La decisión de Estrasburgo supone un sonoro revés para los golpistas que están siendo juzgados en el Supremo
Carles Puigdemont en una videoconferencia.
EFE
En una dura resolución, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
rechazó ayer la demanda contra España interpuesta por 76 diputados
secesionistas del Parlament de Cataluña -encabezados por su ex
presidenta Carme Forcadell y el prófugo Puigdemont-
por considerarla "manifiestamente infundada". La decisión del Tribunal,
la segunda en la que se pronuncia sobre el procés, supone, por los
términos en los que está redactada, un sonoro revés para los golpistas
que están siendo juzgados en el Supremo, cuyas esperanzas han estado
siempre depositadas en Estrasburgo. Otra prueba del absoluto desprecio que los independentistas han manifestado siempre hacia el Estado de derecho español.
En este caso, los independentistas habían denunciado que el Tribunal Constitucional suspendiera un pleno previsto para discutir los efectos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, alegando que de esta forma se había violado el derecho de reunión y la libertad de expresión de los parlamentarios autonómicos. Los siete magistrados de Estrasburgo, sin embargo, han dado la razón al TC español argumentando que la suspensión del pleno respondía a "un bien social imperioso" y que fue "necesaria", como lo habría sido en cualquier "sociedad democrática". La resolución añade que la convocatoria del pleno supuso una "falta de respeto manifiesta" a la decisión que el TC había tomado para proteger el orden constitucional. Por lo tanto, concluye el Tribunal, no se debía admitir a trámite una demanda que exigía la convocatoria de un pleno incompatible con los principios democráticos y el ordenamiento legal. Y recuerda a los demandantes que, al día siguiente del pleno suspendido, el ex president Puigdemont compareció ante el Parlament y declaró unilateralmente la independencia, contraviniendo la ley española y el derecho internacional. Hay que felicitarse por la resolución de Estrasburgo porque, más allá de su importancia en este caso concreto, sirve de advertencia a los golpistas juzgados y a los fugados: la Justicia europea nunca aprobará la desintegración territorial de un Estado de la UE.
Pero los separatistas recibieron ayer otra mala noticia judicial, esta vez desde la Fiscalía del Tribunal Supremo. Después de tres meses y medio de vista oral, los cuatro fiscales que participan en el juicio han anticipado que en las conclusiones definitivas, que harán públicas en los próximos días, mantendrán contra la mayor parte de los procesados las acusaciones por delito de rebelión, no de sedición, así como las penas de cárcel que se pedían en el escrito provisional elaborado antes del juicio. Por más intentos que han hecho los secesionistas para evitar el juicio, incluida su pretensión de ampararse en el aforamiento, nada evitará que se sometan al imperio de la ley.
EDITORIAL de EL MUNDO
En este caso, los independentistas habían denunciado que el Tribunal Constitucional suspendiera un pleno previsto para discutir los efectos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, alegando que de esta forma se había violado el derecho de reunión y la libertad de expresión de los parlamentarios autonómicos. Los siete magistrados de Estrasburgo, sin embargo, han dado la razón al TC español argumentando que la suspensión del pleno respondía a "un bien social imperioso" y que fue "necesaria", como lo habría sido en cualquier "sociedad democrática". La resolución añade que la convocatoria del pleno supuso una "falta de respeto manifiesta" a la decisión que el TC había tomado para proteger el orden constitucional. Por lo tanto, concluye el Tribunal, no se debía admitir a trámite una demanda que exigía la convocatoria de un pleno incompatible con los principios democráticos y el ordenamiento legal. Y recuerda a los demandantes que, al día siguiente del pleno suspendido, el ex president Puigdemont compareció ante el Parlament y declaró unilateralmente la independencia, contraviniendo la ley española y el derecho internacional. Hay que felicitarse por la resolución de Estrasburgo porque, más allá de su importancia en este caso concreto, sirve de advertencia a los golpistas juzgados y a los fugados: la Justicia europea nunca aprobará la desintegración territorial de un Estado de la UE.
Pero los separatistas recibieron ayer otra mala noticia judicial, esta vez desde la Fiscalía del Tribunal Supremo. Después de tres meses y medio de vista oral, los cuatro fiscales que participan en el juicio han anticipado que en las conclusiones definitivas, que harán públicas en los próximos días, mantendrán contra la mayor parte de los procesados las acusaciones por delito de rebelión, no de sedición, así como las penas de cárcel que se pedían en el escrito provisional elaborado antes del juicio. Por más intentos que han hecho los secesionistas para evitar el juicio, incluida su pretensión de ampararse en el aforamiento, nada evitará que se sometan al imperio de la ley.
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