No se cuestiona el crecimiento de la
desigualdad, porque lo reconocen hasta los grandes foros económicos e
instituciones internacionales, como el Banco Mundial, poco dadas a este
tipo de cuestiones. La última advertencia, y referida a España, ha venido de la mano del reciente informe de la Comisión Europea, mientras que para América Latina es una evidencia reiterada hasta la extenuación.
Diversas son las causas que la promueven,
pero queremos dirigir hoy la atención sobre una que, siendo fundamental,
está fuera de las agendas políticas -de Podemos incluido- y mediáticas.
Se trata de la tendencia a reducir la participación de las rentas del trabajo en la renta total, en benefició de las rentas del capital.
Si se toma como referencia el Valor Añadido Bruto de la Empresa (VAB), se constata el aumento creciente del Excedente Bruto de Explotación (EBE) en detrimento de los salarios y compensaciones de los trabajadores. Se puede aducir, con razón, que el EBE es una medida grosera de la retribución del capital, puesto que una parte del mismo son pagos de intereses y de impuestos.
Pero, diversos estudios que analizan la distribución interna de este excedente alcanzan la misma conclusión: son las rentas del capital en forma de beneficios retenidos o distribuidos lo que realmente crece,
algo que coincide con la intuición previa de que la fiscalidad
empresarial efectiva ha tendido a reducirse al igual que el
endeudamiento de las empresas y, por tanto, su coste.
A esta consideración se le debe todavía añadir otra. En el campo salarial, el crecimiento de los salarios de los directivos ha sido, en términos relativos, muy superior al del resto de los trabajadores,
sobre todo, en relación a los de menores ingresos. Y esto, que está
dentro de la propia distribución del total de la masa salarial, también
tiende a acentuar la desigualdad.
Existe una clara desproporción entre la importancia de este fenómeno de desigual distribución de la renta entre capital y trabajo y la escasa atención política que recibe.
La desigualdad tiene consecuencias graves
sobre la vida de las personas, la democracia, la economía, y sus
efectos, en parte evidentes, están lejos de haber terminado. De ahí la urgencia de que
esta cuestión sea abordada por los gobiernos y los parlamentos con
medidas claras y decididas que huyan del populismo, pero restablezcan la
equidad.
Los católicos desde la
perspectiva de la doctrina social de la Iglesia tienen el deber
insoslayable de aportar conciencia y respuestas a esta cuestión, porque,
de no hacerlo, su testimonio de fe se vuelve no creíble.
EDITORIAL de FORUM LIBERTAS
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