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miércoles, 1 de mayo de 2019
La Ley Electoral beneficia a PSOE y PP
La Ley Electoral actual fue elaborada por la UCD justamente para promover los intereses electorales de la UCD
Recuento de votos en la Universidad de Barcelona. (EFE)
El fracaso electoral de la 'triderecha' ha llevado a algunos dirigentes o simpatizantes de estas formaciones políticas a buscar culpables por todas partes.
Es un vicio humano bastante extendido el que nos inventemos chivos
expiatorios a los que responsabilizar de nuestros fracasos en lugar de
reconocer nuestras propias faltas en ellos: ya saben, aquello que decía
Napoleón de que la victoria tiene cien padres pero la derrota es
huérfana.
Así, una de las víctimas propiciatorias favoritas del bloque de la derecha en estos últimos comicios generales ha sido la Lley Electoral.
Supuestamente, esta les habría perjudicado gravemente, bonificando en
contrapartida a las formaciones de izquierdas y, sobre todo, a los
nacionalistas (quienes acapararían en el Congreso un poder que no
habrían obtenido realmente en las urnas). No en vano, PSOE y Unidos
Podemos han conseguido 11,2 millones de votos y cuentan con 165 escaños;
en cambio, PP, Ciudadanos y Vox han logrado prácticamente los mismos
apoyos (11,16 millones) pero solo 147 escaños. ¿De verdad la Ley
Electoral está confeccionada para penalizar las opciones políticas de
derechas?
No, al contrario: la Ley Electoral actual fue elaborada por la UCD
justamente para promover los intereses electorales de la UCD; es decir,
para otorgar una mayor representación a aquellos partidos con mayor
porcentaje de voto en las provincias pequeñas. A la postre, a finales de
los setenta y principios de los ochenta, el voto de la izquierda estaba
muy concentrado en los grandes núcleos de población, de modo que a la
UCD le interesaba “premiar” en términos de escaños a aquellos partidos
con mayor peso en las zonas rurales y menos pobladas, penalizando
consecuentemente a las formaciones con un apoyo más concentrado en
ciudades o con poca densidad de voto y muy dispersa por todo el país.
Así, por ejemplo, como reconoció más tarde uno de los padres de la actual Ley Electoral, Óscar Alzaga:
El
encargo político real [de la Ley Electoral] consistía en formular una
ley a través de la cual el Gobierno pudiese obtener mayoría absoluta.
Puesto que los sondeos preelectorales concedían a la futura Unión de
Centro Democrático un 36-37% de los votos, se buscó hacer una ley en
la que la mayoría absoluta pudiese conseguirse con alrededor del
36-37%. Y con un mecanismo que en parte favorecía a las zonas rurales,
donde en las proyecciones preelectorales UCD era predominante frente a
las zonas industriales, en las que era mayor la incidencia del voto
favorable al Partido Socialista (...). [Además] se procuraba que el
logro de la mayoría absoluta para el Partido Socialista estuviera
situado no en el 36-37%, sino en el 39-40%.
A
día de hoy, la distribución de los votos entre la derecha y la
izquierda ha cambiado con respecto a los ochenta, pero la Ley Electoral
sigue premiando a aquellas formaciones con mayor penetración en zonas
rurales (normalmente, los dos grandes partidos): a saber, PP y PSOE. En
la siguiente tabla, podemos observar cuántos escaños ha obtenido cada
formación política en estas últimas elecciones, así como cuántos escaños
debería obtener si aplicáramos una proporcionalidad estricta entre
votos y escaños:
Escaños en función de la Ley Electoral.
A
la vista está que hay dos formaciones que resultan netamente ganadoras
con la Ley Electoral —PSOE y PP: el primero obtiene un 22% más de
diputados de los que le corresponderían, y el segundo un 12%—; tres
formaciones que aparecen como claras perdedoras —Podemos, Vox y Pacma—;
mientras que todas las demás —incluyendo los partidos nacionalistas—
obtienen aproximadamente los diputados que les corresponderían con
estricta proporcionalidad. Visto desde otra perspectiva: el bloque de la
derecha ha obtenido 149 escaños frente a los 152,5 escaños que lograría
en función de su porcentaje de voto; y el bloque de izquierdas habría
logrado 153,8 (o 158,2 si incluimos a Pacma) frente a los 166 que ha
conseguido finalmente. Pero no es que la Ley Electoral penalice a la
derecha 'per se': penaliza a las formaciones cuyo voto se halla muy disperso por España
(a saber, Podemos y, muy especialmente, Vox). Es decir, en este caso sí
ha salido algo beneficiado, pero nótese que con una Ley Electoral más
proporcional no solo la derecha no tendría un poder efectivo
significativamente mayor al actual sino que la gobernabilidad del bloque
de izquierda gravitaría mucho más sobre Podemos y sobre los
nacionalistas.
Y
cuidado, con todas estas reflexiones no estoy abogando por otra Ley
Electoral que se base en la estricta proporcionalidad entre votos y
escaños: nada similar sucede en ninguna de las principales democracias
del planeta, precisamente porque el único objetivo de un régimen
democrático no es traducir votos en escaños y escaños en políticas
gubernamentales, sino también establecer un sistema de contrapesos
contra la arbitrariedad caprichosa de las mayorías así como facilitar
una cierta gobernabilidad hacia proyectos minoritariamente mayoritarios.
Lo que en cambio sí quiero remarcar con esta reflexión es que no es
cierto que la actual Ley Electoral haya perjudicado gravemente al bloque
de la derecha (Vox pierde para que el PP gane) y que, en consecuencia,
bien harían esas 'tres derechas' en buscar responsabilidades dentro de
su propia casa. O, al menos, no en las instituciones que en otros
momentos de la historia les han permitido gobernar con mayoría absoluta.
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