El partido de Albert Rivera retirará su apoyo a la presidenta madrileña
en caso de ser investigada por supuestas trampas en la obtención de un
máster. La formación naranja sostiene que la posible responsabilidad
penal por "falsedad documental" no recaería sólo en la Universidad
Ignacio Aguado y Cristina Cifuentes
Efe
Ciudadanos no sostendrá a una presidenta regional investigada por la Justicia. En el partido de Albert Rivera, según fuentes internas, dan máxima relevancia a la denuncia interpuesta por varias asociaciones de estudiantes ante la Fiscalía Provincial de Madrid para que investigue la posible existencia de un delito de falsedad en documento público y cohecho en las notas del máster que obtuvo la presidenta autonómica Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
Tal es así que la dirección naranja prevé retirar su apoyo a la jefa
del Ejecutivo regional en caso de que el Ministerio Público decida que
debe ser investigada, apuntan las fuentes citadas.
El caso de Cifuentes estuvo ayer
presente en la reunión del Comité Permanente de la Ejecutiva nacional.
Los dirigentes del partido naranja coincidieron en el diagnóstico que
luego el propio Rivera se encargó de trasladar a la prensa: la obtención
del máster "huele mal" y presenta "demasiadas incógnitas y contradicciones".
Con todo, la formación naranja quiere escuchar este miércoles las
explicaciones que ofrezca Cristina Cifuentes en el pleno extraordinario
convocado en la Asamblea de Madrid. El portavoz de C's en la Cámara de
Vallecas, Ignacio Aguado, manifestó este lunes que "aumentan las sospechas de que nada se hizo de forma correcta".
Si las explicaciones de este miércoles no resultan convincentes tras las informaciones publicadas por eldiario.es,
Ciudadanos exigirá más transparencia a Cifuentes y dará sus siguientes
pasos con la vista puesta en el curso que siga esa denuncia interpuesta
por varias asociaciones de estudiantes. La Fiscalía Provincial de Madrid
deberá remitir el escrito a la Fiscalía del Supremo
al ser ésta la competente para incoar diligencias de investigación o
decretar su archivo, puesto que Cifuentes goza de aforamiento ante el
Alto Tribunal. El artículo 25 del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad de Madrid establece que "la responsabilidad penal del
presidente del Gobierno, vicepresidentes y de los consejeros será
exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".
De
este modo, en el supuesto de que el Ministerio Público actúe contra
Cifuentes y la presidenta regional continúe aferrándose al cargo,
Ciudadanos dejará a los populares en minoría en
la recta final de la legislatura. El acuerdo de investidura entre
populares y naranjas obliga en su artículo 3 a la "separación de
cualquier cargo público que haya falsificado o engañado en relación a su
currículum o su cualificación profesional o académica". Entretanto, el
líder del PSOE, Pedro Sánchez, deslizó ayer
que los socialistas están dispuestos a presentar una moción de censura
contra Cifuentes para devolver la estabilidad a la política madrileña.
Para que dicha iniciativa prospere, no basta con el apoyo de Podemos,
por lo que los votos de Ciudadanos son determinantes.
Pedrosa y Víctor Valdés
Para
Ciudadanos, señalan fuentes de la formación naranja, la posible
responsabilidad penal por "falsedad documental" no recaería sólo en la
Universidad, sino también en Cifuentes. En el partido de Rivera
sostienen que la presidenta regional no puede escudarse en supuestas
irregularidades de la Rey Juan Carlos, ajenas a ella. Y para explicarlo
remiten al caso de la compra de exámenes de patrón de yate por la que el
piloto Dani Pedrosa o el exportero del FC Barcelona Víctor Valdés, entre otros famosos, tuvieron que rendir cuentas ante la Justicia.
La
denuncia en cuestión solicita al Fiscal Superior de Justicia de la
Comunidad de Madrid que se cite a declarar "en condición de investigada"
a Cifuentes y que se adjunte una copia certificada del registro de
accesos al expediente académico de la presidenta regional.
Lo denunciantes son asociaciones de estudiantes de cinco universidades
públicas de Madrid: la propia URJC, la Universidad Complutense, la Universidad Politécnica, la Universidad Autónoma y la de Alcalá de Henares.
A
su vez, estos colectivos reclaman al Ministerio Público que requiera
los correos electrónicos y las comunicaciones de Cifuentes con su tutor
del Trabajo de Fin de Máster (TFM) y las
anotaciones y evaluaciones a la confección del mismo, así como copia o
documentos de haber depositado el citado TFM "en tiempo y forma
correspondiente al curso académico 2011/12". También piden que se tome
testimonio a la funcionaria que modificó el expediente académico, al
tutor del trabajo del máster, así como a la persona designada por el
servicio informático de la URJC que volcó la información y las actas de
evaluación.
El escrito sostiene que en el ejercicio
2014 se modificó el expediente de Cifuentes con dos años de retraso para
"alterar" las evaluaciones de una asignatura y del TFM, existiendo "dudas razonables"
acerca de la identidad del tutor del trabajo. Además, recoge que, con
la normativa de la universidad de 2007, la presidenta regional no podía
haberse presentado al TFM si figuraba una asignatura no presentada en su
expediente.
SEGUNDO SANZ Vía VOZ PÓPULI
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