Las reformas del Gobierno surgido de las elecciones de 1982 fueron el golpe definitivo a la institución
Alberto Pérez de Vargas
Las
sombras de los tiempos han puesto en evidencia un panorama desolador
del mundo universitario. Tesis doctorales, másteres, grados y demás, se
han mostrado contaminados por el alto contenido de mediocridad que
circula por los pasillos y por los comportamientos poco serios de una
buena parte del personal circulante. La condición humana es
esencialmente la misma en todas partes, pero su calidad depende de la de
la educación y del cultivo que se dé a los principios y derechos
fundamentales del hombre.
Sería imposible dar con un período en la historia
reciente de España, en el que los aciertos superaran a los desaciertos
en el proceder legislativo y gerencial de la universidad. También del
sistema educativo en general, pero esa es otra (larga) historia. Sin que
haga falta remontarse a épocas muy lejanas, las reformas del Gobierno
surgido de la aplastante victoria socialista en las elecciones del 28 de
octubre de 1982, fueron el golpe definitivo a la institución y el
comienzo del más largo y efectivo período de vaciamiento cultural en la
enseñanza preuniversitaria: el triunfo electoral del PSOE (202 escaños
de 350) dio a aquel Gobierno un poder inmenso. Pero hubo más; en 1986,
el PSOE perdió un millón de votos, pero mantuvo su mayoría absoluta. Y
así sucesivamente; cuatro legislaturas (la última de las cuales
implicaría, sentando precedente, a nacionalistas vascos y catalanes) y
casi catorce años de dominio sobre tratos y estratos, pusieron a
disposición de la oligarquía liderada por Felipe González, la más densa
capacidad reformista desde el cambio de régimen de 1975. La creación
indiscriminada de universidades, para disfrute de los políticos locales,
y la incorporación al funcionariado, en 1984, de más de cinco mil
profesores eventuales, a través de unas pruebas que ni siquiera exigían
una actuación presencial, tal vez sean los dos hechos más
representativos del dislate.
La Ley General del Sistema Educativo, de 3
de octubre de 1990, y la Ley de Reforma Universitaria, de 25 de agosto
de 1983, son el origen (obsérvese que se empieza por la Universidad y se
acaba por la Escuela) de una degradación estructural en la que el
plagio y las corruptelas son elementales consecuencias del abandono y la
desidia, de la provincialización de las universidades y de la
improvisación del profesorado. Nada mejor para el plagio y la extorsión
que una estructura politizada y unos jueces que ni saben ni contestan.
ALBERTO PÉREZ DE VARGAS Vía EUROPA SUR
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