Mario Draghi y Pedro Sánchez, reunidos en La Moncloa en 2019.
“Con la elección de Mario Draghi como primer ministro y la formación de un gobierno apoyado por todos los partidos políticos, a excepción del ultraderechista Fratelli d’Italia, los italianos han vuelto a demostrar su inigualable instinto de supervivencia”, escribía aquí días atrás Agustín Valladolid. Toda la razón. El conocido como “enfermo de Europa” ha protagonizado en la figura de Draghi una espectacular vuelta al primer plano de la actualidad europea con la presentación esta semana de un plan de recuperación por importe de 248.000 millones de cuyo éxito depende “el destino de Italia”, en palabras del exgobernador del BCE. Aquella cifra se descompone en 191.500 millones (subvenciones y préstamos) procedentes de los fondos de la UE, 30.600 millones de los presupuestos nacionales destinados a infraestructuras de transporte, digitalización y medio ambiente, amén de la modernización de la mastodóntica burocracia italiana, y 26.000 más que se emplearán en la mejora de las conexiones de transporte entre el norte y el sur del país. En total, 248.000 millones.
El éxito del programa de inversiones y reformas determinará “el papel de Italia en el concierto internacional y su credibilidad y reputación como fundador de la UE y actor líder en el mundo occidental”. Aunque entre los objetivos del plan Draghi figura la manoseada “mejora de la igualdad de género”, que hay que cumplir con las obsesiones de Bruselas, la realidad apunta a revertir las debilidades estructurales de una economía que lleva décadas de estancamiento víctima de vicios muy arraigados en una sociedad que parecía haber bajado los brazos. La dimensión del problema italiano queda resumida en una deuda pública que a finales de 2020 se situó en el 155,6% del PIB, a lo que hay que añadir cuestiones como la caída del PIB per cápita, que en los últimos 25 años descendió un 10% respecto a la media de la eurozona, o el estancamiento de la productividad, que en dicho periodo aumentó apenas una cuarta parte del promedio de la zona euro. Los esfuerzos de algunos Gobiernos por curar al enfermo en este cuarto de siglo han fracasado no por falta de inversiones, sino por la debilidad del Estado de Derecho y la corrupción de la clase política. El ejemplo más claro es la evasión fiscal, un fenómeno de masas en Italia. La brecha entre los ingresos por IVA teóricos y reales, por ejemplo, está entre el 6% y el 8% en España, Francia y Alemania, porcentaje que se dispara hasta el 24,5% en Italia. Tal es el desafío al que se enfrenta Draghi.
La evasión fiscal daña los servicios públicos, corroe la confianza en el Estado y socava la credibilidad de las instituciones. En el bucle infernal coste-beneficio de pagar o no impuestos crece la corrupción, se afianza el crimen organizado y surgen dudas sobre la fiabilidad de las cuentas empresariales, factores que terminan deprimiendo la productividad y afectando al tamaño y capitalización de las empresas. De modo que “superMario” tendrá que echarle determinación para pasar de las musas de las grandes frases al teatro de lo concreto, llevando a la práctica esos planes de inversión y reforma. En París y Berlín existe estos días el convencimiento de que del éxito o el fracaso de Draghi dependerá no solo la suerte de Italia sino el futuro de la propia UE y la posibilidad de seguir avanzando hacia la integración económica y monetaria. De momento, el primer ministro italiano cuenta con importantes bazas a favor, la primera de las cuales es la amplia mayoría parlamentaria de que dispone. La segunda y más importante aún es su currículo, su prestigio ante los mercados financieros, las instituciones europeas y la propia clase política italiana y, en definitiva, su credibilidad, tres cosas de las que carece por completo un tipo llamado Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
El viernes, el Gobierno que preside remitió a Bruselas su Plan de Recuperación y Resiliencias Varias que teóricamente incluye las inversiones y reformas que acometerá con los fondos NextGenerationEU que espera recibir entre este año y 2023, reducidos en realidad a los 72.000 millones asignados a España en forma de subvenciones “gratis total”, cantidad que espera repartir discrecionalmente desde Moncloa entre amigos y conocidos, porque no entra en sus cálculos solicitar la cifra restante en forma de créditos hasta los 140.000 totales. Al contrario de lo ocurrido con el Plan Draghi, no conocemos una inversión o reforma concreta de las contenidas en el documento. En realidad no sabemos nada a día de hoy de su contenido, aunque se especula con la idea de que el plan se mantendrá secreto hasta después del 4 de mayo para no perjudicar las opciones electorales de la izquierda en Madrid, ante la posibilidad de que el mismo incluya algún compromiso de consolidación fiscal exigido por la Comisión (CE).
“Más allá de las líneas estratégicas descritas en el documento España Puede, no se conoce ni el detalle de los proyectos aprobados, ni los plazos de ejecución, ni el contenido de las reformas estructurales que acompañarán al Plan en áreas nucleares para el crecimiento económico como el mercado de trabajo, el sistema de pensiones o la reforma tributaria”, puede leerse en el informe elaborado por Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que, preceptivo para Bruselas, acompaña al plan del Gobierno y que firma la presidenta del organismo, Cristina Herrero. El Ejecutivo prevé un crecimiento del PIB del 6,6% en 2021 (frente al 9,8% estimado anteriormente), del 7% en 2022, del 3,5% en 2023 y del 2,1% en 2024, previsiones que Herrero considera de “imposible” respaldo dada la ausencia de datos fiables. De acuerdo con la información de Alejandra Olcese el viernes en este diario, el Ejecutivo descarta ante Bruselas poner en marcha medidas de recorte del gasto público, tal que congelar las pensiones o el sueldo de los funcionarios, y se compromete a seguir subiendo ambas partidas conforme al IPC de aquí a 2024. “No sólo no contempla una congelación de estas partidas”, escribe Olcese, “sino que a partir de 2022 y siguientes prevé un incremento retributivo de los empleados públicos y de las pensiones en línea con la evolución de precios”. Y como no podía ser de otro modo tratándose de un Gobierno socialcomunista, anuncia una subida de impuestos a los españoles.
Todo lo que sea necesario para acabar de hundir la economía por los siglos de los siglos. Ursula von der Leyen, la presidenta de la CE incapaz de aprovisionar eficazmente de vacunas a la Unión y aspirante ahora nada menos que a enderezar su economía, publicó el jueves un tuit dando cuenta de la llegada de la papela española: “Hemos recibido el plan de recuperación de España. #NextGenerationEU contribuirá a financiar la recuperación del país a través de proyectos vinculados a la transición ecológica y digital, la cohesión y la igualdad de género”. Un par de líneas que describen el galimatías sintáctico y conceptual, tal vez incluso ideológico, que se ha adueñado de los burócratas de Bruselas. ¿Realmente llenando el campo de molinillos y paneles solares vamos a cambiar el modelo económico español? ¿Y qué dice Ursula de la igualdad de género? ¿Cómo lograr el milagro de convertir en competitiva una economía con la igualdad de género? ¿Cómo se come eso?
Nada de lo que escribe la presidenta de la UE tiene que ver con los verdaderos problemas de la economía española, nada con los remedios que serían precisos para hacerle crecer con fuerza, crear empleo y competir en los mercados internacionales. España necesita una reforma fiscal (con las subidas de impuestos, caso del IVA, precisas) que estimule el emprendimiento y no ahogue con cargas a las empresas. Necesita abordar de una vez la quiebra financiera de la Seguridad Social hincándole el diente a las pensiones. Necesita una reforma laboral que no suponga un dogal para el empleo y que ponga a los sindicatos (los cuatro gatos que lastimosamente se manifestaron ayer por las calles de España) en su sitio. Necesita una reforma del gasto público, que debería empezar por una revisión profunda de nuestro Estado Autonómico, ineficiente y caro. Reforma también de una Administración pública que no deja de crecer mientras se empequeñece el sector privado. Y profundizar en la liberalización de muchos sectores para aumentar la competencia. Y agilizar la administración de Justicia. Y dotarse de una Ley Educativa respaldada por el más amplio consenso, capaz de abrir las puertas del mundo a las generaciones futuras. Todo eso y mucho más necesita este país, más allá de absurdas apelaciones a los molinos de viento y la cosa del género.
Todo lo que este Gobierno ha vendido a Bruselas es humo, pompas de jabón, juegos de palabras vacías de contenido con el objetivo puesto en engañar a la CE y conseguir los fondos, seguros como están en Moncloa de que los burócratas de Bruselas son los primeros interesados en que la rueda siga girando, show must go on, hasta el día en que los contribuyentes del norte se planten de verdad y digan hasta aquí hemos llegado con la penosa costumbre de pagar la fiesta de los países del sur. Italia tiene una oportunidad de oro para salir del hoyo en que lleva décadas sumida gracias a Mario Draghi. España no tiene ninguna con un descuidero de la política por presidente, a quien apoyan comunistas y separatistas, enemigos todos mortales de la España de ciudadanos libres e iguales. Aquí se va a enriquecer una elite empresarial y su contraparte política, amén del submundo de consultoras, relaciones públicas y lobies que giran en torno a Moncloa. Aquí vamos a asistir a la aparición de nuevos y rutilantes Ábalos alicatados de pasta hasta el techo, porque 72.000 millones dan para muchos “Plus Ultras” puestos cómodamente en bancos de Panamá y el Caribe. De eso debe ir lo de la “economía digital”: de adjudicar a dedo y sin ningún control, como en su día denunció el Consejo de Estado, el maná de los fondos europeos. El futuro de España pasa, en suma, por desalojar del poder a la banda y al jefe de la banda. No es una cuestión de ideologías, sino de salud pública. Este martes 4 de mayo empieza la cuenta atrás.
JESÚS CACHO Vía VOZ PÓPULI
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