«La pretensión de Sánchez de requerir al Congreso para que prorrogue por seis meses el estado de alarma que acaba de declarar equivale a privar durante ese mismo lapso de tiempo a la institución que más genuinamente representa a la ciudadanía»
¿Quién iba a sospechar, cuando el pasado jueves el Congreso ratificó en su puesto a Pedro Sánchez rechazando de forma clamorosa la moción de censura con que se pretendía su cese, que el agradecimiento del Presidente del Gobierno iba a concretarse, apenas tres días más tarde, en el mayor desprecio que nuestro legislativo ha sufrido en los últimos 39 años?
Y es que la pretensión de Sánchez de requerir al Congreso para que prorrogue por seis meses el estado de alarma que acaba de declarar equivale a privar durante ese mismo lapso de tiempo a la institución que más genuinamente representa a la ciudadanía de toda capacidad de decisión sobre la naturaleza o el alcance de las graves medidas que se prevén, sustituyendo su efectiva capacidad de control por la mera rúbrica de un cheque en blanco que trasferirá todo el poder al Presidente y a aquéllos en quienes tenga a bien delegarlo. Amén de encajar tirando a mal con la letra –y aun peor con el espíritu– de la LO 4/1981, de 1 de junio, reguladora del estado de alarma, que en su art. 1.2 establece que tanto las medidas a adoptar como su duración habrán de ser “las estrictamente indispensables para asegurar el restablecimiento de la normalidad": una exigencia de contención abiertamente incompatible con una prórroga de la magnitud de la que Sánchez ambiciona.
Y por si ello no bastara, el Presidente ha dejado ya dicho que aunque la duración inicial del nuevo estado de alarma vaya a ser de quince días, tiene la intención de solicitar su prorroga no ya antes de que éste finalice, sino incluso cuando aun no haya rebasado su ecuador. Lo que cabalmente equivale a obligar al Congreso a pronunciarse sobre la cuestión sin haber tenido ni el tiempo ni los medios suficientes como para verificar si los resultados de la alarma han sido o no los esperados, y si su prorroga es o no conveniente.
Se podrá decir que lo uno y lo otro solo son meros futuribles. Pero para ver al Congreso puenteado bastaría con leer el BOE de este domingo. Pues que el Gobierno acordara decretar un nuevo estado de alarma en lugar de solicitar la prórroga del que había decretado el pasado 9 de octubre, vigente hasta el mismo viernes por la noche, no merece otro calificativo que el de fraude de ley. El que resulta de hurtarle al legislativo tanto la capacidad de evaluar lo hecho hasta el momento, como la de corregir para el futuro –como le permite el art. 6 de la LO 4/1981– el alcance y las condiciones del estado de alarma, proveyendo unas que podrían ser parecidas o distintas de las originales.
Eso sí: que no se tomen sus señorías el desplante como algo personal. La nueva alarma de Sánchez desaira también a los tribunales, al arrebatarles la capacidad de fiscalizar las medidas limitadoras de los derechos fundamentales que las comunidades adopten y que tan polémica pero eficazmente habían ejercido hasta ahora; y aun a los propios ciudadanos, al hacer oídos sordos a las numerosísimas quejas que la alarma de marzo suscitó por no traer aparejado un régimen de sanciones propio, claro y mesurado, optando por reeditar la inseguridad, la arbitrariedad y la complejidad del sistema anterior, y torpedeando no solo el principio de seguridad jurídica sino la eficacia misma de la alarma.
CARLOS FLORES JUBERÍAS* Vía ABC
*Carlos Flores Juberías es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia
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