Otros seis investigados, incluido Vicente Cotino, se ofrecen a replicar el pacto con la Fiscalía de Ortiz, Alejandro Pons y Bevià. El acuerdo deja al borde de la condena a Correa, Costa y Vicente Rambla
El expresident de la Generalitat Francisco Camps. (EFE)
La causa por la financiación ilegal del Partido Popular valenciano que está pendiente de juicio en la Audiencia Nacional puede dar un giro definitivo en las próximas horas. El grueso de los empresarios acusados de realizar donaciones a la trama Gürtel de Francisco Correa, para sufragar gastos de la campaña del Partido Popular valenciano en las autonómicas de 2007 y las generales de 2008, está dispuesto a confesar las entregas de dinero a cambio de atenuar sus penas.
La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto reunirse entre este viernes y el próximo lunes con los representantes legales de seis de estos empresarios (Enrique Gimeno Escrig, Antonio Pons, Gabriel Alberto Batalla, Vicente Cotino, Rafael Martínez Berna y Tomás Martínez Berna) para negociar la firma de un acuerdo de conformidad similar al que suscribieron la primavera del año pasado Enrique Ortiz, Alejandro Pons y José Francisco Beviá, según confirmaron a El Confidencial fuentes judiciales. La petición de acuerdo habría llegado de parte de los propios empresarios acusados, con la finalidad de tratar de atenuar sus penas, según las mismas fuentes, aunque el documento todavía no está firmado, por lo que aún podrían dar marcha atrás.
El acuerdo dejaría a los pies de los caballos al resto de acusados por la Fiscalía, entre ellos Francisco Correa, Álvaro Pérez y sus colaboradores en la red Gürtel, como el exvicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín. Pero también pone en una situación muy comprometida a los que fueron responsables de dirigir esas campañas en la Comunidad Valenciana: el entonces secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el vicesecretario David Serra y el que era vicepresidente del Consell de Francisco Camps, Vicente Rambla, encargado de supervisar las campañas. La Fiscalía reclama siete años y nueve meses de cárcel para los políticos por delito electoral y falsificación de documentos. Francisco Camps, que era presidente del PPCV, no fue investigado ni ha sido acusado en esta pieza de la trama Gürtel.
Las donaciones irregulares sirvieron para financiar la campaña de Francisco Camps de 2007. Pero el juez de la Audiencia Nacional José de la Matasostiene en su escrito de procesamiento contra Correa y su entorno, y contra la que fuera cúpula del expresidente valenciano, que la Gürtel financió también de forma irregular hasta 26 actos en la campaña de las generales de 2008 en que Mariano Rajoy era candidato, además de inserciones en prensa y radio, por importe global de algo más de 800.000 euros. El magistrado explica que todos estos eventos se realizaron al margen de la contabilidad oficial de los populares y “no fueron objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria”.
Según el magistrado, en el desarrollo de las mencionadas campañas electorales, los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima de gasto electoral prevista legalmente. Para conseguir una mayor repercusión, tanto en los comicios de 2007 como en los de 2008, "los acusados integrados en el PPCV, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros; en ambos casos, tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad". En conjunto, están bajo sospecha más de dos millones en gastos durante las campañas, de los que algo más de 800.000 corresponden a las generales de 2008, mientras que el resto se empleó para las autonómicas (1,1 millones) y las municipales (78.878 euros).
Vicente Cotino acaba de ser condenado a año y medio de cárcel. Una nueva pena superior a seis meses podría llevarle a prisión
El dinero, según la acusación, se canalizaba a través de facturas por trabajos no realizados que los empresarios implicados abonaban a empresas controladas por Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. A su vez, estas empresas, principalmente Orange Market, se encargaban de realizar los actos.
Las confesiones de empresarios muy vinculados al Partido Popular, que arrancaron con la de Enrique Ortiz el año pasado, suponen un punto de inflexión en una causa que está a punto de celebración de juicio oral. Hasta ahora, otros donantes como Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, se resistían a entrar en el pacto. Según ha quedado acreditado durante la instrucción, Cotino aportó 150.684 euros a la caja de Orange Market por facturación de trabajos que presuntamente nunca se realizaron, un dinero que sirvió para pagar actos electorales. Vicente Cotinoacaba de ser condenado también a año y medio de cárcel por falsificación de facturas junto al expresidente de Bancaja y exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas, por lo que una nueva condena podría obligarle a entrar en prisión.
Ana Barceló (PSPV) reclama a Rajoy e Isabel Bonig que admitan la financiación ilegal de su partido como han hecho los empresarios
La diputada autonómica valenciana del PSPV-PSOE, Ana Barceló, ha recordado este jueves que fue en 2009 cuando los socialistas presentaron la denunciaante la Fiscalía por presunta financiación irregular del PP. “Nos vimos obligados a poner esta denuncia por el total oscurantismo con el que el PP impidió a la oposición fiscalizar la gestión de un gobierno que era totalmente opaco” ha denunciado Barceló al tiempo que ha recordado que durante esa época “el PP llegó a rechazar hasta 450 preguntas sobre contratación pública de la Generalitat y cada día que pasa descubrimos más y más irregularidades en gestión”.
“Poco a poco los tribunales van confirmando las denuncias que los socialistas realizamos tras años de trabajo, esfuerzo y tesón a pesar de la persecución política a la que numerosos miembros de este partido se vieron sometidos” ha señalado Barceló tras incidir en que se está demostrando que “el PP vivió durante años por encima de sus posibilidades electorales”.
En este sentido, la diputada socialista ha insistido en que ahora más que nunca el PP de Isabel Bonig y de Mariano Rajoy tiene que aprovechar su congreso (que se celebra este fin de semana) para dar las explicaciones oportunas y reconocer ante la ciudadanía que ganaron las elecciones de forma fraudulenta. “Que tengan la misma valentía que los empresarios y reconozcan que sí hubo financiación ilegal y que durante años se presentaron dopados a las elecciones”, ha concluido.
VÍCTOR ROMERO Vía EL CONFIDENCIAL
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