Translate

viernes, 4 de octubre de 2019

El progresismo y el problema del 'sí, pero'

Los debates de la pasada semana alrededor del cambio climático nos han dejado alguna lección política: han señalado de forma clara cómo funcionan las cosas


Foto: Protesta contra el cambio climático en Fráncfort. (EFE)

Protesta contra el cambio climático en Fráncfort. (EFE)


La agitación de la pasada semana respecto del cambio climático ofrece un par de lecturas que van más allá del tema objeto del debate. No solo por la presencia de una adolescente como portavoz de las reclamaciones y por el revuelo que su figura suscitó, sino porque subraya algunas de las dinámicas políticas de fondo; y muy relevantes, porque fijan el marco político de manera insistente.

El cambio climático es un problema comprendido. Por más que se insista en revelar a la población los efectos que está causando, poco más se puede hacer en el plano de la explicación. Hay consenso respecto de su existencia (quienes lo niegan son minoritarios en la sociedad) y el mundo político es consciente de los desafíos que plantea. Puede empujarse en dirección a una mayor pedagogía, pero no alterará demasiado la percepción social, que ya está instaurada.

¿Qué está ocurriendo?


La cuestión no es que no se haya entendido, sino que no se ha actuado. Y quizás esto también deba ponerse entre paréntesis, porque sabemos de la existencia de cumbres mundiales por el clima, de medidas que han tomado los gobiernos (por más que sean parciales) y de una insistencia grande en la transición energética por parte del mundo político y parte del empresarial. Se ha avanzado en conciencia, regulación e intenciones, pero no parece suficiente. La idea de fondo es que hace falta una acción mucho más decidida, porque las consecuencias del cambio climático no dejan de manifestarse y —nos auguran— el futuro será mucho peor. Con lo que la pregunta real sería: si el riesgo es tan elevado, ¿por qué no se afronta con el arrojo preciso?

La mayor parte de quienes menospreciaban a Greta eran varones mayores, lo que activó una de las constantes progresistas: volver al eje joven/viejo

En este escenario apareció Greta Thunberg, cabeza visible de una gran campaña que ha finalizado con manifestaciones juveniles para combatir el cambio climático. Y desde que tomó la portavocía, se ha producido una reacción llamativa y reveladora de los caminos políticos que está adoptando el progresismo.

La personalización


La popularidad de Greta generó cierta animadversión en diferentes grupos políticos. Quienes no han adoptado una postura negacionista pero perciben como negativo el énfasis en el cambio climático porque lo ven muy de izquierdas, tildaron a Greta de puro montaje y señalaron a la adolescente como un producto prefabricado y groseramente utilizado tanto por sus padres como por las empresas que sufragaron el viaje. Desde la izquierda, se produjeron críticas similares, pero poniendo el acento en una cierta blandenguería política.

Fue entonces cuando el activismo progresista encontró un patrón común en ambas posturas, y arremetió contra ellas desde un eje claramente definido. Atacaron a quienes se oponían a Greta formulando la crítica de la crítica, y para esa tarea el patrón común eran las características personales. La mayor parte de quienes menospreciaban a la adolescente nórdica eran hombres y eran mayores, lo cual les permitía activar una de sus constantes, esa que une juventud, feminismo y que hace de ambas la fuerza ganadora.

La nueva división


La forma de enfocar la resistencia al Brexit, a Trump, a las extremas derechas, a la derecha propiamente dicha (y a tantas otras cosas) desde una perspectiva progresista ha consistido en reconvertir los asuntos políticos en una división entre viejo y nuevo, en la oposición entre los jóvenes y los mayores, la gente abierta de mente contra la cerrada, los digitales contra los analógicos y las personas con costumbres avanzadas frente a las retrógradas.

Los verdaderos negacionistas no son los varones de mayor edad que descreen; si cambiasen de opinión, las transformaciones serían mínimas

‘Te roban tu futuro’ es un argumento muy habitual, que apareció en la época de la separación del Reino Unido de la UE, ya que un montón de viejos resentidos y filofascistas estaban perjudicando a las nuevas generaciones, mucho más cosmopolitas, y condenándolas a quedar recluidas en un Reino Unido desconectado. Hay muchas semejanzas de estos argumentos con los utilizados respecto del cambio climático, acerca de la falta de consciencia y cuidado de las viejas generaciones que no se plantean el mundo que les van a dejar a sus hijos y nietos y les condenan a sufrir las consecuencias.
Incluso en las últimas elecciones españolas muchos de esos argumentos se hicieron presentes durante la campaña, con un partido que decía enfocarse hacia el futuro, ser abierto culturalmente, querer avances sustanciales en las costumbres y otros que pretendían encerrarnos en un pasado oscuro. Ese eje de lo nuevo contra lo antiguo, de lo joven contra lo viejo, es parte permanente de las políticas progresistas.

Un sector irrelevante


Más allá de su efectividad y su utilidad discursiva, esta estrategia tiene dos graves problemas. El primero es bastante obvio, ya que focaliza la atención en un sector nada importante. Los verdaderos negacionistas no son los varones viejos que afirman “dónde está el cambio climático, que me lo enseñen, que no lo veo”, ni los científicos que ponen objeciones a su existencia, ni los rojos de las redes que satirizan a Greta. De hecho, si esta gente cambiara de opinión y decidiera certificar la existencia del cambio climático, la transformación que se produciría resultaría ínfima.

Una parte importante de quienes se oponen a tomar medidas creen en la existencia del cambio climático, pero priorizan otras lógicas

Los verdaderos negacionistas están en otra parte, y muchos de ellos son conscientes de la existencia del cambio climático y de sus consecuencias. Son esos directivos que dicen “sí, pero”, aquellos que saben que tomar otra dirección les llevaría a ganar mucho menos dinero, y con ello a retribuir escasamente a los accionistas y a que sus bonus se esfumasen; son esos dirigentes políticos que piensan en términos instrumentales, que saben que sus países causan enorme daño por el gasto energético de sus ejércitos, por sus fábricas, que siguen contaminando, o por instigar el 'fracking', entre otras muchas cosas, pero que saben que es justamente eso lo que sitúa a sus Estados entre los más poderosos del mundo o entre los beneficiados de la globalización; son esos expertos de las grandes instituciones que nos transmiten que una acción decidida causaría enormes perjuicios a la economía y así sucesivamente.

Las razones


Su mentalidad oscila entre “quien venga después ya cambiará las cosas”, “da igual el cambio climático, porque si sus efectos se producen, mi país estará bien situado para afrontarlo” y “yo sigo siendo rico, que se preocupen los demás”. Son estas personas las que están en posición de impulsar el cambio real, pero se niegan por razones coyunturales, de conveniencia política o de puro interés, y esa lógica no depende de la edad que se tenga ni de lo bien o mal que les caiga Greta.

Hay una constante: los problemas se reconocen, pero apenas se hace nada para solucionarlos

Son justo estas personas las que menos se ven interpeladas por las retóricas de lo nuevo contra lo viejo o de lo progresista contra lo conservador. Simplemente apelan a un supuesto pragmatismo, el de evitar las soluciones aduciendo que el coste sería grande, que existirían notables perjuicios, que habría muchas cosas que se pondrían en riesgo o que en realidad no es posible hacerlo ahora.

Como con la desigualdad


Este argumento reaparece en los grandes problemas de nuestra sociedad, no ocurre solo respecto del cambio climático. Otro buen ejemplo es la desigualdad, en que se repite el esquema: sabemos que existe, que produce tensiones que ahora son manejables pero que en el futuro serán mucho peores, que genera sociedades más quebradas y  polarizadas y que desdibuja el porvenir para una parte muy relevante de la población. Es un problema que en Occidente se reconoce pero que no se aborda, porque las soluciones pondrían en riesgo la economía (o cualquier otra excusa). Y cuando se ofrece alguna receta para enfrentarse al problema, suele ser en el sentido de hacerlo más profundo, por ejemplo, señalando la educación como el gran paliativo, pero haciendo abstracción de que precisamente las clases con menos recursos también cuentan con muchas menos probabilidades de recibir una educación adecuada.

En este contexto, el eje joven/viejo, apertura/cierre es escasamente relevante, porque deja sin tocar el fondo del asunto: los problemas se reconocen, pero apenas se hace nada para solucionarlos. El centro de la cuestión está en el 'sí, pero', y mientras no haya un programa contra el pero, todo será seguir cayendo.


                                                                     ESTEBAN HERNÁNDEZ   Vía EL CONFIDENCIAL

jueves, 3 de octubre de 2019

UNA EUROPA QUE PROTEJA

Los derechos humanos y su protección deben estar situados en el núcleo de las políticas de la UE


Sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. PATRICK SEEGER (EFE)

Nada menos que Protección del Estilo de Vida Europeo es el alambicado título con el que la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha bautizado la vicepresidencia encargada de las migraciones, la seguridad, el empleo y la educación. ¿Seguridad para contener el flujo migratorio que, estadísticamente demostrado, viene aminorándose? ¿Empleo garantizado para los europeos, cuya economía necesita de la entrada legal y regulada de migrantes? ¿Educación para que los ciudadanos europeos entiendan lo que todo esto significa o para educar en el “estilo de vida europeo” a quienes arriban a nuestras costas huyendo de la miseria y/o la guerra?

¿Estamos ante una posición ideológica o ante una ausencia de sensibilidad de la política democristiana? ¿Ha doblegado su voluntad algún asesor provocador? Por supuesto, no todos en la derecha europea adolecen de igual ausencia de tacto. Donald Tusk, en la asamblea de la familia política de Von der Leyen, pronunció hace unos meses un discurso que viene a cuento: “Si toleras la xenofobia, no eres un demócratacristiano, si colocas al Estado y a la nación en contra o por encima de la libertad y la dignidad del individuo, no eres un democratacristiano, si estás a favor del agresor y en contra de la víctima, no eres un democratacristiano...”.

Desde luego, los europeos estimamos nuestro estilo de vida y bienestar —bolsas ingentes de pobreza aparte—, logrado en parte durante décadas por quienes llegaban de fuera, que también aprecian dicho bienestar. El predecesor de Von der Leyen, Jean-Claude Juncker, mostró asimismo su interés por preservar el modo de vida europeo y habló de “una Europa que proteja”, pero exigiendo que esta asumiera sus responsabilidades y con una considerable dosis de autocrítica: “Nuestra Unión se encuentra en una crisis existencial. Nunca antes había visto que hubiera tan pocas cosas en común entre nuestros Estados miembros... nunca antes había visto tanta fragmentación, tan pocas cosas en común en nuestra Unión”.

Ursula von der Leyen inicia su texto mencionando el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), nuestras señas de identidad: “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”. Creo que el artículo de la nueva presidenta puede interpretarse como su presentación ante la opinión pública europea. En él no se refiere a nada o a nadie que no sea puramente europeo. No menciona la solidaridad. El presidente Juncker no perdía ocasión para recordar que la palabra “solidaridad” aparece 16 veces en los sucesivos tratados de la Unión. Von der Leyen habla de “proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad” (la europea pura, se entiende). El presidente de Francia también ha hablado de proteger. Pero de otra manera.

Así, Macron: “¿Logrará Europa defender sus valores profundos? Debemos construir... una Europa que proteja frente a los desajustes de la globalización”. Pero añade: “Los refugiados son personas que solicitan asilo en nuestro país. Hablamos de hombres y mujeres cuya vida corre peligro en sus países y que la arriesgan para venir hasta nosotros huyendo de países en guerra. Les debemos hospitalidad y humanidad”.

Con su poder normativo, la UE ha pretendido influir en el mundo extraeuropeo, basándose en el TUE. Con su acción exterior ha impulsado los valores y principios en él contemplados en la esperanza de que fueran acogidos en ese mundo. En 2005, Pascal Lamy, comisario de Comercio —que consideraba su departamento parte de la política exterior de la Unión—, trabajaba para que la política comercial sirviera para gestionar y gobernar la globalización para hacerla compatible con esos valores europeos.

Dice Von der Leyen que “para algunos, el estilo de vida europeo es un término capcioso y con significación política, pero no podemos ni debemos dejar que nos quiten nuestro lenguaje”. El mío coincide con el de Hannah Arendt: “La historia contemporánea ha dividido a los seres humanos en dos categorías: los que son confinados en campos de concentración por sus enemigos y en campos de internamiento por sus amigos”, La UE está moral y políticamente obligada a articular antes de que sea tarde una respuesta humana y digna a la denominada crisis de los refugiados —en realidad, crisis de Europa— y a situar los derechos humanos y la responsabilidad de protegerlos en el núcleo de sus políticas. En suma, como dijo en su momento el memorable presidente de Uruguay, José Mujica —que predicaba con el ejemplo—, tenemos que empezar a pensar como especie.


                                                                 EMILIO MENÉNDEZ DEL VALLE*  Vía EL PAÍS


*Emilio Menéndez del Valle es embajador de España y antiguo eurodiputado.

GRETA THUNBERG


Opinión

Juan Manuel de Prada


El ascenso y apoteosis de esa adolescente sueca, Greta Thunberg, nos sirve para entender mejor el espíritu de nuestra época. Salta a la vista que Greta Thunberg es una muchacha trastornada, cuyo activismo frenético y aspaventero no es más que la reacción defensiva contra algún trauma que ha dejado en su alma una huella mucho más profunda que la huella de carbono. Salta a la vista que a Greta Thunberg le han robado los sueños y la infancia, como ella misma ha confesado; pero sospecho que los ladrones no se hallan entre los gerifaltes de la economía y la política, sino más bien en su círculo familiar. Salta a la vista, en fin, que Greta Thunberg está siendo utilizada del modo más indigno concebible. Y horroriza pensar que el mundo haga como que no se entera.




Tal vez sea esta falta de caridad hacia Greta Thunberg lo que más nos horroriza. Todos los que aplauden a Greta Thunberg saben que es una muchacha trastornada y consumida por padecimientos íntimos que ha sublimado, transmutándolos en obsesión mesiánica de tipo ecologista. Y, aún sabiéndolo, la jalean, porque es rentable para su causa; porque han descubierto que Greta Thunberg ejerce sobre las masas una rara fascinación que les permite colocar su mercancía ideológica con un impacto mediático arrasador. No hace falta siquiera entrar a discutir la naturaleza de ese mensaje para concluir que esa utilización es gravemente inmoral; si además consideramos que ese mensaje puede ser una superchería, o al menos una simplificación burda, la utilización adquiere contornos tenebrosos. Una sociedad que aún guardase un rescoldo de conciencia se rebelaría contra esta utilización sórdida.

Pero, lejos de producirse esta reacción, las masas escuchan a Greta Thunberg con veneración. No contentos con permitir que una muchacha trastornada sea utilizada de forma descarada, la convertimos en ídolo de masas. De este modo, la impiedad se convierte en la antesala del idiotismo. Permitir que una muchacha trastornada sea utilizada como títere de una causa de fachada reluciente y trastienda turbia revela, desde luego, que la nuestra es una época perversa; pero que una adolescente aquejada de diversos trastornos mentales se convierta en ídolo de masas se nos antoja todavía más perturbador y desasosegante. Si los gerifaltes que manejan el cotarro eligen a una  adolescente como estandarte de una causa cuya defensa exige grandes conocimientos científicos es porque saben perfectamente que se dirigen a masas que han dimitido de la nefasta manía de pensar. Masas fácilmente manipulables que recurren a la sensiblería para hacerse perdonar su dureza de corazón; y que, dimitidas del raciocinio, se dejan pastorear por los eslóganes más burdos y esquemáticos. Masas idiotizadas, huérfanas de cimientos vitales, que convierten cualquier cliché ideológico, cuando se sirve mediáticamente del modo idóneo, en emoción instantánea; masas alienadas que pueden convertir esas emociones instantáneas en razón de su obrar, sin pasarlas por los alambiques del pensamiento. Masas, en fin, tan cretinizadas como el perro de Paulov.

Como ahora lo que uno escribe acaba rodando por las letrinas de interné y siendo utilizado por gentes variopintas pro domo sua, conviene especificar que quien esto escribe es anticapitalista y defiende una economía fundada en la dignidad del trabajo y en el cuidado de la naturaleza. Pero el capitalismo no es tan sólo una doctrina económica, sino sobre todo una agenda antropológica arrasadora que destruye los cimientos vitales, hasta convertirnos en guiñapos humanos. Greta Thunberg es una víctima más de esa agenda antropológica; y es también su apostólico títere.


                                                                                       JUAN MANUEL DE PRADA
                                                                                       Publicado en ABC.

Amable portazo de Bruselas a la propuesta de Johnson para Irlanda

La Comisión Europea ve "puntos problemáticos" en una propuesta británica que no cumple con los requisitos mínimos exigidos por Bruselas


Foto: El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. (EFE)

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. (EFE)


Los últimos días han estado dominados por una mezcla de incredulidad y reafirmación. Todos en Bruselas han seguido con milimétrica precisión cada paso, cada debate y cada rumor que salía de Londres. Boris Johnson, primer ministro británico, enviaría su oferta para desbloquear el Brexit tras su discurso de clausura de la conferencia conservadora. Nadie esperaba mucho progreso en esa propuesta. Pero sí algo con lo que trabajar.

Sin embargo, la propuesta de Johnson no cumple con los requisitos mínimos para que sea la base de un futuro acuerdo. No respeta la economía de toda la isla, no garantiza que no haya frontera ni la integridad del Mercado Interior, que son las bases de la salvaguarda irlandesa, conocida como 'backstop'. Y por lo tanto no es aceptable para la UE. Pero no es el único asunto que hace esta oferta imposible de aceptar para Bruselas.


Celia Maza. Manchester

martes, 1 de octubre de 2019

UN ACUERDO POR VENEZUELA

Para llegar a una solución de la crisis institucional que vive el país es necesario que sus principales protagonistas, Nicolás Maduro y Juan Guaidó, pongan al pueblo por encima de sus ambiciones

Un acuerdo por Venezuela 

Eulogia Merle

 

La crisis constitucional que sacude a Venezuela desde que Nicolás Maduro y Juan Guaidó se juramentaron para ocupar el mismo cargo de presidente de la República, ha entrado ya en su segundo semestre de existencia. Lejos del desenlace rápido y abrupto que vaticinaban la oposición venezolana y sus aliados internacionales a principios de año, Venezuela se encuentra hoy en el mismo punto que en enero de 2019: con Maduro en el Gobierno, Guaidó en la oposición, y la sociedad venezolana sumida en una debacle económica y social.

Uno tras otro, desde la proclamación de Guaidó en enero hasta el golpe de Estado del 30 de abril, pasando por la operación “humanitaria” lanzada desde la frontera terrestre con Colombia en febrero, todos los intentos por derrocar a Maduro han fracasado. El afán por precipitar un quiebre y resolver la crisis venezolana en un santiamén pareciera, paradójicamente, haberla por el contrario petrificado. Con el pasar del tiempo, la ingobernabilidad en la cual se sumió el país en enero de 2019 ha ido cobrando aires de nueva normalidad, dejándonos la sensación de que Venezuela experimenta una progresiva y paradójica estabilización del caos.

En este mismo periodo, los venezolanos hemos sido duramente castigados por el recrudecimiento de las sanciones con las cuales EE UU ha perseguido, sin éxito, su objetivo de cambio de régimen en nuestro país. Antes de enero de 2019, sanciones decretadas en 2015 y 2017 ya habían prohibido a los capitales estadounidenses hacer negocios con el Estado venezolano, y habían impuesto el bloqueo de activos y la prohibición de viajar a EE UU a algunos individuos vinculados con el Gobierno.

Argumentando que un recrudecimiento de la presión era la clave para precipitar una transición política, la Administración de Trump sancionó, con el beneplácito de la oposición venezolana, a la petrolera estatal PDVSA en enero de 2019 y al Banco Central de Venezuela en abril, en un intento inequívoco por terminar de asfixiar a nuestra ya maltrecha economía.

Quienes ponen su esperanza en la escalada de EE UU olvidan que colecciona enemigos como fetiches

Paralelamente a esta escalada, Noruega emprendió gestiones diplomáticas para sentar a las dos facciones alrededor de una mesa, logrando iniciar contactos secretos que se hicieron públicos a partir del mes de mayo. Primero en Oslo y luego en Barbados, representantes de Maduro y de Guaidó accedieron a labrar el difícil camino hacia lo que anhelamos el 65% de los venezolanos: un acuerdo político que cree condiciones de gobernabilidad mínima para superar este impasse catastrófico. Ciertamente, tal acuerdo entre cúpulas no sería capaz de resolver mágicamente todos nuestros problemas, pero al menos despejaría el camino para que los venezolanos volviésemos a dirimir nuestras diferencias como ya lo hemos hecho tantas veces: por la vía de instituciones democráticas y elecciones libres y transparentes.

La mejor forma de abogar por el proceso de negociación es proporcionándole a los escépticos una dosis de cruda realidad. En primer lugar, la longevidad de la crisis ha demostrado que el statu quo, aunque desastroso, no es insostenible. La democracia venezolana puede terminar de volar en pedazos, la economía y la industria petrolera pueden continuar su colapso, la emigración masiva puede seguir su curso y, aun así, Maduro puede sostenerse en el poder. Tomando a la historia por testigo, eso es exactamente lo que ha sucedido a lo largo de los últimos cinco años. En segundo lugar, una toma del poder de Guaidó por la fuerza y sin acuerdo político previo es no solo improbable sino indeseable, pues no garantiza ni la paz, ni la estabilidad democrática que constituyen la justificación misma para la búsqueda de un cambio político. Ha quedado bastante claro que los militares venezolanos no son partidarios de una ruptura institucional, y menos de una conducida por Guaidó y teledirigida por Washington. Quien la quisiera imponer tendría que contar con la fuerza y la voluntad de enrumbar al país por el camino de la guerra civil, es decir, hacia un escenario mucho peor que el actual.

Finalmente, quienes cifran sus esperanzas en la escalada de Estados Unidos parecieran olvidar que ese país colecciona a los enemigos geopolíticos como fetiches. ¿O acaso no ha impuesto Washington un arsenal de sanciones sobre Cuba durante décadas sin que se produzca el supuesto cambio político que esas medidas dicen perseguir?

Alcanzar un acuerdo entre las partes es esencialmente una cuestión de voluntad y visión estratégica

De hecho, fue precisamente en vísperas de una ronda crucial de negociaciones entre el Gobierno y la oposición, a principios del mes de agosto, que el entonces asesor de Seguridad Nacional John Bolton anunció la imposición de sanciones secundarias contra Venezuela. Tan severas como las que afectan a Cuba, Irán o Corea del Norte, estas fueron diseñadas para castigar a personas y empresas de cualquier nacionalidad que sostengan algún tipo de relación comercial o financiera con el Estado venezolano.

El propio Trump, poco amigo de los eufemismos, se refirió a ellas llamándolas por su nombre: bloqueo. Al torpedear la negociación y provocar la retirada del Gobierno de la mesa, esta medida echó por tierra el argumento de quienes defienden las sanciones como una herramienta para obligar a Maduro a negociar. Por el contrario, Estados Unidos demostró que era capaz de obstaculizar el avance del proceso de negociación, incluso a espaldas de la oposición, para impedir que se concretizara una solución distinta al derrocamiento de Maduro. Y en efecto, a pesar de que en sus declaraciones públicas Guaidó siga exigiendo el “cese de la usurpación”, al iniciar negociaciones con Maduro la oposición renunció, de facto, a este objetivo. Por lo pronto, solo queda esperar que el abrupto despido de Bolton de la Casa Blanca acerque al Gobierno de Trump a posturas menos ideológicas y más pragmáticas.

Nunca, desde el inicio mismo de la crisis, ha habido alternativa seria a un acuerdo negociado, si por alternativa se entiende aquella que contribuya a resolver el problema y no a agudizarlo. Todos los demás escenarios son fruto de un voluntarismo divorciado de la realidad.

Pero avanzar hacia un acuerdo requiere de un compromiso firme de los protagonistas del conflicto, a quienes no vendría mal demostrar algo de consideración por el pueblo venezolano que carga a cuestas el peso de esta interminable crisis. Además, tal avance debería darse en el marco de una tregua, que vea al Gobierno cesar el acoso judicial contra sus adversarios, y a la oposición desistir del absurdo Estado paralelo que ha ido conformando esencialmente en el exilio. También es necesario repensar el contenido de ese potencial acuerdo, pues la profundidad de la crisis obliga a buscar gobernabilidad y soluciones de urgencia, en lugar de perseguir una quimera electoral a la cual el Gobierno de Maduro se rehusará mientras el país esté sometido a sanciones. En lugar de sufrir las consecuencias caóticas de la actual dualidad conflictiva de poderes, que anula la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones básicas, sería sensato construir un acuerdo transitorio de coparticipación en el poder que permita atender las necesidades fundamentales de nuestro pueblo, que eche las bases de una reinstitucionalización de los poderes públicos y permita, a término, concretar las garantías que las partes exigen para ir a un proceso electoral cuyo resultado sea aceptado por todos. Una fórmula sui generis en la cual ni Maduro ni Guaidó se viesen obligados a capitular preservaría la dignidad de ambos, apartando el peligro de perder la cara que tanto obstaculiza la conclusión de acuerdos razonables.

Alcanzar tal acuerdo es esencialmente cuestión de voluntad. De voluntad y visión estratégica. Ya es tiempo de que Maduro y Guaidó pongan los intereses del pueblo venezolano por encima de sus ambiciones.


                                                                                       TEMIR PORRAS*   Vía EL PAÍS

*Temir Porras fue jefe de gabinete de Nicolás Maduro entre 2007 y 2013. Actualmente, es profesor visitante en Sciences Po, en París.

La hora de la cirugía fina en Cataluña

Ante la deriva de los acontecimientos promovidos por los independentistas en Cataluña, la autora considera apropiada la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Explica aquí qué implicaría

 
/SEAN MACKAOUI

 
Tras los últimos acontecimientos habidos en Cataluña, se alzan voces señalando la necesidad de aplicar la Ley de Seguridad Nacional. También aparecen opiniones favorables a una nueva aplicación el art. 155 de la Constitución o del art. 116, regulador de los estados excepcionales. En este punto, quizá sea necesario analizar qué implicaría la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, diferenciándola de las otras opciones.
Ya hemos pasado por una aplicación del art.155, y el Tribunal Constitucional ha dictado su sentencia al respecto (STC 90/2019) configurando este instrumento de coacción constitucional como medida necesitada, entre otros, de los principios de necesidad, temporalidad y proporcionalidad. Su aplicación estuvo dirigida a la disolución del Parlamento de Cataluña y el cese del presidente y Gobierno de la Generalitat, con algunas medidas concretas en diversos sectores, excluyendo la comunicación y la educación. Se trata de un instrumento que se adopta a propuesta del Ejecutivo, pero que precisa el acuerdo por mayoría absoluta del Senado para su aplicación.
Nunca se han adoptado los estados de excepción y de sitio en España (sí el de alarma, en relación con una huelga de controladores aéreos, para asegurar el tráfico aéreo), previstos en el art. 116 de la Constitución. Se trata de unos instrumentos muy excepcionales (de ahí su denominación) que suponen restricciones, e incluso suspensiones, de derechos a los ciudadanos. El estado de excepción está previsto para alteraciones del orden público y el de sitio para ataques al orden constitucional. Este último permite, también, la sustitución de las autoridades, que deberán asimismo actuar bajo el mando militar previsto por el Gobierno. Para declararlos se necesita la autorización del Congreso de los Diputados, en el caso del estado de excepción, y es el Congreso quien directamente tiene la competencia para declarar el estado de sitio, por mayoría absoluta.
¿Qué aportaría la Ley de seguridad nacional? En principio, y con carácter general, hay que decir que permite operar con cirugía fina en todos los sectores administrativos e, incluso, en la sociedad civil, pues tanto los poderes públicos como la ciudadanía quedan implicados en el aseguramiento de la seguridad nacional. Y ello por decisión del presidente del Gobierno, que deberá dictar un Decreto al respecto, lo que implica, también, al Consejo de Ministros y al procedimiento propio de la expedición de decretos, con el añadido, en este caso, de la participación del Consejo de Seguridad Nacional.
El art.3 de la Ley 36/2015, Ley de seguridad nacional, define la seguridad nacional como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos. Nada que ver con los estados excepcionales, que según el art. 2 de esta Ley se rigen por su propia normativa, lo cual es importante señalar para evitar cualquier tergiversación sobre los fines y el alcance de las medidas que se puedan tomar conforme a la Ley de seguridad nacional.
Esta Ley atribuye al presidente del Gobierno (art. 15.c) la competencia para la declaración, por decreto, de una situación de interés para la seguridad nacional, que puede producirse, según el art. 10 de la propia Ley, cuando se requiera una atención específica para preservar los derechos y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, y para garantizar el suministro de los servicios y recursos esenciales (a título de ejemplo la ley menciona la ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad energética, la seguridad sanitaria y la preservación del medio ambiente).
En el Decreto que declare la situación de interés para la seguridad nacional se incluirá, por expresa disposición del art. 24 de la Ley, la definición de la crisis, el ámbito geográfico del territorio afectado, la duración y en su caso posible prórroga, el nombramiento si se considera necesario de una autoridad funcional, y la determinación de sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan, así como la determinación de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la situación de interés para la Seguridad Nacional.
Cualquier autoridad (estatal, autonómica o local) está obligada a aportar los medios humanos y materiales dirigidos a una efectiva aplicación de las medidas enumeradas en la declaración (art. 27.4 de la Ley). Y también las entidades privadas están dentro del ámbito de aplicación de la Ley (art. 17), especialmente cuando sean operadoras de servicios esenciales y de infraestructuras críticas.
Hay que señalar también que, según el Tribunal Constitucional (STC 184/2016, validando constitucionalmente el contenido de esta Ley) es el Estado quien coordina, es decir, quien tiene la dirección política sobre la seguridad nacional, como materia subsumida en la seguridad pública, conforme al artículo 149.1.4.ª y 29.ª de la Constitución. Las Comunidades Autónomas no dirigen la coordinación sino que son objeto de una coordinación reforzada. No pierden, ni ellas ni las administraciones locales, la titularidad de sus competencias, pero tienen que ejercerlas conforme lo que disponga el Decreto que regule la situación de interés para la seguridad nacional.
Medidas tales como el control directo de cualquier órgano de cualquier administración, funcionarios o policías por poner un ejemplo, así como de las entidades prestatarias de servicios esenciales o infraestructuras críticas, que tendrán que actuar bajo la dirección de quien designe el Gobierno español, son posibles al amparo de esta ley. Con ello, el Gobierno puede tomar el control directo de cualquier situación de crisis sin necesidad de recurrir a la declaración de estados excepcionales o al art. 155 de la Constitución. Eso sí, informando inmediatamente al Congreso de los Diputados, sobre las medidas adoptadas y la evolución de la situación (art. 24.3 de la Ley).
Vemos, pues, que con la Ley de Seguridad Nacional se puede incidir en cualquier ámbito administrativo, servicios esenciales e infraestructuras críticas incluidos. Se trata de delimitarlos, individualizarlos, decidir en qué ámbitos se va a actuar y cómo. No se trata de un instrumento genérico o indeterminado, sino de un mecanismo que permite operar quirúrgicamente en los ámbitos que se crean necesarios, ya sea uno o varios, siendo necesario establecerlos por decreto.
Es, pues, el Ejecutivo, presidente del Gobierno y Consejo de Ministros, el poder concernido para ello. No se precisa autorización previa de las cámaras legislativas, como es el caso del Senado en el art. 155 CE o de la autorización previa del Congreso en el estado de excepción o su declaración directa por esta cámara en el estado de sitio. Ello tiene la ventaja, y el inconveniente, de ser responsabilidad directa del presidente y su Gobierno, que no necesitarán debates previos en sede parlamentaria que puedan frustrar la actuación.
En la actualidad, con las cámaras disueltas, nada impide que el presidente y su Gobierno puedan iniciar la preparación de una declaración de interés para la seguridad nacional, puesto que la Ley reguladora nada dispone al respecto y la comunicación posterior al Congreso, de producirse, podría realizarse ante la Diputación permanente de la cámara. Aunque sí creo que sería conveniente que la decisión y su aplicación fueran también respaldadas por el mayor número posible de fuerzas políticas y sociales, ya que se trata de injerencias importantes ante un problema grave, con medidas de intervención intensa que se consideran necesarias. Se trata de una Ley que hace frente a problemas de Estado que precisan de una respuesta de Estado por parte de los políticos y, también, de la ciudadanía.

                                                                              TERESA FREIXES*  Vía EL MUNDO
*Teresa Freixes es catedrática de Derecho Constitucional y Jean Monnet ad personam. Y secretaria general de la Real Academia Europea de Doctores.

 


Un libro denuncia el genocidio silenciado que Simón Bolívar aplicó a los españoles en América

El libro «El terror bolivariano», de Pablo Victoria, presenta a un libertador muy alejado del mito

 

 

Una cosa es matar al enemigo en combate y otra, muy distinta, ejecutar a un millar de soldados enfermos a machetazos tras mantenerlos cautivos durante un año. A principios de 1814, tropas del bando de los llamados libertadores se afanaron en ejecutar a españoles cautivos en las mazmorras de Caracas. Dado que la pólvora era escasa y cara, también se emplearon sables y picas para asesinarlos, sin importar que estuvieran heridos e inmóviles. Este tipo de matanza desplegada en las Guerras de Emancipación no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia establecida para la eliminación total de «la malvada raza de los españoles», como denuncia el catedrático y escritor Pablo Victoria en su libro «El terror bolivariano» (La Esfera de los Libros).
El hombre que ideó aquel plan se llamaba Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, un descendiente de españoles que había combatido a Napoleón y que, hasta el estallido de la guerra, no había dado señales de albergar tanto odio contra la madre patria. Hoy se puede contemplar su estatua en plazas de muchas ciudades españolas, entre ellas en el Parque del Oeste de Madrid.
 Que los españoles dediquen estatuas a un genocida de su pueblo, artífice de un antecedente claro del holocausto judío, me deja verdaderamente sorprendido. Creo que es el único país en el mundo que puede homenajear así a sus enemigos», defiende en una entrevista con ABC Pablo Victoria, colombiano de nacimiento y de nacionalidad española, que justifica esta anomalía por el complejo que arrastra el país: «Los españoles han asumido la Leyenda Negra como cierta y verdadera, cuando es completamente falsa. España nunca cometió atropellos desde sus instituciones en América y, de hecho, protegió a las minorías como negros e indígenas. Por algo los indios, sobre todo en el sur de Colombia, permanecieron fieles a la corona hasta el final».
Tras una investigación de doce años, Victoria pretende en su nueva obra, dividida en dos volúmenes, romper con el discurso -hegemónico en ambos lados del océano- que divide la Guerra de Emancipación entre patriotas y traidores, amantes de la libertad y opresores, americanos y españoles. Porque el Rey de España no era un invasor o un extranjero que se había implantado allí de la noche a la mañana, sino el señor natural, frente al que algunos españoles americanos se rebelaron y otros, en cambio, se mantuvieron leales. Lo que viene a ser una guerra civil repleta de odios, cuentas pendientes y villanos como Bolívar. «Es un personaje histórico que no ha tenido biógrafos sino aduladores que le representan como alguien magnánimo, despegado de pasiones, inteligente y culto. Ciertamente era ilustrado, y por eso hay que señalarle y juzgarle con más rigor por ser capaz, aun así, de cometer tantos asesinatos y de una crueldad tremenda», apunta.

La crueldad del mito

Para distanciarse del héroe que le enseñaron en la escuela y en su entorno familiar, este autor colombiano ha recopilado cartas y documentos del propio Bolívar, que le muestran como «alguien inmensamente cruel y cuya motivación era acaparar poder y ser un dictador toda su vida». «En mi investigación demuestro que aspiraba a establecer una dictadura en los territorios americanos. Es más: quería, con el apoyo de Inglaterra y de algunas provincias de América, coronarse emperador del continente», explica Victoria en «El terror bolivariano».

Muerte de Simón Bolívar, por Antonio Herrera Toro.
Muerte de Simón Bolívar, por Antonio Herrera Toro.

Nada que ver con el manojo de virtudes con las que Netflix ha plasmado al libertador en su reciente serie «Bolívar: una lucha admirable». «No la quiero ni ver. Todo lo que dicen allí es completamente falso y no es casualidad que el mundo anglosajón produzca una ideologización del héroe así. Los británicos siempre ambicionaron tener un pie en el continente y, además, quisieron vengarse de España por colaborar en la independencia de EE.UU. Bolivar sirvió a sus propósitos», sostiene este colombiano de cuna.
De aquellos polvos estos lodos. Como recuerda en su libro Pablo Victoria, los viajeros europeos y estadounidenses que recorrieron la América española antes de la rebelión elogiaron las ciudades de Lima y México como las de mayor esplendor del mundo por su nivel de desarrollo. Todo aquello se vino abajo con las nuevas repúblicas o -como lamentó el propio Bolívar- «tres siglos de progreso han desaparecido». «Lo que hoy sucede en Venezuela, sus expropiaciones, sus caciques y su miseria, tiene su antecedente en esa catástrofe que originó Bolívar. A la vista de la ruina, en sus últimos días el libertador se arrepintió de sus hechos y reconoció que “era mejor con los españoles”», recuerda el autor del éxito editorial «El día que España derrotó a Inglaterra», que narra a su manera la defensa de Cartagena de Indias por Blas de Lezo.

«Su propia existencia desmiente el mito de que los criollos se levantaron contra España porque tenían cerrado el acceso a las instituciones y cargos de la Corona»

El hilo conductor de su nuevo libro son unas memorias inéditas que Victoria halló por casualidad en la casa de la familia de su mujer en Cali (Colombia). Un texto escrito por Joaquín de Mosquera y Figueroa, que llegó a ser en tiempos de la guerra contra Napoleón presidente de la regencia española y diputado de las Cortes de Cádiz, lo que le colocó en una posición privilegiada para comprender las verdaderas motivaciones de ambos bandos. «Su propia existencia desmiente el mito de que los criollos se levantaron contra España porque tenían cerrado el acceso a las instituciones y cargos de la Corona. Don Joaquín nació en Colombia y llegó a ser Rey virtual de España. Y no es un caso aislado. El comandante de la flota española era criollo, como también lo fueron obispos, cardenales y un virrey de México. Los españoles de un lado y de otro éramos los mismos», resume el escritor.

                                                                     CÉSAR CERVERA Vía ABC Historia