Manifestación independentista de este fin de semana en Barcelona
efe
Pues no está nada claro, la verdad, o cada día está más
oscuro. Con el independentismo empeñado en la internacionalización del
conflicto que mantiene con la oprobiosa España, su Constitución y sus
leyes, el Gobierno que preside Mariano Rajoy
sigue sin dar la cara, desaparecido en combate, sin tomar ninguna
medida que permita intuir un final feliz para los intereses de la España
democrática. Es como si el Estado estuviera librando la batalla contra
el golpismo con la única ayuda del poder Judicial, porque el Ejecutivo
ni está ni se le espera. Y del Legislativo, mejor ni hablar.
Desaparecido de la escena del crimen, el Gobierno hace tiempo que no
comparece, que ni siquiera opina. Y cuando lo hace, simplemente es para
empeorar la situación. Para dar la razón a los sublevados o para
echarles un cable. Es la novedad más reciente de esta bochornosa
situación: que ya no sabemos para quién vendimia Mariano; que ya no está
nada claro que este Gobierno quiera de verdad derrotar al
independentismo.
La alarma se extendió cual mancha de aceite tras la
sorprendente declaración con la que Mariano saludó el fallo del tribunal
de justicia de Schleswig-Holstein en torno a la extradición de Carles Puigdemont, y el posterior posicionamiento de la ministra federal de Justicia, Katarina Barley, una señora que vino a decir, o a sugerir, que España no es un país libre en el que Puchimón
pueda tener un juicio justo, un comportamiento que a Mariano, a la
sazón en Buenos Aires, le pareció “modélico” (sic), porque “el Gobierno
alemán ha dicho que no tiene por qué entrar en un tema que no le
corresponde porque eso es un asunto judicial” (…) “Nadie de ningún
Gobierno debe entrar en hacer comentarios sobre este tema” (…) “Por
tanto, su comportamiento me ha parecido propio de una nación europea de
las clásicas y de las de primera”. De donde se deduce que la ministra de
la cebada debe ser un ujier del ministerio de Justicia federal, pero
no, desde luego, la titular de la cartera. Desconcertante. E inaceptable
que al Gobierno de España le parezca perfecto el sopapo propinado por
un tribunal alemán de menor rango al Supremo español.
Esta
misma semana hemos asistido a otro episodio donde el silencio del
Gobierno, su escandaloso mutis por el foro, ha retumbado por las cuatro
esquinas de la piel de toro. Me refiero a la presencia de CC.OO. y UGT
entre las organizaciones convocantes de la última manifestación en
favor de los “presos políticos” celebrada en Barcelona. En este
episodio, como en tantos otros, el Ejecutivo no ha dicho ni mú. Ni una
leve crítica a esos desnortados dirigentes capaces de transformar a los
sindicatos mayoritarios en simples comparsas de un entramado golpista,
capaces de convertir a CC.OO y UGT en perritos falderos de esas
xenófobas elites de la derecha catalana que reclaman Estadito
propio para poder seguir robando a mansalva sin que les moleste ningún
juez o justicia que no hayan elegido ellos. Silencio tanto más
sorprendente cuanto que el Ejecutivo tiene medios más que suficientes
para ponerles contra la pared, sin ir más lejos, vía las subvenciones y
el dinero de la formación para el empleo con el que esos sindicalistas
financian su acomodado nivel de vida.
Ni una leve crítica a los desnortados dirigentes sindicales
Mariano calla. Mariano necesita a los sindicatos para
lidiar su particular batalla política. Este Gobierno en minoría reclama
la ayuda de los dirigentes sindicales para firmar acuerdos (en
diciembre, la subida del SMI hasta los 850 euros en los próximos tres
años; y en marzo la del sueldo de los funcionarios para el mismo
periodo) que no puede alcanzar con los partidos, y con los que pretende
presionar en la negociación de unos PGE para 2018 que la izquierda (sin
ningún fundamento, porque estamos ante unos presupuestos descaradamente
socialdemócratas) critica con dureza. Se trata de que Mariano pueda
argumentar que los partidos no le apoyan en el Parlamento, pero que los
sindicatos sí lo hacen en la calle, razón por la cual la presencia
sindical en la manifaindepe
del domingo no le produce el menor rechazo, ni frío ni calor, cero
grados, y demos gracias que no salga en la tele o llame a su despacho a
la agencia EFE para decirnos que lo de UGT y CC.OO. desfilando del brazo
del nazionalismo le parece perfecto, un ejercicio
de democracia por parte de los sindicatos más democráticos del mundo.
Como lo del Gobierno alemán, más o menos.
Las declaraciones del sargento Montoro
El
último episodio que ha venido a cuestionar la existencia de un Gobierno
empeñado en defender la unidad de España y la vigencia de su
Constitución, lo acabamos de tener con las declaraciones del sargento Montoro.
“Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de
octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero
público”, manifestaba el lunes en El Mundo. Escándalo al por mayor. De modo que ayer mismo, el juez Llarena
se vio en la obligación de requerirle para que, “a la mayor brevedad
posible”, le facilite el “soporte objetivo” que le permite afirmar que
en el referéndum del 1-O no se emplearon fondos públicos. Justo ese día,
el magistrado, instructor de la causa abierta en el TS contra los
líderes del prusés, comenzaba a interrogar a
quienes se hallan en prisión preventiva. Y como era de prever, los
procesados se han aferrado en sus comparecencias al salvavidas que
oportunamente les ha lanzado el genial Montoro para negar la existencia
del delito de malversación. ¿Cabe mayor dislate? ¿Son demasiado torpes o
estamos ante gente demasiado lista que cree que los demás somos
demasiado tontos?
Tanto Junqueras, como Rull y Turull, el famoso dúo Tururú del independentismo, se han agarrado al clavo ardiendo tendido por el ministrín:
si el propio titular de Hacienda dice que en el referéndum no se
utilizó un euro público, y si afirma que desde septiembre mantiene un
férreo control sobre los 35.000 millones que maneja la Generalitat
intervenida, entonces nosotros, señoría, querido juez Llarena, no
tenemos más que decir amén. Increíble, pero cierto. De modo que ahí
están los jueces tratando de cumplir con su deber de aplicar la ley en
contra no solo de los golpistas, que obviamente niegan la mayor, sino
del propio Gobierno de la nación. ¿Está Montoro intentando “blanquear”
el golpe siguiendo instrucciones de su jefe y amigo, el inquilino de la
Moncloa? ¿Se trata de eso? ¿O se trata de cubrirse las espaldas ante la
contingencia de que un día de estos llegara a demostrarse que el asalto a
la legalidad se financió con dinero público por falta de celo del
titular de Hacienda? ¿Se trata del miedo que les embarga a una denuncia
contra todos ellos, contra el Gobierno entero, por no haber cumplido con
su obligación de aplicar la ley y hacer guardar la Constitución?
Decir que no se malversó dinero público es dar la razón a los golpistas que sostienen que la rebelión se ha financiado del aire
Decir que no se malversó dinero público es dar la razón a
los golpistas que sostienen que la rebelión, en la cual se han
invertido ingentes sumas de dinero durante años, se ha financiado del
aire. El affaire Montoro debería ser motivo
suficiente para que los españoles se echaran a la calle decididos a
exigir la dimisión del Gobierno. Que el poder judicial se vea en la
obligación de corregir al Ejecutivo en un caso de golpe de Estado es de
una gravedad extrema o a mí me lo parece, revelación en todo caso de que
este Gobierno refugiado bajo las togas de los jueces es incapaz de
hacer frente a un desafío de esa naturaleza y que hay que sacarlo de la
Moncloa cuanto antes. Mariano está hundiendo al PP y parece decidido a hundir en el mismo naufragio a España
entera. No lo deberíamos permitir. A la España democrática, la España
que con todas sus insuficiencias ha sido capaz de garantizar el mayor
periodo de paz y prosperidad de nuestra historia, le va en ello su ser o
no ser.
JESÚS CACHO Vía VOZ PÓPULI
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