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jueves, 26 de abril de 2018
Montoro y las preguntas sobre el dinero público del 1-O que se negó a responder
Realicé dos baterías de preguntas a
Montoro sobre el control del presupuesto en Cataluña y meses después
sigen sin respuesta, incumpliendo todos los plazos reglamentarios
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)
“Ni
un euro del Presupuesto de la Generalitat se ha destinado a día de hoy a
financiar el referéndum del 1 de octubre”. Esto es lo que declaró el
Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,
el pasado 31 de agosto en la Comisión de Hacienda del Congreso. No fue
una frase que se le escapara, sino que fue precisamente eso lo que vino a
contar, y de hecho lo repitió tres veces. Más aún,
Montoro señaló que no iba a haber referéndum el pasado 1 de octubre,
precisamente porque éste no se iba a celebrar por carecer de
presupuesto.
Todos sabemos lo que pasó el 1 de octubre, pero no todo el mundo sabe que sólo Ciudadanos puso en duda el 31 de agosto las palabras de Montoro. A mí entonces me parecía que si la única garantía de que el dinero público no iba a finalidades ilegales, como el referéndum separatista del 1-O eran los certificados enviados por Oriol Junqueras
a Montoro, ésa no era una garantía bastante. Montoro, a la vista de sus
declaraciones de la semana pasada, no ha dejado que la realidad cambie
su opinión. Yo sí he cambiado de opinión, a mí no es que me parezca que
los certificados remitidos por Junqueras no sean garantía bastante, es
que simplemente no me parecen ninguna garantía. En lo
que no he cambiado de opinión es en la imprescindible necesidad de
enviar una misión de control a Barcelona de la Intervención General de
la Administración del Estado. Esto lo permite la normativa del FLA, pero
hasta la fecha el Ministerio de Hacienda se ha negado.
De hecho, me di cuenta el cinco de septiembre, cuando vi los primeros anuncios del referéndum separatista en TV3. Evidentemente, producir y emitir los spots
cuesta dinero, y los anuncios del referéndum separatista no son una
excepción. Sobre esta cuestión realicé dos baterías de preguntas al
Gobierno, que como todo lo que he preguntado sobre la gestión del
gobierno de España en relación con su gestión en Cataluña, sigue meses después sin respuesta,
incumpliendo todos los plazos reglamentarios e ignorando incluso el
amparo de la Presidenta del Congreso. La única respuesta que he recibido
sobre este tema, se refería a si el Gobierno sabía cómo financiaba Carles Puigdemont
sus gastos y su tren de vida en Bélgica. La respuesta era simplemente
que no tenía ni idea. Era una respuesta honesta aunque contradijese lo
que en ese momento declaraban tanto la vicepresidenta Sáenz de Santamaría como el Ministro Portavoz Méndez de Vigo…
No es que los certificados remitidos por Junqueras no sean garantía bastante, es que no me parecen ninguna garantía
Unos meses más tarde supimos que los anuncios de septiembre fueron a cargo del presupuesto del Departamento de Presidencia de la Generalitat.
Por ese hecho, el Gobierno de España, en funciones de Govern de
Catalunya, aplicando el artículo 155 de la Constitución, tuvo que
destituir al responsable, el secretari de difusió i atenció ciutadana
del departamento de Presidencia, Antoni Molons. Como el
lector ya se podrá imaginar, ese cese sólo se produjo tras la detención
de Molons a instancias del Juzgado de Instrucción número 13 de
Barcelona, que investigaba, entre otras cuestiones, la financiación del
ilegal referéndum separatistas del 1 de octubre.
De hecho, los altercados más violentos,
hasta la fecha, del procés se produjeron durante el registro de la
Conselleria d’ Economia el pasado 20 de septiembre a instancias,
precisamente del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Ese día,
los famosos “Jordis” subidos a un coche quemado de la Guardia Civil
arengaban a una multitud convocada por la ANC y Omnium Cultural, que
puso en graves dificultades a que la comisión judicial pudiese salir de
los edificios. Todo esto no parece que fuese una casualidad sino que se
realizaba precisamente porque se estaba siguiendo el rastro del dinero público empleado en el golpe a la democracia en Cataluña.
Unos días antes, tanto la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, como el entonces Vicepresidente, Oriol Junqueras, remitieron sendas cartas al Ministerio de Hacienda, en las que negaban a remitir más certificados
a Hacienda porque, según ellos, la ley del referéndum de
autodeterminación de Cataluña no se lo permitía. Recordemos que estamos
hablando de una ley suspendida ya por el Constitucional, y que era
descaradamente inconstitucional y nula. Uno puede pensar que si se
negaban a remitir certificados de no estar empleando dinero público en
un referéndum ilegal, basándose en la ley del propio referéndum, no era
precisamente porque no se estuviese empleando ni un euro de dinero
público en el ilegal referéndum separatista…
Los altercados más violentos se produjeron durante el registro a Economía, cuando se seguía el rastro del dinero público
Pero en fin, a todo esto siguió que el ilegal referéndum se celebró,
eso sí, sin la más mínima garantía, ni censo, ni recuento.
Posteriormente, y después de que Ciudadanos reclamase insistentemente la
aplicación del artículo 155 de la Constitución para poder restablecer
la legalidad, la democracia y que se pudiesen convocar elecciones
autonómicas, el gobierno de Rajoy tuvo que hacerlo ante la declaración
unilateral de independencia decidida por los separatistas en el
Parlament.
A
día de hoy, increíblemente Rosa Vidal sigue siendo la interventora
general de la Generalitat: el gobierno de Rajoy no ha querido cesarla, y
no ha querido enviar interventores del Estado pese a
la constante reclamación de Ciudadanos. También ha sido increíble que
Rajoy señalase hace unos meses que podía garantizar que ni un euro del
FLA se había destinado a finalidades ilegales, cosa imposible de garantizar,
al menos en esta situación. Y de forma todavía más increíble e
irresponsable, el ministro Montoro volvió a señalar la semana pasada que
podía asegurar que ni un solo euro público se había desviado del
presupuesto público para financiar el ilegal referéndum separatista del 1
de octubre.
Montoro, pese a las pruebas y a todo tipo de indicios, podía señalar que no le constaba,
lo que ya era una enorme favor a los los principales responsables del
golpe a la democracia en Cataluña. Sin embargo, Montoro fue mucho más
allá y certificó un hecho negativo que ni él ni nadie está en
condiciones de garantizar: que ni un solo euro se había destinado a un
golpe en el que estaba implicado todo el gobierno que gestionaba un
presupuesto consolidado de más de 20.000 millones de euros.
En Ciudadanos, como en tantas otras ocasiones, nos hemos quedado solos reclamando y defendiendo que Montoro venga al Congreso a dar explicaciones de unas manifestaciones absolutamente irresponsables, que entorpecen gravemente la acción de la justicia.
Confiamos en que tarde o temprano dé explicaciones no sólo de lo qué
dijo, sino sobre todo de por qué y para qué lo hizo. Y si se demuestra
que, en sus declaraciones o en las de Rajoy ante el Pleno del Congreso
en el mismo sentido, ambos faltaron gravemente a la verdad o estaban
completamente equivocados, el Gobierno del PP asuma responsabilidades.
Es lo mínimo que los españoles merecen.
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