En el Supremo contemplan la posibilidad de que la justicia europea no acepte los criterios de Llarena y que, incluso, la alemana no conceda la entrega de Puigdemont ni siquiera por malversación
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en el centro de la imagen. (EFE)
Antes de ese momento procesal, y siempre según las fuentes consultadas, Pablo Llarena no tiene propósito de alterar los términos de la orden de detención y entrega y por lo tanto, no rectificará ni ampliará la reclamación añadiendo el delito de sedición. “Mucho tendrían que cambiar las cosas para que se produjese esa alteración” se subraya en el Supremo donde consideran que el tribunal germano no se ha conducido como debía, es decir, “haciendo un juicio de simetría” entre la legislación penal española y la alemana sin entrar en la cuestión de fondo que corresponderá en su momento a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El Gobierno moviliza a los embajadores en la UE para asegurar la entrega de Puigdemont
En el alto organismo jurisdiccional español no hay “pesimismo” pero sí escepticismo
sobre el futuro de este procedimiento judicial de detención y entrega.
Se cree que la “euroorden agoniza” porque se ha alterado su sentido que
era de máxima y mutua colaboración entre los tribunales de la Unión. Es
más, se apunta que España podría cuestionar si merece la pena “pagar el precio de la cesión de soberanía
que supone el procedimiento de detención y entrega” a tenor de los
resultados que la actual está teniendo. Otros juristas –por ejemplo el
catedrático de derecho penal Luis Rodríguez Ramos y expertos en la
magistratura e, incluso, en las fiscalías- consideran que la justicia
alemana ha actuado correctamente y que el tribunal se ha limitado a una
verificación de la doble incriminación ya que sólo se produce
automatismo en la concesión de la entrega respecto de treinta y dos delitos muy determinados.
La rebelión no está entre ellos y el de malversación podría estarlo si
el tribunal considera que se trata de un supuesto de “corrupción”.
Con la presentación en su momento de la cuestión prejudicial en Luxemburgo quedarán paralizadas todas las euroordenes tanto en Alemania, como en el Reino Unido y en Bélgica (en Suiza el procedimiento es el de la extradición). En este trámite ante el Tribunal de Justicia de la Unión pueden formular alegaciones todos los Estados a través de sus respectivos servicios jurídicos, lo que, por una parte, dilata la resolución última del caso de Puigdemont y, por otra, “obliga a retratarse a todos los países que comparten este mecanismo de cooperación judicial”.
En el Supremo contemplan la posibilidad de que la justicia europea no acepte los criterios de Llarena y que, incluso, la alemana no conceda la entrega
Mientras tanto, el proceso que instruye Llarena continuará con las declaraciones indagatorias de todos los procesados que darán comienzo a partir del día 16. Se trata de una comparecencia ante el magistrado en la que el procesado puede hacer rectificaciones o aclaraciones respecto de todas sus declaraciones anteriores y es un trámite de máxima garantía antes de que el instructor dicte el auto de conclusión y eleve la causa a la Sala que ha de acordar la apertura del juicio oral. Están pendientes de resolverse los recursos de apelación contra los procesamientos cuyas resoluciones no tardarán tampoco en producirse. Todo este itinerario procesal no se va a ver afectado por los avatares de la euroorden.
En el Supremo contemplan la posibilidad de que la justicia europea no acepte los criterios de Llarena y que, incluso, la alemana no conceda la entrega de Puigdemont ni siquiera por el presunto delito de malversación. No obstante, la permanencia en España de Puigdemont, en libertad sin cargos o después de ser juzgado y eventualmente condenado por malversación, podría no asegurarle la impunidad por rebelión según fuentes del Supremo que prefieren no adelantar supuestos de “interpretación” de la Decisión Marco que regula la euroorden.
Por fin, en el alto tribunal se lamentan del “ambiente” internacional que se ha creado respecto de la justicia en España. Se reconoce abiertamente que la batalla de la imagen y el bombardeo mediático de los independentistas ha podido hacer mella en la justicia alemana. También explican que la euroorden estaba concebida para Estado democráticamente muy maduros pero que se ha ido desnaturalizando con la adhesión a la Decisión Marco de Estados de menor fiabilidad democrática, lo cual ha generalizado apriorismos que perjudican la finalidad con la que orden de detención y entrega fue regulada y aprobada.
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Vía EL CONFIDENCIAL
Con la presentación en su momento de la cuestión prejudicial en Luxemburgo quedarán paralizadas todas las euroordenes tanto en Alemania, como en el Reino Unido y en Bélgica (en Suiza el procedimiento es el de la extradición). En este trámite ante el Tribunal de Justicia de la Unión pueden formular alegaciones todos los Estados a través de sus respectivos servicios jurídicos, lo que, por una parte, dilata la resolución última del caso de Puigdemont y, por otra, “obliga a retratarse a todos los países que comparten este mecanismo de cooperación judicial”.
En el Supremo contemplan la posibilidad de que la justicia europea no acepte los criterios de Llarena y que, incluso, la alemana no conceda la entrega
Mientras tanto, el proceso que instruye Llarena continuará con las declaraciones indagatorias de todos los procesados que darán comienzo a partir del día 16. Se trata de una comparecencia ante el magistrado en la que el procesado puede hacer rectificaciones o aclaraciones respecto de todas sus declaraciones anteriores y es un trámite de máxima garantía antes de que el instructor dicte el auto de conclusión y eleve la causa a la Sala que ha de acordar la apertura del juicio oral. Están pendientes de resolverse los recursos de apelación contra los procesamientos cuyas resoluciones no tardarán tampoco en producirse. Todo este itinerario procesal no se va a ver afectado por los avatares de la euroorden.
En el Supremo contemplan la posibilidad de que la justicia europea no acepte los criterios de Llarena y que, incluso, la alemana no conceda la entrega de Puigdemont ni siquiera por el presunto delito de malversación. No obstante, la permanencia en España de Puigdemont, en libertad sin cargos o después de ser juzgado y eventualmente condenado por malversación, podría no asegurarle la impunidad por rebelión según fuentes del Supremo que prefieren no adelantar supuestos de “interpretación” de la Decisión Marco que regula la euroorden.
Por fin, en el alto tribunal se lamentan del “ambiente” internacional que se ha creado respecto de la justicia en España. Se reconoce abiertamente que la batalla de la imagen y el bombardeo mediático de los independentistas ha podido hacer mella en la justicia alemana. También explican que la euroorden estaba concebida para Estado democráticamente muy maduros pero que se ha ido desnaturalizando con la adhesión a la Decisión Marco de Estados de menor fiabilidad democrática, lo cual ha generalizado apriorismos que perjudican la finalidad con la que orden de detención y entrega fue regulada y aprobada.
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Vía EL CONFIDENCIAL
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