Han pasado algo más de diez años desde que Zapatero llevara a cabo una de las pocas iniciativas razonables de su largo mandato. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia de España, más conocida como “Ley de Dependencia”.
Desde sus inicios, la Ley fue más bien “ciencia ficción” porque su desarrollo no se traducía en hechos, debido a la indefinición de las competencias entre las Administraciones. La puntilla a esta desdichada Ley, se produjo cuando el gobierno lanzó el Real Decreto 20/2012, dónde la terminó de lapidar a nivel presupuestario.
El resultado. Decenas de miles de personas mueren cada año sin recibir la ayuda. Más de 350.000 personas siguen esperando sin respuesta, familias rotas, y centenares de miles de empleados directos e indirectos no pueden hacer su trabajo con garantías, debido a la escasez de medios, la
precariedad y la inestabilidad.
Hoy, vamos a hablar con Guillermo, representante de La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Algo así como un “Observatorio Estatal de la Dependencia”.
—Buenos días Guillermo. Creo que llevas trabajando diez años en dependencia. Por favor, ¿podrías darnos algunos ejemplos de personas afectadas por las deficiencias de esta Ley?
—Buenos días. Efectivamente. Así es. Con tu permiso, te voy a narrar un par de ejemplos, de los centenares de miles que existen en España. En el argot se dice que están en “el limbo”.
—Por curiosidad. ¿Cuáles los las Comunidades Autónomas que más personas tienen en el “limbo”?
—Canarias tiene en el limbo al 45% de sus beneficiarios, le sigue Cataluña con el 42%, Aragón el 37%, Castilla la Mancha y Andalucía el 36%, Navarra y Extremadura el 30%... Puedes ver los datos en este dictamen que hemos publicado recientemente.
—¡Qué barbaridad! Bien, gracias. Puedes empezar con el primer caso.
—Antonio. Padece una artrogriposis múltiple en miembros superiores e inferiores. Necesita la ayuda de una tercera persona en todas las tareas básicas de la vida diaria excepto para respirar. En una primera valoración le concedieron un grado II, nivel I, con 37 horas de ayuda domiciliaria y una paga para la persona que le cuida de 270€, lo cual me dejó perplejo. Recurrió y le pasaron a nivel II, con las mismas horas y una reducción de un 60% para la persona encargada de atenderle. Antonio, es claramente un grado III, pero, además, aún no ha recibido ni un solo euro.
—Entonces, en este caso, hay deficiencias tanto en la valoración como en la asignación.
—En efecto. Ahora te voy a describir otro ejemplo. Lourdes y Luis, eran un matrimonio sin hijos, ambos enfermos de Alzheimer, que iniciaron en junio de 2013 los trámites para solicitar la ayuda de la Ley de dependencia. A ambos, les reconocieron el grado III. Lamentablemente, Luis falleció en enero de 2015 a los 83 años, sin llegar a entrar al Centro de Día que se había solicitado. Lourdes, con 81 años, continúa esperado, casi cuatro años después, que un trabajador social realice la visita para la determinación del Programa Individual de Atención (PIA). Afortunadamente, la familia puede ayudarla, porque de lo contrario, sería insostenible, tanto mental como económicamente.
—Es increíble tener que escuchar estos testimonios. Es difícil explicar estas situaciones, así como los recortes presupuestarios. Todos sabemos los ríos de dinero que se destinan a asesores, coches oficiales, duplicidades y prebendas variadas.
—Es lamentable. Sin embargo, es una ley que, bien desarrollada, es una de las que consumiría menores recursos en relación a los presupuestos del Estado, generando un alto grado de bienestar en la sociedad y un sólido y profesional segmento laboral.
—¿Qué es lo que solicitáis desde vuestra Asociación?
—El pasado mes de diciembre, hemos presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta de Pacto de Estado para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley.
—Básicamente. ¿Qué es lo que se pide en el pacto?
—Son cinco compromisos. Primero, revertir en los presupuestos de 2017 los recortes producidos por los Reales Decretos de 2012. Segundo, un acuerdo entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para acabar con la desatención (Limbo de la Dependencia) en los dos próximos años. Tercero, iniciar negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar un modelo estable de financiación del Sistema en el marco de la LOFCA. Cuarto, no acordar modificaciones de la Ley sin su tramitación y debate parlamentario y con un consenso similar al menos al que se logró en la aprobación de esta ley. Finalmente, un Sistema de Información de la Dependencia trasparente y actualizado.
—¿Cuál ha sido el resultado de vuestra propuesta?
—Estamos parcialmente satisfechos. Salvo el partido popular y los nacionalistas vacos, todos los grupos parlamentarios han suscrito el pacto, por lo que tenemos la esperanza de que pueda llevarse a cabo su tramitación por vía parlamentaria y que se pueda reflejar en los presupuestos generales del Estado de 2017. Aunque, tenemos la sospecha de que el gobierno no tiene intención de hacerlo. Esperemos que el resto de grupos le obliguen a hacerlo por vía parlamentaria.
—Muchas gracias Guillermo. Te emplazamos a que en otra ocasión nos pongas al corriente de los acontecimientos que se vayan sucediendo.
PD: En homenaje a todos aquellos que dedican su vida en cuerpo y alma a cuidar a las personas dependientes, les dedico el tema “Somebody” de Depeche Mode https://youtu.be/kBP-EaXU1Vc
JUAN CARLOS BERMEJO Vía VOZ PÓPULI
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