El magistrado, que seguirá al frente de la Sala Penal del Tribunal Supremo y del juicio del 1-O, apela a su independencia
La renuncia del presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena,
a ser el próximo presidente del Tribunal Supremo ha dinamitado el pacto
del Gobierno y del PP para la renovación del Poder Judicial. En un
comunicado hecho público a primera hora de este martes, el magistrado
expresa su renuncia a que se le proponga como candidato en la sesión
constitutiva del CGPJ, un gesto con el que quiere reivindicar su independencia. Marchena volverá a presidir el juicio del 1-O sin que sea necesaria ninguna modificación del tribunal del «procés».
En su escrito, Marchena asegura que no concibe la función jurisdiccional como «un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal», por lo que toma la decisión de continuar en su puesto como presidente de la Sala Penal. El desencadenante de la renuncia de Marchena ha sido el mensaje de Whatsapp que trascendió ayer en el que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, presume de un futuro «control» de la Sala Segunda por parte del PP«desde detrás».
«Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional», explica en el segundo punto de una nota breve. «El examen de las resoluciones que durante estos años he dictado como magistrado del Tribunal Supremo –de forma especial, como presidente de la Sala de Admisión de las causas contra aforados–, es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado o denunciado», concluye.
Sin embargo en esta ocasión, probablemente como consecuencia de una filtración interesada por parte de un sector del Ejecutivo que no quería a Marchena ahí (en concreto el entorno de la ministra Dolores Delgado, que no le perdona la inhabilitación de Garzón) el nombre se conoció incluso antes de que se hubiera consensuado la elección de los doce jueces que tienen que ser elegidos para el Consejo. Lo habitual es que el candidato trascienda pocos días antes (si no el anterior) del Pleno de constitución del CGPJ. Esta circunstancia ha propiciado que el pacto entre los partidos en torno a la presidencia haya dado argumentos a las asociaciones de jueces que precisamente ayer salían a la calle para denunciar el reparto del pastel en el que indirectamente ellas también participan en detrimento de los jueces no asociados.
A partir de este momento, y con los ocho juristas ya elegidos, las negociaciones entre los emisarios de ambos partidos, Rafael Catalá y Dolores Delgado, quedan paralizadas ante lo que en el entorno del ministro ven como una absoluta falta de lealtad por parte de la ministra de Justicia.
NATI VILLANUEVA Vía ABC
En su escrito, Marchena asegura que no concibe la función jurisdiccional como «un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal», por lo que toma la decisión de continuar en su puesto como presidente de la Sala Penal. El desencadenante de la renuncia de Marchena ha sido el mensaje de Whatsapp que trascendió ayer en el que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, presume de un futuro «control» de la Sala Segunda por parte del PP«desde detrás».
«Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional», explica en el segundo punto de una nota breve. «El examen de las resoluciones que durante estos años he dictado como magistrado del Tribunal Supremo –de forma especial, como presidente de la Sala de Admisión de las causas contra aforados–, es la mejor muestra de que jamás he actuado condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado o denunciado», concluye.
Sin embargo en esta ocasión, probablemente como consecuencia de una filtración interesada por parte de un sector del Ejecutivo que no quería a Marchena ahí (en concreto el entorno de la ministra Dolores Delgado, que no le perdona la inhabilitación de Garzón) el nombre se conoció incluso antes de que se hubiera consensuado la elección de los doce jueces que tienen que ser elegidos para el Consejo. Lo habitual es que el candidato trascienda pocos días antes (si no el anterior) del Pleno de constitución del CGPJ. Esta circunstancia ha propiciado que el pacto entre los partidos en torno a la presidencia haya dado argumentos a las asociaciones de jueces que precisamente ayer salían a la calle para denunciar el reparto del pastel en el que indirectamente ellas también participan en detrimento de los jueces no asociados.
A partir de este momento, y con los ocho juristas ya elegidos, las negociaciones entre los emisarios de ambos partidos, Rafael Catalá y Dolores Delgado, quedan paralizadas ante lo que en el entorno del ministro ven como una absoluta falta de lealtad por parte de la ministra de Justicia.
NATI VILLANUEVA Vía ABC
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