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viernes, 9 de noviembre de 2018
Sánchez y el acoso al Tribunal Supremo, con Cataluña al fondo
La clave del discurso de Pedro
Sánchez no tiene que ver con las hipotecas, sino con el Tribunal
Supremo. Se busca debilitarlo en este instante estratégico
Concentración ante la sede del Tribunal Supremo. (EFE)
No es preciso insistir en lo chapucero y tercermundista de la actuación del Tribunal Supremo en el lío del impuesto sobre las hipotecas. Además de provocar un temporal económico que podría haber tenido dimensiones catastróficas, ha sembrado la inseguridad jurídica
en la sociedad y ha establecido el precedente explosivo del recurso del
Tribunal Supremo contra sus propios actos. ¿Quién impedirá en el futuro
que cualquiera que se sienta perjudicado por una sentencia del alto
tribunal exija que se reúna un plenario de magistrados para
rectificarla?
Un destrozo de tal magnitud debería tener consecuencias disciplinarias. La propia Sala de Gobierno del Tribunal o, alternativamente, el Consejo General del Poder Judicial
tienen que tomar cartas en este asunto. En cualquier otra institución
pública o privada, los responsables de un desaguisado semejante
responderían con sus cabezas. Solo el pétreo corporativismo del
estamento judicial impedirá que se depuren las responsabilidades por
este escándalo.
Es una desgracia desoladora que esto suceda cuando el nacionalpopulismo despliega una ofensiva por tierra, mar y aire contra el poder judicial, en vísperas del juicio civil más trascendente
de la democracia española. Sobre todo porque los dirigentes políticos
no han tardado ni un minuto en lanzarse como cuervos sobre el asunto,
acarreando litros de agua sucia para sus respectivos molinos.
Está la habitual parte demagógica. El Gobierno corre más que nadie para aprobar un decreto supuestamente redentor (en realidad, solo redime a sus gobiernos autonómicos del quilombo de tener que devolver miles de millones mal recaudados). Susana Díaz
exige a los banqueros que devuelvan lo que robaron al pueblo (y que su
Gobierno cobró sin remilgo alguno, incluso subiendo el impuesto). Podemos,
el otro partido del oficialismo, recupera para la ocasión el discurso
incendiario sobre los despiadados poderes financieros que chupan la
sangre de la gente. El PP y Ciudadanos se suman a la fiesta por el otro flanco ideológico, prometiendo la eliminación del impuesto.
Digo
yo que algo de todo eso se les podría haber ocurrido durante las dos
décadas largas que los compradores de inmuebles llevan cargando con el
pago del impuesto. Pero repasen los programas de todos los partidos y no
encontrarán una palabra al respecto. Relean los debates parlamentarios,
las sucesivas propuestas de reformas fiscales a lo largo de todo este
tiempo: silencio cósmico.
En realidad, en este caso los bancos solo han ejercido de recaudadores para esos políticos
que ahora se rasgan las vestiduras. O estos ignoraban que el impuesto
recaía sobre los compradores, o no les parecía tan injusto o,
simplemente, les traía sin cuidado quién pagara mientras el dinero
siguiera alimentando las arcas de sus gobiernos. También les ha
importado un comino —más bien, se han beneficiado de ello—
que España tenga el impuesto sobre hipotecas más alto de Europa. Hasta
que han visto la oportunidad de figurar a costa de una 'merdée'
judicial.
Escuchándolos, parecería que los jueces dictan las leyes fiscales. Si se ha montado este lío, además de por la frívola ineptitud de un puñado de magistrados,
es porque los políticos aprobaron en su día una ley y un reglamento
confusos y enrevesados, conviviendo plácidamente durante lustros con la
interpretación contraria al que pide el préstamo.
Les
ha importado un comino que España tenga el impuesto sobre hipotecas más
alto de Europa. Hasta que han visto la oportunidad de figurar
Pero todo eso forma parte del oportunismo populista y la incompetencia que
trae de serie esta generación de dirigentes políticos, así que por ese
lado solo cabe la resignación. Lo peor es que en esto, como en toda la
política española de los últimos y de los próximos años, aparece al
fondo la imagen espectral del conflicto secesionista de Cataluña.
Si Pedro Sánchez se ha abalanzado personalmente sobre este caso, protagonizando una estridente comparecencia pública incluso antes del Consejo de Ministros,
no ha sido única ni principalmente por el síndrome de Robin Hood que
irónicamente le diagnostica Carlos Alsina. Ni por las prisas de
neutralizar la manifestación que había anunciado Pablo Iglesias para alzarse con el santo y la limosna.
Si
solo se tratara de colgarse una medalla propagandística, Sánchez pudo
vender la efectista medida manteniendo el respeto institucional y sin
necesidad de ensañarse con el máximo órgano judicial. Pero la clave de
su discurso no tiene que ver con las hipotecas, sino con el Tribunal
Supremo. Se busca debilitarlo en este instante estratégico.
¿Cómo se explica el espectáculo insólito de un presidente de Gobierno lanzando un ataque frontal al máximo órgano judicial de su país,
por mucho que este haya errado en el manejo de un asunto? ¿A qué viene
ese interés por cuestionar la credibilidad del tribunal y esa desafiante
exigencia de autocrítica por parte de alguien que desconoce esa
práctica respecto de sí mismo? ¿Por qué y para qué cebar en este momento
un conflicto institucional entre el poder ejecutivo y el judicial?
La
respuesta, claro, está en Cataluña. Concretamente, en el juicio a los
jefes del 'procés', que todo lo contamina. No es dudoso que asistimos a
una operación de descrédito preventivo del Tribunal
Supremo —y en general, de la Justicia española— para propagar dentro y
fuera de España una doble idea: a) que la actuación de la Justicia no
hace sino entorpecer la solución política del conflicto, y b) que la
previsible sentencia condenatoria no será justa ni proporcionada, lo que
exigirá que se remedie políticamente.
La
respuesta está en el juicio a los jefes del 'procés', que todo lo
contamina. No es dudoso que asistimos a una operación de descrédito
preventivo del TS
Lo preocupante no es que esa estrategia la impulsen los independentistas y Podemos, sino que el propio Gobierno de España contribuya a ella. Lo viene haciendo con intensidad calculada desde hace semanas.
Primero, criticando la prisión provisional de los acusados. Después,
cuestionando públicamente el criterio jurídico del juez instructor y de
la Fiscalía sobre el delito de rebelión. A continuación, usando la Abogacía del Estado, en palabras del ministro Ábalos,
“de la misma forma en que usamos un gabinete de comunicación”. Y
finalmente, con esta patada en el hígado propinada por el presidente,
aprovechando la avería que lo de las hipotecas ha producido en la imagen
del tribunal.
Lo que los jueces estropean, lo arreglaré yo. Hoy, en lo de las hipotecas. Y mañana, en lo de Cataluña
Sánchez
parece querer decir a sus socios: "Si queríais gestos, aquí tenéis un
puñado de ellos. No puedo hacer nada mejor por vuestra causa que
ayudaros a reblandecer al tribunal por la vía de deteriorar su prestigio".
A la vez, prepara el terreno para lo que haga falta en su momento, con
un mensaje apenas oculto en la maleza: "Lo que los jueces estropean, lo
arreglaré yo. Hoy, en lo de las hipotecas. Y mañana, en lo de Cataluña".
(Ya saben, lo del texto y el subtexto).
A la separación de poderes, que le den: para algunos, el poder es singular o no es verdadero poder.
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