Ya no solo son piezas fundamentales en la creación de riqueza, sino que procuran construir un mundo más sostenible donde la rentabilidad se combine con la justicia social y la protección del medio ambiente
/EULOGIA MERLE
La empresa cumple la función social de producir bienes y servicios
para satisfacer las necesidades de las personas, en un marco
institucional que influye decisivamente en la creación y reparto de la
riqueza colectiva y en su sostenibilidad.
La sociedad de capitales, como forma dominante de empresa en la
economía de mercado (propiedad privada, sistema de precios), ha
demostrado una gran capacidad de creación de riqueza. Sin embargo, con
la reciente crisis financiera, se la responsabiliza directamente de la
creciente desigualdad en la distribución de la renta y riqueza, del
deterioro del medio natural y de las amenazas de un cambio tecnológico
acelerado e impredecible. Así se ha llegado al convencimiento de que el
modelo de empresa precisa de una reforma que aumente su contribución a
un crecimiento más inclusivo y sostenible.
La declaración de la Business Roundtable en el verano de 2019,
revocando el criterio de maximización del beneficio para la toma de
decisiones empresariales, y sustituyéndolo por otro más inclusivo que
tuviera en cuenta el bienestar de todos los grupos de interés, es un
hito importante en esa dirección. La declaración se produce poco después de que la British Academy hiciera público el documento Reforming Business for the 21st Century: A Framework for the Future of the Corporation,
fruto de una iniciativa colectiva de 31 académicos de las ciencias
sociales y humanas, bajo la dirección del profesor de Oxford Colin
Mayer, con el propósito de “redefinir las empresas del siglo XXI y
construir confianza entre las empresas y la sociedad”. Los medios de
comunicación (The Economist, Financial Times, New York Times…)
se hacen eco repetidamente de estas declaraciones, poniéndolas en
contexto con propuestas de candidatos presidenciables del Partido
Demócrata de Estados Unidos sobre futuras reformas.
En un entorno más cercano, la Directiva 2014/95/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, transpuesta en España por la Ley 11/2018 de 28 de
diciembre (Ley de Información no Financiera y de Diversidad), revela lo
que, a juicio de las autoridades y representantes políticos
comunitarios, debe ser la buena praxis de transparencia y rendición de
cuentas en la relación empresa-sociedad. A través de los requisitos de
transparencia sobre unos indicadores de resultados “no financieros”
(bajo el principio de cumplir o explicar), la Directiva desvela las
preferencias de los políticos europeos sobre el buen desempeño de las
empresas. La ley española, en su preámbulo, conecta explícitamente la
demanda de más información con la que surge de la responsabilidad social
corporativa (RSC), y la relaciona con la “gestión de la transición
hacia una economía mundial sostenible que combine la rentabilidad a
largo plazo con la justicia social y la protección del medio ambiente”.
La pérdida de peso del Estado podría ser consecuencia de su captura por los propios ‘lobbies’ empresariales
A escala más global, la iniciativa de la ONU alrededor de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) reconoce la importancia, para
el éxito final, de la implicación de las empresas en la consecución de
los mismos, aunque no se pronuncia sobre la reforma.
La coincidencia de académicos, directivos de empresas y políticos en
la necesidad de reformar la empresa avala la importancia de esta
institución en nuestra sociedad, aunque la implantación de los cambios
sigue confiándose a la voluntariedad y la autorregulación. Se mantiene
la tradición de la RSC, que ha marcado el cambio en la empresa en los
últimos veinte años, a pesar de que durante este tiempo el deterioro del
medio ambiente y la desigualdad han seguido creciendo. En el fondo, se
pone en evidencia la complejidad del cambio y la necesidad, a nuestro
juicio, de un marco de reflexión y análisis más comprensivo que el que
podría resultar de la inercia actual. En este sentido, los autores junto
con la Fundación Alternativas se proponen contribuir a ese análisis y a
la generación de propuestas de reforma de la empresa, desde las
siguientes premisas.
Deslindar los conceptos de mercado y capitalismo.Existen
razones, desde el avance tecnológico y desde la innovación financiera,
para justificar un creciente protagonismo de formas de empresa no
capitalistas, es decir, empresas en las que la propiedad y la capacidad
de decisión no radiquen sólo en quienes aportan el capital. Un espectro
más amplio de formas de empresa deberá facilitar la implantación de los
nuevos criterios de decisión, distintos de la maximización del
beneficio, así como incrementar la inversión en las nuevas fuentes de
creación de riqueza, dentro de lo que Hanskel y Westlake denominan
“capitalismo sin capital”, en referencia al peso creciente de los
activos intangibles en el capital productivo de las empresas.
Recuperar el papel del Estado en la corrección de los fallos del mercado.
Una explicación benevolente sobre por qué el Estado no ha cumplido con
su función de impedir el deterioro en el capital colectivo puede
basarse, tanto en el hecho de que los Estados nacionales han visto
reducida su capacidad de iniciativa por la globalización, como en la
ausencia de una autoridad supranacional con fuerza para defender
intereses globales. Desde otro punto de vista menos benevolente, la
pérdida de peso del Estado podría ser consecuencia de su captura por los
propios lobbies empresariales.
Es imprescindible que la información no financiera se publique de forma fácil de conocer y procesar
Reforzar la disciplina de la competencia. La
competencia actúa cuando existe mercado y los actores tienen amplias
posibilidades reales de elegir. Sin embargo, la justicia social y la
sostenibilidad medioambiental no han sido posible alcanzarlas, hasta el
momento, por mecanismos estrictos de mercado y competencia. Para que la
autorregulación, que rige tanto en la Directiva 2014/95/UE como en la
Ley 11/2018, sea sensible a las demandas del entorno es imprescindible
que la información no financiera se publique de forma fácil de conocer y
procesar.
Redefinir la responsabilidad social de las empresas.
Si la intervención del Estado y la competencia son contrapesos
necesarios para mitigar las externalidades negativas del mercado, las
empresas “responsables” deben renunciar a cualquier acción u omisión que
vaya contra estos mecanismos compensatorios. Ello significa pagar los
impuestos que correspondan según el espíritu de la ley, favorecer las
posibilidades de elegir de los consumidores, facilitar la defensa de
intereses colectivos y renunciar al lobby partidario.
Responsabilidad ante un cambio tecnológico acelerado y disruptivo.
La innovación tecnológica ha contribuido a la globalización y ha
generado tensiones entre las empresas globales de base digital y las
restricciones que han tratado de introducir los sistemas políticos de
ámbito nacional. La capacidad de comunicación y de procesamiento, el
funcionamiento en red, la disponibilidad de datos, la inteligencia
artificial y el blockchain, entre otros, abren muchas
incógnitas alrededor de los beneficios y costes sociales derivados de
los usos de la innovación tecnológica en las decisiones empresariales,
principalmente en mercados donde las economías de red presionan hacia la
concentración. Todo ello aumentará las exigencias sobre las empresas
para adaptar la propiedad, el gobierno y la gestión hacia unas
tecnologías en red, globales, automatizadas y con capacidad de
aprendizaje.
La sociedad espera de las empresas que interioricen los objetivos de
justicia social y sostenibilidad, sin perder su capacidad para crear
riqueza. En el corto plazo, la Ley 11/2018 y los ODS marcan el camino.
Actuar conforme al fondo (asimilando los objetivos que se persiguen) y
la forma (informando con la máxima transparencia) de estas iniciativas
servirá para demostrar el compromiso con objetivos mayores.
DIEGO LÓPEZ GARRIDO, FRANCISCO ROS, VICENTE SALAS e IGNACIO SANTILLANA*
Publicado en EL PAÍS el 26-11-2019
*Diego López Garrido es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas; Francisco Ros, ingeniero de telecomunicaciones; Vicente Salas, profesor en la Universidad de Zaragoza, e Ignacio Santillana, economista.
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