SÁNCHEZ, VAPULEADO POR LA DERECHA Y EL SEPARATISMO

Por negar que haya hipotecas puede alegar Moncloa una convicción técnica discrepante con la Fiscalía o, en inesperado gesto solidario, el presidente podría apelar al padecimiento personal 

Pedro Sánchez (de espaldas), interviene en la sesión de control al Ejecutivo celebrada esta semana. (EFE)

Entre los separatistas de enfrente y los constitucionalistas de al lado han puesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el fiel de la balanza. No hay mal que por bien no venga, deben estar pensando en Moncloa. Para unos es "un aliado de los golpistas". Para otros, "un cómplice del Estado represor".

Así se calentaron la boca después de conocer las acusaciones del Estado contra dieciocho dirigentes nacionalistas procesados por intentar la secesión de una parte del territorio. Según la Fiscalía, en alzamiento público y violento. Y eso es "rebelión" (artículo 472 del Código Penal). Pero la Abogacía del Estado entiende que no hubo violencia armada sino alzamiento "tumultuario". Por tanto, se queda en "sedición", un tipo penal menor (artículo 544) y sin precedentes en nuestra reciente historia.

Casado: "No vamos a tolerar que Sánchez nos ponga en jaque y dé cancha a los golpistas"

Agustín Rivera. Málaga

El presidente del PP inaugura en Málaga la 24 Intermunicipal de su partido. "Andalucía no puede aguantar ni un día más de corrupción y pésimas cifras de paro", resalta

Previsible. La Abogacía depende del Gobierno como un órgano más de la Administración. Y el Gobierno ya había dicho en todos los idiomas que le parecía excesivo calificar penalmente de rebelión el proceso independentista que culminó el 27 de octubre de 2017 con la constitución de la "república catalana como estado independiente y soberano".

Tendría que explicar Sánchez por qué antes estaba "clarísimo" el delito de rebelión y ahora ordena a la Abogacía del Estado que se desdiga

Por negar que haya hipotecas por medio, puede alegar Moncloa una convicción técnica discrepante con la Fiscalía: la conducta de Puigdemont, Junqueras y compañía no encaja en el tipo penal de la rebelión. Incluso podría alegar Sánchez, en inesperado gesto solidario, el padecimiento personal por unos políticos que van a ser tratados injustamente por defender sus ideas.

Sí, podría abrazarse a esas motivaciones. Pero nadie le creería. Y eso es lo malo. Tendría que explicar Sánchez por qué antes de tumbar a Rajoy estaba "clarísimo" el delito de rebelión y ahora ordena a la Abogacía del Estado que se desdiga plantándose en el de sedición, que esta castigado con penas menores.

PP y Ciudadanos, las dos fuerzas instaladas a la derecha del arco político nacional, lo tienen claro. Es el precio por el apoyo nacionalista

PP y Ciudadanos, las dos fuerzas instaladas a la derecha del arco político nacional, lo tienen claro. Es el precio por el apoyo nacionalista para seguir ejerciendo de presidente del Gobierno. Lógica política no le falta. Si no es eso, déjese a la Abogacía que actúe con independencia de criterio, en defensa de los intereses del Estado, porque es de ley, no porque es oportuno.

Pero esa lógica se estrella contra la realidad. Si la marcha atrás de la Abogacía respondiese al propósito de ser amable con los nacionalistas en nombre de la desinflamación, el apaciguamiento y la música de violines, estaríamos todos de acuerdo en que Sánchez ha hecho un pan de obleas.

Para empezar, acaba de perder el voto de los diecisiete diputados nacionalistas catalanes a los PGE pactados con Podemos. Fue incendiaria la concentración de anoche frente a la cárcel de Lledoners, con Quim Torra de pirómano mayor. Y el dividido bloque independentista se sigue reconociendo en la exculpación total de los procesados, la excarcelación de los presos y el libre retorno de los que ellos llaman "exiliados", como únicas opciones para frenar las siete plagas que de otro modo van a recaer sobre el represor Estado español.

Si el Gobierno quiso ser complaciente con el nacionalismo catalán, en línea con su política de mano tendida, no le lució nada

Pero véase también el calibre de los ataques al presidente Sánchez por parte de los dos principales partidos de la oposición. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, le acusa de "usar el Gobierno para beneficiar a los golpistas", mientras Inés Arrimadas insistía en que "es capaz de cualquier cosa con tal de seguir en Moncloa". Tampoco se ha mordido la lengua el líder del PP: "Es indecente que el Gobierno humille a España desmarcándose de la Fiscalía", dijo Pablo Casado, para quien "Sánchez ha quedado inhabilitado para continuar como presidente".

En resumen, que si el Gobierno quiso ser complaciente con el nacionalismo catalán, en línea con su política de mano tendida, no le lució nada. Y son torpes, pero no tanto. La virtud del punto medio y las equidistancias suelen ser muy rentables en las dinámicas electorales.


                                                                                ANTONIO CASADO  Vía EL CONFIDENCIAL