El rector de la URJC, Javier Ramos, junto al catedrático Enrique Álvarez Conde, director del Máster, el pasado 21 de marzo.
De manera que aquí hay por el momento dos casos distintos aunque íntimamente vinculados. Uno es el de las mentiras sostenidas contra viento y marea por Cristina Cifuentes con una seguridad tan aplastante que convierte en crecientemente ofensivos sus embustes. Que todo este fraude haya sido desvelado por un profesor despechado que se quería cobrar una o varias piezas por venganza o por afán justiciero es en este momento una cuestión significativa de cómo se les gastan en los ambientes universitarios españoles -la URJC no es una rareza en medio de un estanque de quietud y paz- pero para la cuestión que nos ocupa podemos considerarlo irrelevante. Ha tenido el valor, eso sí, de destapar la primera y más llamativa de las irregularidades -ya veremos si también delitos- de los cometidos dentro de las aulas de ese Instituto. No ha podido demostrar la señora Cifuentes que haya elaborado ese Trabajo de Fin de Máster porque dice que no lo ha encontrado pero lo malo es que no solo no está guardado en su ordenador, que sería lo lógico en estos tiempos, sino que tampoco se ha encontrado en la propia Universidad, cuyos responsables han declarado ya que no existe el acta que acredita que ese TFM se haya presentado y se haya defendido. No ha podido explicar tampoco cómo milagrosamente aprobaba con sobresaliente asignaturas que ya habían dejado de impartirse cuando ella se matriculó. Ni ha podido aclarar tantas otras preguntas que pedían a gritos respuestas. Y, aunque durante su comparecencia ante el pleno de la Asamblea de Madrid se defendió bien y en un tono convincente, tras las sucesivas informaciones publicadas, su versión se ha ido debilitando cada vez más hasta que le ha sido imposible construir un relato verosímil de su paso por ese máster y todo el chiringuito montado en torno a él se le ha caído con estrépito.
Lo esencial es esto: Cifuentes ha mentido con toda la boca y con todo el desparpajo.
Aunque todavía falten muchos detalles por conocer, el asunto ha quedado claro en lo esencial. Y lo esencial es esto: Cifuentes ha mentido con toda la boca y con todo el desparpajo. Y eso, mentir con ese aplomo y ese descaro no sólo la va a sacar de la carrera política sino que se va a llevar por delante toda la imagen de rectitud, honestidad e intolerancia contra la corrupción que durante tantos años y con tanto esfuerzo ha venido construyendo para sí misma. Si hubiera dicho de primeras que, efectivamente, se había tuneado el currículum habría simplemente pasado a engordar el regimiento de políticos españoles que han hecho lo mismo y a los que, al final, se les ha perdonado la trampa. La lista es interminable y la mayor parte de ellos no han pagado el precio exorbitante que le va a tocar apoquinar a Cifuentes por empecinarse con tanta insistencia en el engaño.
Ése es el primer aspecto de la saga de los másteres. Pero el segundo afecta de lleno a la Universidad Rey Juan Carlos que tiene incrustado dentro de sí al Instituto de Derecho Público cuyo director ha demostrado tener comportamientos de un estilo más calabrés, por decirlo suavemente, que académico. Este Enrique Álvarez Conde ha demostrado no solamente ser un consumado embustero y manipulador a quien no le importa lo más mínimo inventarse unas inexistentes exigencias del rector de la Universidad, Javier Ramos, para que “reconstruya” -a mano y sin sello alguno que acredite su autenticidad- unas actas que en realidad nunca se elaboraron. Es también un chantajista que amenaza a sus discípulas, ahora profesoras de esta Universidad, con hundir su carrera docente si no se pliegan a las exigencias de falsificación que les reclama.
Evidentemente, ésta debe de ser una costumbre muy arraigada en el catedrático porque para actuar con tanta soltura y autoridad se necesitan muchas horas de prácticas. No nos sorprendamos, por lo tanto, de ver más pronto que tarde los nombres de muchas personas conocidas que, de forma consciente o con ingenuidad han caído en las redes de este hombre que lo mínimo que merece es una expulsión fulminante de lo que evidentemente había convertido en su feudo y en su foco de poder. El rector de la URJC hace bien tomando inmediatamente la iniciativa y empezando a levantar sin miedo y con decisión los velos bajo los que seguro que se ovillan más de una y más de diez irregularidades y/o delitos. Es imprescindible que el rector se apresure a tomar la iniciativa porque sólo así conseguirá devolver a su Universidad el buen nombre que este catedrático indigno ha llenado de barro, por no decir de otra cosa. Y sólo así conseguirá preservar también su propia reputación porque ya ha comprobado que Álvarez Conde no ha tenido ningún empacho en intentar ensuciarla cuando ha creído que eso le salvaba a él.
Ahora bien: aunque habrá habido muchos alumnos que han cursado másteres en perfectas condiciones y cumpliendo todos los estándares académicos, es seguro que todos los cursos que se hayan impartido bajo la batuta de este docente de dudosísimo comportamiento quedarán inexorablemente devaluados y oscurecidos por la sombra del descrédito. Así que el daño va mucho más allá que el que se deriva del caso de Cristina Cifuentes.
VICTORIA PREGO Vía EL INDEPENDIENTE
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