El caso Marlaska y la imagen internacional de España

El autor sostiene que la destitución del coronel Pérez de los Cobos por cumplir con su deber mina la credibilidad exterior y el prestigio de España en Europa.

 

Europa Press

 

Hace sólo unos días, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó al coronel Pérez de los bajo el pretexto de “dar un impulso” y reestructurar la Guardia Civil. Hoy, después de una catarata de desmentidos, filtraciones y contradicciones, sabemos que el cese estuvo motivado por la negativa del coronel a informar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de las pesquisas realizadas por la Guardia Civil en el marco de una investigación judicial dirigida por la juez Carmen Rodríguez-Medel sobre los actos del 8-M y la implicación en los mismos del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y del propio Gobierno.

Más allá de las evidentes responsabilidades políticas que el escándalo nos debe llevar a exigir en España, es difícil pensar que semejante menoscabo de la separación de poderes pueda pasar inadvertido en Europa y en el mundo.

Es un hecho, y así ha trascendido más allá de nuestras fronteras, que la directora general del cuerpo, María Gámez, afirmó por escrito que el mando fue destituido “por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”, lo que conllevó “la pérdida de confianza de esta Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior”.

Este documento, clasificado como reservado y que hemos conocido por una filtración, demuestra que Marlaska mintió en sede parlamentaria al presentar el cese como una “reestructuración” de la Guardia Civil. Quedó desmontada la versión del Gobierno sobre el cese del coronel, el pasado domingo 24 de mayo por la noche, horas después de que la Policía Judicial de la Guardia Civil remitiera un informe al Juzgado de Instrucción que cuestionaba la celebración de la marcha del 8-M y otros actos multitudinarios en plena pandemia.

Es difícil pensar que semejante menoscabo de la separación de poderes pueda pasar inadvertido en Europa

Tanto en España como en cualquier democracia avanzada de nuestro entorno existe un deber de secreto sobre los agentes comisionados, como la Policía Judicial, que deben guardar ese secreto de las actuaciones en las que estén inmersos y reportar su contenido únicamente a los jueces instructores.

En este caso, la juez Carmen Rodríguez-Medel pidió a los agentes que mantuvieran “la rigurosa reserva” de la información y solo le comunicaran a ella los avances en el curso de sus investigaciones. Es, por tanto, innegable que la solicitud de acceso a los informes atenta frontalmente contra uno de los principios básicos de la separación de poderes y da muestra de un preocupante intento de injerencia en el poder judicial y en el propio proceder de la Guardia Civil en tanto que Policía Judicial.

Es también notorio que, desde la propia judicatura española, se le ha exigido al Gobierno que investigue lo sucedido y tome las medidas oportunas. La Asociación Profesional de la Magistratura ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CJPG) que analice el cese del coronel y adopte las medidas necesarias para proteger el principio de independencia judicial y asegurar que los jueces puedan desarrollar su labor sin injerencia alguna. Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha pedido el cese de Grande-Marlaska “por haber perdido toda la legitimidad para cualquier cargo ejecutivo”.

Tanto Marlaska como Gámez han realizado nombramientos polémicos que arrojan dudas sobre un posible intento de politizar la Guardia Civil. Así ocurrió con el nombramiento de Félix Blázquez como nuevo Mando de Operaciones en sustitución del teniente general Fernando Santafé, cesado por Marlaska tras la dimisión del director adjunto operativo, Laurentino Ceña, en protesta por la destitución de Pérez de los Cobos. Estos dos nuevos nombramientos supusieron acabar con una larga tradición basada en la meritocracia, según la cual el puesto le habría correspondido al siguiente mando en el escalafón.

El prestigio internacional también es 'marca España' y el Gobierno es el máximo responsable de mantenerlo intacto

Tenemos, en definitiva y a modo de recapitulación, una combinación de acontecimientos extremadamente perjudicial para la reputación y la imagen de España. Injerencias ilícitas en una investigación judicial, destituciones policiales por razones políticas, mentiras y falsedades sobre todo ello, nombramientos alterando el orden fijado por el escalafón y la inexplicable negativa a asumir responsabilidades y dimitir por este cúmulo de despropósitos que no hacen sino minar la credibilidad de una institución clave para el Estado de Derecho como lo es la Guardia Civil.

En un momento en el que Europa mira con preocupación la deriva autoritaria de países como Polonia o Hungría, España no puede ni debe permitirse actuaciones gubernamentales que pongan en duda el compromiso de nuestro país con el Estado de Derecho y el respeto a la estricta independencia del Poder Judicial y, por extensión, de la Policía cuando actúa a las órdenes de los jueces.

Después de muchos años de esfuerzo colectivo de la sociedad y sus instituciones, y a pesar de las falsedades continuadas de la propaganda nacionalista, nuestro país se ha ganado un prestigio internacional como democracia avanzada y reconocida, entre otras muchas cosas por la profesionalidad, independencia y buen hacer de los jueces y tribunales y de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, que han combatido con éxito la corrupción, el crimen organizado y el terrorismo de todo signo.

Ese prestigio también es marca España y el Gobierno es el máximo responsable de mantenerlo intacto y abstenerse de cualquier conducta que lo ponga en peligro. El interés partidista, e incluso la supervivencia política de un gobierno, nunca pueden estar por delante del interés de España. Recordémoslo, porque nos va en ello nuestra imagen y nuestro futuro.

                                       ADRIÁN VÁZQUEZ LÁZARA*** Vía EL ESPAÑOL 

*** Adrián Vázquez Lázara es eurodiputado de Ciudadanos y preside la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento europeo.

Así no habrá pacto, sino circo

Es imperativo llegar a un gran acuerdo nacional para combatir los daños de la pandemia. Exigirá un gran esfuerzo de los principales partidos políticos y de los agentes sociales para asumir compromisos de calado

 

  

Eduardo Estrada

La devastación que está causando la pandemia hace inexcusable un pacto de Estado, más que en cualquiera de las encrucijadas que hemos vivido desde la reinstauración de la democracia. Los Pactos de la Moncloa se convocaron para atajar los desequilibrios macroeconómicos ya que, como dijo acertadamente Fuentes Quintana: “El mayor peligro para una democracia débil es una economía en crisis”. Paradójicamente, contribuyeron más al consenso político y social durante el proceso constituyente que a sentar las bases de una economía más solvente (año y medio después se reproducían los desajustes, agravados con un inusitado incremento del paro).

En realidad ya no ha habido otro pacto de Estado de similar naturaleza, aunque no faltaron ocasiones. Así, tras la intentona golpista del 23-F sólo hubo un pacto social, el Acuerdo Nacional por el Empleo (ANE, junio de 1981), suscrito por el Gobierno de UCD, los sindicatos CC OO y UGT, que asumimos la máxima responsabilidad, canalizando el mayor esfuerzo que correspondió a trabajadores y pensionistas, y las patronales CEOE-CEPYME, que terminaron descolgándose. Los partidos andaban ya más enfrascados en disputarse el poder (empezando por las “familias” del partido gobernante, que tras laminar a Suárez terminaron por despedazarse entre ellas) que dispuestos a arrimar el hombro para estabilizar la democracia y hacer frente a la intensa destrucción de empleo.

Otro momento más reciente que hubiese requerido mayor altura política fue la Gran Recesión de 2009, provocada por la crisis financiera internacional. En esta ocasión incluso se hizo todo lo contrario a los Pactos de la Moncloa. En lugar de reforzarlo se rompió por primera vez en 30 años el consenso constitucional en el Parlamento y en la sociedad, pactando la reforma del artículo 135 en una noche entre Zapatero y Rajoy. Una reforma más ideológica que económica como evidenció la incesante alza de la prima de riesgo hasta que un año después Draghi, no el Gobierno español, que ya era del PP, intervino desde el BCE. Si aquel presidente quiso pasar a la historia con ello por “salvar” a España del rescate, lo hizo, pero por haberle servido a la derecha una victoria aplastante y el anclaje constitucional para aplicar con la mayor saña posible el “austericidio” en cuanto llegó al Gobierno.

Ahora es imperativo pactar, pero se ha empezado con muy mal pie por la magmática propuesta de “reconstrucción” y, peor aún en este caso, por las formas. Más que reconstruir habría que deconstruir un modelo de crecimiento basado en actividades intensivas; una competitividad vía precios y salarios que genera empleos precarios y son el corolario de proyectos empresariales precarios; la maraña tributaria inequitativa, opaca e insuficiente que despilfarra más de 80.000 millones anuales en deducciones, desgravaciones y otros elusivos artilugios fiscales sin utilidad económica alguna; un Estado social inferior al de la media de la eurozona en áreas tan decisivas como educación, sanidad, etcétera. Para iniciar de una vez a construir una economía del conocimiento que nos evite perder la revolución digital, emplazando al empresariado a la inaplazable renovación de la estructura productiva. Un reto indisociable de la congruente reforma educativa.

Aún no habíamos culminado el diseño del sistema sanitario tras el franquismo (mastodónticas “ciudades sanitarias” y raquítica red ambulatoria para asistencia primaria que quisieron paliar con un descomunal gasto farmacéutico) y empezaron a recortarlo. Cabe recordar que ya la huelga general del 14 de diciembre de 1988 tuvo como una de sus principales reivindicaciones la dotación de 15.000 millones de pesetas que, como mínimo, faltaban para que fuese realidad la prometida universalización de la asistencia sanitaria. Tenemos excelentes profesionales, que se merecen el aplauso diario, pero que se los rifaban en casi todos los países europeos porque tuvieron que emigrar; lo que no es lo mismo que afirmar: “Tenemos el mejor sistema sanitario del mundo”. Si quienes se llenan la boca con semejante alarde fuesen coherentes, empezarían por mostrar su disposición a revertir los experimentos privatizadores que impulsaron desde sus respectivos Gobiernos autonómicos que, en claro fraude intelectual, político y económico, han resultado ineficientes y caros.

Y la clave de bóveda del nuevo entramado será el sistema tributario que nos proporcione una fiscalidad suficiente para abastecer el funcionamiento eficiente del Estado, atender las necesidades sociales que generará el tránsito a la digitalización y para sostener dinámicamente el Estado de bienestar. Podrá discutirse si es más o menos abultada tal o cual partida de gasto social; lo que a estas alturas es indiscutible e insostenible es el obsceno despilfarro por la elusión y el fraude fiscales.

Sin embargo, el mayor nubarrón para que cristalice un pacto de Estado está en las formas elegidas. Un acuerdo de la envergadura del que se precisa sería un compendio de políticas diversas a ejecutar, que en unos casos requeriría que se legisle el marco normativo que las amparase y en otros no. Tales políticas exigirían un esfuerzo sin precedentes de los principales partidos políticos y de los agentes sociales para asumir compromisos de gran calado; y algunos tendrán que desdecirse de mantras ideológicos que han formado parte esencial de sus discursos político-electorales hasta la fecha.

Implicaría ineludiblemente que fuesen los primeros espadas del Gobierno, de los partidos, de las patronales y de los sindicatos quienes estuviesen sentados a la mesa de negociación asumiendo cada cual su responsabilidad, a restarse ansias de protagonismo particular y a guardar la discreción mientras se negocia. Haber aceptado hacerlo en una comisión parlamentaria ha sido un error que de entrada conducirá a la confusión entre poderes y, empantanados en el atolladero sobre las competencias de uno u otro, asistiremos a la bronca permanente. El Gobierno ha mostrado su endeblez al aceptarlo, pero el PP ha demostrado que pretende todo lo contrario a un acuerdo; busca escurrir el bulto del compromiso y sustituirlo por las acusaciones contra el Gobierno más disparatadas que se le ocurran para seguir barriendo para su casa esparciendo mentiras y azuzando la rabia.

Este es un país grande por su tamaño relativo en la Unión Europea, pero al que sus clases dominantes, con su secular mezquindad, no le han dejado que llegue a ser un gran país. Más que la oportunidad, tenemos la obligación de cambiar esa historia tan triste porque siempre acaba mal (que diría Gil de Biedma), para que no vuelvan a salirse con la suya los que persiguen la frustración generalizada; porque en ella solo se engendra el resentimiento que siempre ha precedido a los fracasos sociales más trágicos en la historia de los pueblos, de Europa y de España.

      ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA* Vía EL PAÍS

*Antonio Gutiérrez Vegara fue secretario general de CC OO (1987-2000) y presidente de la Comisión de Economía del Congreso (2004-2011).

Una acusación que deshonra a Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, dispuesto a deslegitimar las instituciones con tal de seguir aferrado al poder, no dudó en lanzar una gravísima acusación contra la Guardia Civil, al insinuar su deslealtad con el Estado por estar trabajando al servicio de intereses espurios.

 

 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en el Congreso. DANI DUCH AFP

Conocido de antemano el mercadeo de votos de Sánchez con los nacionalistas para aprobar la última prórroga del estado de alarma a cambio de nuevos privilegios forales para el PNV y de la reanudación con ERC de la mesa extraparlamentaria en la que se negocia la independencia de Cataluña, la sesión de control de ayer en el Congreso solo tenía el interés de ver con cuál de las diferentes versiones sobre la destitución de Pérez de los Cobos se quedaba Sánchez para defender a su ministro de Interior. Por eso, supuso una sorpresa comprobar que no utilizó ninguna de las cuatro explicaciones inventadas por Grande-Marlaska para ocultar una purga sobre la que tendrá que responder judicialmente, después de que el coronel de la Guardia Civil haya anunciado que recurrirá su cese por "ilegal" e "injusto". Pedro Sánchez, dispuesto a deslegitimar las instituciones democráticas con tal de seguir aferrado al poder, no dudó en lanzar una gravísima acusación contra la Guardia Civil, al insinuar su deslealtad con el Estado por estar trabajando al servicio de intereses espurios.

En una ofensiva sin precedentes de un presidente del Gobierno al instituto armado, uno de los pilares de las fuerzas de seguridad nacionales, Pedro Sánchez, justificó la destitución de Pérez de los Cobos por formar parte de una operación mayor encaminada a "destapar" a una supuesta "policía patriótica" puesta en marcha por el PP cuando estaba en el poder para "ocultar sus vergüenzas". Se trata de una acusación que supone una inaceptable deshonra para un coronel de una impecable trayectoria y de una extensa hoja de servicios como Pérez de los Cobos y por extensión para un cuerpo que se ha caracterizado siempre por su defensa de la seguridad de todos los españoles desde la más estricta legalidad. Con su ataque, además, Sánchez coloca en una difícil situación a David Blanes, el oficial que sustituirá a Pérez de los Cobos -destinado a tareas burocráticas-, después de que muchos otros se hayan negado a aceptar el ofrecimiento del ministro de Interior.

Finalmente, con este inmerecido agravio, el presidente del Gobierno demuestra su temor a que la autorización de la manifestación del 8-M -desoyendo las alertas sanitarias de la OMS-, se convierta en su talón de Aquiles. La propia directora general de la Guardia Civil reconoció que el fulminante cese de Pérez de los Cobos se produjo por su negativa a violar la ley e informar al ministro sobre la investigación que lleva a cabo la magistrada Rodríguez-Medel, en la que ya está imputado el delegado del Gobierno. De ahí que Sánchez presentase ayer como modélica su gestión de la crisis, pretendiendo, aun a costa del prestigio y del honor de la Guardia Civil, ocultar su negligencia.

                                                                   EDITORIAL de EL MUNDO

Por qué estamos tan polarizados

La participación en el Gobierno de un partido a la izquierda del PSOE ha contribuido a la polarización, como lo ha hecho la aparición de un partido relevante a la derecha del PP

 

Imagen de John Hain en Pixabay.

En una viñeta publicada hace unos años en la revista 'The New Yorker', una pareja ve cómo en la televisión el presentador de las noticias agradece al hombre del tiempo que haya dado la información meteorológica para los demócratas y da paso a la mujer del tiempo, que procede a dar la versión republicana de la previsión. El grado de polarización de la sociedad estadounidense era tal, transmitía el chiste, que ya no era capaz de aceptar una única versión de nada. ¡Hasta el tiempo se había vuelto una cuestión política!

Con el paso del tiempo, la viñeta parece cada vez más realista. No hay que ir muy lejos para verlo: en España, la polarización está alcanzando unas cotas que quizá tengan precedentes en algunos periodos de la última legislatura de Felipe González, la segunda de José María Aznar o durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, pero cuyas ramificaciones, ahora, van incluso más allá de la política de partidos, las divisiones entre la izquierda y la derecha o las tensiones territoriales, del 'procés' a la España rural. Parece que en la actualidad, en esa hostilidad de bloques, hay nuevos elementos culturales e identitarios que superan el hecho nada novedoso de que leamos periódicos distintos, pertenezcamos a diferentes grupos sociales o tengamos distintas creencias religiosas.

De las caceroladas a las colas del hambre: la polarización, caldo de cultivo de las protestas

IVÁN GIL

Que haya o no nuevos rebrotes del virus y, por ende, nuevos confinamientos y hasta qué punto crecerá la desafección, sobre todo entre los jóvenes, determinará la respuesta social

En buena medida, la percepción de la pandemia y de las medidas que debían tomarse ante ella ha estado dictaminada por la ideología previa (también, al parecer, el virus es política). Si la respuesta tradicional frente a los nacionalismos vasco y catalán había sido apelar a la Constitución y al Estado de derecho, tras el 'procés', se ha producido un auge apreciable del nacionalismo español. La participación en el Gobierno, por primera vez en esta democracia, de un partido a la izquierda del PSOE ha contribuido a la polarización, como lo ha hecho la aparición de un partido relevante a la derecha del PP, también por primera vez en este periodo democrático. Sin duda, la personalidad del presidente Pedro Sánchez, que mezcla una gestualidad presidencial con una acusada utilización partidista de las instituciones, también ha contribuido.

Además, cabe la posibilidad de que el nuevo entorno mediático —dominado por las redes y WhatsApp, por donde circula información de origen desconocido, y los comentarios en los periódicos digitales— haya contribuido al mayor enfrentamiento de estos bloques. Pero esta última hipótesis podría ser en parte incompatible con otra: también es posible —así ocurre en Estados Unidos, pero no sabemos si es el caso en España— que sean los mayores, es decir, quienes menos utilizan las redes sociales, quienes están más polarizados, mucho más que los jóvenes.

Esta polarización, pues, no es solo política. Sus orígenes son culturales, y las élites políticas pueden explotarlos fácilmente con fines electorales

Sean cuales sean las circunstancias específicas de la polarización en España, lo cierto es que esta se está produciendo en casi todo Occidente. Donald Trump está atizándola hasta extremos con pocos precedentes para cohesionar a sus votantes frente a los demócratas, los manifestantes negros que protestan por la violencia policial, las élites universitarias y los cosmopolitas urbanos; mientras que una parte relevante de la izquierda estadounidense asume con convencimiento la estrategia y le ayuda a cavar una zanja si cabe más profunda. En Alemania, en la oposición a la Gran Coalición, pequeña pero cada vez más activa, se combinan la extrema derecha con la extrema izquierda y varios grupúsculos cuyos mensajes conspiranoicos se van abriendo paso lentamente en el 'mainstream'.

En Reino Unido, Boris Johnson pretende que, tras las divisiones producidas por el Brexit, la sociedad británica se recomponga, pero sigue explotando esa polarización al mantener como asesor principal a Dominic Cummings, líder intelectual de la campaña a favor del Brexit y azote de las élites tradicionales del Gobierno y la prensa, después de que se saltara las normas de confinamiento que su propio Gobierno había impuesto. En Italia, la polarización es tal que, de acuerdo con las encuestas, muchos partidarios de la Liga de Matteo Salvini están empezando a abandonarle por blando y a pasarse a un partido aún más escorado a la derecha, los Fratelli d’Italia, con los que hoy se manifiesta en Roma contra el Gobierno un Berlusconi que intenta seguir siendo relevante en una derecha confusa e indignada.

La década de los 'selfies' y los indignados: del narcisismo a la polarización

MARTA GARCÍA ALLER

Esta década empezó glorificando la indignación y el poder de las redes sociales y ambas cosas se le han ido de las manos. Mejor recordar cuanto antes los errores si queremos arreglarlos

Esta polarización, pues, no es solo política. Sus orígenes son culturales, y las élites políticas pueden explotarlos fácilmente con fines electorales porque son reales y profundos. El periodista estadounidense Ezra Klein lo explica sintéticamente en su reciente libro 'Why We Are Polarized': "La clase de persona que se siente más atraída por el progresismo es la que muestra entusiasmo por el cambio, la diferencia, la diversidad. Sus ideas políticas son solo una expresión de este temperamento básico (…). Por el contrario, el trabajo del conservador, escribió William F. Buckley, fundador de la [revista] 'National Review', es ‘plantarse ante la historia y gritar que pare’. Es evidente que eso puede resultar atractivo para una persona que desconfía del cambio, aprecia la tradición y busca el orden". Ese conflicto, por supuesto, no es nuevo, pero ahora vertebra de manera vertiginosa nuestra vida política y convierte en un fetiche acusar al rival —algo que en España utilizan reiteradamente Vox y Podemos— de pretender imponer su modelo por medios ilegales e, incluso, a través de la violencia. Vivimos en mundos paralelos que solo se tocan para insultarse.

La peor consecuencia de la polarización es que, cuando se convierte en el elemento dominante de la política, los gobiernos pueden permitirse no ser eficientes y los partidos ven recompensado su desinterés por la gestión de los problemas reales: si lo que une a tu bloque es su odio al contrario, no hay ningún riesgo, por mal que gobiernes o por vacuo que sea tu programa, de que tus votantes cambien de voto. Los partidos políticos lo saben. Y los más radicales de ambos bandos saben explotarlo mejor que nadie. Por eso siguen esta estrategia que, al parecer, a los ciudadanos tanto les gusta seguir obedientemente. Al menos a los más ruidosos.

                               RAMÓN GONZÁLEZ FÉRRIZ   Vía EL CONFIDENCIAL

Regímenes democráticos y regímenes autoritarios ante la Covid-19. ¿Qué pasa con España?

Un estudio de la Universidad de Oxford deja en evidencia los métodos y resultados obtenidos por el gobierno español

 

Con la pandemia de la Covid-19 en pleno retroceso en la mayoría de los países europeos y asiáticos, llegan los primeros estudios sobre la respuesta de los diferentes tipos de gobierno en la emergencia sanitaria.

Carl Benedikt Frey, académico de la Universidad de Oxford, ha publicado un estudio pionero que concluye que, de 111 países estudiados, aquellos que tienen regímenes democráticos han conseguido mejores resultados que sus equivalentes autoritarios.

Según este investigador, los regímenes autoritarios han impuesto medidas de confinamiento más estrictas y confiado un papel más importante a las sanciones y al seguimiento intrusivo de los contagiados y casos sospechosos. Pero, aun así, las medidas menos coercitivas de las democracias han sido más efectivas a la hora de combatir la epidemia.

La explicación que el autor ofrece en el Financial Times es que los ciudadanos confían más en los gobiernos cuando estos son democráticos y, por tanto, tienden a obedecerles más que los habitantes de los países autoritarios.

Esto choca con la previsión que muchos comentaristas hicieron al inicio de la pandemia, según la cual esta daría alas a los regímenes autoritarios, ya que demostraría su mayor capacidad de gestión.

Tomando el caso de China, la Organización Mundial de la Salud la ha elevado a modelo mundial en medio de una fuerte polémica, afirmando que el país había ofrecido “quizás la contención de una enfermedad más ambiciosa, ágil y agresiva de la historia”. Pero según se ha hecho evidente, esta llegó tan solo después de semanas de mentiras, censura, inacción y, en definitiva, incapacidad de las autoridades.

La retención de información, sistemática en los países autoritarios, hace que la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, y de rebote la efectividad de las medidas que estas impongan, disminuya. Se inicia así un círculo vicioso de desconfianza y represión, con medidas más y más restrictivas y sanciones más y más estrictas para hacerlas respetar.

En las democracias, donde la confianza de los ciudadanos en las autoridades es, en general, más elevada, recurrir a las medidas más restrictivas y sanciones más fuertes se hace menos necesario. Dicho de otra manera, en los países libres, el gobierno es depositario de la confianza ciudadana y puede contar con su responsabilidad para hacer frente a una crisis.

Pero según Benedikt Frey, la combinación ideal para hacer frente al coronavirus incluye otro ingrediente: los valores “colectivistas”. A menudo se identifica colectivismo con la cultura de los países de Extremo Oriente, donde la lealtad de la ciudadanía a los superiores hace la ejecución de las decisiones más efectiva.

Los resultados del estudio no son sorprendentes: en el podio de la gestión de la pandemia encontramos los países que combinan democracia y colectivismo, como Taiwán, Corea del Sur o Japón.

En Occidente, donde la democracia se combina con valores más individualistas que fomentan la innovación por encima de la obediencia, encontramos casos ejemplares como Australia, Portugal o Noruega, y otros muy negativos, como Suecia, Estados Unidos o España.

Pero mientras el caso sueco se explica por su política única de “inmunidad masiva” y el norteamericano por la ausencia de un sistema de salud universal, el caso español es más preocupante.

En efecto, las draconianas medidas de confinamiento del gobierno español han sido las más duras de Europa, y recuerdan a las aprobadas por Pekín.

El gobierno de Pedro Sánchez negó la crisis y autorizó manifestaciones masivas el 8 de marzo, el día internacional de la mujer. La misma crítica de inacción que se ha hecho al gobierno chino.

Más recientemente, la arbitrariedad de las decisiones tomadas, el intervencionismo del ejecutivo socialista sobre cuerpos como la Guardia Civil y la Justicia, y el baile de cifras de muertes han despertado dudas sobre la transparencia del gobierno de Madrid. Una vez más, encontramos una similitud con la crítica de Carl Benedikt Frey a los países no democráticos, que tiene como resultado socavar la confianza de la ciudadanía y reducir la eficacia de las medidas gubernamentales.

Todo ello acerca de forma alarmante al gobierno español, tanto en sus métodos como en los resultados obtenidos, a los países autoritarios con respecto a la gestión de la epidemia de la Covid-19.

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