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miércoles, 4 de abril de 2018
EL PECADO DE ABJURAR DEL PACTO DEL 78
El independentismo está prisionero de su ideología desde que decidió que el consenso constitucional debía enterrarse
La número dos de ERC, Marta Rovira (c), y el secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès (i). (EFE)
España es una nación muy plural, compleja, que tiende a la división y con bastante y bien repartido mal café. Por eso, el pacto posfranquista del 77 —la Constitución del 78—
entre los que ganaron y los que perdieron la guerra del 36 (o entre sus
herederos) fue relevante y muy positivo. Habla de la indivisible unidad
de la nación española y de las nacionalidades y regiones que la forman.
¿Por qué nacionalidades? Fue una forma confusa y algo elíptica de
admitir algún grado de plurinacionalidad. Acotándola mucho.
El gran error del independentismo
es haberse querido saltar por las bravas aquel pacto ignorando además
la realidad de Cataluña y de España. Cuando el Estatut, salido con gran
mayoría de la cámara catalana, corregido y aprobado luego por el
parlamento español y votado en referéndum en 2006, fue modificado
parcialmente por el Tribunal Constitucional cuatro años después a instancias del PP, una parte sustancial del catalanismo (CDC)
declaró muerto el marco constitucional y estatutario y emprendió la
marcha hacia el separatismo. Fue además un grave error de cálculo. Si
todo el catalanismo, con el PSC a la cabeza, no había logrado sacar integro un Estatut de mayores competencias, era iluso pensar que solo una parte de ese catalanismo, convertido al separatismo, lograría un referéndum de autodeterminación o un Estado propio.
Si los más (con el PSC) no habían conseguido lo menos, ¿cómo los menos
(sin el PSC) lograrían lo más? Era totalmente ilógico y sobrevalorar las
propias fuerzas.
El
secesionismo, con los dirigentes en la cárcel, está dividido y no sabe
ni escoger 'president'. No se pueden descartar otras elecciones
Y lo mismo pasó cuando tras las plebiscitarias de 2015 y con un 47,7% de los votos (un 40% sin la CUP) Artur Mas y Oriol Junqueras presumieron de tener un mandato democrático para la independencia en 18 meses.
Cuando se confunde el 47,7% con 'todo un pueblo', es que hay que ir al
oculista. Y el gran error —mucho más grave— se repitió el 27-O, violando
la Constitución y proclamando la independencia
con 72 diputados cuando el Estatut dice que para cualquier cambio
estatutario se necesita una mayoría de dos tercios (90 diputados). Aquel
acto fue casi irreparable, porque permitió que el conflicto catalán
pasara de la negociación política al ámbito del Código Penal y ha llevado al exilio o al encarcelamiento del Gobierno que lo impulsó.
Unos dirigentes con un mínimo de prudencia lo debieron contemplar,
hacer marcha atrás y convocar elecciones. Es lo que aconsejaron tanto el
'conseller' Santi Vila (PDeCAT) como el de Justicia, Carles Mundó (ERC), y ese fue el intento de mediación de Urkullu. Pero Puigdemont y Junqueras no quisieron ver la realidad o no se atrevieron a confesar a sus seguidores que lo que tanto habían prometido no era posible.
Ahora,
con los máximos dirigentes en el exilio o en la cárcel, es evidente que
el independentismo se tiene que plantear admitir la realidad, elegir
con rapidez un 'president' de la Generalitat e intentar —sin que sea
necesaria ninguna renuncia de futuro— encauzar el presente con realismo.
Es lo que quiere ERC y acaba de verbalizar Pere Aragonès —el líder improvisado del partido tras el encarcelamiento de Junqueras y la huida de Marta Rovira—, lo que piensan los dirigentes del PDeCAT e incluso los de Òmnium Cultural, entidad que fue fundada como de resistencia catalanista al franquismo y cuyo presidente, Jordi Cuixart, está en la cárcel.
Es también por lo que abogan en sendos y meditados artículos en 'Ara' tanto Esther Vera, la directora del diario, como Joaquim Coello, un maragallista que tuvo un destacado papel en el intento de que la mediación de Urkullu
llegara a buen puerto. Y es lo que desea —a veces como mal menor— gran
parte de la sociedad catalana no secesionista, empezando por los dos
grandes diarios de Barcelona.
Pero tampoco está garantizado que
ahora el sector pragmático del secesionismo se pueda imponer, porque el
núcleo radical, encabezado por Puigdemont y sus 15 o 20 diputados de Junts per Catalunya, prioriza una estrategia de confrontación con el Estado y ya ha propuesto sucesivamente tres candidatos —Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull— que en las circunstancias actuales son inviables. En este vector, la nueva presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha declarado que la situación actual de bloqueo beneficia al independentismo y perjudica al Estado. Y hay diputados de JxCAT (Quim Torra sería quizá su máximo exponente) que apuestan por el 'cuanto peor, mejor', apoyan las acciones de los CDR y no descartan unas nuevas elecciones.
El PP no se beneficia del fracaso independentista y Rajoy ve amenazada la estabilidad lograda el año pasado
La
conclusión es que el secesionismo, atrapado en el ideologismo
independentista y en las luchas intestinas que genera, puede perder la
oportunidad de aprovechar la oportunidad que le brindaba el haber conservado la mayoría absoluta en las elecciones del 21-D. Y la causa es el error arrastrado desde 2010:
quererse saltar el pacto del 78 (para todos, algo insatisfactorio y por
lo tanto operativo) y no querer ver la realidad y la relación de
fuerzas ni en la sociedad catalana ni en el conjunto de España. Por eso
no se puede descartar una repetición de elecciones el 22 de mayo.
Pero el fracaso del independentismo no está beneficiando al PP,
un partido constitucionalista rígido pero que, al contrario que la UCD,
el PSOE, el PCE y CDC, no suscribió del todo el pacto del 78. Para
empezar, el gran beneficiario electoral del conflicto en el resto de
España no es ya el PP (contra el PSOE) sino Cs (contra el PP y el PSOE).
Además, la judicialización total del conflicto —de la que el PP es
también responsable— ha sacado el asunto de la vía política y lo ha
llevado a la órbita de la justicia penal. Y los jueces están para
aplicar la ley y condenar a los culpables (si lo son y se demuestra),
pero no para arreglar un contencioso político. La raíz del conflicto
catalán no está solo en el error —o el posible delito— de los dirigentes
secesionistas sino en el hecho de que en 10 años el independentismo
haya saltado del 20 o 25% del electorado al 47%. Y este fenómeno no lo va a solucionar la sala segunda del Supremo.
Pero
más allá de las consecuencias a medio y a largo plazo, el problema
inmediato para Rajoy es que el bloqueo catalán —si continúa y se tiene
que ir a nuevas elecciones, incluso si no se soluciona antes de finales
de abril— puede impedir la aprobación de los Presupuestos de 2018, que Montoro presentó ayer,
lo que rompería la estabilidad política lograda el pasado año con el
voto favorable a las cuentas públicas del PP, Cs, el PNV y dos diputados
de dos diferentes partidos canarios. Y mantener una mayoría
parlamentaria —aunque sea bastante contradictoria— es la gran baza de Rajoy para agotar la legislatura y que la estabilidad política ayude a mantener la recuperación económica y la creación de empleo.
El PP exige el respeto a la Constitución, pero quizá sea víctima de no haber mantenido el espíritu pactista del 78.
El liquidar a Felipe como objetivo del aznarismo o el echar a Zapatero
como prioridad quizá no sean solo consecuencias lógicas del combate
político. En todo caso, dejan huella.
Y
ahora el PP se encuentra con el problema de que el PNV no quiere votar
los Presupuestos mientras el 155 esté vigente en Cataluña. Se habla del
intolerable chantaje del PNV, pero Andoni Ortuzar, el presidente del partido, lo explicó en el Aberri Eguna:
“La mera existencia del 155 y la aplicación en Cataluña es también un
ataque a Euskadi y a nuestra idea de autogobierno… Porque los jueces
están decidiendo quién puede gobernar y quién no, por encima de la
voluntad popular (...) nosotros con el 155 no jugamos”.
El PNV quiere negociar los Presupuestos pero ve en el 155 catalán también una posible amenaza al autogobierno vasco
La realidad es que el PNV querría poder negociar —y votar— los Presupuestos, cree además que el independentismo se está equivocando mucho y Aitor Esteban
lo dejó claro en Radio Euskadi: “El nacionalismo catalán debe ponerse
las pilas para que haya Gobierno y presidente de la Generalitat cuanto
antes mejor (…) en Cataluña falta cierta clarividencia y liderazgo
político”.
Lo que pasa es que el PNV no quiere hacer nada que avale el 155 para no perjudicar su estabilidad interna,
o dañar su posición en Euskadi, pero sobre todo porque ve en el 155 una
posible amenaza a la autonomía vasca. Curiosamente, el PNV, que no votó
la Constitución, y que con Ibarretxe intentó aquello del Estado libre,
ha aprendido con el tándem Urkullu-Ortuzar las ventajas de la
normalidad. Pero ve en el 155 una anormalidad y una posible amenaza. En
todo caso, teme cualquier revisionismo autonómico que pueda llegar a
afectar al concierto.
El presidente del PNV, Andoni Ortuzar (d), y el lendakari, Iñigo Urkullu. (EFE)
El
independentismo catalán sufre por haber abandonado irresponsablemente
el pacto del 78. El nacionalismo vasco quiere conservar los derechos
históricos que recoge la Constitución del 78 que no votó e intenta
blindarse ante todo posible revisionismo centralista. Y el PP sufre las
consecuencias de que el secesionismo catalán se haya lanzado a la
aventura. Pero también tiene responsabilidad, porque su actuación cuando
el Estatut (y después) ha pecado de miopía.
¿Es
inteligente que ministros relevantes del PP coreen en plena crisis
política el 'Soy el novio de la muerte' del himno de la Legión?
Un detalle lo dice todo. Que cuatro ministros del Gobierno —incluido el portavoz y democristiano Méndez de Vigo— asistan a un acto de la Legión en Semana Santa y coreen el 'Soy el novio de la muerte', una bonita tradición según su portavoz, el tan hábil como cínico RafaelHernando,
es su derecho. Pero no es demasiado inteligente para un partido que
presume de encarnar en España el centro-derecha europeo, que quiere el
apoyo del PNV a los Presupuestos y que debe torear el conflicto catalán.
El pacto del 78 fue casi un milagro en la convulsa historia moderna de España
y todo proyecto político sensato debe reflexionar mucho antes de
romperlo. No solo el articulado sino también la voluntad de resolver
negociando las diferencias. Revisar el ambiguo pacto del 78 —hacia más
autonomía o/y hacia la fijación clara de las competencias del Estado— es
necesario, pero poner la pasión por encima de la cautela es lo que nos
ha llevado a la situación actual.
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