domingo, 30 de octubre de 2022
EL CAMBIO QUE ESPAÑA NECESITA
El país avanza hacia un deterioro institucional dramático que los enemigos de la convivencia tendrán la tentación de presentar como una quiebra del sistema
GABRIEL SANZ
Felipe González define el liderazgo político democrático como la «identificación de un sentimiento». Es decir: de la emoción ciudadana que reclama una forma de entender la vida.
El recuerdo de los 40 años de la victoria arrolladora del PSOE en 1982 nos devuelve al instante de conexión mágica en el que los anhelos de libertad y modernidad de los españoles coincidieron masivamente con la oferta política de un grupo de jóvenes socialistas que habían recuperado unas siglas históricas y sobre ellas fundaron la gran alternativa nacional, moderada y reformista de centroizquierda. El libro Por el cambio, de Ignacio Varela, convertido ya durante toda esta semana en un clásico, describe ese proceso de lanzamiento de un partido institucionalista de grandes mayorías populares formado en la cultura del consenso.
La aplicación práctica fue otra cosa. Una de las virtudes que aquel PSOE sigue legando al actual es su capacidad de adherencia de toda una inteligencia en torno a la intelectualidad, la cultura y los medios de comunicación desde la que irrigar su influencia y proyectar una hegemonía estética y de valores. Una de sus representantes más conspicuas en los años 80 y 90 fue la directora de cine Pilar Miró, que en 1997, tras la salida de González del poder, le decía a Casimiro García-Abadillo para su libro El Balance: «El final, para mí, ha supuesto una gran decepción. No lo veo con ira o con tristeza. Tan sólo con pena, porque creo que perdimos la oportunidad histórica de hacer un gran cambio en este país... Lo que sucedió es que el pragmatismo acabó con los ideales que nos llevaron a ganar las elecciones del 82».
La constatación de ese fracaso de la renovación ética comprometida fueron el crimen de Estado, la corrupción y la persecución, incluyendo episodios infames, de los periodistas que los investigaron. El ejercicio del poder sin apenas alternativa condujo a los socialistas a una concepción patrimonial del Estado que llevó a las primeras reformas que debilitaron los órganos constitucionales, como la del Poder Judicial. González inauguró así un patriotismo de partido que después siguieron los demás y que, por supuesto, se mantiene hoy con toda su fuerza.
Tres de cada cuatro españoles, y por tanto esa valoración recorre todos los estratos y sensibilidades, tiene hoy un recuerdo positivo de Felipe González. Y si es así, sería estúpido y sectario negarle su papel protagonista indiscutible en la modernización del país a través de la consolidación del sistema de libertades, el impulso a la economía de mercado y la apertura a la inversión exterior, la construcción de un estado del bienestar propio de una gran nación europea o la integración en la CEE y el afianzamiento en la OTAN. La añoranza tiene que ver sobre todo con la nostalgia mitificada de aquella vivencia ilusionante vinculada al proyecto colectivo de país y la visión estratégica de Estado que encarnaba González.
Esa alma institucional del PSOE, que tiene su seña de identidad en el compromiso jacobino con la igualdad entre españoles y la solidaridad interterritorial, comenzó a dar paso a otra más revolucionaria con José Luis Rodríguez Zapatero, que hizo de la aversión a la derecha y la alianza excluyente con los nacionalismos el eje de buena parte de su política. Pero con Pedro Sánchez asistimos ya a una alteración decisiva de la naturaleza fundacional del PSOE de la Transición y de Felipe González.
«Es otro partido», lo dijo esta semana Alfonso Guerra. Es otro tiempo, hipermoderno. Conserva las siglas por la ventaja competitiva que permite su memoria sentimental y como soporte de adherencias para la inteligencia y el patriotismo de partido -a este sirvió ayer el propio González- pero no hay proyecto integrador ni visión estratégica de Estado, sino un instrumento político al servicio principal de una ambición personal.
Sánchez ha desactivado los contrapesos internos y conecta su liderazgo carismático de manera directa con unas bases fuertemente ideologizadas y devotas de las políticas identitarias; de forma refleja, considera prescindibles los fundamentos institucionales del Estado de derecho y los consensos constitucionales, seguro como está de su dependencia presente y futura de las formaciones que tienen como objetivo existencial erosionarlos. Mantiene además una flexibilidad moral y una determinación proteíca por el poder, inigualables entre ninguno de sus adversarios, que le permite afligirlos incluso cuando se encuentra en las circunstancias más adversas.
Todo esto es lo que acaba de comprobar Alberto Núñez Feijóo durante las últimas semanas pero, particularmente, en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Constitucional. El líder del PP tiene una predisposición natural al pacto y un fuerte sentido de la responsabilidad: lo intentó, en un contexto que parecía propicio ante la urgencia provocada por la dimisión de Carlos Lesmes y las presiones de la UE.
El planteamiento posibilista de Esteban González Pons contenía avances, quizá insuficientes por el enrocamiento del PSOE, e incluía la exigencia de garantías de que el desbloqueo del Alto Tribunal no serviría para recompensar el apoyo de ERC. El Gobierno, incluso ante la reticencia inicial de los independentistas, puso entonces todo su empeño en colocar encima del debate público una reforma ad hominem del Código Penal que rebajaría la pena por el delito de sedición a sus socios de investidura.
Feijóo quedaba así en una situación humillante: el mismo Sánchez que aparentaba negociar de buena fe con él un refuerzo del orden constitucional ofrecía a Esquerra su desprotección. Y, por añadidura, la deslegitimación de la sentencia del Tribunal Supremo por el 1-O. Se le ponía así en riesgo de aparecer como cómplice del regreso de sus protagonistas. El líder del PP no tenía alternativa que no fuera a un altísimo coste.
La información que hoy publica Lucía Méndez de la celebración en Moncloa es muy reveladora. Tras la encerrona, Sánchez presentará a Feijóo como responsable del bloqueo, aunque son sus alianzas con los enemigos del pacto constitucional lo que desbarata la confianza en él. Un acuerdo de Estado trasciende su propia letra y contenido: exige un compromiso con una cultura democrática y unos consensos, con la garantía de que se comparte una idea común de España y el Estado de derecho.
El país avanza hacia un deterioro institucional dramático que los enemigos de la convivencia tendrán la tentación de presentar como una quiebra del sistema. La receta para resolverlo exige releer las primeras líneas de esta carta. 
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