La Audiencia Provincial de Sevilla ha impuesto diferentes penas a 21 ex
altos cargos de la Junta de Andalucía por ayudas adjudicadas mediante un
sistema “opaco, injusto y arbitrario”
Juicio 'Caso ERE': Griñan, expresidente de Andalucía, condenado a seis años de cárcel
EFE
El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación. El juez ha considerado que el encausado "era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó". Su su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación.
Tras años de retrasos, cambios de
jueces y dilaciones en el proceso, este martes se ha conocido el fallo
de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE). En total, 21 excargos de la Administración autonómica han conocido la decisión de la Audiencia de Sevilla. Diez de los 21 han sido condenados con penas de prisión; tres han sido absueltos de todos los delitos. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo.
El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Guerrero ha sido condenado a siete años, once meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día. El Tribunal de Cuentas
ya había dictado más de una docena de sentencias contra Guerrero
como "responsable contable directo" de varios pagos irregulares. El ex
alto cargo tendrá que devolver al menos 7,1 millones de euros y podrá
quedarse con al menos con 2,5 millones de euros al haberse agotado el plazo de prescripción de cinco años cuando se iniciaron las investigaciones.
Este martes también ha sido
condenada la exministra de Fomento durante cinco años en el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero y exconsejera de Hacienda de la Junta, Mágdalena Álvarez. El magistrado ha acordado una pena de nueve años de inhabilitación.
EREs sin control
En la sentencia, recogida por Vozpópuli,
la Audiencia ha considerado que la "necesidad política de dar una
respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los
responsables de la Junta Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien
tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos".
Según
ha explicado el juez, consta en las actuaciones que "no fue fiscalizado
ni uno sólo de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y
ayudas a empresas del programa 31L, durante el periodo enjuiciado, desde
el año 2000 al 2010".
Siete años de instrucción
El juicio comenzó el 13 de diciembre de 2017 tras
siete años de instrucción. Un año después y con 152 sesiones
celebradas, quedó visto para sentencia el primero de los juicios por los
ERE, correspondiente a la pieza política. Los 21 acusados no hicieron
uso de su derecho a la última palabra más que para dar las gracias al
tribunal.
Estaba sobre la mesa la supuesta creación por parte de altos cargos del Gobierno andaluz de un "procedimiento específico" para eludir los controles de fiscalización previos
de la Intervención General de la Junta en la concesión de ayudas
sociolaborales a empresas en crisis entre los años 2000 y 2009.
El
proceso judicial arrancó con un total de 22 exaltos cargos de la Junta
acusados, entre ellos, dos expresidentes y seis exconsejeros. El número
final de procesados fue de 21, tras retirar la Fiscalía su acusación contra el exsecretario general de Hacienda Antonio Estepa.
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