justicia germana se desentienda de lo que pueda pasarle a España
con sus fronteras, mucho más estando allí prohibida la secesión, no es
una buena noticia para Europa y viene a poner en evidencia lo que ya
sabemos: la fragilidad del proyecto europeo, la falta de mimbres sólidos
con los que edificar una verdadera unidad en un espacio que nació
precisamente para consolidar las fronteras y acabar con los sangrientos
vaivenes provocados por las Alsacias y Lorenas de turno. Parece, pues,
que el juez alemán se ha extralimitado en sus funciones, aunque también
es posible que en la solapa de su corazoncito luzca un lazo amarillo,
veranee en Calella de Palafrugell, o tenga un cuñado indepe
en Mataró. En todas partes cuecen habas, y en todos los sistemas
judiciales hay magistrados venales o simplemente piernas. Ya no quedan
jueces en Berlín. Ello sin olvidar que el tribunal ha negado al botarate
su pretendida condición de perseguido por sus ideas políticas, del
mismo modo que le ha calificado de reo del delito de malversación de
fondos.
Lo que, con independencia de los caminos que
tome la justicia española para hacer frente a lo dispuesto por el
tribunal de Schleswig-Holstein, no parece en ningún caso una buena idea
es juzgar lo ocurrido en términos de herida del orgullo nacional.
Abdiquemos del tremendismo. No demos tal satisfacción a ese rancio
supremacismo independentista, en tantos detalles primo carnal del
totalitarismo nazi. El separatismo catalán está muerto y ellos lo saben,
por larga que resulte la conducción del cadáver de este nuevo carlismo
hasta el cementerio donde descansan este y otros horrores de la
Historia. No podría ser de otro modo. Entre otras cosas, porque Europa
se rompería en pedazos si cualquier región insolidaria pudiera
independizarse por la vía de los hechos consumados. Puigdemont tiene por
delante un futuro carcelario muy oscuro, y su carrera política está
acabada. Y ha sido el Estado, que no el Gobierno Rajoy,
quien ha derrotado al separatismo. Ha sido la movilización del pueblo
español, con el rey Felipe VI a la cabeza, quien ha dicho basta.
El Gobierno ha perdido sin paliativos la batalla de la comunicación, dentro y fuera de España, a pesar de la red de embajadas que pagamos con nuestros impuestos. Nada nuevo bajo el sol, cierto, pero sí la gota que colma el vaso de la paciencia de millones de españoles y la evidencia de la necesidad inaplazable de proceder a desalojar de la Moncloa a este esperpento de Ejecutivo
Porque lo ocurrido el jueves en el tribunal superior del
Land de Schleswig-Holstein ha venido a rubricar el fracaso de este
Gobierno en la gestión de la revuelta del nacionalismo catalán contra
España y su Constitución. Este me parece el meollo de la cuestión. La
batalla contra el independentismo, cuyos rescoldos tardarán en apagarse,
se ha ganado a pesar de este Gobierno de indigentes morales que hoy
ocupa el poder y que no ve el momento de pasar la estafeta del 155 al
primer indepe que levante la mano y lo pida, para
poder desentenderse del asunto. Un Gobierno que ha perdido sin
paliativos la batalla de la comunicación, dentro y fuera de España, a
pesar de la red de embajadas que pagamos con nuestros impuestos. Nada
nuevo bajo el sol, cierto, pero sí la gota que colma el vaso de la
paciencia de millones de españoles y la evidencia de la necesidad
inaplazable de proceder a desalojar de la Moncloa a este esperpento de
Ejecutivo que este fin de semana se ha ido a Sevilla a celebrar el éxito
logrado en Schleswig-Holstein y el brillante master de la señora Cifuentes.
Los primeros perjudicados, los grandes damnificados por el desalojo de Mariano Rajoy
de la Moncloa serían precisamente los independentistas, porque nunca
tales aprendices de brujo pudieron imaginar tan idílico paisaje para
ensayar su golpe como el que les ha proporcionado el ausente Gobierno
Rajoy, que además de puta del prusés ha puesto la cama, ha pagado el meublé,
ha financiado el golpe de Estado contra la democracia española. Un
cambio de Gobierno para asegurar que el golpismo no quedará impune, y un
aviso a navegantes a quienes, en otras latitudes de esta castigada
España, puedan sentir la tentación de emprender el mismo viaje hacia
ninguna parte. Si de verdad una mayoría del pueblo español está decidida
a acabar de una vez por todas con un independentismo dispuesto a
intentar de nuevo el asalto a las instituciones si se le da la
oportunidad, no hay más remedio que proceder cuanto antes a relevar del
poder al Partido Popular.
España está sin Gobierno
Un
cambio de Gobierno no solo para castigar a los golpistas, sino para
poner en marcha a un país que ahora mismo está parado; para acometer las
reformas estructurales que sigue reclamando no solo la economía, sino
la sociedad entera. España está sin Gobierno, y los españoles no
deberían consentir seguir en el dique seco dos años más porque así le
pete a un señor lastrado por sus cuentas pendientes con la Justicia y a
un partido corrompido, cuyo único objeto es la ocupación del poder. Albert Rivera
se enfrenta a una especial responsabilidad a la hora de poner fin a
este punto muerto. Es cierto que desde un punto de vista partidario, a
Ciudadanos le interesaría dejar correr el tiempo para alargar la agonía
de Rajoy y su patética troupe, pero ese es un lujo
que ni España ni los españoles se pueden permitir. Los PGE para el año
en curso podrían ser la clave de ese adelanto electoral que se antoja
urgente. Por encima de las cínicas protestas que propala de cara a su
parroquia, es una evidencia que el PNV está comprometido con su
aprobación –la posibilidad de que C’s pueda llegar a gobernar provoca
auténtico pavor en Ajuria Enea-, por lo que sería necesario que Rivera
diera un paso al frente y decidiera acelerar el inevitable curso de los
acontecimientos. España necesita asomar de nuevo la cabeza de entre las
miserias en que vive instalada. Ya es hora.
JESÚS CACHO Vía VOZ PÓPULI
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